EN RÍO NEGRO: 70 MIL HECTÁREAS EN MANOS DE DOS ESTADOS

A — Nos van a escuchar en 7 provincias en las que salimos al aire, y eso me parece fundamental, sobre todo por las iniciativas que se vienen impulsando contra esta ley nefasta y en el marco de los procesos que atraviesa este país expoliado, especialmente en lo que respecta a las tierras. 

Queremos que nos cuente, para que más gente conozca y se entere de estas iniciativas a las que estoy haciendo referencia.  

M O — Por un lado, llevo adelante desde hace más de 20 años una acción judicial, una acción de amparo para recuperar el libre acceso al Lago Escondido que quedó encerrado dentro de una propiedad del magnate inglés Joseph Lewis.

En este momento esta causa está aún sin resolverse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de tanto tiempo, pero seguimos en esa lucha judicial y también, por supuesto, se está dando a través de las distintas organizaciones que vienen reclamando ingresar en forma libre y segura para poder conocer simplemente una maravilla natural, un lago patagónico que está a sólo 19 kilómetros de la Ruta Nacional 40, en Juan Herman.

Es algo que uno no puede entender, como puede ser que los argentinos no podamos conocer un lago que está en nuestro territorio y que ese lugar siga siendo utilizado como si fuese una pileta de natación privada por el magnate inglés Lewis.

Pero por el otro lado, también estamos investigando la presencia de estados extranjeros, no de corporaciones o empresas, sino de estados extranjeros que, por supuesto, se esconden debajo de una pantalla jurídica que son empresas que aparecen integradas con personas con DNI argentino pero en realidad los fondos les pertenecen, por ejemplo, al Estado de Emiratos Árabes Unidos o al Principado de Qatar que han comprado aproximadamente 70000 hectáreas en la provincia de Río Negro a partir del año 2017.

Nosotros entendemos que de alguna forma se ha reconfigurado el mapa de la provincia de Río Negro, porque en estos sitios que han sido visitados por los máximos jefes de estado de estos 2 países, tanto Emiratos Árabes Unidos como de Qatar, han estado visitando sus posesiones en nuestra provincia y todo se ha dado en un marco de hermetismo total, sin informar a la población cuál es el motivo de la presencia de un jefe de estado en la provincia, ocupando sus estancias y que incluso junto a más de una comitiva de 200 personas en la víspera, días previos al ataque de Irán sobre la base norteamericana en el territorio de Emiratos Árabes Unidos, o sea, buscando una especie de refugio bélico en nuestra Patagonia sin informar a la población que esto está ocurriendo.

Por supuesto que no es tarea sencilla hacer esta investigación, hoy hay un juicio, una causa judicial en el Juzgado Federal de Bariloche donde se investigan los fondos con que se compraron estas miles de hectáreas en la zona de Llama del alto río Chubut, entre Bariloche y El Bolsón:

En área de frontera, en una zona de naciente de aguas y ocupada, por supuesto, por comunidades indígenas en forma tradicional, así que eso ha originado que en un juicio, en una causa donde hubo una audiencia muy importante, en un juicio oral y público que se desarrolló en abril en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se pretendía incriminar a una mujer integrante de una comunidad indígena, Soledad Cayunao.

En ese juicio se citó como testigo a la persona que aparecía como dueña de las tierras y allí este señor confesó:

Que esas tierras las había adquirido con 2 millones de dólares que había recibido en forma gratuita por parte de los estados de Emiratos Árabes Unidos.

Allí comenzamos a profundizar la investigación sabiendo que había datos pero no la confesión de parte, así en forma tan clara como sucedió ante un juez en la provincia, y esto ocasionó que siguiéramos investigando y buscando información que terminó revelando que existen varias empresas que han aparecido en los últimos años que están escondiendo los capitales y a los verdaderos dueños que son estos países —como decía anteriormente— o sea, ya no son los Lewis, los Benetton, los Burco (Belgian Urban Renovation Company) y otros empresarios que vienen a comprar tierras con agua dulce en nuestra Patagonia.

En este caso son Estados y eso es lo que determina que la situación sea realmente peligrosa para nuestra Soberanía Nacional.

