LA GUERRA DE MALVINAS Y LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El año pasado con motivo del pedido que le efectuara la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el Ministro de Defensa Luis Petri dio de baja a 4 generales y 19 coroneles, condenados por delitos de lesa humanidad, en sentencias ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Debido a esta decisión desde varios sectores castrenses trascendió la oposición y el desagrado a tal medida, sosteniendo en algunos casos que había héroes de Malvinas, en el listado de bajas, y ello de por si determinaba una justificación para que se revocara la decisión ministerial.
En una Argentina donde estar al márgen de la ley tiene muchos privilegiados, parece que haber tenido una actitud supuestamente heróica y no probada en la guerra de Malvinas hacía a esos militares y marinos ininputables y eximidos de cualquier sanción que pudiera ser aplicada. Las condenas ratificadas por la Corte Suprema se dieron por estar suficientemente probados los delitos cometidos por los referidos militares, y el hecho que tiempo después pelearan en la guerra, no borraba lo hecho con anterioridad. Pero ocurre que en la Argentina, cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa, relativizar un crimen, y justificar cualquier delito. Hay ciertos "especialistas" en un determinado tema, que cantidades de veces, ignoran principios fundamentales del derecho, y caen en todo tipo de justificaciones, para argumentar en favor de muchos represores.
Las voces castrenses, que se indignaron por la resolución del ministerio de Defensa, evidencian, como se ha perdido no solo el concepto de lo que significa el estado de derecho, sino la moral pública. Es por tal razón que los antiguos criminales hoy son considerados "pobres ancianos", y eso supone que se les de un trato diferente tal como lo sostienen aquellos que todavía hoy tienen la audacia de justificar los asesinatos y las desapariciones de la dictadura, y otros que de manera vergonzante, enmascaran sus criterios para que no se les note como hacen apología del crimen.
En los últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente un intento burdo —aunque cuidadosamente disimulado— de reconfigurar la imagen de militares y marinos acusados y condenados por delitos de lesa humanidad, apelando a su participación en la Guerra de Malvinas como si ese hecho, por sí solo, pudiera operar como absolución moral, histórica y hasta judicial. No se trata de una reivindicación abierta del terrorismo de Estado, sino de algo más sinuoso y eficaz: un negacionismo no explicitado, que actúa por desplazamiento y superposición de sentidos.
El procedimiento es conocido. Se evitan discutir los crímenes probados, las sentencias firmes, los testimonios de las víctimas. En su lugar, se enfatiza el "servicio a la Patria", el "sacrificio en combate", la "entrega en Malvinas". Un conocido palabrerío supuestamente patriótico, que solo puede convencer a aquellos que no tienen la menor idea de los horrores cometidos. De este modo, se construye una narrativa dialéctica engañosa: el represor deja de serlo para convertirse, retrospectivamente, en héroe. El crimen se diluye en la épica, y la responsabilidad penal queda subsumida en una supuesta gesta nacional.
Siempre recuerdo el caso del del coronel Losito —como el de otros integrantes de las Fuerzas Armadas que actuaron tanto en el aparato represivo ilegal como en Malvinas— que resulta paradigmático, porque muchas voces se alzaron cuando fue dado de baja, argumentando sus valores en defensa de la patria. Los que sostienen estos criterios se olvidan que la participación en una guerra no borra, atenúa ni relativiza delitos de lesa humanidad, que por su naturaleza son imprescriptibles y no admiten compensación simbólica alguna. Pretender lo contrario no es un error ingenuo: es una operación ideológica.
Ese razonamiento justificador encierra una falacia profunda. El mismo Estado que envió soldados a Malvinas es el que antes organizó centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos. No hay continuidad moral entre ambos planos, pero tampoco hay cancelación posible entre uno y otro. Haber combatido en Malvinas no convierte en justo lo que fue criminal, ni transforma en patriótico lo que fue terrorismo de Estado.
Además, esta estrategia instrumentaliza la causa Malvinas de un modo particularmente perverso. La utiliza no para honrar a los conscriptos, muchos de ellos víctimas del abandono, el maltrato y la impericia de sus propios superiores, sino para lavar responsabilidades individuales de quienes ya han sido juzgados por la Justicia democrática. Así, se vacía de sentido tanto la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado como la de los propios caídos en las islas. A muchos les convendría leer el INFORME RATTEMBACH, para que despejaran muchas de sus ideas confusas.
No se trata de negar la complejidad de las trayectorias personales ni de desconocer hechos históricos. Se trata de afirmar un principio básico de cualquier Estado de derecho: los crímenes de lesa humanidad no admiten atajos narrativos ni redenciones simbólicas. No hay heroísmo posible que neutralice la tortura, la desaparición forzada o el asesinato sistemático.
Uno ejemplo de lo que digo, y sobre el que deberían reflexionar estos justificadores encubiertos es lo que ocurrió con el mariscal Philippe Pétain, vencedor dela batalla de Verdún, héroe de la primera guerra mundial, ministro de guerra y embajador, uno de los militares más célebres de Francia por todas las acciones realizadas en defensa de su patria enfrentada con el mperio alemán.
No le sirvieron sus antecedentes, ni su patriótico desempeño para justificar su colaboracionismo con los nazis. En razón de ello fue degradado y condenado a muerte. La pena le fue conmutada por la de prisión perpetua. Este es un ejemplo de como se debe proceder para hacer justicia, ya que los hechos heróicos, no le dan indemnidad a nadie para cometer delitos, sin asumir responsabilidades consecuentes.
Cada vez que se intenta justificar a un represor por su paso por Malvinas, no solo se falsea la historia: se erosiona deliberadamente el consenso democrático construido en torno a la memoria, a la Verdad y la Justicia. Y eso, lejos de ser un debate académico o una diferencia de interpretaciones, constituye una forma solapada de negacionismo que merece ser señalada, discutida y desarmada.
A la Patria no se la defiende encubriendo crímenes y la memoria no se honra confundiendo víctimas con victimarios.
