Organizaciones cuestionan el programa con el FMI y advierten sobre el costo social y ambiental del ajuste
Un informe señala los impactos del programa acordado con el organismo internacional en el tejido socioproductivo y la estabilidad macroeconómica del país. "Presenta un muy elevado costo en materia de derechos humanos para la población", aseguran.
En el marco del debate del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación y en la previa de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Recourse, el Equipo Transiciones y Center for Economic and Social Rights presentaron el informe "Sostenibilidad de la deuda y el rol del FMI: lo que no se dice de la crisis argentina".
El documento advierte sobre los impactos del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el tejido socioproductivo y la estabilidad macroeconómica del país y señala inconsistencias entre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los acuerdos que llevan al incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y climática, una clara contradicción al Acuerdo de París.
Francisco Cantamutto, economista y miembro del EFTE, alertó: "El FMI debería revisar su apoyo al programa actual en la Argentina, pues incluso considerando que ha tenido algunos logros en materia de estabilización, presenta un muy elevado costo en materia de derechos humanos para la población, y aun así no logra recomponer el acceso al mercado de capitales para el país que sigue dependiendo de préstamos de orden político".
El RIGI profundiza la orientación extractiva
A la fragilidad económica y financiera de los hogares y a las dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo con el FMI se suman impactos ambientales vinculados con la expansión de la extracción de combustibles fósiles y de la minería, particularmente a partir del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
Julia Gerlo, integrante del equipo de Investigación de FARN, se refirió al RIGI a dos años de su sanción: "El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) consolidó un perfil extractivo, concentrando las inversiones principalmente en sectores como la minería y los hidrocarburos, y profundizando un modelo de especialización productiva que obstaculiza la diversificación de la estructura productiva argentina".
Mientras sectores con fuerte capacidad de generación de empleo, como el comercio, la industria y la construcción, atraviesan un proceso de debilitamiento, crecen actividades con menor impacto en términos de empleo directo.
Según el informe, el 99% de los US$138.000 millones comprometidos en el marco del RIGI corresponde a proyectos de hidrocarburos y minería, que generarían apenas 14.240 empleos directos.
Las organizaciones también señalan que el régimen presenta tensiones con los compromisos climáticos de Argentina y que el mecanismo de arbitraje internacional previsto puede convertir eventuales cambios de política pública en contingencias fiscales para el Estado.
El Presupuesto 2027 prolonga el desfinanciamiento ambiental
El proyecto de Presupuesto 2027, actualmente en debate en el Congreso, profundiza —según el informe— el desfinanciamiento de las políticas ambientales y reduce los niveles de transparencia sobre el uso de los recursos públicos.
Gerlo se refirió al impacto económico, social y ambiental del desfinanciamiento de dichas políticas: "Argentina avanza en una dirección contraria a sus compromisos climáticos, profundizando su dependencia de los combustibles fósiles y expandiendo la frontera extractiva hacia nuevas geografías, como el Golfo San Matías. Al mismo tiempo, el ajuste presupuestario debilita la capacidad del Estado para sostener la acción climática. Esta estrategia no sólo profundiza las contradicciones con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París, sino que también plantea riesgos para la estabilidad macroeconómica: salida de divisas, beneficios fiscales del RIGI, escasa generación de empleo, exposición a la volatilidad de los precios internacionales y debilitamiento de las capacidades estatales."
La Subsecretaría de Ambiente tendría un presupuesto 84,3% inferior, en términos reales, al de 2023, mientras que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos recibiría 25 veces menos recursos de los establecidos por la Ley 26.331.
Además, el cierre de fondos fiduciarios, incorporado como structural benchmark del acuerdo con el FMI, dificultará el seguimiento de sus recursos. A esto se suma que el proyecto de Presupuesto no explicita cuánto dejaría de recaudar el Estado como consecuencia de los beneficios fiscales otorgados por el RIGI.
Las organizaciones piden revisar el programa con el FMI
Por último, el informe advierte que el propio FMI vuelve a considerar cumplidos los criterios de acceso excepcional sobre bases que las organizaciones califican como frágiles: el organismo considera sostenible la deuda argentina, pero con una probabilidad baja. Según el documento, se trata de un diagnóstico similar al realizado por el Fondo en los programas de 2018 y 2022, que posteriormente derivaron en nuevas crisis de sostenibilidad.
Ante este escenario, las organizaciones de la sociedad civil instan al FMI a revisar el programa acordado con el Gobierno argentino y evitar una profundización del ajuste, incorporando en la evaluación de sostenibilidad no sólo las variables fiscales y financieras, sino también su dimensión social, ambiental e institucional.
El informe plantea la necesidad de revisar el enfoque actual para evitar que la búsqueda de estabilidad macroeconómica termine profundizando las vulnerabilidades económicas, sociales y ambientales del país.
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