Fuego, negacionismo y conspiranoia en la Patagonia argentina
Los distópicos incendios en la Patagonia son resultado, sin duda, del cambio climático. Pero la existencia de un gobierno negacionista como el de Javier Milei, junto a una serie de teorías complotistas, agrava el problema. En este marco, el desprecio a las políticas contra el fuego va de la mano de la decisión del oficialismo de poner fin a la Ley de Glaciares.
Por Maristella Svampa - Socióloga, activista y escritora argentina. Actualmente es investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina. Entre sus últimos libros está El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal) desarrollo (con Enrique Viale, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2020). Es impulsora del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur.
Por Enrique Viale - Abogado ambientalista.
En Argentina, la Patagonia norte se prende fuego. Cada verano es la misma historia, pero cada año en una versión más dramática, empeorada, con ribetes cada vez más apocalípticos, como anticipos inflamables de un colapso sistémico del que no podemos escapar, que ya está frente a nosotros. Crisis climática, política pública negacionista, desfinanciamiento y desidia estatal, capitales internacionales e interés empresarial en las tierras, reticencia de los medios de comunicación a ocuparse de la cuestión. Y a esto se suma la invasión de especies exóticas, como el pino radiata, las políticas represivas, el racismo antiindígena y la proliferación de lecturas conspiranoicas y antisemitas que potencian la catástrofe anunciada y distorsionan los encuadres desde los cuales leer lo que efectivamente está sucediendo.
Todos estos elementos hacen de la Patagonia norte y principalmente de la llamada Comarca Andina (paralelo 42°, entre el sur de la provincia de Río Negro y el norte de la provincia de Chubut), ya no un paraíso deseado, sino un analizador social, que revela cada año elementos de corte sociopolítico que permiten leer lo que sucede o por lo menos anticipar, en pequeña escala, lo que puede suceder en el resto de la sociedad.
Empecemos por enumerar los elementos en juego. Primero y antes que nada, los incendios están vinculados a la crisis climática. Estamos al filo de cambios sistémicos que pueden hacer que nuestro planeta resulte decididamente muy hostil para la vida. Entretanto, vivimos cada vez más en la era de «colapsos climáticos localizados», visibles en la frecuencia cada vez mayor de eventos extremos que afectan zonas urbanas y rurales, que generan desastres cada vez más amplios, erosionan las condiciones de vida y transforman de la noche a la mañana ciudades, campos y bosques en zonas de guerra: incendios, tornados, inundaciones, tormentas, vientos huracanados, sequías extremas, olas de calor intenso o de frío extremo.
Los incendios son quizá la imagen más icónica de estos tiempos de colapso ambiental. El fuego libera una gran cantidad de energía y genera una «meteorología propia» dentro de los incendios; por eso son tan destructivos e incontrolables y han adquirido una mayor magnitud. Se trata de «incendios de sexta generación», ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de controlar, por lo que no es posible predecir su comportamiento.
En la actualidad, los megaincendios se ensañan con la Patagonia norte, en medio de una sequía persistente y una ola de calor que en el último mes lleva más de quince días corridos, con algunos (pocos) respiros; un fenómeno que se viene agravando con los años. Se trata de una evidencia: en un contexto de calentamiento global, la Patagonia norte ya no es lo que era. Los nuevos patrones climáticos alteraron la «normalidad». En los últimos quince años, el régimen hídrico cambió drásticamente. En el último invierno de 2025 casi no hubo nieve, como bien lo advirtieron las cámaras de comercio y turismo de la ciudad de Bariloche, una región conocida por la práctica esquí. Hay menos nieve en las altas cumbres y, por ende, menos agua.
Un reciente informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del 11 de enero de 2026, advirtió la reducción de entre 30% y 40% de las precipitaciones en las altas cumbres. Las temperaturas se extreman, el calor se adelanta. No son solo los molestos jejenes que llegaron antes; hasta las amapolas californianas que bordean parte de la ruta nacional 40 llegaron casi con un mes de anticipación. El fin de la normalidad climática es también el fin de las estaciones tal como las conocíamos.
