SAN JUAN DEFIENDE LOS GLACIARES

San Juan, 30 de diciembre de 2025

Sras y Sres. Diputados y Senadores Nacionales por San Juan 

José Peluc, Cristian Andino, Jorge Chica, Abel Chiconi, Carlos Gustavo, Jaime Quiroga, Nancy Viviana Picón Martínez, María Celeste Giménez Navarro, Bruno Antonio Olivera Lucero, Sergio Mauricio Uñac

Pte.

Como Asamblea Agüita Pura para San Juan nos dirigimos a Ustedes a fin de solicitarles su apoyo irrestricto a la vigencia -sin modificaciones- de la actual LEY NACIONAL DE PROTECCIÓN DE GLACIARES 26.639, ley que protege las reservas de agua dulce del pueblo que ustedes representan.

El presidente Javier Milei ha anunciado la modificación de esta ley a los fines de favorecer intereses políticos y empresariales nacionales y extranjeros interesados en extender la explotación mega minera sobre "zona periglacial" entregando el bien común más preciado para la vida, el agua.

Esta acción es todo lo contrario al interés popular, ya que pone en riesgo ecosistemas y sus habitantes, la vida de quienes estamos hoy y quienes vendrán en un futuro.

Luego de más de 20 años de resistencia de las Asambleas socio-ambientales, seguimos en pie y exigimos nuestro derecho a ser escuchados.

NO HAY LICENCIA SOCIAL dado que la misma se "consiguió" a través de audiencias públicas engañosas convertidas en "simulacros de participación ciudadana".

Ante las especulaciones y MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, desde los territorios alertamos sobre el peligro de exponer a estas zonas a contaminación y respondemos que toda actividad de este tipo viola el principio de no regresividad en materia de derechos ambientales que surge de la Ley General del Ambiente, del Acuerdo de Escazú, y el derecho a la consulta a los pueblos indígenas prevista en el Convenio 169 de la OIT.

A lo largo y ancho de la provincia, incluso en la zona cordillerana donde existen GLACIARES, hay proyectos instalados ilegalmente pujando por la modificación de la ley, ya que se encuentran en zonas protegidas.

Los glaciares y zonas periglaciares se encuentran en proceso de retracción motivado por la actividad antrópica que produce el cambio climático (emisión de gases de efecto invernadero en la explotación de hidrocarburos, ganadería intensiva, deforestación, contaminación con metales en el aire y filtración en sistemas hídricos por minería a cielo abierto, entre otras).

En el marco del mencionado cambio climático, en el mes de noviembre del corriente año se sumó un nuevo derrame en la mina Veladero como prueba suficiente de la mala gestión y negligencia en el control por parte del estado y en contra de la vida del pueblo.

De acuerdo a las expresiones del propio presidente Milei, que ya intentó ir contra nuestros glaciares en el paquete de medidas del decreto 70/23 y en la Ley Bases votada sin consentimiento social en el Congreso Nacional, estamos ante un tercer y quizá definitivo ataque a la "Ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y ambiente periglacial" N° 26.369.

La continuidad de la normativa -surgida de un amplio debate popular público e institucional en un histórico proceso de participación ciudadana en el año 2010- resulta absolutamente necesaria para la  defensa y protección de las reservas estratégicas de agua dulce y el equilibrio ecológico.

Los glaciares son importantísimas fuentes de agua en estado sólido, que, gracias a los procesos de acumulación y fusión, permiten la regulación hídrica de las cuencas de nuestros ríos, abasteciendo en momentos críticos los ecosistemas, la población y las actividades productivas de gran parte del país.

El AMBIENTE PERIGLACIAL en la alta montaña, es el área de suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico que al igual que el glaciar, debe preservarse.

La ley define a los GLACIARES Y AL AMBIENTE PERIGLACIAL como bienes de carácter público, siendo un DEBER del Estado preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y educativa y valorarlos como atractivo turístico.

En virtud de aquellos objetivos, se dispuso la prohibición de actividades productivas que afecten su condición natural, y que impliquen la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias.

La negociación por la distribución de recursos entre Nación y las Provincia debe darse inexorablemente en un ámbito de diálogo federal en el Parlamento respetando los derechos del pueblo trabajador o en su defecto, en el ámbito judicial, pero siempre, bajo los postulados del llamado "FEDERALISMO DE CONCERTACION".

La extorsión utilizada como herramienta para buscar apoyos para otros actos de gobierno, resulta a todas luces inconstitucional y éticamente reprochable, más aún cuando se ofrece o se entrega como prenda de negociación el AGUA de nuestra provincia y de todas las jurisdicciones que se encuentran emplazadas sobre la Cordillera, sitio donde precisamente se ubican nuestros GLACIARES.

Sin otro particular, saludamos a Ustedes y los exhortamos a que cumplan con su deber como funcionarios públicos, cargo para el cual fueron elegidos por parte de la ciudadanía de San Juan. Su deber constitucional y ético es para con el pueblo de San Juan. Es a los sanjuaninos a quienes deben servir, no a las empresas mineras. Tienen Udes. el compromiso histórico de legislar y decidir por y para los sanjuaninos, para que sigamos teniendo agua para la producción de alimentos, para que podamos seguir viviendo aquí, nosotros, nuestros hijos y nietos. La historia los juzgará como servidores públicos que cumplieron de forma ecuánime con su mandato, o como un traidor más, a su patria y a su pueblo, cómplices de la entrega del agua y del futuro a cambio de un puñado de dólares.

EL AGUA VALE MÁS QUE TODO.

EL AGUA Y LA SOBERANIA ESTAN EN JUEGO.

¡LOS GLACIARES NO SE TOCAN!!! EL AGUA ES DE LOS PUEBLOS