DISCAPACIDAD: LA MIRADA INSENSIBLE DEL GOBIERNO LIBERTARIO

Una vez más, el colectivo de personas con discapacidad se ve amedrentado por las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo, que elevó al Congreso de la Nación un proyecto de ley titulado: "LEY CONTRA EL FRAUDE DE PENSIONES POR INVALIDEZ".

Se presenta como una ley contra el fraude, pero en realidad es una excusa para recortar aún más los derechos de las personas con discapacidad. Se insiste con el relato de las pensiones "truchas", poniendo bajo sospecha a todas las personas beneficiarias, que ya vienen siendo golpeadas y maltratadas desde hace mucho tiempo.  

Para abordar este tema, se realizó una entrevista desde Santa Rosa, La Pampa, a Jorgelina Ordoñez, directora del "CENTRO DE DÍA EL ANDÉN", al que asisten jóvenes y adultos con discapacidad. 

A — A la dificil situación se suma la intención del gobierno de un nuevo proyecto de Ley para modificar aún más, la Ley original N° 24901 y la de Emergencia (N°27793) sancionada recientemente. Lo primero que quiero preguntarte es ¿cuántos años hace que te dedicas a esta actividad y cuáles son los requisitos que te exige el Estado para poder funcionar como un Centro de Día?

J O — Hace 30 años que me dedico a la discapacidad, trabajo con las familias, con niños y adultos con discapacidad. Las exigencias para las instituciones son muchas y muy variadas; desde lo edilicio, lo profesional, los seguros, (por mala praxis, para los concurrentes y los terceros que ingresan a la institución) y además, tener grupos de profesionales y ayudantes.

Necesitamos siempre una habilitación Municipal y una de Salud. Acá resultaba difícil que ambos organismos se pusieran de acuerdo en los requisitos, cada uno solicitaba normativas diferentes. Entonces nos reunimos profesionales e instituciones y logramos que acordaran para que todos pidieran lo mismo. Pero la verdad son muchos, me parece perfecto que se exijan condiciones porque estamos trabajando con grupos que necesitan varios cuidados y ciertas atenciones especiales.

A — ¿Quién solicita estas regulaciones, el ANDIS que ha sido disuelto?

J O — No, en realidad el ANDIS nunca reguló las habilitaciones, regulaba el nomenclador profesional que es una de las cuestiones por las cuales estamos en la lucha todas las instituciones, porque una de las controversias es justamente el nomenclador, que fija los valores de las prestaciones, por supuesto, nunca a favor.

A — ¿Qué está pasando con la Ley de Emergencia que no está cumpliendo con el propósito que tenía?

J O — La Ley de emergencia tuvo muchos obstáculos, idas y vueltas. Fue vetada, modificada y finalmente después de ir y venir por ambas Cámaras, fue aprobada por el Congreso -Senadores y Diputados- y ahora, estamos en la espera de que Presupuesto se digne a escucharnos y decidir qué partidas se van a asignar para las prestaciones.

A — ¿Existen en este momento atrasos en los pagos de los intermediarios, es decir, obras sociales, prepagas, etc.?

J O — En este momento la deuda más grande que tenemos es con Nación, INCLUIR SALUD que antes se denominaba PROFE, que es la obra social que tienen las personas con discapacidad, que menos recursos tienen, las que no tienen acceso a otra obra social y que el Estado nacional les brinda cobertura. La última transferencia que recibimos fue en el mes de diciembre donde nos abonaron Septiembre del 2025, a partir de ahí no hemos recibido ningún pago de su parte. El resto de las obras sociales vienen con un atraso en el pago de 3 a 4 meses, pero nunca cortaron los pagos. Nosotros le llamamos "la rueda de pagos". 

Actualmente, lo que está sosteniendo a las instituciones en nuestra provincia es el SEMPRE, la Obra Social Provincial. Si bien los honorarios son algo menores, los prestadores sabemos que el pago se realiza a los 20 días, y esto es lo que, por ahora, permite cumplir con las exigencias económicas existentes. 

