El escándalo de lavado de la familia Pujol en el puerto de Rosario complica el plan de Vicentín para quedarse hasta después del 2032
Ultramar y Vicentin aspiran a tener una prórroga de la concesión de Terminal Puerto Rosario que expira en 2032, pese al escándalo narco que golpea la concesión de la familia del ex presidente de Cataluña.
Por Hernán Lescano
El bombazo que significó la causa sobre una trama sistemática de lavado de dinero en el Puerto de Rosario introduce una tensión muy concreta que no tiene que ver con el pasado sino con el futuro. En la actual administración del puerto que termina en 2032 hay eslabones que están conectados a la historia ahora en revisión penal. ¿Extenderá el gobierno santafesino la concesión? Dicho de otro modo: ¿Tiene legitimidad el consorcio que pretender mantenerse varias décadas más en su lugar o este escándalo no lo toca?
La concesión de Terminal Puerto Rosario (TPR) a Puerto de Tarragona se concretó en 2002 por un plazo de 30 años. Lo que en una explosiva imputación mostraron cinco fiscales federales la semana pasada es que existió una trama financiera para recibir dinero sucio de España y darle apariencia lícita saliendo desde TPR a sociedades que eran una pantalla, con titulares que celebran contratos, mutuos, compraventa de valores entre otras variantes, o que hacían falsos contratos de asesoría, para justificar la salida de dinero. Luego ese dinero salía del país.
Todo eso se gestó desde la estructura de TPR sin ningún control del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) ni de los gobiernos santafesinos. La vorágine del blanqueo ilegal, mientras en los puertos no se construía ni un metro cuadrado de muelles, se dio durante los gobiernos socialistas. Ahora los fiscales federales exponen toda la tramoya de manera impactante. Les ponen nombres a los que armaron un negocio millonario de lavado. Entre ellos el ex concesionario catalán Jordi Pujol i Ferrusola, hoy con orden de captura internacional por esto, y del contador Gustavo Shanahan, que fue el profesional que escogieron los españoles para definir estos enjuagues.
La conclusión de los fiscales es que las tres firmas locales que asumieron formalmente la constitución y el control del capital accionario de la concesionaria Terminal Puerto Rosario -Pro Puerto S.A., Interlogística Portuaria S.A. e Inter Rosario Port Services S.A. - respondían en la realidad económica a una misma y única voluntad física detrás de la cortina corporativa: Jordi Pujol Ferrusola operando a través del mandato material de Gustavo Shanahan.
Pujol i Ferrusola es hijo de Jordi Pujol, el mítico ex presidente de la Generalitat de Cataluña, complicado en decenas de procesos judiciales por corrupción en el favorecimiento de licitaciones de obras, bienes y servicios públicos, durante la histórica transformación de la ciudad condal para recibir a las Olimpíadas. La tesis es que el concesionado puerto de Rosario se utilizó para lavar gran parte de ese dinero mugre de retornos.
La vorágine del blanqueo ilegal, mientras en los puertos no se construía ni un metro cuadrado de muelles, se dio durante los gobiernos socialistas.
Dicen los fiscales sobre el festival de traspasos en un puerto inactivo durante años: "La posterior y compleja secuencia de constitución de garantías prendarias, mutuos intersocietarios, transferencias de paquetes de acciones y cobro de cuotas 29 anuales extendidas hasta el año 2019 -e incluso continuadas mediante reclamos en sede concursal - no constituye una sucesión de actos comerciales regulares entre firmas independientes. Representa, por el contrario, la ejecución continuada, planificada y coordinada de un circuito económico orientado a licuar los activos subrogantes de la corrupción española, dotándolos de apariencia legítima y sustrayéndolos de las acciones ejecutorias y de control de los Estados soberanos".
Hay un tema importante. Y es que a partir de 2011 la agroexportadora Vicentin y la operadora chilena Ultramar ingresaron al Puerto de Rosario para tomar control de la concesión tras la compra de las acciones de TPR. Nueve años después Vicentin entró en cesación de pagos y se concursó. Lo que terminó con un proceso en el que la firma Grassi a través de un salvataje se hizo cargo del 100 por ciento de la compañía en 2025.
Lo que cuentan desde distintos ámbitos ligados a la vida del puerto, lo que saben los empresarios de Rosario y la política santafesina es que entre los que terminaron como dueños de Vicentin hay abogados que fueron apoderados de TPR en el momento en que la concesión era un escenario continuado de drenaje de acciones a empresas inventadas.