A — Resulta llamativo lo que usted plantea respecto a la desidia en torno al agua, un elemento tan necesario y primario para la vida. Entre el fracking, el extractivismo y la falta de responsabilidad de los gobernadores, el agua se encuentra en serio riesgo. El Papa Francisco ya advertía que las próximas guerras serían por el agua. Nosotros venimos realizando un seguimiento constante:  

14.000 de esas hectáreas que en su momento fueron denunciadas públicamente están ubicadas en las nacientes de agua.

Por otro lado, el gobierno de Mendoza por cuenta propia, impulsa una cadena de fenómenos extractivistas avasallando las audiencias, la voluntad popular, las leyes vigentes y el Tratado de Escazú. Llama la atención, por ejemplo, que el río Colorado cuente con un convenio de cuidado entre cinco provincias, el COIRCO y que ninguno de los gobernadores mientras se desarrollaba este proceso haya planteado objeción alguna, a pesar de que el río Colorado abastece a cinco provincias. 

¿Cómo ve usted la situación actual del agua en Río Negro respecto a estos temas?

M O — Nosotros estamos aún en emergencia hídrica declarada por un decreto del gobierno provincial, es decir que es un reconocimiento de la situación de falta de agua en distintos lugares de la provincia, que por supuesto pone de manifiesto su gravedad por el hecho de que también paralelamente se están habilitando emprendimientos extractivistas. En el caso de la megaminería con un proyecto denominado CALCATREU en Ingeniero Jacobacci, que es uno de los epicentros de la falta de agua en la provincia y sin embargo allí funciona el primer gran emprendimiento de minería de oro después de más de 20 años en que estuvo frenado.

La minería ahora se ha habilitado y esto evidentemente pone en riesgo el consumo de agua de las personas pero también, a los pequeños productores, a las actividades tradicionales como el caso de los pequeños crianceros, la ganadería, pero fundamentalmente el turismo, la fruticultura y otras actividades que han sido vitales y que hacen a la identidad de la provincia de Río Negro. Uno siempre se imagina Río Negro con la pera y la manzana y sin embargo, gracias a este emprendimiento, los productores de pera y manzana ya han pasado a un segundo, tercero, quinto plano —podríamos decir— porque aquí, con el gobierno de Alberto Weretilneck que es el gobernador, ahora se habla solamente de minería, de gas y de petróleo, dejando de lado las actividades tradicionales que son parte desde siempre de la identidad de Río Negro.

Es decir que el agua aparece como un elemento escaso pero que de alguna manera se entregando a grandes conglomerados multinacionales.

Muchas veces estamos hablando de empresas inglesas, en medio del conflicto diplomático que aún tenemos con Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas, sin embargo se están habilitando negocios, —sobre todo energéticos— con empresas de capitales del Reino Unido, lo mismo que está sucediendo en la plataforma continental argentina con la explotación de nuestro petróleo por parte de empresas israelíes e inglesas, de Estados Unidos. Sucede también aquí en nuestra provincia, siendo también quienes hemos participado activamente en la investigación de la presencia de MEKOROT en Río Negro. 

Conseguimos el primer contrato que se firmó con esta empresa israelí que pudimos compartirlo con otras provincias que no lograron esa información altamente clasificada que significó 

Israel tomó conocimiento de todas las fuentes de agua tanto aguas subterráneas, aguas superficiales, glaciares e incluso las aguas del océano Atlántico de jurisdicción de la provincia.

Entendemos que tanto el agua como la tierra y los negocios energéticos están atravesando un proceso de privatización y de extranjerización que va a traer consecuencias, que no son buenas para el futuro de la provincia, porque es una entrega manifiesta de nuestros bienes naturales comunes y con ello de nuestra soberanía territorial.

A — Aparentemente se ha mutilado parte de este proyecto de ley que fue presentado y debatido en el Senado, donde, por suerte, la extranjerización pudo ser "frenada" y también el tema de los incendios. Pero voy a apelar a sus antecedentes y a su sensibilidad humana: habiendo presidido el INAI, resulta evidente la indiferencia de las grandes mayorías frente a lo que vienen soportando desde hace años los pueblos originarios y preexistentes a partir de la ley 26.160 que se intentó sostener pero que fue borrada de un plumazo.