Por otro lado, a partir de los años 70, la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas, como el pino radiata, que viene del hemisferio Norte, trajo consecuencias que, con el avance de la crisis climática, se han vuelto dramáticas. Paradójicamente, el pino radiata es una especie que tiene en su genética el fuego como la mejor forma de dispersar sus semillas. Sus conos, al calentarse, salen disparados como si fueran granadas, expandiendo sus semillas por todos lados. El fuego establece una trágica dinámica de destrucción, regeneración e invasión, mientras retrocede el bosque nativo y se pierden especies centenarias como coihues, lengas, notros y maitenes.
Desde hace cinco décadas, Lucas Chiappe, reconocido ambientalista de la Comarca Andina, un pionero en estas lides, viene denunciando este tipo de monocultivo que se ha expandido por la Patagonia. En enero de 2025, Chiappe escribía en su blog: «Existe una línea directa entre la destrucción del bosque nativo, su posterior reemplazo por las forestaciones comerciales de árboles de rápido crecimiento y los incendios arrasadores que están ocurriendo en la Comarca Andina del Paralelo 42°». Los distópicos incendios de interfase.
En la Comarca Andina mucha gente vive en zona de interfase, un área de transición entre zonas urbanas y rurales, y muchas viviendas se han construido en medio del bosque o sobre las tupidas laderas de los cerros, lo que agrava la situación y merecería un debate sobre qué significa cuidar al bosque nativo en tiempos de colapso climático». Chiappe, que está entre quienes más han contribuido a forjar una «cultura del bosque y la montaña» que advierte sobre la ausencia de una visión de largo plazo en los despachos oficiales, sabe de lo que habla. Lamentablemente, él y su familia han sido noticia en los últimos días, ya que acaban de ser víctimas de los incendios distópicos que arrasaron su casa y la chacra, en esa idílica zona de Epuyén, que era llamada «el Santuario».
En el nivel nacional, enfrentamos un gobierno de extrema derecha negacionista que, por definición, niega la existencia de una crisis ecológica y climática y, como consecuencia, suprime políticas ambientales y recorta cada vez más el presupuesto en nombre del ajuste fiscal y del retiro del Estado, mientras los incendios previsiblemente se multiplican y devoran bosques, destruyen ecosistemas, seres humanos, animales y viviendas.
Pero el desfinanciamiento es tanto nacional como provincial. Por ejemplo, los representantes parlamentarios de las provincias afectadas por los incendios (entre ellos, los de Chubut) aprobaron un presupuesto que reduce y desfinancia las políticas para combatir el fuego.
La ausencia del Estado y los recortes presupuestarios tienen consecuencias concretas. Durante 2024, el gobierno argentino ejecutó apenas 22% del presupuesto estatal asignado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), pese a tratarse del año con la mayor cantidad de focos ígneos delos últimos tiempos. En 2025, debido a los reclamos, hubo una mayor ejecución presupuestaria, pero aún así el SNMF dejó sin ejecutar 25% de los recursos asignados que podrían haberse utilizado para mejorar la infraestructura, el equipamiento, y las capacitaciones y condiciones laborales de los brigadistas. A esta disminución se le suma la reducción de los «informes de alerta temprana» y de «evaluación de peligro de incendios», instrumentos clave para un enfoque preventivo.
En cuanto a los brigadistas -que hemos visto reclamar por un aumento de salarios en videos que circularon por las redes sociales-, están precarizados y muy mal pagados. Un brigadista sin antigüedad en la Patagonia, de aquellos que hoy están poniendo sus vidas en peligro, gana apenas 860.000 pesos argentinos (aproximadamente 590 dólares) en Parques Nacionales y en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Y la actual planta de brigadistas en Parques Nacionales es de 391, cuando como mínimo se necesitarían 700.
La contracara de esto es que, mientras la crisis climática arrasa nuestros territorios, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en el Presupuesto 2026 se asignan 651.600 millones de pesos argentinos (más de 450 millones de dólares) a los subsidios a los combustibles fósiles, lo que representa un aumento real de 6% respecto al valor de 2025. Una vez más, aunque sea una verdad de perogrullo, hay que recordarlo: la crisis climática es producida por la emisión de gases de efecto invernadero (combustibles fósiles) y los cambios en los usos del suelo.
