El aborto es legal; el Gobierno decidió dejar de garantizarlo
Por Mariela Belski
"Me dijo que las pastillas salen $170.000. Pero yo no puedo. Tengo siete hijos. No me da la situación ni económica ni físicamente para tener otro hijo. No sé de dónde sacar esa plata". Paula vive en Tucumán. Su historia no es excepcional. Es la consecuencia directa de una decisión política. En Argentina, el aborto es legal desde 2020. La Ley 27.610 obliga al Estado a garantizar el acceso gratuito, oportuno y de calidad a la interrupción del embarazo. Sin embargo, hoy miles de mujeres, adolescentes y personas gestantes vuelven a enfrentarse a una realidad que la ley buscó terminar: endeudarse, peregrinar entre hospitales o depender de redes informales para acceder a un derecho vigente.
El Gobierno nacional no puede alegar desconocimiento. Lo que está ocurriendo no es el resultado inevitable de una crisis económica ni de un problema administrativo aislado. Es la consecuencia de una retirada deliberada del Estado nacional de sus obligaciones legales en materia de salud sexual y reproductiva.
Desde diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei interrumpió la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar abortos seguros, redujo drásticamente la provisión de anticonceptivos y preservativos y desmanteló políticas públicas que habían demostrado resultados concretos en la reducción del embarazo adolescente y de la mortalidad materna.
La evidencia es contundente. Durante 2025, Amnistía Internacional registró en su formulario un aumento del 300% en las consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto. Detrás de ese número hay mujeres que esperan semanas por una respuesta, adolescentes que no saben dónde acudir, personas obligadas a comprar medicación por cientos de miles de pesos y niñas atravesando embarazos forzados en absoluta soledad.
Mientras el presidente habla de "agenda sangrienta" y utiliza el aborto como parte de su batalla cultural, el Estado incumple obligaciones concretas establecidas por una ley vigente. Porque el problema hoy no es jurídico: el aborto sigue siendo legal en Argentina. El problema es que el Gobierno decidió dejar de garantizarlo.
La gravedad del escenario no puede minimizarse. La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva reconoció que provincias de todo el país consultaron formalmente por faltantes de misoprostol y mifepristona. Sin embargo, el Gobierno nacional decidió no avanzar con una compra ya iniciada durante la gestión anterior que contemplaba cientos de miles de comprimidos destinados a sostener la provisión federal de estos medicamentos esenciales.
La consecuencia es brutalmente desigual. Quienes tienen dinero pueden pagar una consulta privada, comprar medicación o trasladarse a otra ciudad. Quienes no, quedan atrapadas en demoras, maltratos, incertidumbre y embarazos cada vez más avanzados. El ajuste no impacta igual sobre todos los cuerpos. Recae, sobre todo, sobre mujeres pobres, adolescentes y personas que viven en provincias con sistemas de salud más frágiles.
Salta se convirtió en uno de los ejemplos más claros de este proceso. La falta de insumos y el debilitamiento de la rectoría nacional erosionaron la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial. Centros de atención primaria dejaron de poder resolver prácticas de baja complejidad, los hospitales comenzaron a saturarse y muchas personas terminaron esperando semanas para acceder a una prestación que la ley establece debe garantizarse en un máximo de diez días.
En algunos casos, la desesperación llevó a mujeres a endeudarse para acceder a la medicación. Otras directamente continuaron embarazos no deseados por no poder afrontar el costo. Esa realidad representa una de las formas más crueles de desigualdad estatal: transformar un derecho legal en un privilegio condicionado a la capacidad de pago.
El impacto sobre niñas y adolescentes es todavía más alarmante. En 2025, Amnistía Internacional registró un aumento del 306% en las consultas de adolescentes de entre 14 y 19 años. El 80% no sabía cómo ni dónde acceder a una interrupción del embarazo. Este deterioro ocurre mientras el Gobierno desmantela el Plan ENIA y vacía políticas de Educación Sexual Integral que habían demostrado resultados concretos en la reducción del embarazo adolescente.
No se trata solamente de recortes presupuestarios. Se trata de un modelo político que busca desmantelar políticas de igualdad y autonomía bajo un discurso ideológico que estigmatiza derechos ya conquistados.
Pero los derechos humanos no son optativos ni dependen de la orientación ideológica del gobierno de turno. El Estado argentino tiene obligaciones legales nacionales e internacionales que no desaparecen porque un presidente decida despreciarlas discursivamente.
La Ley 27.610 no admite zonas grises. El Estado nacional tiene la obligación indelegable de garantizar pisos mínimos de acceso, coordinar respuestas federales y asegurar la provisión de insumos esenciales en todo el país. Trasladar esa responsabilidad a provincias profundamente desiguales, sin financiamiento ni apoyo, no es federalismo: es abandono.
Argentina conquistó el aborto legal después de décadas de lucha colectiva. Lo que hoy está en juego ya no es solamente la vigencia de la ley, sino la posibilidad real de ejercerla.
Y cuando el acceso a una práctica legal depende cada vez más del lugar donde se vive, de la capacidad de pagar una medicación o de encontrar una red que acompañe, las desigualdades vuelven a definir quién puede ejercer sus derechos y quién no.
Ningún gobierno puede borrar una conquista construida durante décadas de movilización social. Pero sí puede debilitarla, vaciarla y volverla más inaccesible para quienes más necesitan del sistema público de salud. Eso es lo que hoy está en juego en Argentina.
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
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