Guardaparques llevaron a la Justicia a dos cazadores
Sus perros hirieron a un oso hormiguero dentro de la Reserva Nacional Pizarro. El alambrado de esta Reserva estaba dañado y el responsable a cargo de la reserva nacional ya lo había informado.
Dos cazadores fueron llevados a la Justicia Federal luego de que sus perros lastimaran a un oso hormiguero gigante en la Reserva Nacional Pizarro, ubicada en el departamento Anta.
A instancias de laUnidad Fiscal Salta, los acusados acordaron solventar la reposición de un sector del alambrado de la Reserva como medida alternativa para resolver el conflicto penal iniciado tras el ataque de sus perros al animal que está en la categoría vulnerable según las categorías de protección.
El acuerdo de reparación, homologado el viernes último por eljuez federal de Garantías Diego Anzorreguy fue presentado por el fiscal general Carlos Amad y la auxiliar fiscal Carolina Jorge,del Área de Casos Sencillos de la unidad fiscal. Los cazadores pagaron un total de 300 mil pesos para reparar el alambrado de la Reserva Nacional que ya venía afectado.
Un ataque con tres perros
La fiscalía explicó que las actuaciones se iniciaron a partir de un hecho ocurrido el 21 de junio pasado, entre los lotes 3 y 7 de la Reserva, un área protegida en la que se encuentra vedada la caza y la depredación de fauna.
Durante un patrullaje habitual,los guardaparques Abraham Rojas, Jairo Palma y Soledad Rojas escucharon ladridos de perros y siguieron sus rastros hasta advertir que los animales entraban y salían del monte.
Al acercarse, encontraron a tres perros de caza que habían acorralado a un oso hormiguero de la especie Myrmecophaga tridactyla (conocido también como oso hormiguero gigante o yurumí) que presentaba heridas provocadas por mordeduras. Los guardaparques lograron poner a distancia a los perros y resguardar al oso hormiguero.
Poco después, localizaron a los propietarios de los perros, que se encontraban en las inmediaciones. Una vez controlada la situación, el ejemplar, de especial importancia para la conservación de la biodiversidad, se recuperó y se internó nuevamente en el monte.
La imputación y el acuerdo
A partir del hecho, la fiscalía inició actuaciones por infracción a la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. En particular, la imputación se sustentó en el artículo 25de esa norma, que establece una pena de dos meses a dos años de prisión e inhabilitación especial de hasta cinco años para quien "cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación".
La auxiliar fiscal explicó que los implicados —que son padre e hijo— habían ingresado ilegalmente a la Reserva con fines de caza y que, por ese motivo, se formalizó la imputación penal en su contra.
Durante la audiencia, sin embargo, la fiscalía informó que las partes habían arribado a una solución del conflicto mediante un acuerdo de reparación.
En ese marco, los cazadores se comprometieron a solventar la compra de los materiales necesarios para reponer un tramo del alambrado de la Reserva, una necesidad que había sido informada por su intendente, Néstor Walter Sucunza.
La fiscalía solicitó además que al momento de homologar el acuerdo, el magistrado dejara constancia de que los fondos aportados serían destinados a la Reserva Nacional Pizarro.
El juez consultó a los imputados sobre los términos del acuerdo. Ambos manifestaron su conformidad, al igual que su defensa. En consecuencia, el juez homologó la reparación acordada y les advirtió sobre las consecuencias de reincidir en una conducta ilícita.
La motosierra en Parques Nacionales
A raíz del acuerdo al que finalmente se arribó, Salta/12 pudo conocer que, como sucede con otros organismos nacionales, la situación en la Administración de Parques Nacionales no es la mejor. Varias fuentes indicaron que hay otros casos en los que, a instancias de la intervención judicial, se lograron subsanar los baches que generan los recortes en la administración pública nacional.
Señalaron que hubo acuerdos judiciales que establecieron la instalación de "cartelería" o la entrega de ropa o calzado a cambio de dejar de lado la imputación.
La dificultad es que, según indicaron estas fuentes, la motosierra aplicada al presupuesto impide el arreglo de vehículos, el tendido y reparación de alambrados (como, al parecer, sucedía en el caso de la reserva anteña) y hasta el pago de servicios.
La afectación, además, implicó el despido de trabajadores que habían concursado por sus cargos en 2022y la quita de un ítem del sueldo de los trabajadores del organismo que recibían un monto extra por agrupamiento científico-técnico.
Fuente y foto:
https://www.pagina12.com.ar/2026/09/09/guardaparques-llevaron-a-la-justicia-a-dos-cazadores/