Paren de fumigarnos, la historia de un pueblo que enfrenta al agronegocio y defiende la vida
Nuestra principal inquietud cuando empezamos a investigar sobre el uso de agrotóxicos fue preguntarnos: ¿hasta dónde llegan los niveles de contaminación en nuestra comida, en nuestra agua, en los productos que consumimos?
Por Marcos Cabrero
Esto nos llevó a conocer a Anabel Pomar, periodista y activista ambiental, traductora de los Monsanto Papers y vecina de Exaltación de la Cruz. Intercambiando con Anabel empezamos a registrar que muchos de los niveles de contaminación que, uno supone, existen en un país como el nuestro, eran superados ampliamente por datos que venían en alza desde hacía muchos años.
La puerta que nos abrió Anabel nos llevó a conocer a más vecinos de Exaltación de la Cruz, una localidad bellísima y altamente pulverizada con agrotóxicos. Los que dieron un paso al frente y se organizaron en el grupo vecinal llamado "Exaltación Salud" nos demostraron que el motor de sus acciones es la defensa de la vida, de la de sus familiares, amigos, alumnos, compañeros de trabajo, vecinos, y también del ambiente y del futuro.
Luego vimos a Verónica Garri, docente del municipio y referente de la lucha contra el uso de agrotóxicos. "No es normal que para que un alimento crezca le tengas que echar veneno. Esto tiene que cambiar", nos dice. En este partido bonaerense de 24.000 habitantes, donde el 60 % del territorio es fumigado con agroquímicos peligrosos, sus voces rompen el cerco de silencio.
¿Cuanto es el costo humano?
Los testimonios que recogimos son alarmantes. Anabel nos cuenta que "en otros pueblos ya se comprobó que los agrotóxicos provocan daños genéticos. ¿Por qué no se prohíbe en todos lados?". Estudios científicos confirman que sustancias como el glifosato (clasificado como probable cancerígeno por la OMS) y el 2,4-D (componente del Agente Naranja) son mutagénicas: alteran el ADN y pueden causar malformaciones congénitas.
En Exaltación de la Cruz los casos se multiplican: "Tres niñas de 14 años murieron de cáncer en el mismo barrio", relata Johana Tejera, vecina del barrio San José, miembro de Exaltación Salud y también de Amaranto una cooperativa de distribución de alimentos de productores agroecológicos, orgánicos y biodinámicos.
El total de las escuelas rurales del distrito están rodeadas de campos fumigados. "Mi hija Corina perdió el pelo a los 8 meses de vida. Los médicos no lo vinculaban a las fumigaciones", agrega Vero, también mamá de Corina, que tiene alopecia, consecuencia de la contaminación. Estudios realizados en la Universidad de La Plata detectaron residuos de glifosato y otros plaguicidas en el agua de red, de pozo y napas subterráneas.
Un Estado controlado por el agronegocio
Mientras la Unión Europea prohíbe 487 plaguicidas por su toxicidad, en Argentina se usan 107 de esos químicos, incluidos productos de Syngenta como el Paraquat, prohibido en 53 países. "Acá venden lo que allá está prohibido", denuncia Pomar. La empresa Syngenta, hoy fusionada con ChemChina, facturó u$s1.200 millones en el país en 2023.
El paquete tecnológico de semillas + agrotóxicos (al que se agrega la siembra directa) fue impuesto por corporaciones como Monsanto, con aval estatal. Hoy, la SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) aprueba pesticidas basándose en estudios que aportan las mismas empresas.
Anabel también cuenta que "el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 'pospuso' la difusión de los resultados del estudio SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025), actitud que puede considerarse un ocultamiento de información relevante para la sociedad y para las personas investigadas". Este proyecto tiene como objetivo estudiar los impactos tanto en los ecosistemas como en la salud de las personas de los agrotóxicos.
En el estudio SPRINT "se tomaron como modelo 11 países, 10 de la Unión Europea y Argentina. El 100 % de las muestras tomadas acá, diferentes tipos de muestras desde materia fecal, suelos, agua, etcétera, tenían glifosato", nos dice Laura Cano, médica y diputada provincial del PTS FIT Unidad.
