El año de la crueldad: jubilados, discapacitados y universitarios, las víctimas del ajuste en 2025
Vetos, presupuestos a la baja y recortes en áreas sensibles marcaron la agenda de la administración de Javier Milei. Una política que afecta de lleno a los sectores más vulnerables, desde la ciencia, la tecnología y la educación hasta la atención de pacientes con enfermedades graves.
En 2025 el Gobierno profundizó su guerra contra los más desprotegidos como jubilados, personas con discapacidades o enfermedades graves, pero también contra la Educación y Ciencia y Tecnología. Una por una, las crueles embestidas.
Las personas con discapacidad son la casta
La administración ultraderechista se ensañó con personas con discapacidad. No solo por elsistema de coimas en medicamentos que involucra a Karina Milei, Diego Spagnuolo y otros funcionarios, sino por los brutales ajustes en el sector, acompañados de represión ante las protestas.
Como detallaron los periodistas Matías Ferrari y Laura Vales para este medio, Spagnuolo puso en marcha una auditoría, que fue denunciada ante organismos internacionales por su carácter discriminatorio. Hasta la fecha, según informó el propio Gobierno, sirvió para dar de baja a unos 200 mil beneficiarios.
Las personas con discapacidad que eran citadas a auditarse, en muchos casos no recibieron ninguna notificación, ni para ser convocadas a la auditoría ni para ser informadas de la interrupción de la pensión. Se enteraron al dejar de cobrar.
El Congreso aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero el presidente Javier Milei la vetó. La misma establece:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
- Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo. Los sueldos están congelados en 28 mil pesos desde febrero de 2023.
- Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Tanto Senadores como Diputados insistieron con dos tercios para derribar el veto de Milei, pero el Presidente de todas maneras no cumplió la ley. Finalmente la promulgaron, pero suspendieron su aplicación. La Justicia Federal hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó al Gobierno que aplique la ley, pero eso tampoco ocurrió.
Luego, el Poder Ejecutivo intentó derogarla en el Presupuesto 2026, pero no le aprobaron el capítulo 11, que contenía ese ítem. Probablemente ninguna ley en la historia argentina haya tenido el nivel de respaldo institucional y social que esta norma, ratificada una y otra vez por el Congreso y la sociedad. Sin embargo, el Gobierno sigue sin cumplirla.
El ataque a la universidad pública
Ese capítulo 11 que se cayó del Presupuesto también profundizaba el ajuste en las universidades al derogar la otra ley que el Gobierno insiste en no cumplir: la de Financiamiento Universitario. La misma "implicaba 1.700 millones de dólares más para 2026, cuando el Gobierno le regaló 1.500 millones a un puñado de agroexportadoras en 48 horas (retenciones cero en septiembre)", ejemplificó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, en diálogo con este medio.
Desde que asumió Milei, la merma del salario de los docentes universitarios ronda el 45 por ciento, según advierten el Consejo Superior y los sindicatos del sector. Feduba señaló que en los dos años de gobierno de La Libertad Avanza, unos diez mil docentes dejaron las universidades públicas.
En 2023, el presupuesto para Educación era del 1,48% del PBI. Tras su asunción, la gestión de Milei llevó adelante un ajuste de casi el 40% en esta área, para reducir la inversión a apenas el 0,91% del PBI. En 2025 el gasto fue del 0,88%, mientras que para 2026 buscan que caiga al 0,75%, según un informe de Ctera.
"Mientras cada estudiante de la UBA recibe apenas lo mínimo, en la de México se invierte más de 5 veces lo que se invierte por alumno en esta facultad. Con la de San Pablo la comparación es peor aún, allí se invierte 12 veces más", remarcó el decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara.
"Los 4,8 billones de pesos anunciados por el Presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema", reza un comunicado emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
¿Ciencia y Tecnología? ¡Afuera!
En 2024 el sector sufrió el recorte más grande de su historia, con ajuste del 32,9% con respecto al 2023, según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIITI). Por ejemplo, se recortaron entre 20% y 28% los recursos del Conicet, el Inta y la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Peor le fue a los fondos de investigación universitaria, que cayeron un 72,6%. Los salarios, con pérdidas de poder adquisitivo cercanas al 30%, fueron uno de los puntos centrales del ajuste.
La Ciencia y Tecnología caerá un 2,9% adicional en 2025, según el CIICTI. El CONICET tendrá un deterioro mucho más pronunciado. Debido a que su mayor componente son los sueldos de los investigadores y a que el Gobierno ha fijado una política salarial por detrás de la inflación proyectada, el organismo perderá un 12,2% de su presupuesto en términos reales.
