EL SABLE DEL LIBERTADOR
Por Alejandro Olmos Gaona
La anunciada decisión presidencial de retirar el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional constituye una violación flagrante del Estado de Derecho y una afrenta directa al patrimonio histórico argentino. En este caso no se trata de un objeto cualquiera ni de una pieza sujeta a la discrecionalidad del poder de turno. El sable fue donado en 1897 por Manuela Rosas de Terrero, hija de Juan Manuel de Rosas, al Estado nacional, junto con otras reliquias del Libertador, mediante una carta dirigida al entonces director del Museo, Adolfo Carranza. En esa misiva, la donante dejó claramente expresada su voluntad: que esos objetos no pertenecieran jamás a intereses privados ni coyunturales, sino que fueran preservados como patrimonio común del pueblo argentino, bajo custodia institucional y con destino público permanente. Del texto de la carta surge claramente el destino del sable, que le había sido pedido expresamente por el director del Museo.
Ese acto de donación no fue simbólico: fue jurídico, histórico y político. Implicó la transmisión definitiva de la propiedad al Estado y la fijación de un destino específico, que ninguna autoridad puede alterar por capricho personal. Desconocer esa voluntad equivale a desconocer el principio básico que rige las donaciones con cargo y, más aún, a vaciar de contenido la noción misma de lo que es el patrimonio público. El sable no es del presidente, no es del gobierno y no es un objeto ornamental para escenografías de poder: es un bien histórico protegido, cuya custodia está regulada por normas, procedimientos y responsabilidades precisas.
Que esta decisión llegue luego de que el director del Museo, Gabriel Di Meglio se negara —con pleno respaldo legal— a facilitar el sable para un uso impropio, y que esa negativa haya sido respondida con su expulsión, revela un patrón ya conocido. Cuando una institución cumple la ley y marca un límite, la respuesta presidencial no es el respeto, sino la represalia. Cuando el derecho se interpone, se lo atropella. Así, el poder deja de concebirse como función pública y se ejerce como revancha personal.
Este episodio no es aislado: se inscribe en la conducta sistemática del presidente y de muchos funcionarios del Poder Ejecutivo del desprecio por las normas, de confusión entre lo público y lo privado y de deslegitimación de los controles institucionales. La apropiación arbitraria del sable de San Martín es, en ese sentido, algo más que un hecho grave: es la expresión material de un modo de gobernar que concibe al Estado como propiedad personal y a la legalidad como un estorbo. Convertir la reliquia máxima de la independencia en botín del resentimiento es, también, una forma de vaciar de sentido los valores republicanos que ese sable simboliza.