Ahora, y casi en simultáneo con esta media sanción, lo ocurrido en Jujuy y en Neuquén con los Lof Quintriqueo-Melo es realmente preocupante. Genera una profunda impotencia la situación que atraviesan esos hermanos que tienen derechos, que tienen a sus ancestros en esos territorios que hoy están siendo avasallados o vendidos con ellos adentro. Aparentemente, los gobernadores se comportan como patrones de estancia y no hay Estado de Derecho: se los criminaliza y se los está despojando de todo.

¿Cómo es la situación que viven en Río Negro ya que cerca de General Conesa ha habido un evento de despojo territorial?

M O — Nosotros creo que somos una de las provincias emblemáticas de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso puntual del pueblo Mapuche-Tehuelche en nuestra provincia, porque la ley 26160 —que bien vos relatabas— es una legislación que data del año 2005 y venía renovándose año tras año, tuvo 4 renovaciones, pero lamentablemente en el año 2022 no fue renovada, no hubo consenso, solamente se aprobó en el Senado el proyecto de ley de renovación de esa ley y en diputados no se trató por falta de acuerdos entre los distintos bloques. Esa ley frenaba la posibilidad de desalojos, establecía la obligación de llevar adelante los relevamientos territoriales en todo el país a todas las comunidades indígenas.

Tenemos más de 40 pueblos indígenas en Argentina y más de 1800 comunidades de estos distintos pueblos en todo el país y lo más importante que establecía esta ley, que era una ley de emergencia, era que mientras se llevaban adelante los relevamientos no se podía de ninguna manera avanzar con los desalojos.

Lo primero que sucedió en el gobierno de Javier Milei fue derogar el decreto por el cual se renovaba la ley 23160 y habilitar los desalojos en muchísimas comunidades que es lo que hoy estamos lamentando y que se está produciendo en el norte y en el sur del país también.

Siempre se pensó que los grandes capitales vienen por el agua y por la tierra y muchos de esos territorios están ocupados ancestralmente por comunidades indígenas, entonces en la necesidad de despoblar estos territorios que tienen, muchos de ellos además de paisajes hermosísimos como el caso de la cordillera, pero también muchos de ellos tienen en sus entrañas minerales estratégicos, oro, plata, uranio, litio, tierras raras.

Lo que nos está sucediendo es que se llevan adelante los procesos de desalojo como ocurre en Neuquén, donde hemos visto esta semana un acto de solidaridad maravilloso por parte de más de 500 personas que se acercaron al territorio para acompañar a las comunidades, y sobre todo también lo vemos en el norte del país.

También gracias al extractivismo generalmente estos grandes capitales lo que hacen es presionar a sus respectivos gobernadores que terminan desconociendo el espíritu de la Constitución Nacional habilitando  estos desalojos que a mi juicio, no cumplen no solamente con la Constitución Nacional, sino, que no cumplen con las llamadas reglas de Brasilia.

Un convenio regional que Argentina firma a través de la Corte Suprema y también los distintos poderes judiciales provinciales para establecer que, cuando se trata de ejercer el derecho a acceso a la justicia por parte de las comunidades indígenas se tienen que cumplir una serie de requisitos:

Respeto hacia la identidad, hacia la lengua, hacia la cultura de las comunidades indígenas, sin embargo no se cumplen estas reglas de Brasilia y se ha avanzado por sobre el territorio y los derechos de las comunidades habiendo niños, personas con discapacidad, que habiendo personas mayores no importó nada.

Era más importante llevar adelante estos desalojos que no cumplían de ninguna manera con el espíritu de la Constitución y también del Convenio 169 de la OIT que es anterior a la reforma de la Constitución Nacional, porque es del año 1992 y establece justamente el derecho a la posesión y a la propiedad de las comunidades indígenas de su territorio, el territorio que tradicionalmente ocupa. 

Lo que hay que dejar claro en este caso, —si me permitís—, es que la Constitución Nacional reformada en el año 94 establece dos modalidades de propiedad. 