Por otro lado, el gobierno de Javier Milei no enfrenta los incendios con una mirada preventiva, sino como una cuestión de «seguridad interna», como lo hizo la hasta hace poco ministra de Seguridad Patricia Bullrich, alentando una mirada represiva y complotista de los incendios, de la mano de la tesis del «enemigo interno». Nada de esto es casual, ya que desde hace varios años, con idas y vueltas, se ha ido instalando una virulenta campaña antiindígena para demonizar al pueblo mapuche y sus comunidades, en un contexto de fuerte disputa por las tierras y de avance del extractivismo petrolero y minero, las represas y los megaproyectos turísticos en todo el país, pero muy particularmente en esa codiciada zona de la Patagonia.
Esto, es cierto, no es un fenómeno nuevo: recorre la historia argentina y vuelve a traer a la memoria el genocidio indígena, llevado a cabo por el ejército argentino en el siglo XIX. Sin embargo, desde hace unos años el racismo anti-mapuche fue escalando y el intento de cancelación de las demandas indígenas se instaló de lleno en los medios de comunicación. Además, todo esto se agrava en un contexto de endurecimiento de los decretos presidenciales relativos a la seguridad interna, el rol de las fuerzas armadas y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para preparar un escenario de persecución a mapuches, ambientalistas y todo aquel que se oponga a los planes abiertamente represivos y entreguistas del gobierno.
Por último, asistimos a la visión conspiranoica, difundida en las redes sociales, que recupera la teoría antisemita del «Plan Andinia», un supuesto proyecto judío para ocupar la Patagonia, ahora a través de una estrategia de despoblamiento ejecutada vía incendios. Quienes buscan recuperar esos viejos tropos antisemitas se aprovechan hoy, para ganar difusión, del genocidio israelí sobre la población de Gaza. [NDR No compartimos este análisis hecho por los autores de este artículo ya que en junio de 2025 durante el encuentro entre Milei y Netanyahú se sellaron acuerdos de cooperación militar, tecnológica y de inteligencia, además del traslado de la embajada argentina a Jerusalén. En esta reunión pudo verse una foto que recorrió el mundo, en donde se ve al responsable del genocidio palestino con un mapa de la República Argentina]
Además de sus problemas intrínsicos, las visiones conspiranoicas a menudo terminan invisibilizando lo que sí está ocurriendo. Por ejemplo, la embestida inmobiliaria para cambiar los usos del suelo y habilitar la construcción de emprendimientos turísticos, como ha sido denunciado por pobladores de la zona. La derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que todavía no ha logrado convalidar el gobierno de Milei (pues ha sido frenada por la Justicia), responde a estos intereses. La Ley 26.737 establece que solo puede haber 15% de tierras en manos de extranjeros; un mismo titular extranjero no puede superar 30% de esa porción ni tampoco las 1.000 hectáreas en la zona agrícola núcleo (las tierras más productivas). La derogación se incluyó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 e implica la eliminación de restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Entre sus consecuencias está la posibilidad de que personas físicas o jurídicas del exterior puedan adquirir tierras rurales sin las limitaciones establecidas previamente por la ley, lo que podría generar cambios en la tenencia de la tierra. Un punto muy importante de la ley es que explicita que los extranjeros no pueden ser titulares de tierras ribereñas o contengan «cuerpos de agua de envergadura y permanentes» (tales como ríos, mares, humedales, lagos, acuíferos, glaciares, etc.).
Tanto las lecturas que criminalizan a los mapuches como aquellas que ven un supuesto plan judío para apoderarse de la Patagonia son, lamentablemente, dos caras de la misma moneda, que evaden las responsabilidades políticas del gobierno actual (la extrema derecha negacionista y antiderechos), desdibujan el rol de la crisis climática (por momentos esta desaparece incluso del discurso ambiental) y quitan complejidad a la situación, creando un chivo expiatorio que termina siendo el aparente responsable de todos los males.
