SALVADOR MARIA LOZADA, UN JUEZ EJEMPLAR

Por Alejandro Olmos Gaona

Siempre creí que los reconocimientos solo son válidos si se hacen en vida, porque después ya no importan y solo son parte de ceremonias rutinarias que generalmente se hacen por costumbre, para decir algo sobre quien ya no está, también porque algunos homenajes son una forma de compensar olvidos, o el haber ignorado a una persona valiosa durante mucho tiempo. Lo hago porque Salvador Lozada, a sus 87 años, y a pesar de su delicado estado de salud, es un ejemplo de esos hombres que debemos rescatar, porque nos dieron mucho de lo bueno que somos como Nación.

En estos difíciles momentos que vivimos, en los cuales, ante algunas decisiones gubernamentales se escuchan voces empresarias y a algunos conocidos comentadores periodísticos, sobre el peligro de que algunas decisiones afecten a las grandes empresas, o que el posible default perjudique la inversión extranjera, en una acumulación de interpretaciones varias, donde parece que siempre hay que privilegiar el interés de algunos pocos, me aparto un poco de mis investigaciones para recordar y rendir un homenaje a un gran jurista, a un luchador por las causas de la patria, y por sobre todo un gran hombre a quien nunca se le hizo justicia, y que la Universidad de Buenos Aires, donde enseñó durante tantos años ya no recuerda, Lo hago en este momento, porque él se enfrentó precisamente a una poderosa transnacional, y puso en evidencia como se manejan ciertos grupos empresarios, que siempre han lucrado con el trabajo argentino, llevándose la mayor parte de sus ganancias fuera del país.

Se que mi opinión puede resultar subjetiva para algunos, porque hace casi dos décadas que somos amigos, y siempre recibí sus atinadas reflexiones, su prudencia y sus concepciones sobre cómo se debía luchar por el derecho como quería von Ihering, pero igualmente me interesa destacar, que por sobre toda su relevante producción intelectual, sus fallos como magistrado, su penetrante visión del derecho; siempre me impresionó su audacia y valor para enfrentarse al poder económico, cuando todos callaban y nadie se atrevía a hacerlo. El fallo decretando la quiebra de Swift y su sociedad controlante Deltec International, no fue solo el plantear una doctrina, sino poner en evidencia como se manejan las empresas transnacionales, y los mecanismos utilizados para burlar al Estado Nacional, siendo deber del Poder Judicial el ir más allá de los ritualismos procesales procurando la búsqueda de la verdad esencial que es lo que hizo Salvador.

Pagaría muy caro su audacia, y en su momento un "accidente" muy oportuno, quizás lo hubiera silenciado para siempre, pero se recuperó para seguir batallando. La dictadura lo destituiría de sus cátedras, mientras la conspiración del silencio haría lo suyo para que su doctrina quedara sepultada en el olvido. No lo lograron, porque en el año 2002, el Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro la revalorizó, y hoy constituye un precedente doctrinario que no hay forma de desconocer. Y al respecto no puedo dejar de recordar, que un buen amigo André Franco Montoro, eminente jurista brasileño, que fuera gobernador de San Pablo elogió a Salvador planteando la diferencia que existe entre las formalidades judiciales en las que se embrollan muchos magistrados, y la búsqueda de la verdad esencial, como lo hizo Salvador en ese célebre pronunciamiento, y en otros cuando ejerció como Juez de la Nación.

En estas épocas de magistrados claudicantes, de jueces complacientes con el poder político de turno, de aquellos que tuercen la recta interpretación de las normas legales en beneficio de particulares poderosos o de gobiernos corruptos, Salvador Lozada es un ejemplo ya que siempre actuó con espíritu de justicia y rectitud de juicio, además de un gran valor personal, que lo hizo enfrentar poderosos intereses que nunca le perdonaron que los pusiera en evidencia.

Alejado de los protagonismos mediáticos, que solo sirven para envanecer el ego, después de su alejamiento de la magistratura y de la cátedra, siguió con su labor silenciosa escribiendo y reflexionando sobre los grandes temas del país, y nuevamente cuando nadie quería hacerlo tuvo el valor de acompañarme, para oponernos judicialmente al canje de la deuda en el año 2005, donde planteamos que no se podía pretender legalizar el fraude, y transgredir el orden jurídico del país. Además, también me acompañó en otros planteos judiciales relacionados con la deuda, y acciones penales denunciando las operaciones ilegales que se hacían.

Para los que no saben, aquellos que no recuerdan y para los estudiantes que muchos de ellos leen algo de lo que escribo, vayan algunos datos para que sepan quién es y que hizo.

El Dr. Salvador María Lozada nació en Buenos Aires en 1932. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en 1954, donde se doctoró en derecho y ciencias sociales en 1965.

Realizó su carrera académica en la Universidad de Buenos Aires, donde alcanzó el grado de Profesor Titular Ordinario, del que fue despojado por la dictadura militar en mayo de 1976, porque quizá se recordaba en ese tiempo como se había enfrentado a las multinacionales que a partir de 1976 iban a beneficiarse de una política económica, que dañó la estructura productiva del país, y endeudó a la Nación a cifras nunca imaginadas.

