CRÉDITOS MILLONARIOS Y DOBLE DISCURSO: EL PRIVILEGIO EN TIEMPOS DE AJUSTE

En esta Argentina de hoy mientras millones de argentinos quedan afuera del crédito hipotecario por no alcanzar ingresos mínimos, un grupo de funcionarios del propio gobierno accedió a préstamos del Banco Nación por cifras que revelan una realidad muy distinta a la que se declama. Los datos son públicos y, en varios casos, reconocidos por los propios beneficiarios.

Por Alejandro Olmos Gaona

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, obtuvo un crédito de $367 millones, mientras que Felipe Núñez, funcionario del área económica, accedió a $373 millones. Se trata de préstamos a largo plazo, con tasas subsidiadas y ajustados por UVA, en condiciones que —aunque formalmente abiertas— en la práctica requieren ingresos mensuales de entre 6 y 12 millones de pesos para ser aprobados.

Pero dejando lado a muchos funcionarios, el caso más paradigmático es otro: el de Federico Sharif Menem. Ya que con apenas 24 años, en su primer trabajo en blanco dentro del Congreso, accedió a un crédito del Banco Nación por $357 millones. El dato no es menor. Porque ese mismo sistema financiero exige, para ese nivel de financiamiento: Ingresos elevados y sostenidos, antigüedad laboral, historial crediticio sólido, condiciones estas que, en términos generales, no se condicen con el perfil típico de un joven que recién inicia su vida laboral. Indudablemente la saga lamentable de los Menem sigue haciendo estragos en las finanzas públicas.

Créditos de este tipo implican: Cuotas iniciales de $2,5 a $3,5 millones mensuales, ajuste por inflación (UVA), y un pago final que multiplica varias veces el capital. Pero aun con financiamiento del 90%, exige un ahorro previo de decenas de millones de pesos, lo que deja afuera a la enorme mayoría de la población. Sin embargo, quienes forman parte del aparato estatal o del círculo del poder tienen ventajas estructurales como ingresos elevados, mejor calificación crediticia al analizarla discrecionalmente por el banco.

Los propios funcionarios, con el cinismo que los caracteriza salieron a defenderse con argumentaciones pueriles afirmando que:

"No hicieron nada ilegal", accedieron "como cualquier ciudadano"

Eligieron el banco por ser clientes Formalmente, el argumento puede sostenerse pero el problema no es jurídico: es político, ya que mientras el discurso oficial insiste en el mérito individual, la reducción del Estado y la igualdad de reglas, la realidad muestra otra cosa: El acceso al crédito depende de pertenecer a un segmento muy específico y dentro de ese segmento, el Estado —que se dice combatir— sigue siendo una plataforma de acceso privilegiado

El crédito de $357 millones otorgado a un joven de 24 años en su primer empleo formal no es solo un dato llamativo, es un síntoma porque evidencia que el sistema, que para la mayoría es inaccesible, puede volverse permeable cuando confluyen determinados factores, que son la cercanía al poder, la inserción en estructuras estatales , y el acceso a circuitos financieros específicos

El problema no es la existencia de créditos hipotecarios, sino el modo en que se asignan y a quiénes terminan beneficiando. Cuando el acceso se vuelve imposible para la inmensa mayoría de los trabajadores —aquellos que sostienen el sistema con su esfuerzo cotidiano— pero se habilita con sorprendente facilidad para funcionarios, allegados o beneficiarios de vínculos privilegiados, deja de tratarse de una cuestión técnica o financiera. Se transforma, sin matices, en una cuestión política y moral.

Porque allí donde debería regir el principio de igualdad ante la ley, aparece una arquitectura de excepciones. Donde debería haber reglas claras y universales, surgen atajos reservados. Y cuando créditos de 300, 350 o más de 500 millones de pesos son otorgados en condiciones vedadas para el ciudadano común, lo que queda expuesto no es una política pública, sino un sistema de privilegios.

Esa desigualdad estructural no sólo hiere el acceso a la vivienda: erosiona la credibilidad de las instituciones, vacía de contenido el discurso meritocrático y consolida una lógica de poder donde la cercanía reemplaza al derecho. En ese contexto, las instituciones dejan de ser instrumentos al servicio del conjunto social para convertirse en herramientas funcionales a una minoría.

Entonces, el verdadero problema no radica en el crédito en sí mismo, sino en el orden que lo administra. Un orden que consagra diferencias, que legitima beneficios selectivos y que, en los hechos, establece que no todos los argentinos son iguales ante la ley.

Y cuando esa premisa se quiebra, lo que entra en crisis no es sólo una política económica: es la propia idea de República.