Un avance en la disputa internacional por la tierra y la soberanía alimentaria
La Vía Campesina logró un importante respaldo político en Naciones Unidas: el Consejo de DDHH extendió por tres años el mandato del Grupo de Expertos sobre Derechos Campesinos. Un Observatorio se propone transformar los tratados en realidades y frenar el despojo en los territorios.
Por Tiempo Rural
A principios de octubre, una delegación de La Vía Campesina Internacional viajó a Ginebra, Suiza. Durante una semana, la comitiva trabajó en el marco del 63° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el objetivo principal de lograr la renovación del mandato del Grupo de Expertos y Relatores sobre Derechos Campesinos.
Ese grupo, gestado gracias a la iniciativa y a la presión política de La Vía Campesina, tiene la vital misión de velar por la promoción y el análisis de cómo se va implementando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), un hito histórico aprobado en 2018 por la Asamblea General de la ONU.
"Como ese mandato vencía ahora en 2026, estuvimos trabajando en Ginebra en diálogo con organizaciones, pero fundamentalmente con Estados y misiones diplomáticas para que, mediante una nueva resolución, se extienda su misión. El grupo actúa en función de un diálogo con las organizaciones y los Estados, relevando políticas públicas que son consideradas positivas y apropiadas en ese sentido, y también relevando situaciones de violaciones a los derechos de los campesinos", explicó Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST), quien integró la delegación en representación de América junto a compañeros de Indonesia, España y Zimbabue.
En estos años de trabajo, el mecanismo conformado por cinco expertos independientes (que representan a América Latina, Europa Oriental, Europa Occidental, Asia y África) mantuvo un diálogo constante con organizaciones y Estados, evaluando políticas públicas y relevando violaciones a los derechos del sector. Ya han presentado seis informes clave, tanto al Consejo como a la Asamblea General.
A partir del trabajo articulado con un grupo de Estados promotores integrado por Bolivia, Cuba, Gambia, Luxemburgo, Indonesia y Sudáfrica, además de países adherentes de peso como Brasil, México y la propia Suiza, se logró que se adoptara la Resolución A/HRC/63/L.22 con una contundente mayoría: 33 votos a favor, ninguno en contra y apenas 14 abstenciones. Esta decisión renueva el mandato por otros tres años y representa una preservación institucional vital para la defensa de aproximadamente 1.200 millones de personas que viven en zonas rurales en todo el mundo, una población históricamente oprimida que hoy cuenta con un canal oficial de rendición de cuentas.
La brecha entre los consensos internacionales y la realidad territorial
En el marco de los desafíos actuales del sector, existe una paradoja que las organizaciones buscan sintetizar y exponer con claridad. Por un lado, se observa un avance en los consensos de la gobernanza internacional. La Declaración de 2018 asoció los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los derechos de los campesinos, la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Esto se complementó con procesos orgánicos en la FAO que terminaron, por ejemplo, con la histórica conferencia de reforma agraria que se realizó en Colombia a principios del año pasado. Todos coinciden en la necesidad de revertir el proceso de concentración de la tierra, de rediscutir su función social y de plantear la reforma agraria como una herramienta estratégica de los Estados para el desarrollo.
Sin embargo, mientras todo esto avanza en términos de consenso global, lo que ocurre en los territorios va en un sentido opuesto. Allí se despliega un entramado de diferentes mecanismos asociados al capital financiero, cuyo único propósito es el despojo de tierras y el sostenimiento de un modelo brutal de concentración. El objetivo de las élites del agronegocio, como parte del sistema económico dominante, es mercantilizar la agricultura y convertir los alimentos en objetos de especulación en las bolsas de valores.
Hoy, en el mundo, los pequeños productores representan entre el 70 % y el 75 % de la producción de alimentos, pero al mismo tiempo constituyen el 80 % de quienes padecen hambre y el 70 % de quienes viven en la pobreza. Durante su estadía en Ginebra, la delegación participó de dos eventos paralelos ante las misiones diplomáticas donde puso en agenda no solo el acaparamiento de tierras, sino el avance corporativo sobre las semillas a través de instrumentos como las patentes o los derechos sobre las mismas. Existe una desconexión total entre los consensos internacionales, respaldados por estudios rigurosos, y el lobby de las transnacionales, amparado por el escaso interés de los gobiernos en abordar esta crisis.
"Nuestra preocupación va en ese sentido: hay una desconexión entre la gobernanza internacional y los consensos asociados a estudios concretos de la situación, y lo que acontece en función del lobby de las transnacionales y la imposibilidad o el poco interés de los gobiernos en abordar estos temas", advirtió Montón.
Monitorear y denunciar: el rol central del Observatorio de Derechos Campesinos
La renovación del mandato en la ONU es un punto de apoyo institucional valioso. Para el movimiento campesino, defender estos derechos no es una tarea técnica o jurídica; exige una disputa política constante para acumular poder en todos los espacios posibles. Los territorios son el principal escenario de conflicto, y la UNDROP no puede ser considerada un simple documento consagrado y archivado en los templos del derecho internacional. Tiene que ser un instrumento vivo que sirva en los campos, en las asambleas y en las negociaciones cotidianas.
En este contexto, las organizaciones también sostienen una herramienta a la que buscan darle el mayor impulso: el Observatorio de Derechos Campesinos. Este espacio surgió a la luz de los nuevos desafíos globales con la misión de dar seguimiento y contribuir de manera directa al proceso de implementación de la Declaración en toda América Latina y el Caribe. Bajo la premisa de «monitorear, denunciar y visibilizar para transformar», el Observatorio se encarga de exponer públicamente las violaciones a los derechos campesinos y dar a conocer las buenas prácticas en aquellos lugares donde la Declaración sí se ha convertido en políticas activas.
El Observatorio busca generar herramientas e información precisa para que los funcionarios y parlamentarios de la región entiendan la urgencia y se vean forzados a concretar los cambios necesarios. El desafío desde los territorios es dotar a ese mecanismo de contenido constante. A través del Observatorio, es posible sistematizar los despojos, articular la resistencia territorial y exigir a los Estados la garantía absoluta sobre las tierras, las aguas y las semillas.
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