EL ASCO

Hace un año leí la novela "Asco", donde el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya construye una diatriba feroz contra la degradación moral, cultural y política de su país. La repugnancia que siente su protagonista no es sólo literaria: es una forma extrema de denuncia frente a una sociedad capturada por élites mezquinas, por políticos sin estatura y por una clase dirigente que confunde poder con impunidad. Esa radiografía implacable, que quizas puede ser exagerada en el tono pero certera en el diagnóstico, parece hoy un espejo incómodo donde puede mirarse nuestra propia realidad.

Por Alejandro Omos Gaona

Lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados es un nuevo capítulo de en lo que ha venido a terminar el Poder Legislativo. Discutir sobre la ley, no fue simplemente un trámite legislativo acelerado: fue una demostración alarmante de desprecio institucional, que se ha convertido en algo habitual en el Congreso de la Nación. Se vulneraron normas reglamentarias básicas y se trató de manera exprés un proyecto de 217 artículos cuya complejidad exigía un debate serio, técnico y responsable. En lugar de ello, se impuso la lógica de la velocidad y del número, no la de la deliberación democrática. La forma en que se sanciona una ley también es parte de su legitimidad. Cuando el procedimiento se degrada, el contenido queda bajo sospecha, y se llegó al extremo de limitar el número de oradodores, ya que había que sacar la norma a cualquier precio, para satisfacer las ansias dictatoriales del presidente, que cantaba en Nueva York, con el dictador húngaro Viktor Orban, alguien para quien la democracia es una molestia, y que junto con Milei se arrastra ante Donad Trump a ver si recibe alguna migaja de las que suele repartir entre sus amigos y seguidores.

Sería muy largo hablar de la ley, que ha sido cuestionada por especialistas destacados, pero cabe mencionar que el contenido de la misma, lejos de disipar dudas, las profundiza. No estamos ante una norma que modernice las relaciones laborales o que promueva un desarrollo equilibrado. Estamos frente a un cuerpo normativo que precariza el trabajo, fragmenta derechos, debilita la protección contra el despido, desfinancia al sistema previsional y consolida relaciones asimétricas que ya eran desiguales. Se vulneran principios consagrados en convenios internacionales ratificados por la Argentina y se naturaliza una regresión normativa que contradice décadas de construcción jurídica.

El argumento repetido hasta el cansancio —que esta ley generará empleo— se derrumba incluso por boca de uno de sus propios inspiradores, quien semanas atrás admitió que no producirá nuevos puestos de trabajo. La promesa de la creación de empleo funciona como un mantra, no como una proyección fundada en evidencia empírica. Del mismo modo, la supuesta "industria del juicio" fue recientemente desmentida con solvencia por una magistrada de reconocido prestigio, quien explicó que la litigiosidad laboral no es una conspiración de abogados inescrupulosos sino, en muchos casos, la consecuencia directa del incumplimiento empresarial.

En el recinto, algunos diputados mantuvieron una posición digna, cuestionando con argumentos jurídicos y económicos los aspectos más regresivos de la norma. Pero el espectáculo general estuvo marcado por chicanas, gritos, pobreza argumental e incluso un nivel de incultura alarmante. La deliberación democrática fue reemplazada por la confrontación vacía. Y entonces resulta inevitable recordar a Castellanos Moya: la decadencia no es sólo económica, es también intelectual y moral.

Los empresarios, naturalmente, defendieron una ley que amplía su margen de maniobra y reduce costos, lo que no debería sorprender. Lo inquietante es que el sector más vulnerable de la relación laboral —los trabajadores— quede expuesto a decisiones unilaterales de quienes concentran el poder económico, que cuando pueden limitan derechos, y tratan por todos los medios de acrecentar sus ganancias, aunque ello vaya en desmedro del trabajador. Y en este caso queda en evidencia que cuando el Estado abandona su función de equilibrar desigualdades, deja de ser árbitro para convertirse en garante de la parte más fuerte.

Este nuevo capítulo del la gobernabilidad mileista confirma una orientación política que privilegia al capital financiero, a los especuladores y a los sectores concentrados. La matriz ideológica que inspira al gobierno —nutrida por pensadores como Murray Rothbard y Walter Block— no concibe al derecho laboral como herramienta de justicia social, sino como una traba a la libertad de contratación. Bajo esa mirada, la desigualdad no es un problema a corregir sino una consecuencia natural del mercado. Pero debe tenerse en cuenta que un país no se sostiene sobre dogmas importados ni sobre teorías abstractas aplicadas sin sensibilidad histórica. Se sostiene sobre el trabajo digno, la protección social y el respeto institucional. Cuando esos pilares se erosionan, lo que emerge no es la libertad prometida sino la intemperie.

Resulta llamativo —y a la vez revelador— que mientras se avanza con reformas que recortan derechos laborales, se siga ignorando sistemáticamente lo dispuesto por el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, que consagra expresamente la "participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección". No se trata de una aspiración retórica ni de una declaración simbólica: es una norma vigente desde 1957 que jamás fue reglamentada ni efectivizada. Durante décadas, gobiernos de distinto signo político omitieron cumplir este mandato constitucional, pero en lugar de avanzar hacia su concreción, hoy se profundiza el camino inverso: se flexibilizan condiciones laborales, se fragmentan indemnizaciones y se debilita la posición del trabajador, mientras el derecho a participar de las ganancias —que podría equilibrar estructuralmente la relación capital-trabajo— permanece deliberadamente relegado al olvido.

Quizá por eso la lectura de ASCO resuena hoy con tanta fuerza. No porque vivamos exactamente la misma realidad que describe Horacio Castellanos Moya, sino porque la sensación de degradación —de que el poder se ejerce sin grandeza, sin responsabilidad y sin límite ético— comienza a resultarnos inquietantemente familiar. Cuando el discurso público se vacía de contenido, cuando la épica sustituye a la verdad y la propaganda reemplaza a los hechos, lo que se erosiona no es sólo la confianza: es la calidad misma de la vida democrática. En ese proceso silencioso ocurre lo más grave: la sociedad se acostumbra y se habitúa a la precariedad institucional, a la pérdida paulatina de derechos, a la resignación como forma de supervivencia cívica. Se internaliza la idea de que el retroceso es inevitable, de que reclamar es inútil y de que toda degradación puede justificarse en nombre de una supuesta emergencia permanente, y un prometido futuro de grandeza que jamás vas a llegar con estas decisiones del gobierno.

El verdadero peligro no son las leyes que se van instrumentando que se pueden ulteriormente derogar ni el funcionario circunstancial que hoy se cree invulnerable y todopoderoso. 

El verdadero peligro es la naturalización del deterioro, ya que cuando el retroceso deja de escandalizar, cuando la injusticia deja de sorprender y cuando la vulneración de derechos se vuelve paisaje, entonces ya no estamos ante una crisis coyuntural, sino ante una decadencia aceptada que parece imposible de revertir.

Y cuando una sociedad acepta la decadencia como normalidad , cuando no reacciona y se somete sin cuestionar los daños que le están infligiendo, no advierte que está renunciando a ser ella misma, y que además de limitar su libertad, la están arrastrando a un futuro de consecuencias imprevisibles.