Fue Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal entre 1963 y 1974.

Fundó en 1981 en Belgrado, antigua Yugoeslavia, la Asociación Internacional de Derecho Constitucional siendo en la actualidad es presidente honorario de esa asociación. En la Argentina es presidente honorario del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), cuyo primer presidente fuera el Dr. Arturo E. Sampay.

Es autor de numerosos trabajos donde ha demostrado sus enormes conocimientos jurídicos, y de libros que sería fundamental conocer, donde trató de ir a lo sustancial del derecho, dejando formalidades y ritualismos inconducentes. Tanto en sus obras, como en sus fallos como Juez, y quizá en el más célebre de todos: la declaración de quiebra del Frigorífico Swift, Salvador fue más allá de convencionalismos doctrinarios, dejó de lado la habitualidad de resoluciones de rutina, se apartó de concepciones que siempre favorecían al poder económico, para llegar a la médula de una operatoria que siempre favorecía el enriquecimiento ilícito de las empresas extranjeras.

Sus libros: 

La Constitución Nacional Anotada (1962),

Las Fuerzas Armadas en la Política Hispanoamericana (1970),

Instituciones de Derecho Público (edic. 1970 y 1973),

Empresas Multinacionales (1973),

Dependencia y Empresas Multinacionales (1974),

Inseguridad y Desnacionalización: La doctrina de la seguridad nacional (1980),

Los Derechos Humanos y la Impunidad en la Argentina (1974-1999: De López Rega a Alfonsín y Menem) (2000),

La Deuda Externa y el Desguace del Estado Nacional (2002).

Nada de lo que tiene que ver con el derecho, y la defensa de las causas nacionales le fue ajeno, y sus preocupaciones no fueron solo jurídicas, sino todo aquello relacionado con los bienes públicos, las cuestiones económicas y las numerosas cuestiones que hacen al interés nacional, donde siempre estuvieron sus reflexiones justas y oportunas.

Penetró como nadie, con rigurosidad, solvencia y con un estilo claro y contundente en los grandes problemas: Los derechos humanos, la deuda externa, la dependencia económica de la Nación. La transnacionalización de las empresas fueron temas donde dejó la impronta de sus sólidos conocimientos y su versación sobre el derecho público, y aún sobre el derecho internacional.

Uno de los aspectos fundamentales de su concepción jurídica, fue la doctrina de los conjuntos económicos que puso en claro por primera vez, como actuaban las empresas extranjeras, controlando empresas supuestamente nacionales, pero que eran manejadas desde el exterior. Tal doctrina surgió a raíz de una causa tramitada en su Juzgado, donde se había presentado la convocatoria del frigorífico Swift. Los orígenes de esa causa hay que buscarlos, cuando en 1968 la firma inglesa Deltec Internacional y el King Ranch, de origen estadounidense, se asociaron y formando Deltec Panamericana. Deltec Internacional era desde hacía años, el único comprador y distribuidor de la carne argentina, a través de sus frigoríficos (en manos de testaferros) Swift, La Blanca, Armour, y La Negra Los puertos de embarque eran siete, Bahía Blanca, Buenos Aires, La Plata, Montevideo, Paranaguá, Santos y Río Grande. En pocas palabras, el King Ranch criaba y Deltec procesaba.

Como siempre ocurre, las complicidades con los grupos multinacionales son muy grandes y extensas, y en ese momento, los pedidos que por entonces se le enviaban al Banco Central, solicitando informes para dilucidar la verdad acerca de la evasión se demoraban más de la cuenta, no siendo casualidad que el Ministro de Economía fuera Adalbert Krieger Vasena, quien en 1969, dejaría su puesto ocupando la Gerencia Regional para el Area de Latinoamérica- de Deltec Internacional.

Tan enorme era el poder de Deltec que en el juicio por quiebra que llevo adelante Lozada, se pudo comprobar a través de su investigación, que, en los balances de 1966, la empresa había tenido una ganancia de 2.800 millones de dólares por la venta de carnes en el mercado internacional. Para entonces la balanza comercial argentina había dado un superávit de 1.593 millones de dólares en el comercio exterior; es decir que las ganancias de esta empresa casi duplicaban al comercio de nuestro país.

Era realmente un gigantesco robo el que se le hacía a la Argentina con la tolerancia o complicidad de las autoridades. Hasta 1970, la carne que se vendía a Inglaterra era sin precio fijo, siendo subastada en Londres entre las 7.000 carnicerías de todo el país (3.700 era de Deltec) de manera tal que el precio era ajustado a sus intereses. Los fletes hacia Inglaterra también quedaban en poder de ellos, pues se hacían en sus propios buques; los seguros se efectuaban a través del Lloyds, es decir a través de ellos. Lo más increíble de todo esto, es que hasta del flete interno en Inglaterra se hacía cargo la Argentina.

