Más bosque que Francia y más riesgo de incendios: el fracaso de la gestión forestal española
Más del 70% de la superficie forestal española está en manos privadas, el resto es dominio público y pertenece en su mayor parte a los ayuntamientos y entidades locales. Ambos están afectados por el mismo mal: el abandono
PorJose Luis Gallego
España es el segundo país con mayor superficie forestal de la Unión Europea, tan solo por detrás de Suecia: duplicamos la de Francia y triplicamos la de Alemania. En total, sumamos 28 millones de hectáreas forestales, el 55,3% del territorio nacional. De todas ellas, dos terceras partes (18,5 millones de hectáreas) son bosque. Pero el bosque español tiene dueño.
En España, el terreno forestal es mayoritariamente de propiedad privada: un 71,1 por ciento del total. Del resto, el 23,2% pertenece a los ayuntamientos y otras entidades locales, dando forma a lo que se conoce como Montes de Utilidad Pública (MUP). Los MUP son una figura administrativa creada para promover la protección y cuidado del patrimonio forestal del Estado, siempre en consonancia con las políticas de conservación de la naturaleza. De hecho, cerca del 80% de la Red de Parques Nacionales está formada por MUP y el 60% está integrado en algún espacio protegido o forma parte de la Red Natura 2000 de la UE.
Nuestro país es el que aporta más superficie al conjunto de esa red comunitaria de reservas naturales, abarcando un 18 % del total, mientras que casi el 37% de la superficie forestal está amparada por alguna figura de protección (parques, reservas, áreas de especial interés, monumentos naturales, etc.). De ese modo, España supera ampliamente el objetivo del 30% que exige la Estrategia de Biodiversidad de la UE. Tenemos un patrimonio forestal bien amparado. Otra cosa es que esté bien gestionado.
En su propuesta de un 'Pacto por los Bosques Españoles', presentada en mayo de 2023, el Instituto de la Ingeniería de España llamaba a dotarnos de unos bosques resilientes a los efectos del cambio climático: "Unos bosques con futuro, socialmente rentables, económicamente viables y ecológicamente diversos", decían desde esta institución. Un llamamiento que apela a una gobernanza responsable del inmenso y variado patrimonio forestal español.
La legislación forestal española establece diversos tipos de planificación que son de obligado cumplimiento tanto para los titulares privados como para los administradores públicos. El objetivo de dichos planes es garantizar la protección de los ecosistemas forestales como elemento clave en la lucha contra el cambio climático, preservar la biodiversidad que acogen y promover un aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.
Oportunidad desaprovechada
En cambio, mientras el bosque español crece a un ritmo cercano al dos por ciento anual, el aprovechamiento de sus recursos no solo no aumenta en la misma proporción, sino que va a menos. Nuestros bosques producen actualmente 45 millones de metros cúbicos (m³) de madera al año, pero solo aprovechamos una tercera parte, es decir, alrededor de 15 millones de m³. Una tasa de aprovechamiento inferior a lo que podría considerarse como sostenible y muy por debajo de la media europea, que ronda el 75%.
Es más, como nuestro consumo interno es de 30 millones de m³ de madera al año, debemos importar el resto: es decir, otros 15 millones de m³. De ese modo, España, el segundo país con mayor superficie forestal de toda la UE y en el que el bosque crece más rápido, es uno de los principales importadores de madera.
Y es aún peor que toda esa biomasa forestal que generan cada año nuestros bosques y que no aprovechamos; alrededor de dos tercios de la producción total de nuestros bosques se acumula año tras año, multiplicando la carga de combustible en el monte y elevando el riesgo de que se produzcan megaincendios inextinguibles.
El aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal, por ejemplo de los residuos madereros generados por las actividades de clareo, es un recurso energético renovable, rural y bien repartido. Una actividad generadora de empleo rural que podría ir a más en España si se legislara a su favor y se facilitase a los propietarios forestales las mismas ayudas de las que han gozado los promotores de las renovables.
El aprovechamiento de los bosques cae en la misma proporción en la que aumentan los grandes incendios forestales
Todo ello sin olvidar la importante oportunidad que puede representar la puesta en marcha de los llamados 'créditos climáticos forestales': una herramienta financiera con la que se pretende fomentar el importante papel de los bosques en la adaptación y mitigación del cambio climático mediante la absorción y fijación de carbono, la contribución al ciclo del agua, la conservación y mejora de la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos. Se trata de poner en valor esos servicios para, entre otras cosas, empezar a rescatar la economía forestal de la ruina.
Gestionar es prevenir
En su propuesta para alcanzar un gran pacto nacional por nuestros bosques, el Instituto de Ingeniería de España alerta que, mientras el 44% de la superficie forestal pública está ordenada y cuenta con los adecuados planes de gestión, un porcentaje que apenas alcanza el 12% en el caso de los bosques de propiedad privada. Ese desequilibrio se debe principalmente a la falta de una gestión forestal multifuncional que promueva el aprovechamiento sostenible de nuestros montes, algo que, por otro lado, puede ser perfectamente compatible con la conservación de la naturaleza.
Del mismo modo, a juicio de los ingenieros, sería necesario avanzar hacia un mapa de la propiedad forestal mucho mejor estructurado y menos disperso, especialmente en las zonas de montaña menos pobladas y donde se da un aprovechamiento forestal descontrolado, unos territorios en estado de abandono, carentes de gestión, que resultan más vulnerables a los incendios.
Para evitarlo, debería producirse un reordenamiento de la propiedad forestal que favorezca unas unidades de gestión de mayor tamaño, más productivas y mejor atendidas. Fincas forestales en las que se desarrolle una gestión profesionalizada, supervisada por técnicos cualificados. Una gestión forestal moderna, que contribuya al desarrollo rural, el reto demográfico y la economía circular.
Una tarea que en último término correspondería llevar a cabo a la administración pública, atendiendo a las singularidades de cada territorio y cada propiedad y al precedente de la concentración parcelaria llevada a cabo a mitad del siglo pasado en amplias zonas agrícolas del país, aunque mejorando su aplicación y evitando los impactos negativos tanto en la naturaleza como en la sociedad rural.
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