LA DOBLE MORAL DEL ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES

Por Alejandro Olmos Gaona

Los negocios son los negocios", escribió León Bloy en su mordaz "Exégesis de los lugares comunes", donde diseccionaba con ironía brutal la moral burguesa, esa que reduce todo —incluso lo sagrado— al cálculo y la rentabilidad, y mostraba la hipocresía consiguiente de los que señalan en los otros sus transgresiones, pero se cuidan muy bien de ocultar las suyas. No hay frase más apropiada para describir lo que hoy ocurre con el destino del histórico Luna Park. Y debo decir que como católico me afecta profundamente que precisamente el Arzobispado de Buenos Aires haya caido en esos extremos de doble moral.

El Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, propietario del emblemático LUNA PARK,  decidió avanzar con su demolición para reemplazarlo por un emprendimiento de mayor escala, capaz de multiplicar su rentabilidad. La operación, lejos de ser una simple decisión inmobiliaria, expone un conflicto profundo entre el interés económico y la preservación del patrimonio cultural, a lo que se suma una controversia con ribetes jurídicos y políticos de gravedad.

El pasado 9 de marzo, la jueza Natalia Tanno, titular de un juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, autorizó la demolición del edificio y la construcción de uno nuevo, pese a que el inmueble está protegido como Monumento Histórico Nacional y cuenta con "nivel de protección estructural" dentro del Código Urbanístico de la ciudad. La causa tramita actualmente bajo el expediente 250240/2025, según lo informado hoy por el diario "La Nación" de donde he tomado la noticia.

La decisión judicial convalida un proyecto que vulnera de manera directa la normativa vigente. El Luna Park no es un predio cualquiera: su protección implica la preservación de su estructura, su fisonomía y su valor simbólico. Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Arzobispado prevé el derribo de elementos esenciales —como la cubierta y el interior— y la modificación sustancial de sus fachadas, para dar lugar a un edificio más voluminoso, con un incremento de capacidad superior al 30%. En otras palabras, se sustituye patrimonio por negocio. Este giro no es casual, ya que en la compulsa realizada por el Arzobispado, cuya consigna original era respetar la normativa patrimonial, se optó finalmente por la propuesta económicamente más conveniente: aquella que, precisamente, requería demoler lo que la ley ordena preservar. La ecuación es transparente: mayor volumen edilicio, mayor capacidad, mayor renta. La legalidad, en cambio, aparecía como un obstáculo a remover. Ese proyecto contó además con el respaldo del gobierno de la Ciudad, encabezado por Jorge Macri, a través de la Disposición 1283/Dgiur/25, que habilitó el derribo de los elementos protegidos. Así, el poder político no solo acompañó sino que facilitó una iniciativa que colisiona con el propio ordenamiento urbano que debería resguardar.

En este contexto, no pueden soslayarse las vinculaciones de la magistrada interviniente. La jueza Tanno mantiene cercanía con figuras de peso en la política porteña como Genoveva Ferrero y Daniel Angelici, este último con reconocida influencia en los tribunales y estrechos vínculos con el oficialismo local. Angelici, socio político de Jorge Macri, ha construido una red de poder que atraviesa la administración y el sistema judicial, lo que vuelve aún más delicada la legitimidad de decisiones como la adoptada en este caso.

Lo que está en juego excede largamente el destino de un edificio. El Luna Park forma parte de la memoria colectiva argentina: escenario de eventos deportivos, culturales y políticos que marcaron generaciones. Su demolición, bajo el argumento de una mayor rentabilidad, no solo implica una pérdida material, sino también simbólica. La operación revela, con crudeza, la vigencia de aquella lógica que León Bloy denunciaba hace más de un siglo. Cuando todo se convierte en mercancía, el patrimonio histórico queda subordinado al cálculo financiero, de tal manera, la ley, la cultura y la memoria pasan a ser variables de ajuste. Al final, para quienes toman estas decisiones, no hay contradicción alguna. La frase lo resume todo: 

Los negocios son, simplemente, los negocios.

Todo lo mencionado va mas allá del negocio inmobiliario sino que tiene una dimensión aún más profunda —y más incómoda— que atraviesa todo este episodio: la contradicción flagrante entre el discurso moral del episcopado y su práctica concreta. La Iglesia, que de manera permanente predica sobre el valor de la ética, el respeto a las normas, la responsabilidad social y el cuidado de los bienes comunes, aparece aquí colocada en el lugar opuesto: el de quien impulsa una maniobra que, para maximizar beneficios, decide avanzar sobre un bien protegido, desoyendo abiertamente la legislación vigente. No se trata de un matiz ni de una interpretación discutible. La normativa es clara, la protección del inmueble es indiscutida, ES MONUMENTO HISTORICO NACIONAL, y sin embargo, se opta por un camino que la vulnera. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué valor tienen esas exhortaciones morales cuando, en el momento decisivo, se subordinan sin vacilaciones al interés económico? El contraste resulta aún más evidente si se considera que el patrimonio cultural no es un activo privado cualquiera, sino un bien colectivo, cargado de memoria e identidad. El Luna Park no pertenece solo a su titular registral, sino a la historia viva de la sociedad argentina. Y es precisamente esa dimensión la que el propio discurso eclesiástico suele reivindicar cuando habla de comunidad, tradición y valores compartidos.

En este caso esa retórica parece ceder frente a la lógica más elemental del mercado. La decisión del Arzobispado no solo tensiona el orden jurídico: expone una forma de actuar donde la ley se vuelve relativa y la moral, declamativa. Se enseña una cosa y se practica otra. Se invoca el respeto, pero se avala su transgresión. Se predica el bien común, pero se prioriza el beneficio particular, porque al final, para quienes toman estas decisiones, no hay contradicción alguna. La frase lo resume todo: los negocios son, simplemente, los negocios, y pareciera que cuando se practican no existe limite alguno que no se pueda transgredir.