ENTRE LA IGNORANCIA Y LA MENTIRA

LA DECADA DEL 30 Y EL PETROLEO

Ha sido una constante en mis investigaciones históricas encontrarme con figuras injustamente relegadas al olvido, pese a haber contribuido de manera decisiva al desarrollo del país. 

Por Alejandro Olmos Gaona

Hombres y mujeres que ejercieron la función pública sin estridencias, sin sobreactuaciones ni gestos grandilocuentes, y que trabajaron con un único propósito: servir a la comunidad allí donde les tocó actuar. No buscaron construir mitologías personales, sino cumplir con responsabilidad y eficacia las tareas que les fueron encomendadas. Sin embargo, los prejuicios ideológicos y las miradas sesgadas de la realidad terminaron por diluir sus trayectorias en narrativas simplificadoras. Se los integró acríticamente a una determinada etapa histórica, como si todos los actores de ese tiempo hubieran obrado de idéntica manera, sin matices ni disidencias, sin decisiones individuales que merecieran ser examinadas en su propio contexto. Esa homogeneización del pasado —cómoda para algunos relatos— impidió durante años una valoración más justa y equilibrada.

Cuando el rigor metodológico sustituye versiones repetidas casi mecánicamente, y la consulta sistemática de archivos desplaza a las interpretaciones heredadas, aparecen hechos y circunstancias que contradicen lo que durante décadas se presentó como verdad indiscutida. Los documentos, las cifras y las evidencias suelen mostrar una realidad más compleja, más rica y también más incómoda que la difundida por relatos superficiales. La historia, cuando se la estudia sin apriorismos, revela que el pasado no fue un bloque uniforme sino un entramado de decisiones, tensiones y responsabilidades individuales. Recuperar esas trayectorias no es un ejercicio de nostalgia ni de reivindicación personal: es un acto de justicia intelectual y, sobre todo, una obligación con la verdad histórica.

Un ejemplo claro de esta persistente distorsión histórica es la narrativa que, desde hace décadas, sostiene que el golpe militar de José Félix Uriburu en 1930 habría iniciado el supuesto desguace de YPF. Según esta versión, el general Enrique Mosconi —principal artífice y director de la empresa desde 1922— habría renunciado por presiones de intereses petroleros extranjeros, en el marco de un famoso "golpe con olor a petróleo".

Este slogan se difundió con notable éxito y aún hoy se repite casi como un axioma. Sin embargo, carece de cualquier evidencia documental sólida que lo sustente. Más aún: la trayectoria real de YPF contradice rotundamente esa interpretación. Lejos de sufrir un desmantelamiento en 1930, la empresa había crecido y consolidado su posición durante los años previos bajo la gestión de Mosconi. El golpe de Uriburu, si bien forzó la renuncia de Mosconi (quien presentó su dimisión apenas cuatro días después del 6 de septiembre, probablemente por rechazo al régimen de facto y no por un complot petrolero directo), no significó el inicio de una liquidación sistemática de YPF. Por el contrario, la compañía continuó operando y expandiéndose en las décadas siguientes, aunque bajo otras orientaciones políticas.

En síntesis: lo que se presenta como prueba de una conspiración extranjera contra el petróleo estatal es, en realidad, una construcción ideológica que no resiste un análisis serio de los hechos y de la evolución concreta de la empresa.

Algunos ignorantes de lo que fue la política de hidrocarburos, a partir del golpe militar, señalaron que el ministro de Agricultura Horacio Beccar Varela, habría sido el iniciador del desguace. La mendaz imputación no tuvo en cuenta que el doctor Beccar Varela fue ministro de Agricultura desde septiembre de 1930 hasta abril de 1931, es decir, durante apenas ocho meses. Pretender que en ese lapso hubiera podido "desguazar" a YPF y abrirla al capital extranjero no solo resulta inverosímil por razones de tiempo y competencia institucional, sino que exige una prueba histórica concreta que jamás se aporta. La política petrolera no se decidía por conjeturas retrospectivas ni por filiaciones interesadas, sino por actos administrativos, decretos, contratos y balances. Nada de eso demuestra el supuesto desmantelamiento.

Conviene recordar, además, que tras la renuncia del general Enrique Mosconi, quedó al frente de YPF su íntimo colaborador, el general Ángel Allaria, quien había acompañado la línea estratégica desarrollada durante las presidencias de Marcelo Torcuato de Alvear y del propio Yrigoyen. Allaria asumió precisamente para garantizar la continuidad administrativa y técnica de la empresa en un momento de transición política delicada. No existe constancia documental alguna de que en ese período se hubiera producido la entrega de áreas, la privatización de activos o la alteración sustancial del modelo estatal diseñado por Mosconi. El argumento del "desguace" se derrumba definitivamente cuando se observa lo ocurrido a continuación y tiene que ver con el mayor impulsor de YPF después del Gral. Mosconi, que fue el Ingeniero Ricardo Silveyra

El caso de Silveyra resulta paradigmático por la persistente invisibilización de su figura, sistemáticamente opacada por la del Gral. Enrique Mosconi, presentado casi en exclusividad como el creador y artífice del desarrollo de YPF. En la mayor parte de la bibliografía, Mosconi ocupa el centro de la escena, mientras que Silveyra es reducido a la condición de mero técnico que administró la empresa durante una década, como si su labor hubiese sido puramente instrumental y carente de iniciativa estratégica.

