La opacidad informativa ambiental en los proyectos mineros del RIGI
El RIGI no derrama en desarrollo nacional. Tampoco genera información ambiental satisfactoria en las comunidades. Esta es la principal conclusión del Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA) elaborado por la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD).
Por SEBASTIÁN PREMICI
El 66% de los proyectos mineros vinculados al RIGI presentan niveles insatisfactorios de transparencia ambiental y fiscal, según revelaron informes de la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) y el Observatorio RIGI. Mientras el sector fugó 4.832 millones de dólares, la opacidad informativa del Gobierno y el secreto fiscal ocultan los beneficiarios finales y los empleos reales.
El 90% de las iniciativas vinculadas al RIGI se concentran en el sector de los hidrocarburos (Vaca Muerta) y la minería del litio y el cobre. ¿Cuánto de lo que generan los proyectos involucrados derraman en un desarrollo sustentable? Bajo la arquitectura de entrega y saqueo delineada por el RIGI, el DNU 70/2023 y la Ley de Bases, no hay respuesta positiva. El modelo de Milei solo cierra con la fuga de divisas. Entre 2025 y julio de este año, el sector de los hidrocarburos generó una demanda de divisas por motivos financieros por 4832 millones de dólares.
¿Qué reveló el Índice de Transparencia de la Minería Argentina sobre los proyectos del RIGI?
La opacidad informativa también es una característica del programa de saqueo de La Libertad Avanza. El Observatorio del RIGI ya había detectado la ausencia de información oficial –en muchos casos negada por el Ministerio de Economía– sobre el verdadero impacto en la creación de puestos de trabajo detrás de los proyectos RIGI.
Ahora se suma un nuevo dato elaborado por la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) con su Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA). El estudio evaluó 13 operaciones y proyectos de cobre, oro, plata y litio ubicados en Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Se analizó la publicación y actualización de información ambiental relevante, la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), los mecanismos de participación ciudadana y las respuestas (o, mejor dicho, la ausencia) a varios pedidos de acceso a la información pública.
El resultado fue contundente. El 66% de los proyectos evaluados presentó un nivel insatisfactorio de transparencia ambiental. "El sector minero argentino es muy oscuro, y desde el punto de vista ambiental no nos ha ido bien con estas prácticas. Necesitamos que implementen medidas de transparencia activa para fortalecer la confianza alrededor del desarrollo minero", aseveró Juan Manuel Perez Naufel, director ejecutivo de la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD).
La brecha del empleo: los 100.000 puestos prometidos que chocan con los datos del Gobierno
La opacidad informativa parece ser la ley. El empleo constituye uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo Nacional para impulsar el RIGI y, al mismo tiempo, una de las dimensiones sobre las que existe menor transparencia. Desde el Ministerio de Economía se sostiene que los proyectos aprobados generarán casi 100.000 puestos directos, menos de un tercio del empleo registrado que se destruyó en los últimos tres años.
Sin embargo, la información recabada por el Observatorio del RIGI a partir de una serie de pedidos de acceso a la información arribó a una cifra aún menor. "Los 37 proyectos con información disponible proyectan 14.240 empleos directos y 30.713 empleos indirectos durante la etapa de operación, lo que representa un total de 44.953 puestos de trabajo. La distribución territorial del empleo directo en la etapa de operación también evidencia una fuerte concentración. San Juan concentra 5.208 puestos de trabajo (36,6%), seguida por Salta (1.915; 13,4%) y Catamarca (1.756; 12,3%)", puede leerse en el segundo informe del Observatorio RIGI.
Quiénes son los verdaderos ganadores detrás del RIGI
El segundo aspecto vinculado a la opacidad informativa tiene que ver con los beneficiarios finales, es decir, quiénes son los ganadores directos de los proyectos montados sobre una amplia red de mamushkas societarias.
"La transparencia sigue siendo una deuda pendiente de la democracia. Aunque Argentina cuenta con un Registro Público de Beneficiarios Finales, su acceso permanece restringido, dificultando conocer quiénes reciben efectivamente los beneficios del RIGI y controlar posibles niveles de concentración económica", sostuvo María Eugenia Marano, especialista en transparencia fiscal.
El Observatorio del RIGI solicitó a ARCA información sobre los beneficiarios finales de los VPU aprobados. La solicitud fue denegada mediante la Resolución RESOL-2026-5-E-ARCA-SDGINS, con el argumento del secreto fiscal. "Fue una interpretación restrictiva que contradice el texto expreso de la ley que el propio organismo debe aplicar. El resultado es un manto de protección sobre quienes obtendrán las cuantiosas ganancias derivadas de la explotación de nuestros recursos naturales", aclaró Marano.
La opacidad informativa ambiental
Con la publicación del primer informe sobre el Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA) elaborado por la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD), parecería confirmarse el denominador común que atraviesa a los diferentes proyectos y a las autoridades nacionales.
El ITMA tiene como objetivo medir, de manera sistemática y comparable, el grado de transparencia con que las empresas mineras comunican información ambiental, acreditan cumplimientos normativos y habilitan mecanismos de participación ciudadana. La transparencia en materia ambiental depende tanto de las empresas como de la forma en que los Estados-Nación, junto a las provincias, administran y difunden información vinculada a los impactos ambientales.
De los proyectos analizados, solo el 33% alcanzó un nivel alto de transparencia en cuanto a la información ambiental; un 42% se ubicó en un nivel medio; y un 25% quedó en niveles bajísimos.
Los mejores resultados fueron para Salar del Rincón, seguido por Salar de Olaroz y Salar del Hombre Muerto–Fénix, los tres operados por Río Tinto. El peor desempeño informativo fue para los proyectos Casposo de Austral Gold, Minera Gualcamayo (Aisa Group), Los Azules (McEwen Cooper), Veladero (Barrick-Shandong Gold), y Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti).
"Uno de los resultados más contundentes surge al analizar el acceso directo a la documentación ambiental. Ninguna de las 13 operaciones evaluadas remitió el Informe de Impacto Ambiental (IIA) solicitado por el equipo de investigación. Solo dos empresas respondieron a solicitudes de información ambiental y apenas un proyecto, Salar del Rincón, publica un extracto de su IIA en canales propios", puede leerse en las conclusiones del informe.
El informe concluyó, también, que la problemática central no radica en la ausencia de estándares normativos o ambientales, sino que la brecha aparece en la apertura de la información y en la capacidad de responder de manera directa a las consultas de la sociedad.
"Se propone avanzar hacia un modelo de Transparencia Activa basado en cuatro líneas prioritarias: publicar de manera accesible los IIA, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y sus actualizaciones; centralizar la documentación en sitios accesibles; establecer canales efectivos de respuesta a solicitudes; y fortalecer mecanismos de participación ciudadana, como monitoreos participativos, consultas recurrentes y facilitadores territoriales", concluyó el trabajo de la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD).
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