LOGROS MILEISTAS Y REALIDADES
La distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana se ha convertido en una de las marcas más visibles del actual gobierno encabezado por Javier Milei. Mientras desde los atriles se insiste en que la deuda "baja" o "está bajo control" el stock de deuda bruta de la administración central cerró en enero de 2026 en US$460.934 millones, mientras los compromisos financieros del Estado siguen reconfigurándose y creciendo en distintas formas, —como ajustes por valuación, vencimientos heredados y nuevas operaciones— trasladando cargas hacia el futuro y generando vencimientos significativos previstos para 2026 y 2027.
Se proclama que la inflación está "derrotada", con una baja notable desde picos hiperinflacionarios en 2024 hacia un cierre de 2025 en torno al 31,5% anual (el nivel más bajo desde 2017), pero los aumentos continúan erosionando salarios y jubilaciones. En enero de 2026, el IPC registró una suba mensual del 2,9% (la más alta desde marzo de 2025), llevando la interanual al 32,4% y marcando el quinto mes consecutivo de aceleración desestacionalizada. Rubros clave como Alimentos y Bebidas no alcohólicas (+4,7%), Restaurantes y hoteles (+4,1%) y Comunicación (+3,6%) superaron el promedio, afectando especialmente a quienes dependen de ingresos fijos, mientras las proyecciones del REM del BCRA estiman un cierre de 2026 en torno al 22-25% anual, con una desaceleración no lineal y pisos mensuales que podrían rondar el 1,5% hacia mediados de año. Los precios continúan avanzando con una voracidad que pulveriza salarios, jubilaciones y ahorros. Derrotar la inflación no es moderar un índice en una planilla: es lograr que el trabajador pueda llegar a fin de mes sin resignar alimentos, medicamentos o servicios básicos. Cuando el poder adquisitivo se deteriora de manera constante, el discurso triunfalista suena a burla.
En materia de empleo, la retórica oficial habla de modernización y generación de oportunidades. Sin embargo, en los últimos dos años (desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025) se perdieron alrededor de 290.000 puestos de trabajo registrados (con cifras que varían entre 276.000 y 290.600 según fuentes como CEPA y SRT), equivalentes a unos 400 empleos diarios en promedio. El empleo asalariado privado cayó por meses consecutivos, con una destrucción acelerada en 2025 (por ejemplo, 17.900 puestos menos solo en octubre). Han cerrado más de 21.000 empresas empleadoras privadas (cifras que llegan a 21.339 o 21.938 netas en algunos reportes), una contracción del 3,9% del universo total, afectando especialmente a provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y sectores como construcción, industria manufacturera y administración pública.
La situación se vuelve emblemática con el caso de Fate, la histórica fábrica de neumáticos (única de origen nacional en el sector, con más de 80 años), que anunció su cierre definitivo en febrero de 2026, despidiendo a 920 empleados tras una crisis acelerada por la apertura de importaciones (que aumentaron 34,8% entre 2023-2025 mientras los precios bajaron 38,3% en dólares), baja capacidad instalada (33% en diciembre 2025) y conflictos paritarios. Cada empresa que baja sus persianas no es una cifra estadística: son familias que pierden sustento, comunidades que se debilitan y un mercado interno que se contrae.
El cuadro institucional agrava aún más el panorama. En el Congreso no predomina el debate serio ni la defensa del interés general. Hay legisladores obsecuentes que votan sin cuestionar, que han renunciado al pensamiento crítico para transformarse en escribanías del Poder Ejecutivo. Y están los llamados "dialoguistas", que bajo la apariencia de racionalidad terminan convalidando las imposiciones oficiales a cambio de prebendas, fondos discrecionales o ventajas políticas para sus provincias. Esa lógica de transacción permanente erosiona la calidad democrática y degrada el rol del Parlamento, que debería ser un contrapeso y no una extensión disciplinada del Ejecutivo.
La reciente legislación laboral profundiza esa brecha entre discurso y realidad. Bajo la bandera de la competitividad y la eficiencia —con proyectos aprobados en el Senado en febrero 2026 y en debate en Diputados—, se han flexibilizado condiciones de trabajo (ampliación de jornada hasta 12 horas, período de prueba extendido, salarios opcionales en dólares, mecanismos alternativos de indemnización y reducción de ultraactividad de convenios) y fragmentado derechos indemnizatorios, favoreciendo a los sectores de mayor poder económico en detrimento de los trabajadores, que constituyen la parte más vulnerable de la relación laboral. La nueva legislación laboral es quizá la expresión más descarnada de esta orientación. Bajo el pretexto de modernizar y dinamizar la economía, se flexibilizan condiciones y se debilita la protección del trabajador. La retórica de la libertad encubre, en los hechos, una transferencia de riesgos desde el empleador hacia el empleado.
Lo más grave no es solo la dureza de las medidas, sino la negación sistemática de sus consecuencias. Cuando el poder insiste en pintar un cuadro optimista mientras la realidad se vuelve más áspera, se rompe la confianza social. Y sin confianza, ninguna política económica puede sostenerse en el tiempo. Gobernar no es imponer un relato ni disciplinar cifras; es responder ante la verdad de los hechos. Y hoy, esa verdad es que el costo del experimento lo están pagando, una vez más, los sectores más vulnerables de la sociedad.
Alejandro Olmos Gaona