Humos, antenas y fraudes
"Fumar mata" y lemas semejantes destacan hoy en la envoltura de las cajetillas de cigarrillos. Hace medio siglo venían envueltas en todo lo contrario: una aureola de poder y libertad (como en el icónico Marlboro Man) y la convicción, insistentemente repetida, de que su humo era completamente inofensivo. Toda la evidencia contraria era suprimida con grandes campañas promovidas por la industria, apoyadas por políticos y en las que participaban hasta los médicos. En el aire de trenes, metros, autobuses y todo tipo de espacios cerrados, hasta en las consultas médicas, flotaba el humo gris de Ducados, Fortuna y similares. Pero la evidencia creció hasta romper el muro publicitario.
En 1998, las principales compañías tabacaleras de Estados Unidos llegaron a un gran acuerdo con 46 estados: pagarían una compensación de 206.000 millones de dólares por los gastos de sanidad que habían generado. Al año siguiente, el Deapartamento de Justicia las demandó por haber transgredido una ley federal sobre organizaciones fraudulentas y corruptas, RICO (llamativo acrónimo de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), originalmente concebida para combatir a la mafia ("Rico", interpretado por Edward G. Robinson, era el protagonista de la película de gángsters Little Caesar, en España Hampa dorada). En la resolución final de 2006, la juez Gladys Kessler determinó que estas compañías durante años habían "conspirado" (conspired, palabra que no tenía la mala prensa que luego se le ha dado) para lucrarse mediante el engaño, manteniendo a la población en la ignorancia acerca de los efectos nocivos de sus productos, que ellas conocían. Este delito sería aplicable a muchas otras compañías, desde farmacéuticas como Pfizer a buena parte de la industria tecnológica que se lucra embotando mentes o silenciando la toxicidad del 5G.
¿Tal vez Big Telecom podría seguir el camino de Big Tobacco?
La tecnologías inalámbricas vienen hoy envueltas en una aureola de poder, libertad e inocuidad no muy distinta que la que rodeaba a los cigarrillos hace medio siglo. Si se puede llegar a demostrar que la gran industria de las telecomunicaciones ha "conspirado" (parafraseando la mencionada sentencia judicial de 2006) para ocultar los daños a la salud que causan sus artefactos, su caída sería no menos espectacular que la de la industria tabacalera hace unas décadas.
En Estados Unidos, la Ley de Telecomunicaciones de 1996 (tiempos de Clinton) incluye una Sección 704 que mina los principios constitucionales de soberanía local. Los abogados de la industria y algunos jueces entienden que permite a las compañías ignorar los impactos ambientales y de salud, saltándose las leyes locales al respecto. Numerosas organizaciones luchan en este momento para que se derogue la Sección 704 y se restablezca la autoridad local por encima de los intereses de las grandes empresas.
El mismo insulto a la soberanía local y a la dignidad de la gente y de la vida queda estampado en la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones, que parece dar vía libre a las grandes compañías para que hagan lo que más les convenga. Ahora bien, existe jurisprudencia posterior que invalida estas pretensiones. Por ejemplo, una sentencia del TSJ de Galicia, del 22 de enero de 2025, aclara que "la ley 11/2022 […] no prohíbe la regulación de los entes locales e incluso autonómicos, solo establece la prohibición de limitaciones que infieran de forma arbitraria en el desarrollo de las telecomunicaciones". Así, mientras no se apliquen de forma arbitraria, las regulaciones locales deben prevalecer sobre los intereses de las empresas de telecomunicaciones.
No se trata de renunciar a las telecomunicaciones: existen alternativas más sanas y seguras, como la conexión por cable (fibra óptica). Se trata de aplicar alternativas sanas antes de que para muchos consumidores y afectados ya sea demasiado tarde.
Fuente:
https://brownstoneesp.substack.com/p/humos-antenas-y-fraudes