EL DERECHO DE LOS POBLADORES DE MALVINAS Y LA OBLIGATORIA PROTECCIÓN DE LA INVERSIONES BRITÁNICAS

No soy un experto en Malvinas como mi amiga Silvina Batallanez, pero además de seguirla, tengo dos buenos amigos a los que siempre recurro: la Dra. Virginia Gamba, que me explicara en detalle lo de la población trasplantada, y Federico Urioste que además de haber investigado en el Reino Unido lo ocurrido en Malvinas, realizó un excelente documental que se llama "Hundan al Belgrano". 

Por Alejandro Olmos Gaona

Sin embargo me animo a escribir algunas pocas reflexiones, ante un día simbólico como el de hoy, donde después de 193 años nos atrevimos a expulsar a los invasores británicos. No voy a comentar la falta de preparación de la dictadura para tomar esa decisión, ni todo lo que puede leerse en el terrible informe Ratembach, sobre la actuación lamentable de la dirigencia militar, porque el heroísmo de los soldados y de algunos jefes es para mi un símbolo de lo que representa la defensa de nuestra soberanía en los hechos, no en el vacuo palabrerío con el que algunos se llenan la boca.

Malvinas no es un tema más en nuestras preocupaciones: es la prueba más cruda de hasta dónde puede llegar la claudicación política cuando se disfraza de "realismo", pretendiendo que la cuestión se resuelva respetando la "voluntad de los isleños", como lo ha sostenido el presidente Milei. No es solo un error conceptual: es aceptar, sin decirlo, la legitimidad de una ocupación colonial que tuvo siempre como único sustento el poder de la fuerza militar.

Los habitantes actuales de las islas no constituyen un "pueblo" en los términos del derecho internacional clásico. Son, en su inmensa mayoría población implantada por el Reino Unido tras la expulsión de las autoridades argentinas en 1833, en primer lugar y luego a través de permanentes recambios que se hicieron a través del tiempo. No existe una población originaria de esa vieja invasión, y aunque la hubiera, sería problemático que alegaran derechos que les da la ursurpación. Pero ocurre que invocar el principio de autodeterminación en este contexto es tergiversarlo: ningún proceso de descolonización serio reconoce como sujeto de ese derecho a una población establecida por la potencia ocupante para consolidar su dominio. No hay aquí ambigüedad jurídica, hay manipulación política.

Esa manipulación se vuelve obscena cuando se observa la realidad concreta del archipiélago. No estamos ante una comunidad aislada que decide su destino en libertad, sino frente a un enclave militarizado. La base de Mount Pleasant es una de las mayores instalaciones militares del Atlántico Sur, con presencia permanente de tropas, equipamiento estratégico y personal civil vinculado a la defensa británica. Allí no solo hay militares: hay familias, infraestructura, logística de largo plazo. Es decir, una colonización sostenida por la fuerza, por lo que en ese marco, hablar de "voluntad libre" de los isleños es, directamente, una ficción funcional al ocupante. Y como me explicara Virginia Gamba con lujo de detalles, puede seguirse con detenimiento que los que allí viven, no es una población originaria de aquella lejana invasión.La propia Organización de las Naciones Unidas nunca avaló esa lectura. Por el contrario, ha sostenido de manera reiterada que se trata de un caso de disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones entre Estados. Sin embargo, desde la Argentina se ha tolerado —cuando no promovido— un discurso que desplaza el eje hacia los isleños, como si fueran la parte central del conflicto, como por ejemplo en la época del canciller Di Tella. Ese desvío no es ingenuo: es una forma de diluir el reclamo, y que todo siga empantanado a perpetuidad, total pareciera que a la dirigencia política el tema Malvinas les resulta algo incómodo, les cuesta metabolizar lo que significa para el alma de nuestro país.

A esa deriva conceptual se suma una cadena de decisiones políticas que rozan la renuncia. Los Acuerdos de Madrid, firmados a fines de los años 80, se presentan como un paso hacia la "normalización", pero en rigor implicaron aceptar condiciones impuestas por el Reino Unido en un contexto de debilidad extrema. Y lo más grave: nunca fueron ratificados por el Congreso argentino, por lo cual carecen de la legitimidad institucional que exige la Constitución para comprometer al Estado. Sin embargo, se los ha tratado durante décadas como si fueran obligatorios, naturalizando una concesión que ni siquiera cumplió con los requisitos formales básicos que exige el derecho internacional, tema que conozco de sobra, y aun personas de buena fe los enarbolan permanentemente para mostrar nuestros sometimientos cuando tales acuerdos no resultaban exigibles de manera alguna. Deben considerase como no existentes.

El cuadro de claudicaciones se completa con decisiones directamente contradictorias con el reclamo soberano. La firma de un Tratado de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones con el Reino Unido no es un gesto técnico ni neutro: es un acto político de enorme gravedad. Supone reconocerle a la potencia ocupante un marco de garantías y beneficios para sus capitales, mientras mantiene una ocupación ilegal sobre territorio argentino, resultando en los hechos, premiar al invasor, y darle facilidades económicas para que siga haciendo lo que quiera con sus protegidos capitales. Y esto se ha materializado con las exploraciones y explotaciones que hacen en el Atlántico Sur.

Malvinas, entonces, no solo interpela al derecho internacional o a la historia, interpela a la coherencia de la dirigencia argentina. No alcanza con referirse a la soberanía cada 2 de abril si, en los hechos, se aceptan las condiciones del ocupante, se legitiman sus argumentos y se firman acuerdos que consolidan su posición, todo lo cual debilita cada vez más la posición de nuestro país al ceder permanentemente a presiones, y exigencias de ciertos capitales que continúan operando.

El símbolo de las Islas Malvinas sigue vigente porque expone, sin maquillaje, esa contradicción: un país que afirma lo que no está dispuesto a sostener. Y en política internacional, como en la vida, las contradicciones persistentes no son inocuas: terminan definiendo el resultado. Porque la soberanía no se declama: se ejerce, se defiende y, sobre todo, se respalda con decisiones coherentes. No existe término medio entre reclamar un territorio y, al mismo tiempo, convalidar los mecanismos que consolidan su ocupación. Cada concesión disfrazada de pragmatismo, cada silencio diplomático, cada acuerdo firmado en nombre de una supuesta "normalización" no hace más que erosionar la posición argentina y fortalecer, en los hechos, la del Reino Unido.

Persistir en esa ambigüedad no es ingenuo, es funcional. Funcional a una lógica en la que el reclamo queda reducido a una consigna vacía, repetida en actos y discursos, pero desmentida por la práctica concreta del Estado. Y cuando eso ocurre, el símbolo deja de ser solo memoria o reivindicación: se transforma en evidencia de una renuncia progresiva, de una claudicación que no se declara, pero que se ejecuta paso a paso.

Malvinas, entonces, no es únicamente una causa nacional: es una medida de la dignidad política. Obliga a elegir entre la coherencia y la simulación, entre la defensa real de los intereses nacionales o su negociación permanente bajo distintas excusas. Y esa elección no es abstracta ni retórica: se verifica en cada acto de gobierno.

En última instancia, lo que está en juego no es solo un territorio, sino la credibilidad de un país frente a sí mismo y frente al mundo, y cuando un Estado pierde coherencia en lo que considera irrenunciable, deja de ser víctima de una injusticia histórica para convertirse en cómplice de su propia debilidad.