LEGITIMIDAD DE LAS INVERSIONES BRITÁNICAS EN EL ATLANTICO SUR

Revisando algunos apuntes que tengo sobre los tratados bilaterales de inversión, recordé que con motivo de ciertas exploraciones británicas en el Atlantico Sur se alzaron voces para cuestionarlas, sin tomar en cuenta que existen normas legales que las amparan y que son de vieja data.

Por Alejandro Olmos Gaona

Después del conflicto del Atlántico Sur de 1982, que determinó un nueva usurpación de las Islas Malvinas los gobiernos democráticos intentaron restablecer un vínculo con el Reino Unido mediante diversas iniciativas diplomáticas. Ese proceso culminó, fundamentalmente, en los Acuerdos de Madrid de 1990, que sentaron las bases de una nueva etapa en la relación bilateral. Sin embargo, tales entendimientos se alcanzaron sin que mediara modificación alguna en la política colonial británica, inalterada desde la usurpación de las Islas en 1833.

Aunque habían transcurrido décadas desde la primera mitad del siglo XX, los compromisos asumidos en los años noventa implicaron, en los hechos, una tácita reedición de lineamientos que remiten al Pacto Roca-Runciman de 1933 —formalmente Tratado de Londres, donde la Argentina se sometió a las imposiciones del gobierno inglés a cambio de que no se disminuyeran las importaciones de carne. Uno de los mayores actos de obsecuencia al capital britanico lo constituyó el el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones aprobado por ley de la Nación, donde una mayoría de radicales y justicialistas abdicaron de la viejas convicciones partidarias para generar un marco especialmente favorable para el capital británico. Dicho régimen no solo facilitó la participación en los procesos de privatización de la década de 1990, sino que contribuyó a consolidar un esquema de inversiones orientado, en buena medida, a la especulación financiera y a la explotación de recursos naturales estratégicos. Como es común que la dirigencia política pierda la memoria es común escuchar hoy ardorosas defensas sobre el capital nacional, ya que nadie se acuerda de las viejas claudicaciones del pasado.

Los ejemplos que generó esa ley podrían podrían multiplicarse, pero solo voy a mencionar el caso del yacimiento Cerro Dragón, en el golfo de San Jorge, la mayor reserva de pétroleo convencional del país, cuya concesión fue extendida en el 2006 hasta el 2043 en violación a la Ley de Hidrocarburos a la Pan American Energy, empresa integrada, cuyo capital mayoritario pertenecía a la British Petroleum de Gran Bretaña. Asimismo, firmas como Barrick Gold han mantenido participación en proyectos vinculados a la exploración de laminería y de recursos en la plataforma continental. En el plano financiero, el banco Barclays —señalado como accionista de compañías petroleras que operan en el área de Malvinas— fue, a su vez, contratado por el Estado argentino en el año 2010 para intervenir en operaciones de reestructuración de la deuda externa.

Resulta, cuando menos, contradictorio que frente a la negativa persistente del Reino Unido a reanudar negociaciones sobre la soberanía —en consonancia con las reiteradas exhortaciones de la comunidad internacional— se continúe promoviendo y amparando inversiones de ese país mediante un tratado vigente con rango legal. Tal situación revela una política económica que admite, como si no existiera incompatibilidad alguna, la realización de negocios con empresas que desarrollan actividades en un territorio cuya soberanía la Argentina reivindica y cuya explotación de recursos energéticos considera ilegítima. Y estas políticas si bien comenzaron durante el menemismo, se han mantenido ininterrumpidamente hasta hoy, sin que ningún gobierno decidiera modificarlas.

Cabe recordar que el Congreso de la Nación sancionó por unanimidad la Ley 26.659, publicada el 13 de abril de 2011, que estableció un régimen específico para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. La norma prohíbe a personas físicas o jurídicas —nacionales o extranjeras— y a sus accionistas: Desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental sin la habilitación otorgada por la autoridad competente argentina. Participar directa o indirectamente en sociedades que realicen tales actividades sin la correspondiente autorización nacional, o prestar servicios para esos desarrollos. Celebrar contratos, efectuar transacciones u operaciones económicas, financieras, técnicas o logísticas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental sin autorización argentina.

Asimismo, la ley dispone que el Estado nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no podrán contratar con personas o empresas —ni con sus controladas o accionistas— que desarrollen, directa o indirectamente, actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental sin la habilitación pertinente.

A la luz de estas disposiciones, la subsistencia del Convenio de Promoción y Protección de Inversiones con el Reino Unido evidencia una contradicción normativa y política que no puede soslayarse. Su denuncia no solo se impone por razones de coherencia jurídica, sino también como acto de afirmación soberana frente a un Estado que ocupa parte de nuestro territorio y desatiende, desde hace décadas, las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambas partes a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva de la controversia.

Esa ley que he citado que fue presentada por ese gran defensor de la soberanía nacional que fue mi querido amigo Pino Solanas, se ha convertido en letra muerta, porque como tantas otras normas es tácitamente desconocida, y ni hablar en los últimos años con la banda de asaltantes del Estado que gobierna.

Estando con Pino en la Cámara de Diputado y en el Senado entre los años 2009 y 2019, presentamos proyectos no solo para denunciar el Covenio de Washington que no ataba al CIADI, sino, denunciar todos los tratado bilaterales de inversión comenzando con el celebrado con el Reino Unido. En esos años, no conseguimos que fueran tratados los proyectos en las comisiones, aunque el énfasis discursivo de los legisladores de ese momento, muchos de los cuales siguen hoy en el Congreso, hablaran reiteradamente de defender la patria de la inversión extranjera.

Como siempre ocurre existe un abismo entre los discursos y la realidad.