Por un lado el artículo 17 habla o establece la propiedad individual, el derecho a la propiedad individual que tienen los ciudadanos y ciudadanas, pero también el artículo 75 inciso 17, establece lo que se denomina la propiedad comunitaria indígena, sin embargo el Poder Judicial Argentino y la política, yo creo de gran parte de los gobiernos que pasaron después del 94, desconocieron ese artículo de la Constitución, de la propiedad comunitaria y fortalecieron solamente el derecho a la propiedad individual que es muy distinta en su concepción, en su cosmovisión porque los pueblos indígenas no se consideran dueños de la tierra sino, se consideran parte de la tierra, entonces ese vínculo espiritual que tienen con la tierra es totalmente distinto a la concepción del derecho civil, entendiendo la tierra como una mercancía que se puede comprar y vender. Es totalmente lo opuesto a lo que consideran los pueblos indígenas, por eso las tierras indígenas no se pueden vender, no se pueden alquilar, no se puede hacer ningún tipo de acto por el cual haya algún fin de lucro en relación a las tierras, tienen otra concepción filosófica del derecho a la propiedad y posesión comunitaria. 

Pero la Constitución del 94 es muy clara respecto a las dos modalidades, entonces ante el avance de la protección de una forma de propiedad y el abandono total de la existencia de legislación que ponga o que reglamente este derecho de propiedad comunitaria indígena, los pueblos indígenas, las comunidades, se ven en una situación de desprotección absoluta porque no está reglamentado el derecho y entonces se avanza con la propiedad privada, con ese concepto de propiedad privada.

Nosotros entendemos que hay una asimetría absoluta entre la defensa de uno y otro derecho, entonces las comunidades indígenas hace 32 años que están esperando que la democracia argentina cumpla con esa deuda con ellos que es reglamentar a través de una ley del Congreso, "el derecho a la propiedad comunitaria indígena".

A — Muchos gobernadores renegaban de usted porque decían que era demasiado indigenista. Nosotros le agradecemos que lo sea, hace falta más gente como usted. Incluso en algún momento, —sé que por su modestia no lo va a decir—, llegó a hablar de la capacitación a funcionarios para que tengan la cosmovisión, la cultura, el conocimiento de la cultura de nuestros pueblos aborígenes y preexistentes para que le den un tratamiento adecuado.

Eso habla a las claras de por qué estamos haciendo esta entrevista. 

Según tengo entendido está por presentar un proyecto para que reglamenten esa ley que protegería a estas tierras comunitarias.

M O — Fui la autora del primer proyecto de ley que ingresó al Congreso para justamente cumplir con esta manda constitucional de reglamentar el derecho a la propiedad comunitaria indígena. Eso fue presentado —creo— que en el año 2014. Fue el primer proyecto que presentamos en relación a la propiedad comunitaria indígena, pero también presentamos otros relacionados con la consulta libre pre-informada, con la protección de los sitios sagrados indígenas, con la desclasificación de los documentos que todavía hay en iglesias, en museos privados, o que tiene todavía en poder el Estado relacionado con el genocidio indígena y que no se han conocido, no se han hecho públicos.

Pero también este proyecto —del que vos me recordás y te agradezco por eso—, es el que nosotros cariñosamente lo llamábamos proyecto Darío Duch. Darío Rodríguez Duch fue un abogado especialista en derecho indígena y defensor de las causas indígenas que tuve la suerte de poder trabajar con él y que además, colaboró activamente en la redacción de este proyecto de ley de propiedad comunitaria. Fue en su homenaje este proyecto que es similar a la ley Micaela, que en este caso obliga o compromete de alguna manera a los funcionarios de los 3 Poderes del Estado a capacitarse, a formarse en derechos humanos de los pueblos indígenas, le pusimos ese nombre a este proyecto de ley que tampoco — lamentablemente— se trató nunca en el Congreso, pero quizá haya algún diputado, senador o senadora que pueda levantar estos proyectos y los pueda volver a la vida  porque se trabajó mucho, se compartió, se consultó a las comunidades que todavía recuerdan que estuvieron presentes en el momento de elaborar estos proyectos.