El organismo de ciencia más afectado es la Agencia I+D+i, cuyo objetivo es promover la investigación científica, la generación de conocimiento y la innovación productiva del país. La Agencia I+D+i perdió 10.644 millones de pesos en 2025, seguida por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La Agencia I+D+i , que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, anuló las convocatorias a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2022 y cerró la convocatoria 2023.
Según la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), a partir del próximo año Argentina será el único país de América Latina que no invierta ni un solo peso en ciencia.
El Presupuesto 2026 elimina los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En ellos se estipula un aumento progresivo en la inversión en CyT para llegar al 1% del PBI en 2032 y se establece la prohibición de que los fondos sean menores a los del año anterior.
Por otro lado, el Gobierno busca eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que por ley no puede ser menor al 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto.
Este fondo tiene como objetivo financiar los centros de formación profesional, escuelas de capacitación laboral, centros de educación agraria, misiones monotécnicas, escuelas de artes y oficios y las escuelas de adultos con formación profesional.
Palos y ajuste para los jubilados
Palos y gases. Eso recibieron los jubilados durante los miércoles, el día que se juntan a reclamar por el ajuste en las jubilaciones.
En diciembre, un jubilado de la mínima con bono cobró $410.813, un 6,5% menos que en noviembre de 2023 y un 3,5% por debajo de diciembre del 2024.
Recortes para pacientes con VIH y otras enfermedades
En 2025, las organizaciones sociales aseguran que se redujo en un 76% los fondos para la Dirección de VIH. Esto ha generado una crisis sanitaria que puede agudizarse, pues los recortes se traducen en la falta de reactivos para testeos virales, cambios de esquemas en medicación y reducción en la compra de los preservativos que se distribuyen en los centros de salud.
A esto se suma el recorte y la falta de distribución de 23 millones de preservativos, la eliminación de materiales educativos de distribución comunitaria, y la falta de la profilaxis preexposición (PrEP, un medicamento que reduce el riesgo de contagio de VIH) y profilaxis post exposición (PEP, consumido luego de una situación de riesgo o en casos de violencia sexual) para 11 mil personas, según la Fundación GEP .
En 2023 —último proyecto de presupuesto en el que se mencionan prep y pep como líneas específicas— se asistió a 8.744 personas con PrEP y 4.867 con PEP (medicamentos antirretrovirales), mientras que en 2025 y 2026 ambos ítems desaparecen por completo de las metas presupuestarias, según la Fundación Huesped.
El organismo señala que "aunque la provisión pueda continuar, ya que pueden englobarse en personas en asistencia regular con medicamentos, que dejen de mencionarse en el presupuesto subestima su importancia y debilita la garantía de acceso".
En cuanto a los tests rápidos de VIH, Huesped alerta que "en 2023 se distribuyeron 1.120.380 test, mientras que para 2026 se prevén 581.000. Esto implica una reducción del 49,3% respecto de 2023. En 2025, el total ejecutado según los datos oficiales es cero".
De cara al 2026 y con respecto al 2023, disminuyen fuertemente los tratamientos para hepatitis C (-44%) y tuberculosos (-11%).
A mediados de junio, el Gobierno Nacional eliminó el fondo que financiaba casi el 70% del funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia y desde la organización advierten que corren peligro de cierre, lo que dejaría sin atención médica a más de 4.800 personas.
El Instituto Nacional del Cáncer tampoco se salvó de la motosierra
El Gobierno despidió al 37% de los trabajadores del Instituto Nacional del Cáncer. Su presupuesto en 2025 fue 19% inferior al ejecutado en 2024 y un 61% más bajo que en 2023.
"Desde que asumió Milei y cerraron el Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) donde las personas sin obra social iban a pedir la medicación oncológica de manera gratuita. No poder acceder a los estudios de imágenes es algo que indirectamente lleva a que las personas se mueran antes y la falta de medicación oncológica es directamente proporcional", sostuvo Marina Elichiiry, médica generalista especializada en cuidados paliativos, en declaraciones a este medio.
"Faltan recursos de todo tipo, materiales hospitalarios, del servicio de patología renunciaron todes porque no había material básico que necesitan para trabajar. Todo el tiempo se rompe el resonador y el tomógrafo y no lo arreglan, siendo que los estudios de imágenes son imprescindibles para estadificar un cáncer. Sí o sí necesitas hacer tomografías y resonancias, es lo mínimo, y no está funcionando", alertó.
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