Con esto no estamos negando la existencia de incendios intencionales y de intereses inmobiliarios que azuzan el fuego. El extractivismo inmobiliario que acecha esas regiones del sur ha sido siempre una de las grandes amenazas, que se potencia cada verano pero que no explica todo, y a veces las exacerbaciones discursivas dificultan una lectura más global y compleja de la situación. Por otro lado, el capital que ronda la zona es multinacional. En la Patagonia esto incluye desde el británico Joe Lewis, dueño de miles de hectáreas (que nunca se prenden fuego) y al empresario italiano Benetton con 900.000 hectáreas (segundo terrateniente del país, detrás de Eduardo Elsztain, muy cercano a Milei), pasando por la realeza de Qatar, que posee decenas de miles de hectáreas en la Patagonia, con represas dentro.
Los megaincendios no solo llegaron para quedarse, sino que plantean también un gran desafío a la comunidad y al movimiento socioambiental, pues requieren la generación de una cultura del cuidado del bosque y de la montaña, así como una alfabetización necesaria en el manejo del fuego, sobre todo en las zonas de interfase. Pero en paralelo al crecimiento de la autoorganización y del aprendizaje en la adversidad, se hace necesario exigir mayor presencia y recursos a los Estados (provincial y nacional), aunque suene casi quimérico en este mundo cada vez más dominado por el «fascismo fósil» de los Trump y los Milei.
Adenda: que el fuego no tape los glaciares
En Argentina tenemos una importante batalla ambiental por delante que también forma parte del gran desafío de la cultura del cuidado de nuestros bienes comunes: la defensa de los glaciares y el área periglaciar, que concentran las reservas de agua de varias provincias. No nos engañemos: la matriz es la misma. Hay un negacionismo de base en el gobierno que rechaza cualquier política de prevención y mitigación del cambio climático; hay desfinanciación y desmantelamiento de las instituciones públicas y estatales que constituían un resguardo; hay un extractivismo minero desenfrenado que no repara en realizar actividad minera incluso en ese escaso 1% del territorio que protege la ley nacional de glaciares; hay una minería contaminante -como la de Barrick Gold en Veladero, provincia de San Juan- que ha destruido glaciares, contaminado aguas y ríos; hay no solo complicidad, sino intereses económicos de los gobiernos provinciales, que intercambian favores con el gobierno nacional con tal de quedarse con la decisión absoluta sobre qué hacer con los glaciares (o sea, cómo entregarlos a las mineras), independientemente de los informes técnicos y ambientales. Y hay una oposición política que no está a la altura de las circunstancias, es decir, que carece de un proyecto alternativo de sociedad.
En un trámite exprés y a espaldas de la ciudadanía, el próximo 10 de febrero se pretende votar en el Senado la modificación regresiva de la Ley de Glaciares, a la medida de las transnacionales mineras, para permitir la destrucción de glaciares y ambientes periglaciares. El lobby tiene nombres y apellidos: proyectos como Veladero (Barrick Gold-Shandong Gold), Vicuña (Lundin Mining–BHP), Pachón (Glencore) y Los Azules (Río Tinto). En medio del desastre de fuego en la Patagonia, el presidente Milei se reunió, el 10 de enero pasado, con ejecutivos de las megamineras BHP y Lundin Mining, socios del proyecto Vicuña en San Juan. Estas, junto a Barrick Gold, son las corporaciones que están detrás de la modificación regresiva de la Ley de Glaciares. Piden «seguridad jurídica», como si esta fuera solo para las grandes corporaciones y no para la ciudadanía: en este caso el cumplimiento y el respeto de una norma ambiental como la Ley de Glaciares en un contexto de emergencia.
Mientras tanto, en Argentina los grandes medios parecen tener prohibido poner en debate la modificación de la Ley de Glaciares, así como también hablar de las grandes movilizaciones que hay actualmente en la provincia de Mendoza (en el oeste argentino) contra el embate de la megaminería. Un silencio estruendoso, que alcanza no solo a medios oficialistas sino también a varios de oposición.
En este contexto de tanta asimetría, se torna indispensable reclamar que «el fuego no tape los glaciares», porque ambos son parte de una misma problemática, de las políticas y narrativas que impone el gobierno de Milei, a las que hoy es necesario resistir y contestar con la defensa de la vida y de los territorios, con la cultura del cuidado de los bienes comunes en un contexto de colapso sistémico.
Fuente:
https://nuso.org/articulo/fuego-negacionismo-y-conspiranoia-en-la-patagonia-argentina/