En el concurso preventivo de Swift casi el 40% de los créditos verificados correspondía a empresas del Grupo Deltec, una empresa multinacional que detentaba el control de Swift. La personalidad jurídica de las distintas empresas del grupo estaba "penetrada", al reconocerse que Deltec actuaba como un "grupo económico", en el cual "una pluralidad de sociedades jurídicamente autónomas estaba sujeta a la iniciativa económica y financiera de un solo controlante". La conclusión del juez Lozada fue que la personalidad jurídica de las empresas del Grupo Deltec había sido utilizada con abuso y fraude a los acreedores e intereses de terceros, por lo que rechazó el concordato y decretó la quiebra de Swift y las demás empresas del Grupo Deltec. A pesar del entorpecimiento que pretendió efectuar la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que anuló la decisión respecto de Deltec, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la sentencia de Lozada en su totalidad en su fallo el 4 de septiembre de 1974.

En esa sentencia paradigmática, había sostenido: "No es dudoso, pues, que la unificada estructura Deltec ha situado a Swift como un sector de la misma voluntariamente debilitado, con grave daño para la economía argentina, lesión para sus acreedores y zozobra para miles de familias obreras acosadas por la amenaza de la desocupación".

La tradición defraudatoria de los frigoríficos extranjeros de la que Swift eras un ejemplo, no era nueva, y había sido puesta en evidencia por la investigación del comercio de carnes que había llevado adelante el Senador Lisandro de la Torres, en la década del 30.

La sentencia que dictara Lozada, que honra no solo a la justicia sino a la doctrina jurídica argentina, es continuadora de una ejemplar tradición que hizo decir a un historiador estadounidense, hablando sobre principios de siglo: "El mundo en conjunto estaba menos preocupado con la voz auténtica de los poetas latinoamericanos que con el tono estridente de sus abogados. Los abogados latinoamericanos heredaron la tradición legalista constitucional elaborada por los teólogos y los juristas de los siglos XVI y XVII. De diferentes modos estos abogados desafiaron la preponderancia política y económica de los intereses extranjeros, particularmente aquellos de Estados Unidos".

No fue ajena a sus preocupaciones el fraude de la deuda externa, y en un importante libro retomó las ideas de Carlos Calvo y Luis María Drago en su más amplia interpretación: no sólo que un Estado no puede intervenir militarmente para garantizar el cobro de una deuda, sino que el Estado deudor tiene la potestad de decidir cómo y cuándo pagará, aun a acreedores extranjeros, por el sólo hecho de ser soberano y como una condición inherente a tal soberanía, como sostuviera Luis María Drago hacía décadas.

Estuvo a favor de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y a favor de la reapertura de las instancias jurisdiccionales; denunciando la negligencia, la torpeza o la connivencia de los gobiernos al sostener: lo que la sociedad ya ha juzgado como un crimen, no puede ser borrado ni por la impunidad, ni por el indulto.

Se ocupó en su momento de la obligatoriedad de las pruebas de ADN, para establecer la filiación de personas hijas de desaparecidos, sosteniendo contra criterios de la Corte en el año 2003 que "Habida cuenta que la familia aparente ha quedado desechada por la prueba del propio proceso como un engendro delictual y fraudulento, la expectativa de establecer la verdadera familia adquiere una enorme significación para esa sociedad, para la cual ella es su "elemento natural y fundamental". Los intereses de la sociedad y del Estado, que por imposición constitucional deben ver en la familia su elemento natural y fundamental, están pues atacados por la renuencia a la prueba del ADN".

La decisión de no contribuir a la certidumbre sobre los lazos de parentesco que, prioritariamente, sus presuntos abuelos aspiran a tener, es una muy clara lesión a los intereses en expectativa de estos tan próximos terceros, los probables miembros de esa familia sobre la que imperiosamente hay que obtener certidumbre. Y también una lesión muy determinada y honda a la posibilidad de que la sociedad y el Estado cumplan con su deber de protección sobre esa familia, como precisa la norma pertinente de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Fue abogado de algunos de los damnificados por la explosión del arsenal de Río Tercero, y hasta hace unos meses, en nuestras comunicaciones casi diarias, me interrogaba sobre las investigaciones de la deuda, y estaba atento a todo lo que ocurría en nuestro país y en otras partes. Hoy, afectado por graves problemas de salud, se por su admirable esposa, que a pesar de sus dificultades, no está ajeno a lo que nos pasa.

Al leer a Salvador, y nutrirnos con sus reflexiones, creo que podemos tener la esperanza de recuperar una tradición jurídica que nos honró como país y que parece casi perdida, ante la manipulación política de causas, y la utilización del derecho para el beneficio de ciertos grupos y sectores a los que el poder económico los ha blindado de toda persecución judicial.

Aunque esto que escribo, no refleje todo lo que mi buen amigo es, y lo que hizo, espero que por lo menos sirva para que los que me leen, puedan conocer a un gran ser humano, a un excepcional jurista y a un hombre comprometido desde siempre con el interés de la Nación.