Esta lectura no es inocente: revela un sesgo ideológico que se enlaza con la caracterización global de los años treinta como "década infame", expresión acuñada por José Luis Torres para denunciar el fraude electoral, la corrupción y acuerdos como el Tratado Roca-Runciman o la llamada Ley de Coordinación de Transportes, señalados como concesiones a los intereses británicos. Sin desconocer la existencia de hechos gravemente cuestionables —que han sido objeto de valiosos estudios—, la simplificación que reduce todo ese período a la infamia termina por distorsionar la comprensión histórica. No todo fue corrupción ni sometimiento; también hubo políticas de afirmación económica y decisiones de Estado que fortalecieron áreas estratégicas.

Lo ocurrido con YPF es un ejemplo elocuente. La consolidación y expansión de la empresa en los años posteriores a Mosconi no fueron fruto de la inercia, sino del trabajo sostenido de funcionarios como Silveyra, que no solo dieron continuidad a la obra inicial, sino que la profundizaron, ampliando la capacidad productiva, consolidando la presencia en el mercado y defendiendo la empresa frente a competidores internacionales de enorme peso, como la Standard Oil.

Reconocer esa tarea no implica restar méritos a Mosconi, sino comprender que los procesos históricos son siempre colectivos y continuos. Silveyra no fue una figura secundaria: fue parte esencial de una etapa de expansión que permitió a YPF alcanzar, a comienzos de los años cuarenta, un lugar de preeminencia en el escenario energético nacional. Ignorar su contribución es empobrecer la historia y repetir, sin matices, una versión parcial que no resiste un análisis desapasionado.

Su infatigable trabajo al frente de YPF ha pasado desapercibido no solo para el común de la gente, sino aún para muchos estudiosos de la economía argentina y de los hidrocarburos que solo asociaran el crecimiento y fortalecimiento de la empresa a la figura del Gral. Enrique Mosconi, como si Silveyra no hubiera existido, siendo solamente una figura anecdótica asociada con la decadencia de la empresa y una falta de competitividad que pudiera ser perceptible, hasta la llegada del peronismo en el año 1946

El general Agustín P. Justo designó en 1932 al ingeniero Ricardo Silveyra al frente de YPF, quien permaneció en el cargo hasta febrero de 1943. Lejos de abrir la empresa al capital extranjero, Silveyra profundizó la política de expansión estatal, consolidó la integración vertical de la compañía y fortaleció su capacidad industrial y financiera. Bajo su gestión, YPF no retrocedió: creció hasta convertirse en una de las petroleras estatales más importantes del mundo, incrementando reservas, producción y refinación, y sosteniendo una dura confrontación técnica y comercial con la Standard Oil a la que estuvo a punto de echar de la Argentina.

Los datos son elocuentes. La producción de petróleo había pasado de 349.050 m³ en 1922 a 827.429 m³ en 1930, al momento de la salida de Mosconi. Desde 1932 hasta 1943, bajo Silveyra, ascendió de 902.245 m³ a 2.652.901 m³. Es decir, prácticamente se triplicó en poco más de una década. Ese crecimiento se logró en un contexto internacional adverso, atravesado por la crisis económica mundial y por presiones internas que promovían la apertura al capital privado.

En materia industrial, las realizaciones fueron igualmente significativas. Se ampliaron de manera sustancial las instalaciones de la Destilería de La Plata —que llegó a ubicarse entre las más importantes del mundo— y se construyeron nuevas destilerías en Luján de Cuyo (Mendoza), en Chachapoyas (Salta) y en San Lorenzo (Santa Fe), consolidando una red federal de refinación. En 1940, la destilería procesaba 5.000 m³ diarios de crudo y producía 337 millones de litros anuales de nafta. Si en 1926 la elaboración se limitaba a nafta, kerosene y fuel oil, hacia 1940 se producían 158 subproductos: combustibles gaseosos y líquidos, aceites lubricantes de múltiples especificaciones, parafinas, asfaltos, solventes industriales, insecticidas y aeronaftas. Se contaba además con 154 tanques de almacenamiento que totalizaban 227.000 m³ de capacidad, y se había desarrollado incluso la fabricación de envases de hojalata con una producción promedio de 1.700.000 unidades.

Desde el punto de vista financiero, la empresa no solo se autofinanciaba, sino que aportaba recursos sustanciales al Estado. Durante la gestión de Silveyra el gobierno transfirió más de 10 millones de pesos de utilidades a Rentas Generales, además de los impuestos abonados por YPF, que superaron los 35 millones de pesos. Una empresa "desguazada" no genera excedentes fiscales de esa magnitud ni ejecuta planes de inversión industrial de esa escala.

La construcción del edificio central de YPF en Diagonal Norte, proyectado por la dirección técnica a cargo del ingeniero Eduardo Saubidet, simbolizó ese momento de afirmación institucional y técnica de la petrolera estatal. Lejos de ser un período de entrega o liquidación, los años posteriores a 1932 consolidaron el modelo de empresa integrada, con exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización bajo control estatal.

Por eso, sostener que en los breves meses de gestión ministerial de Horacio Beccar Varela y que a continuación de la dictadura de Uriburu se produjo el "desguace" de YPF no resiste el análisis cronológico ni documental. La evolución productiva, industrial y financiera de la empresa demuestra exactamente lo contrario: continuidad, expansión y fortalecimiento. La historia petrolera argentina es compleja y merece ser discutida con archivos, cifras y responsabilidades precisas. Si se analiza el desarrollo de la empresa entre 1932 y 1943, podrá observarse que fue muy superior a los años anteriores, pero a veces la ideología todo lo confunde, lo distorsiona crea relatos que nada tienen que ver con la realidad.