Mekorot confiesa asesoramiento en AySA y ya serían 13 las provincias con acuerdos con Israel
En el marco del anuncio oficial sobre la privatización de Aysa S.A, la mayor empresa hídrica de Argentina, dialogamos con Gisela Cardozo, integrante de la Campaña Fuera Mekorot y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien alerta sobre la expansión sin freno de la firma israelí
Por Rodrigo Savoretti
El pasado 21 de julio, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 493/2025, el cuál modifica el Régimen de Propiedad de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa), empresa estatal que provee agua potable, saneamiento y sistema de cloacas a 15 millones de argentinos.
El nuevo decreto deroga el artículo 2º del decreto N° 304/06, que establecía que la participación del Estado Nacional en AySA era intransferible. Esta modificación habilita la venta del 90% del paquete accionario en manos del Estado y transforma el marco regulatorio de la empresa.
La privatización de una de las mayores y más estratégicas empresas estatales sería total, ya que el gobierno de ocupación colonial admitió que venderá -probablemente a precio vil- la totalidad del paquete accionario (90%).
Por otra parte, se confirmó que Mekorot, la empresa israelí con contratos en al menos 12 provincias argentinas, está asesorando a AySA, situación que no era de conocimiento público y que generó alarmas en organizaciones de Derechos Humanos.
Enfant dialogó con Gisela Cardozo, de la Campaña Fuera Mekorot y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien sostiene que en las recientes decisiones de la empresa argentina ya se vislumbra la influencia de la firma israelí: la mercantilización del agua.
Mekorot, ¿dueña del agua de Argentina?
La compañía estatal de Israel, denunciada ante la ONU por prácticas de apartheid hídrico en Palestina, confirmó que brinda asesoramiento a la empresa estatal argentina, situación que no era de conocimiento público hasta hace poco.
La noticia se conoció a raíz de las declaraciones de Diego Berger, titular de proyectos especiales de Mekorot, en una entrevista con El Destape Radio, donde desmintió el rumor de la posible compra de AySA (celebrado por el subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, en la red social X).
En un intento de despegarse de los rumores, Berger sostuvo que los estatutos de Mekorot prohíben la compra de activos fuera de Israel. Sin embargo, en la misma conversación, el funcionario israelí confirmó que Mekorot está asesorando a la compañía nacional.
Estas declaraciones provocaron la reacción de la Campaña Fuera Mekorot, quien denuncia hace años la expansión de Mekorot en Argentina, hecho consolidado en las siguientes provincias, donde la firma tiene polémicos y graves convenios firmados con: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Río Negro, Formosa, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Chubut y Neuquén. ¿Buenos Aires también?
Días atrás la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Campaña Fuera Mekorot elevaron pedidos de informe a Aysa, con el objetivo de intentar conocer de qué trata la asesoría de la firma israelí con la empresa nacional estatal. Aún no tuvieron respuestas.
"Esta situación nos da pie para pensar -no para conspirar ni nada, porque no hace falta, ya son casi doce las provincias que tienen acuerdos explícitos con Mekorot-, que puede haber alguna otra provincia que también tenga algún acuerdo secreto con ellos y no lo sepamos", expresa Gisela.
Cortar el acceso al agua como a la información
El agua es para la vida lo que la información es para el ejercicio crítico de la ciudadanía. Cortar, o pasarle la motosierra al acceso al agua y a la información es atentar contra dos derechos humanos fundamentales e imprescindibles en tiempos de cambio climático y sobreinformación.
Con los cambios de estatuto en Aysa también se impuso un cambio de paradigma: ahora están permitidos los cortes de agua ante el atrasamiento de los pagos por parte de los ciudadanos. El agua, hasta hace días considerada por el Estado Nacional, a través de AySA, como un bien social común y un derecho humano, ahora es comprendida como un producto de consumo más.
"Ya se refleja la visión de Mekorot sobre el agua, tratarla como una mercancía, decidir a quién se la da y a quién no, a quién beneficias y a quién no. Eso es lo que sabe hacer la empresa Mekorot, Palestina es testigo de ello, y ahora Argentina", señala Cardozo.
Con la información sucede lo mismo. Y no es una situación exclusiva de este gobierno:
"Es un proceso de desgaste y fragmentación de ese acceso a la información que viene desde el gobierno pasado. Información que aparte debería ser pública, ya que los estados provinciales están obligados por la ley de acceso a brindárnosla. No hay ninguna voluntad política por parte de los distintos gobiernos de darnos información", denuncia.
La preocupación, entiende Gisela, nace por los antecedentes de la firma sionista en la Palestina ocupada y también por lo que se pudo conocer sobre el acuerdo que Río Negro firmó con esta, donde le cedió la propiedad intelectual de los recursos hídricos de su territorio. En otras palabras, le concedió a Mekorot, la cesión de derechos de uso, control de la información y la toma de decisiones sobre la gestión del agua pública.
"Solo el caso de Río Negro pudo salir a la luz pública. De todas las otras provincias no hay ninguna novedad; no se pudo acceder a ninguna otra clase de cláusulas. En las otras provincias se hicieron pedidos de informes. En alguna de ellas se accedió al convenio, pero una cosa es el convenio y otra, la letra chica que no sale en estos documentos", expresa la entrevistada.
Wado de Pedro y su rol con el ingreso de Mekorot a Argentina
La Campaña Fuera Mekorot identifica al ex Ministro del Interior y dirigente de La Cámpora, Wado de Pedro, como uno de los máximos responsables del desembarco de Mekorot en Argentina. Sus gestiones fueron claves para los convenios firmados entre el CFI, la entidad sionista y las provincias.
Cardozo recuerda un encuentro con el ex funcionario -y actual senador nacional-, cuando eran incipientes las primeras firmas de contrato:
"Desde la APDHnos reunimos con Wado de Pedro y le llevamos todas estas denuncias y antecedentes de Mekorot. La verdad que la respuesta fue muy triste, porque nos dijeron: '¡Ay! no sabíamos que era una empresa denunciada por violar los derechos humanos'. Sin embargo, continuaron impulsando las firmas de convenio a pesar de nuestras advertencias", rememora la entrevistada.
Para Cardozo, el interés de profundizar relaciones con Israel no es exclusividad del actual gobierno, quien directamente se encuadra junto a Israel y a Estados Unidos con un nivel de subordinación más que explícito.
Israel, denunciado actualmente por impulsar un genocidio sobre las y los palestinos, goza de amplia aceptación entre las dirigencias políticas nacionales, aún cuando la entidad sionista es cuestionada por cientos de naciones en el mundo.
Argentina, que ha sido un referente global en la lucha por la justicia y la memoria tras el terrorismo de Estado impulsado durante la última dictadura cívico-militar, con la promoción de juicios y la reparación a las víctimas, ahora se encuadra como una de las naciones cómplices de un genocidio en curso.
"Tenemos que entender que es nuestra agua. Y que no debería estar bajo el control de ninguna empresa estatal o privada extranjera. Mucho menos en manos de una empresa como Mekorot. Se trata nada más y nada menos que de la soberanía nacional", concluye la entrevistada.
(*)Este artículo fue realizado con la colaboración de Camille Dupeux.
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