CONARPESA Y LOS AMIGOS DEL PODER
En Puerto Madryn, el juicio contra la empresa pesquera Conarpesa volvió a poner sobre la mesa un debate incómodo: ¿la ley pesa igual para todos? Lo que parecía un caso claro de sanción por contaminación ambiental terminó con una absolución que dejó un sabor amargo en gran parte de la comunidad.
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Por Facundo Pérez
Los hechos se remontan a mediados de 2024, cuando una inspección oficial detectó un sistema clandestino de cañerías, conocido como "by-pass", que derivaba efluentes industriales sin tratar directamente al Golfo Nuevo. A partir de ese hallazgo, se inició una investigación judicial que derivó en la imputación de dos responsables de la compañía, Nadine Parry y Brahim Yoosef Vargas.
Las pericias fueron contundentes: los análisis mostraron niveles de contaminación muy por encima de lo permitido: sólidos suspendidos 21 veces más, demanda biológica de oxígeno 60 veces superior, amoníaco 25 veces más alto y coliformes fecales 2.700 veces por encima de los límites legales. Todo indicaba que el ecosistema marino estaba siendo gravemente afectado.
El proceso judicial comenzó en agosto de 2025, con la expectativa de que se pudiera sentar un precedente de justicia ambiental. Sin embargo, el 25 de agosto, la jueza Patricia Reyes absolvió a los acusados. La decisión se basó en una violación al principio de congruencia, ya que durante el juicio la acusación de la Fiscalía había variado respecto de lo planteado inicialmente, afectando el derecho de defensa de los imputados. En la práctica, esto dejó sin efecto la mayoría de las pruebas, y el caso se cerró sin responsables.
El fallo generó preocupación y reflexión entre los vecinos. Casos como este suelen repetirse en ciudades pequeñas de la Patagonia. Tal vez algunas empresas creen que pueden actuar sin que nadie lo note, aprovechando la distancia de los grandes centros, pero no es así. Afortunadamente, hay ciudadanos que siguen de cerca estas situaciones, que se preocupan y velan para que la ley se cumpla para todos, y que exigen que los hechos queden al descubierto, sin privilegios ni excepciones.
Mientras los ciudadanos comunes enfrentan sanciones inmediatas por infracciones menores, los responsables de la contaminación evitaron rendir cuentas, dejando un mensaje preocupante sobre cómo se aplican las normas. Cumplir la ley es una obligación de todos, y la comunidad exige que se respete sin distinciones.
El caso Conarpesa no es solo un expediente judicial más. Es un llamado de atención: la justicia debe aplicarse con la misma fuerza para todos, y el medio ambiente no puede seguir siendo relegado frente a intereses empresariales. La comunidad está despierta y dispuesta a que estos hechos no queden en la sombra, defendiendo el Golfo Nuevo y la calidad de vida de todos los ciudadanos.