Este detalle no solamente lo tiene en cuenta el gobernador Pullaro. Según le dijeron a LPO funcionarios cercanos a la Corte Suprema de la Nación eso fue uno de los asuntos que tenía en mente el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, el viernes pasado cuando pronunció un discurso enfático contra la corrupción en la Cámara Federal de Rosario.
En el medio de esta discusión, tras una secuencia continuada de corrupción en el puerto, los sectores que ahora controlan Vicentin más Ultramar se proponen como una cara nueva dentro de la concesión actual.
Con el vigoroso resonar de las detenciones pedidas por el lavado en el Puerto de Rosario como fondo, ocurrido dos días antes de su llegada, Rosatti también apuntó al campo empresarial. Como alguna vez dijo también que en Rosario los medios de comunicación, que tienen entre sus directivos a profesionales y empresarios, administran la información de interés público según el prisma de sus negocios.
En el medio de esta discusión, tras una secuencia continuada de corrupción en el puerto, los sectores que ahora controlan Vicentin más Ultramar se proponen como una cara nueva dentro de la concesión actual, ya que tomaron las acciones de los adjudicatarios iniciales. Y desde ahí le mandan mensajes a Pullaro con los medios que controlan para que se prorrogue la tenencia. Lo que le dicen es que la situación del puerto cambió y que los accionistas que vaciaron el puerto, que no invirtieron ni en un pilote, ya no están.
Pero que Ultramar y Vicentin Argentina, las dos empresas controlantes, no tengan problemas de legitimación está por verse. Fuentes de la Justicia Federal dijeron a LPO que hay un conflicto jurídico mayúsculo que afecta la legalidad.
Lo primero que constituye un estorbo normativo es que una empresa no puede ser comprada sin ningún escollo cuando quienes la ceden la obtuvieron en base a gestiones delictivas. En este caso los fiscales federales imputaron a cinco personas la semana pasada por inyectar dinero sucio en TPR procedente de España para constituir su capital accionario.
"Podemos hacer la pregunta de modo inverso", razona un funcionario que habla con LPO. "¿Podía Shanahan vender acciones compradas con dinero del delito y ser esa venta una operación legítima? No podía. ¿Puede invocar quien recibió esas acciones que la operación fue legítima? Por supuesto que no puede. Lo impiden todos los procedimientos de due diligence".
¿Y qué es due diligence? Son los actos de auditoría o investigación exhaustiva que se realizan a una empresa antes de cerrar una compraventa, fusión o inversión importante. Sirve para comprobar que la información financiera y legal aportada por el vendedor sea real. Y para detectar riesgos como deudas ocultas, juicios pendientes o problemas laborales. O si, por ejemplo, el capital de la empresa vendedora fue conformada con activos sucios.
¿Podía Shanahan vender acciones compradas con dinero del delito y ser esa venta una operación legítima? No podía. ¿Puede invocar quien recibió esas acciones que la operación fue legítima? Por supuesto que no puede. Lo impiden todos los procedimientos de due diligence.
Pero después de la transferencia entre sociedades debe en la que recibe los activos lo que se llama, en inglés, compliance, o cumplimiento normativo. Compliance es el conjunto de normas, procedimientos y buenas prácticas que adopta una organización para asegurar que cumple con las leyes, los reglamentos y los códigos éticos que le corresponden.
En este caso además Shanahan fue testaferro según el Ministerio Público Fiscal de Jordi Pujol i Ferrusola. Y siguió actuando tras el traspaso accionario en TPR. Pero además hay otra cosa. La transferencia de los primeros licenciatarios a Ultramar y Vicentin se hizo no de un solo acto sino en un extenso período en que hubo pagos en cuotas. "Demasiado tiempo para no detectar nada", dicen en la Justicia Federal.
Lo que guía el proceso judicial es que nadie puede vender como propio lo que adquirió con el dinero del delito. Y que eso genera un conflicto jurídico enorme. "El que paga mal paga dos veces, dice el dicho", le reporta a este medio un observador interno del trámite. Que además indica que el efecto legal de esto es el decomiso de las acciones. La semana pasada el juez Carlos Vera Barros aceptó embargos por 152 mil millones de pesos contra las sociedades a las que les transfirieron acciones. ¿Puede esto seguir en el tiempo y hacia otras?