Aquí en Ingeniero Jacobacci se llevó adelante una capacitación hace muchos años, pero vale la pena retomar todo ese trabajo, sobre todo porque fue participativa la elaboración de estos proyectos. Y que importante sería que todos los funcionarios públicos estén capacitados en derecho indígena, porque creo que cambiaría la historia porque los jueces no fallarían en contra de los derechos constitucionales, los funcionarios también, porque tenían las vías de diálogo para resolver conflictos y no la represión como lamentablemente se hizo en distintos momentos con la muerte de Rafael Nahuel, la muerte de Santiago Maldonado y tantos otros hechos, que han ocurrido en la historia reciente. 

Pero es cierto que a muchos gobernadores les molesta este pensamiento. Para mí, en un Estado democrático no se puede tolerar como salida a ningún conflicto la represión, las armas, la violencia ni la muerte de jóvenes indígenas.

Cuando hay derechos incumplidos como decíamos, 32 años sin  instrumentación de la Ley de la Propiedad Comunitaria Indígena, no puede ser la salida la represión.

Es cierto que el diálogo es difícil,  pueden llevar mucho tiempo las metas de diálogo, pero es la única forma de encontrar las soluciones a un conflicto, sobre todo cuando estamos hablando de conflictos en materia territorial para buscar soluciones pacíficas. Siempre existe la buena voluntad por parte de las comunidades indígenas, a mí me consta porque los conozco y sé cómo colaboran siempre con el Estado, siempre son pacíficos. Los pueblos indígenas son pueblos que se sientan a dialogar, a parlamentar, a la conversa —como ellos le dicen— con el Estado para buscar caminos de solución.

A muchos no les gusta este pensamiento, pero para mí que soy abogada de la escuela pública, egresada de la escuela pública, no hay otro camino que no sea la búsqueda de consensos y de diálogo. Me niego rotundamente a la violencia, a la represión a los pueblos indígenas y lamentablemente lo estamos viviendo porque estamos viendo desalojos compulsivos, violentos, sin importar que haya niños, personas adultas o personas con discapacidad, los desalojan igual.

Veíamos fotos muy tristes de una señora, una hermana indígena frente a un pelotón de gendarmes, con pertrechos militares, como si fuese que estuvieran enfrentándose a un ejército gigante extranjero, siendo que se están enfrentando a una simple hermana indígena que está reclamando para que no le quiten su territorio en el cual vivieron sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos.

Creo que vamos hacia una democracia más igualitaria, tenemos que pensar que el Estado tiene que cambiar su postura respecto al tratamiento con los pueblos indígenas. Creo que es otra relación, se tiene que recrear esa relación.

El Estado no puede ser el "Estado del General Roca", debe ser un Estado que cumpla, empezando con la legislación nacional y la legislación convencional, con el convenio 169 pero siempre mediante el diálogo.

Esa es mi posición y creo que hoy es el momento oportuno para volver a plantear en el Congreso el tratamiento de la Ley de Propiedad Comunitaria, quizás sea la ocasión para conseguir los votos que no se consiguieron en aquel momento cuando se presentó el proyecto. Ahora veo y siento con esta movilización de 500 personas que acompañaron, se solidarizaron, se abrazaron, manifestaron su solidaridad a la lof Quintriqueo y Melo luego del desalojo, a lo mejor soy muy optimista pero yo siento que los argentinos y argentinas estamos despertando y tenemos esta convicción de que de una vez por todas hay que cumplir con los derechos de los pueblos indígenas, porque no somos un país de una sola cultura, somos un país de muchas culturas y así como cualquier persona que requiere tolerancia y respeto, los pueblos indígenas también necesitan tolerancia y respeto. 

A — Magdalena, mientras la escuchaba se me venían a la mente distintas aristas. Pensaba en lo que decía Stella Calloni, a quien tuve la suerte de entrevistar, experta en geopolítica internacional. Ella sostiene que hoy se vive un fenómeno de guerra contrainsurgente de baja intensidad y en múltiples frentes, donde por ejemplo, antes de tomar una medida de fondo de este tipo, de invadir, de hacer lo que se hizo en Venezuela o de impulsar procesos como los que están ocurriendo, el primer misil que se dispara es a través de los medios públicos.

