Mendoza se planta para defender el agua

Por Thiago Buglione 

Desde hace poco más de un mes, el pueblo mendocino está viviendo, nuevamente, una lucha en defensa del agua y sus recursos naturales, tal como lo hicieron en 2007, 2019 y en cada ocasión en la que el poder político y económico amenaza con avasallar lo que les pertenece. Ante las múltiples manifestaciones masivas, el silencio y la omisión parece ser la única réplica por parte del gobierno de Alfredo Cornejo, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo Nacional. Las organizaciones sociales y ambientalistas trabajan para difundir la gravedad de la situación que, además del agua potable que consume la región, también compromete el sistema productivo provincial tal como se lo conoce actualmente, utilizando la creatividad, el arte y la alegría como herramienta de una lucha que, según afirman, no abandonarán.

El Proyecto San Jorge (PSJ Cobre Mendocino) propone la extracción de cobre mediante explosiones en la zona de la ciénaga de Yalguaraz, a 40 kilómetros de Uspallata. El emprendimiento ya había sido frenado en 2008 por la vigencia de la ley provincial 7722, conocida como la "guardiana del agua",que prohíbe el uso de químicos tóxicos en el proceso de separación de minerales. En 2019, un intento de modificarla fue rechazado tras masivas movilizaciones. El proyecto volvió a cobrar impulso en 2024 con el RIGI y la sanción de las leyes 9.684 y 9.685, que aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental, lo que reactivó protestas en toda la provincia. Organizaciones ambientales hablaron de una "gesta libertadora por el agua" y remarcan que, tras más de 15 años de lucha, "en Mendoza no hay licencia social" para la minería, según afirmó Silvia "Chaco" Iñiguez, de la Asamblea por el Valle de Uspallata.

El 23 de diciembre, miles de personas llegaron a la ciudad de Mendoza desde diversos puntos de la provincia para exigirle al gobernador Cornejo que derogue las leyes 9.684 y 9.685. El 17 y 18 de enero, las organizaciones viajaron desde la capital hacia Uspallata, donde manifestaron su rechazo al avance del Proyecto San Jorge, llevado adelante por Solway Group, una empresa con un polémico historial en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. En 2017 en Guatemala un colectivo de pescadores artesanales denunció la contaminación del lago de Izabal presuntamente vinculada con las actividades mineras de Proinco, parte de Solway Group. Durante una protesta, uno de los protestantes fue asesinado y varias personas resultaron heridas.

Todo este impulso vecinal parece no hacer mella en el Poder Ejecutivo mendocino, que no se expresó oficialmente al respecto. En diálogo con Página 12, fuentes cercanas al gobernador Cornejo catalogaron a los asambleístas como "una minoría que está en contra de todo, sin fundamento técnico y basados sólo en sus creencias" y aseguraron que "todas las organizaciones sociales y personas individuales que no están de acuerdo con el proyecto, tuvieron la posibilidad de mostrar su opinión en la audiencia que se llevó a cabo en el lugar, pero la mayoría no quisieron participar". En el sitio web de la gobernación presentaron a la Audiencia Pública como una "instancia histórica" que tuvo "récord de participación ciudadana y con alto porcentaje de apoyo al proyecto".

Silvia "Chaco" Iñiguez refuta la versión del gobierno, aseverando que "el gobierno no llegó a tener más que mil cuatrocientos asistentes, que eran todos empleados de la Municipalidad de Las Heras, militantes de la UCR y del PRO, barras bravas de la Uocra y funcionarios públicos que no debieron haber estado por estar directamente involucrados". Además, denuncia que la audiencia se realizó "en el mismo lugar donde se va a explotar la megaminera PSJ, en la estancia Yalguaraz, a cuarenta kilómetros del pueblo, en un cerro al que había que entrar con camionetas, sin posibilidad de que una persona con discapacidad pudiera ir o que la gente del pueblo que no tiene vehículos pudiera acercarse a dar su opinión".

Además de las masivas caravanas, todos los días se realizan actividades culturales buscando concientizar a la población, a través de festivales, charlas informativas, debates, y la proyección de películas y documentales. El 14, 15, 16 y 17 de febrero se realizará en Uspallata la quinta edición del Festival Puentes de Agua, un encuentro socioambiental de alcance federal que nació como una iniciativa solidaria para acompañar a asambleas criminalizadas por defender los recursos naturales, primero en Andalgalá y Choya, Catamarca y luego replicado en distintos puntos del país hasta llegar este año a Uspallata, en medio del conflicto por el PSJ Cobre Mendocino. La grilla incluye proyecciones audiovisuales, talleres temáticos --desde áreas protegidas y patrimonialización hasta energía nuclear y bonos verdes--, rondas de intercambio, círculos de palabra, lecturas de poesía, actividades para infancias y un festival musical, además de espacios específicos para que las asambleas locales compartan sus miradas. Durante varios días, y aprovechando el fin de semana de carnaval, participarán asambleas de todo el país y también de Chile.

Silvia es una maestra jubilada chaqueña --de allí el apodo que en algún momento le impusieron sus compañeros de militancia--, que hace treinta años que vive en Mendoza y hace diez en Uspallata. Tiene un amplio recorrido sindical, que continuó en la Asamblea por el Valle de Uspallata cuando llegó al pueblo ubicado al oriente de la Cordillera de los Andes, en el límite con San Juan, donde viven unas 15.000 personas que conforman una sociedad heterogénea, "inicialmente de puesteros, con dos regimientos de montaña y uno de Gendarmería por ser zona de límite provincial. Muchos años después empezó a caer gente de otras provincias, de Buenos Aires, de Córdoba, etcétera, que venían buscando un lugar de tranquilidad y de paz", cuenta Chaco, que asegura que a pesar de las heterogeneidad de la población, la protección del agua genera un consenso casi unánime, que es extiende al resto de la provincia

Chaco advierte que esa tranquilidad se ve amenazada ante el avance del proyecto San Jorge: "El polvo particulado que se expulsa a la atmósfera después de cada voladura no se lo puede contener con nada y nosotros acá estamos en la cordillera, tenemos el viento zonda que viene del Pacífico, cruza por la cordillera y lo lleva hacia la ciudad. Entonces ese polvo particulado va a volar 120 kilómetros hasta la ciudad y luego al Gran Mendoza, donde está concentrada el mayor porcentaje poblacional, un millón y medio de personas", relata la ambientalista y asegura que, de llevarse a cabo el PSJ, el modelo productivo podría verse alterado en su totalidad, debido a la contaminación de los cultivos por el polvo particulado que desprenden las explotaciones.

Además, señala una omisión crucial en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada. "Dicen que van a sacar el agua del Arroyo del Tigre, pero copiaron y pegaron lo que habían escrito en el año 2010. Mendoza hace 15 años que tiene una crisis hídrica y este invierno en particular no cayó una gota de nieve. Por lo tanto, hoy estamos en una crisis tremenda, en una crisis hídrica con una sequía fatal. Por lo cual, lo que va a terminar sucediendo es que van a perforar pozos y van a tomar las aguas subterráneas. Cuando sacan tanta cantidad, se secan todas las napas de la zona. Por lo tanto, como por ejemplo en el caso de mi barrio, que nosotros no tenemos agua corriente, sino que tenemos un pozo de donde nos proveemos de agua, primero lo contaminaría y segundo nos sacarían la napa", explica Iñiguez.

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/2026/01/26/mendoza-se-planta-para-defender-el-agua/