Mientras las corporaciones agroexportadoras multiplican sus ganancias las comunidades pagan el precio con su salud. El Estado se ha convertido en cómplice al desfinanciar estudios independientes y dilatar regulaciones.
La resistencia de los vecinos de Exaltación, que lograron prohibir las fumigaciones aéreas y establecer una zona de protección de 1.000 metros alrededor de escuelas y viviendas por la vía legal, muestra que frente al agronegocio hay que unificar fuerzas y luchar.
Un proyecto de ley contra la vida
El gobierno de Javier Milei, fanático de las reformas que atacan nuestros derechos, ahora se propone ir por mucho más. Presentado por un diputado radical, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca "dar marco a una actividad que necesita regulación", pero el mismo se basa en lo discutido por la llamada Comisión de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por productores, exportadores y cámaras vinculadas a la tecnología agropecuaria, sin representantes de la salud, investigadores o poblaciones afectadas por las fumigaciones.
El proyecto, entre otros aspectos, fija los parámetros a 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones y a 45 metros para aplicaciones aéreas. Estas distancias se aplicarían desde el límite de las "zonas sensibles" –viviendas, escuelas rurales, cursos de agua– hacia las áreas productivas. Sectores del agronegocio pretenden que dicha "protección" no sea el piso del debate sino su techo, lo que genera aún más preocupación para las poblaciones que han conseguido, con años de lucha, zonas de exclusión y resguardo más amplias.
Este proyecto no cayó del cielo. Hace años que tanto en el congreso como en las legislaturas provinciales y municipales el peronismo junto al PRO, y los demás partidos mayoritarios avalan estas prácticas. En el caso de Buenos Aires, las organizaciones denuncian la Resolución 246/2018, impulsada por María Eugenia Vidal, que habilita fumigaciones aéreas y terrestres en las cercanías de viviendas, escuelas rurales y cursos de agua. Esa norma, lejos de haber sido derogada, fue sostenida todos estos años por la gestión de Axel Kicillof que solo la suspendía y ahora vuelve a estar vigente.
O el caso del propio Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, que en el 2021 cuando tuvo la posibilidad de aprobar una modificación a la Ordenanza que regula el uso de agrotóxicos, poniéndole un límite de 1000 metros de distancia de aplicación, de 14 concejales solo dos votaron a favor de la modificación, cuatro se abstuvieron y ocho votaron en contra, tanto del bloque del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio y del oficialista Defensa Comunal.
Golpear con un solo puño
El caso de Exaltación de la Cruz es un ejemplo que se repite en todo el país, donde las comunidades se organizan para enfrentar el agronegocio y las implicancias de esta práctica extractivista.
Con asambleas de vecinos, trabajadores, estudiantes y comunidades se viene marcando un camino de lucha que nuevamente se enfrenta a grandes ataques. Como señala Anabel, "esto fue armado y se puede desarmar". La tierra y sus frutos pueden ser fuente de vida, no de enfermedad y muerte.
Nuevamente en las calles en distintas localidades se manifiestan sectores amplios de la población para enfrentar estos planes. A pesar de la gravedad que esta crisis ya alcanzó, todavía estamos a tiempo de ponerle freno si cambiamos la situación de raíz y le sacamos el control de las respuestas que se implementan a los capitalistas y a quienes gobiernan en su nombre.
Paren de Fumigarnos es la historia de solo algunos de los nombres propios detrás de los fríos números del agronegocio. De quienes se benefician y son cómplices, de quienes sufren las consecuencias de este modelo, pero –sobre todo– de quienes no bajan los brazos y pelean por terminar con esta barbarie y pelean por otro tipo de relación con el ambiente, más allá de las ganancias empresarias. Con esta nueva producción de La Izquierda Diario y Contraimagen, queremos aportar a que estas historias de lucha se conozcan y a organizar la resistencia a estos ataques.