Pullaro, que en unos meses juega su proyección nacional en su candidatura a la reelección como gobernador, se mostraba el año pasado del todo reacio a prolongar al mismo grupo que concesionó por treinta años el manejo de los dos muelles de TPR.
"Hay obras incumplidas y hay inversiones que no se hicieron. Ellos nos plantearon que para hacer las obras que faltan deberían contar con más plazo de concesión. Pero en las condiciones en la que tienen el puerto y con los incumplimientos que arrastran en inversiones,no les podemos renovar ni un día la concesión", le dijo al periodista Mariano Galíndez.
Para ese momento TPR había ofertado 20 millones de dólares para obtener una extensión contractual. Lo que la provincia rechazó ya que estimaba las inversiones nunca cumplidas en al menos un 50 por ciento más que ese monto.
"Yo no puedo firmar algo sobre la base de un incumplimiento. Y el incumplimiento está a la vista. Hace 20 años recibieron tres muelles, y ahora, por la falta de inversiones y mantenimiento, tienen uno. Lo que les dijimos es que primero deben cumplir estrictamente con el contrato y después charlamos. No somos cerrados", decía Pullaro entonces.
Eso de que el gobierno santafesino no es cerrado parece concretarse ahora. Pullaro visitó hace unas semanas en Chile a los directivos del grupo Ultramar, que es el accionista mayoritario en el control de TPR junto a Vicentin, y se muestra permeable a alargar a este grupo la concesión. Según funcionarios de su elenco de gobierno, eso ahora está en análisis.
El vicepresidente primero de la Nueva Vicentin Argentina es Leandro Salvatierra. Forma parte del diversificado Estudio Casanova que tiene intereses en distintos segmentos de actividad, como el inmobiliario, el agroexportador, el portuario y los medios de Comunicación. El mismo es directivo y asesor legal del Grupo Televisión Litoral, controlado por Gustavo Scaglione, que agrupa Canal 3, La Capital, Radio 2, LT8, FM Vida y diario UNO. Fue, en los tiempos que ahora la fiscalía federal de Rosario y la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) examinan críticamente, representante legal de TPR. De esto está hablando la comunidad política, judicial y empresaria de Rosario
Ultramar y Vicentin entraron a la concesión hace quince años. Son nuevos socios. Pero están dentro de TPR hace un largo tiempo. Los que no hicieron un solo muelle prometen que van a hacer lo que no hicieron nunca estos concesionarios, ni el sector nuevo en los últimos quince. ¿Es una pretensión legítima esa? ¿Puede chocarse con la legalidad de aquellos traspasos?
El gobierno de Pullaro muestra ahora otra flexibilidad. En una visita a Chile hace un mes el gobierno provincial avanzó en un entendimiento con Ultramar para ampliar la concesión de TPR. Los chilenos tienen un compromiso de inversión y planes para sacar insumos de la minería cordillerana por la Hidrovía, con ingreso de maquinaria y equipos, que entusiasma a Pullaro. La administración santafesina quiere sí el compromiso de que los actuales licenciatarios pagarán lo adeudado, que harán inversiones en infraestructura demoradas por un cuarto de siglo y garantizarán un esquema sostenido de negocios.
No es solamente esto. En el gobierno de Pullaro dicen a LPO que ya se notan inversiones, compromisos ante el poder concedente y planes diferentes. Hoy con estos operadores a través de TPR se exporta litio, una carga estratégica, que se traslada desde Salta. También cargas generales agroindustriales como azúcar y limones provenientes de Tucumán. Desde el gobierno señalan como huella del cambio que con estos accionistas nuevos las tres empresas navieras más grandes del mundo ya operan en Rosario. Y que Ultramar requiere para sus puertos en Chile insumos importados que provienen de rutas del Atlántico y que por eso pueden entrar por la Hidrovía del Paraná.
También remarcan que ahora existen los controles administrativos que el Enapro no ejerció nunca y que hay una centralización todos los entes supervisores bajo la coordinación del Ministerio de la Producción a cargo de Gustavo Puccini.
Todo esto está en análisis y tiene su razonable perspectiva. Pero ocurre en un escenario que el envión fulminante de la causa federal por lavado multimillonario en el Puerto de Rosario de la semana pasada podría, no obstante, transformar.
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