LA HORA DEL DEPREDADOR

En un excelente ensayo aparecido el año pasado Giuliano da Empoli lleva al lector a un viaje fascinante y aterrador por los nuevos centros geopolíticos, de Nueva York a Buenos Aires o Arabia Saudíta, de las reuniones ultrasecretas a violentas luchas por el poder. 

Por Alejandro Olmos Gaona 

Con extraodinaria lucidez muestra la aparición de diversos sujetos que se encaraman en el poder, y proceden a depredar todo aquello que se les oponga, contando con oportunos auxilios económicos y políticos de ciertas elites, que se verán beneficiadas con lo que hagan.

Desde el inicio de su gestión, el depredador Milei ha mostrado un patrón sistemático de desprecio por el Estado de Derecho, riendose de las instituciones que deben doblegarse ante su voluntad. No se trata de errores aislados ni de excesos retóricos: es una práctica de gobierno sostenida, en la que el decreto se convierte en herramienta para torcer la ley, vaciar el Congreso y desconocer incluso los límites impuestos por la Constitución Nacional.

Mediante decretos de necesidad y urgencia, el Presidente ha modificado leyes vigentes sin que existan las condiciones excepcionales que la propia Constitución exige. Ha avanzado sobre materias vedadas al Poder Ejecutivo, como el derecho penal y el sistema de seguridad, arrogándose facultades que corresponden al Congreso. En ese mismo sentido, llegó al extremo de intentar nombrar ministros de la Corte Suprema por decreto, en una maniobra que vulneraba de forma directa el mecanismo constitucional de designación y el principio republicano de división de poderes.

El desprecio por las reglas no se detiene allí. El nepotismo, práctica que Milei decía venir a erradicar, reapareció sin pudor con la designación de su hermana en un cargo central del Ejecutivo, confirmando que la prédica "anti casta" se disuelve cuando choca con los intereses personales. En paralelo, bajo el pretexto de "destruir al Estado", se arrasan normas, garantías y controles que existen precisamente para proteger a los ciudadanos del abuso de poder.

La deriva autoritaria alcanza ribetes alarmantes cuando se otorgan facultades de detención a agentes encubiertos de los servicios de inteligencia, una decisión que revive los peores fantasmas de un Estado sin control, donde la vigilancia y la coerción avanzan sobre las libertades individuales sin respaldo legal suficiente. Nada parece ponerle freno a esta lógica: ni la ley, ni la Constitución, ni la memoria histórica. Pareciera que las viejas políticas de la dictadura militar para perseguir a los ciudadanos, quisieran instrumentarse desde las oscuridades laberínticas de la SIDE.

Milei gobierna como si el único límite fuera su propia voluntad, emulando a su admirado Donald Trump, para quien la legalidad es un obstáculo y no un marco. En ese contexto, la pregunta se vuelve inevitable: ¿es posible que el pensamiento crítico se haya erosionado a tal punto que estas conductas sigan generando adhesiones?

¿Cómo se explica que tantos no sientan repugnancia frente a un presidente que banaliza la investidura, actúa como un personaje payasesco y confunde provocación con gobierno? Es posible que se justifiquen o consientan las tropelías que se observan a diario en el manejo del Estado, y que muestran el grado de degradación al que se ha llegado en la falta de respeto a las instituciones.

A este cuadro se suma una dirigencia que, lejos de actuar como freno o contrapeso, se somete dócilmente a la voluntad presidencial. Funcionarios que juraron respetar la Constitución aceptan sin reparos decretos manifiestamente ilegales, firman resoluciones que vulneran derechos y callan cuando el Presidente cruza límites evidentes. No son meros ejecutores técnicos: son cómplices activos de un proceso de vaciamiento del orden jurídico. Su rasgo distintivo no es la convicción ni la idoneidad, sino la obediencia. Han reemplazado el deber institucional por la lealtad personal, y la responsabilidad pública por el miedo a contrariar al líder.

En ese silencio funcional, en esa sumisión sin pudor, se consolida un poder que no necesita ya de la fuerza: le alcanza con la renuncia moral de quienes deberían ponerle límites, y que han abjurado de sus convicciones, si alguna vez las tuvieron.

Mientras se incendian bosques nativos y se arrasan más de 200.000 hectáreas, mientras el Estado se retira de sus funciones esenciales y abandona a las provincias a su suerte, el Presidente se permite bailar en un escenario en Mar del Plata, ajeno a toda responsabilidad institucional y a la gravedad del momento histórico.

No es una postal inocente ni un gesto excéntrico: es la expresión obscena de un poder que se desentiende del daño que produce, que trivializa la tragedia y convierte la función presidencial en espectáculo.

La escena condensa una forma de gobierno que desprecia la ley, vacía de sentido a la Constitución y rompe todo lazo con la realidad social. Un modelo que se sostiene en la provocación permanente, en la negación del límite y en la exaltación del capricho como método. Frente a este panorama, el silencio, la indiferencia o la resignación no son neutrales: son parte del problema. Porque cuando el poder deja de reconocer frenos, solo puede ser contenido por una ciudadanía lúcida, con memoria histórica y con el coraje cívico necesario para defender la legalidad, las instituciones y la dignidad colectiva antes de que el daño sea irreversible.