Denuncian al Estado argentino ante la CIDH por los transgénicos
Se formalizó una petición por la demora injustificada de la Corte Suprema en una causa que cuestiona la legalidad de las autorizaciones comerciales: "Es negación de justicia ambiental".
Por Gastón Rodríguez
A través de la Resolución 200/2026, con fecha 15 de octubre de 2026, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobó una nueva soja transgénica de la firma Syngenta resistente a cuatro familias de herbicidas: glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D e inhibidores de la enzima 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD). Apenas cuatro días después, Naturaleza de Derechos, la organización de asesoría y patrocinio en materia socioambiental a cargo del abogado Fernando Cabaleiro, formalizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado argentino por la demora injustificada de la Corte Suprema de Justicia en una causa iniciada en marzo de 2013 que cuestiona, justamente, la legalidad de las autorizaciones comerciales de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). No se trató de una coincidencia: uno de los argumentos centrales de la presentación ante la Comisión fue denunciar las sucesivas autorizaciones de eventos transgénicos durante los trece años en que la demanda permaneció sin resolución. Cabaleiro lo define sin más: "Es lisa y llanamente negación de justicia ambiental".
El expediente CAF 6580/2013, iniciado el 18 de marzo de 2013 ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, cuestionó la autorización comercial del evento combinado de soja transgénica MON87701 x MON89788 (más conocida como Intacta RR2 PRO y desarrollada por Monsanto) aprobada mediante la Resolución 446/2012 "por el incumplimiento de las obligaciones de evaluación ambiental, información pública y participación ciudadana previstas en la Ley General del Ambiente 25.675". Los demandados en la causa son el Estado Nacional y las corporaciones del agronegocio Bayer-Monsanto y Corteva (fusión de Dow y Pionner).
Entre las disposiciones cuestionadas se encontraban las Resoluciones 701/2011, 763/2011 y 318/2013, así como la Resolución SENASA 412/2002, vinculadas con los procedimientos de evaluación de bioseguridad y aptitud alimentaria. Además, el planteo denunció que las autorizaciones se otorgaban mediante evaluaciones sectoriales que no satisfacían las exigencias de evaluación ambiental integral y participación pública previa establecidas en los artículos 11 a 13 y 19 a 21 de la Ley General del Ambiente.
Otras de las observaciones formuladas por Cabaleiro apuntó a la duración y el diseño de los ensayos utilizados para evaluar la seguridad alimentaria de la soja Intacta. Según la documentación incorporada al expediente, Monsanto había presentado estudios de alimentación en ratas de 90 días para los eventos MON87701 y MON89788 considerados individualmente, mientras que para la combinación de ambos se había utilizado, entre otros antecedentes, un ensayo nutricional en pollos de engorde de, apenas, 42 días.
La demanda cuestionó que esos antecedentes fueran considerados suficientes para descartar posibles consecuencias derivadas de exposiciones prolongadas.
Tiempos kafkianos
El 22 de mayo de 2017, luego de que le fuera concedido a Naturaleza de Derechos el recurso extraordinario federal para apelar ante el máximo tribunal, el expediente ingresó a la Corte Suprema. A comienzos de 2024, la ONG presentó un pronto despacho y denunció formalmente la demora. Ya pasaron casi diez años sin una sentencia de fondo.
"El caso es una muestra de cómo funciona la Corte en materia ambiental", asegura Cabaleiro, y justifica: "En estos tiempos de fuerte regresión de los derechos socioambientales, la Corte tiene que ser un dique de contención frente a los avasallamientos de los extractivimos que vienen ocurriendo, principalmente de la megaminería, la deforestación y el agronegocio. Se necesita una revisión de ciertos estándares procesales, que aplicados a la especialidad ambiental cuyo eje es la prevención y precaución, se vuelven contraproducentes".
En este punto, el abogado es crítico de Néstor Cafferata, a cargo de la Secretaría Ambiental de la Corte Suprema: "Le imprime tiempos kafkianos a los expedientes. No está preparado para la función judicial. Es una pena porque es un excelente doctrinario, pero la Secretaría del máximo tribunal de justicia de un país no es una biblioteca".
La petición de Cabaleiro reconstruyó las autorizaciones comerciales otorgadas hasta octubre de 2026. A partir del registro oficial de la Secretaría de Agricultura y de las publicaciones del Boletín Oficial, se contabilizaron más de 60 autorizaciones nuevas y modificaciones relativas a eventos transgénicos previamente aprobados de soja, maíz, algodón, alfalfa, papa y trigo, entre otros cultivos. Cuando se inició el proceso judicial –marzo de 2013– los OGM aprobados eran 28, es decir, menos de la mitad. «