Hoy por hoy no manejamos los medios públicos, por eso resultan tan importantes este tipo de voces que quizás no tienen la masividad que deberían. Por otro lado, al escucharla, queda claro que esto no es un fenómeno aislado, parecería que este capitalismo absurdo en el que vivimos ha devaluado la vida no solo de los pueblos originarios y preexistentes. También se ve en fotografías de personas en situación de indigencia que son agredidas e incluso retiradas por la policía porque "aféan" la ciudad.  

Se está perdiendo la sensibilidad humana. Entonces, como usted ha señalado, es momento de actuar y de recuperar esa empatía, ese tejido social que no solo está quebrado, sino que también forma parte de este paquete nefasto planificado desde el primer operativo Cóndor. Este hombre, que más que presidente parece un virrey lo está llevando adelante de manera agresiva y en algún momento será necesario decir: hasta acá y basta. 

Le pido cerrar la nota con un pensamiento o reflexión dirigido a todas las personas que permanecen indiferentes ante estas cuestiones humanas, de soberanía y de empatía. Una reflexión nacida de lo que se sienta en lo más profundo para que llegue a quienes la escuchen o lean para que entre todas y todos podamos intentar cambiar esta historia. Porque no se trata de una película, cada persona forma parte de ella y es responsable de la historia que se escriba.  

M O — Somos una "patria multicultural", no somos una república plurinacional porque la Constitución no lo dice, pero de hecho sí lo somos, porque en nuestro país conviven muchas culturas y sin embargo se ha menospreciado a los pueblos indígenas y se los ha utilizado lamentablemente en distintos periodos de nuestra historia reciente.

Creo que hace 3 o 4 años atrás se hablaba mal de los pueblos indígenas y eso parecía que daba rédito político y muchos pensaban cuántos votos voy a ganar hablando mal de los pueblos indígenas en general, diciendo que son violentos, que no son argentinos, que son ladrones. La verdad que nunca conocí a un pueblo indígena que no ofrece una familia humilde y pacífica y que colaboradora en todo para la construcción de las políticas públicas cuando se las ha convocado.

Creo que este mundo necesita más humanidad y solidaridad con los pueblos indígenas, ahora es momento de mostrarlo. Cuando el pueblo sale a la calle y logra frenar la derogación de la ley 26.737 que es la ley de tierras rurales, eso lo logra la gente en la calle.

No lo logró nadie en particular sino todo el pueblo argentino que salió en cada lugar de este país a luchar para que no nos sigan vendiendo nuestro territorio a potencias extranjeras o a corporaciones extranjeras.

Tenemos que  salir también a luchar para que de una vez por todas los pueblos indígenas tengan esa ley que la democracia les debe hace 32 años, la ley de instrumentación de la propiedad comunitaria, ojalá se pueda lograr porque hay muchas comunidades que aún tienen la espada de Damocles sobre la cabeza, porque los desalojos están pendientes, hay órdenes de desalojo en cientos de comunidades de este país, lo que sucedió con la comunidad Quintriqueo y Melo puede ser la antesala de más desalojos ordenados en las zonas donde hay petróleo, gas, donde hay oro, plata o hay paisaje y agua dulce. Esto puede ser una apertura, una seguidilla de desalojos violentos y eso no lo podemos permitir en un Estado de Derecho como lo he mencionado.

Esa es mi concepción, creo que me voy a morir con esa idea. El Estado no puede tener esta cara que está mostrando hoy con los pueblos indígenas, debe cumplir con los derechos de una vez por todas. Desde mi humilde banca como legisladora patagónica de una provincia patagónica voy a seguir luchando con esta idea y siempre acompañando a las organizaciones socioambientales, indígenas, por la defensa del agua, de la tierra, del territorio, como lo he hecho toda mi vida.

Así que ahí estaremos entonces siempre trabajando y militando con esa causa noble a la vista.

Fue Magdalena Odarda desde Rio Negro, Argentina, y quien les habla Horacio Muñoz del Toro desde Las Parejas, Santa Fe, para el Movimiento Alternativa de Argentina. 

Colaboraron: MÓNICA ZAGERT y ESTELA CASADO

Edición de video: FABIÁN RANIERI

Correcciones y edición de contenidos web: SILVANA M. LAZZARÍN

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=LwTGmz59sZ4

Foto de Portada: Foto de Gladys Rovetta en Unsplash