A — Sabemos que el Gobierno de esta Provincia a través del Consejo Provincial de Discapacidad, ha manifestado su preocupación por el incumplimiento de la ley original y la de emergencia, rechazando las modificaciones presentadas en el nuevo proyecto y expresando su más enérgico repudio.

Retomando el tema del nomenclador, es importante puntualizar en este aspecto, ya que se supone que, a nivel provincial, el SEMPRE de alguna manera cumpliría su función y los pampeanos beneficiarios podrían contar con un respaldo. Sin embargo, si en algún momento el nomenclador fuera suprimido a nivel nacional, ¿qué ocurriría en términos generales?  

J O —

En realidad, lo que se argumenta es que el acompañamiento terapéutico no es profesional. Sin embargo, desde la mirada de quienes lo ejercen, se sostiene que, más allá de que no exista una carrera universitaria específica, se trata de una formación y un oficio sumamente necesarios para las personas con discapacidad y sus familias. Debe estar regulado, al igual que la natación o la equinoterapia. Es fundamental que el acompañamiento terapéutico, tanto domiciliario como escolar, cuente con una regulación adecuada.

A — Otro aspecto significativo en este proyecto de ley -personalmente me resultó chocante- que la calificación del mismo sea "CONTRA EL FRAUDE DE PERSONAS POR INVALIDEZ", dando a entender que las personas que poseen este beneficio son quasi-delincuentes ¿Qué opinión te merece?

J O —

Sí, así lo titulan con letras mayúsculas y ya estamos en un momento del debate en el que es necesario empezar a cambiar esas calificaciones que han quedado perimidas. Así lo presentan, pero en realidad se trata de una persecución contra personas que merecen y tienen el derecho a una pensión.

A — Sí, de hecho, he pasado por esa situación. En el nomenclador nacional el servicio de Acompañante Terapéutico no está codificado, no figura como una práctica nomenclada. Desconozco el motivo, porque la prepaga de mi hijo nunca brindó una explicación, y en su momento tuvimos que recurrir a la ayuda de la familia para poder pagarlo. Es tierra de nadie, y quien brinda el servicio necesita una remuneración digna para vivir.

J O — El día miércoles pasado estuvimos en una movilización que se hizo a nivel nacional, nos congregamos aquí, en la Plaza San Martín y en Buenos Aires, se hizo en las puertas del Ministerio de Salud que en este momento es el responsable de no abonar a las Instituciones, más allá de Economía, no está designando el presupuesto correspondiente.

Uno de los puntos de la lucha es precisamente el nomenclador nacional de prestaciones, dejaríamos de tener uno universal y esto significaría, que todos los prestadores del país estaríamos cobrando los mismos valores por atender a cualquier persona que tenga CUD -Certificado Unico de Discapacidad- y con cualquier Obra Social.

Con esto, lo que se busca en "la letra chica" es que cada provincia, obra social, PAMI, etc. determine cuánto va a pagar al prestador. Entonces, lo que sucederá —una vez más— es que se vulnerarán los derechos de quienes menos tienen. Porque, ¿qué harán los prestadores y las instituciones? Dar prioridad a los beneficiarios de las obras sociales que mejor paguen, que no tengan grandes retrasos… y, otra vez, se dejará de lado a quienes más lo necesitan. Con el agravante de que, por ejemplo, en las localidades pequeñas donde casi no hay opciones para brindar estos servicios, las personas con discapacidad quedarían sin asistencia, sin prestaciones y sin espacios de contención.

Por supuesto estamos de acuerdo en que los controles deben realizarse para evitar situaciones que distorsionen su sentido para que ese beneficio sea utilizado por quien realmente lo requiere, pero esto ya es una persecución. Te doy un ejemplo: a una de las personas adultas que asiste a nuestro Centro, de 50 años y con Síndrome de Down, le solicitaron un análisis genético como requisito para otorgarle la prestación. En mi opinión, este requisito es innecesario y constituye un abuso hacia la persona con discapacidad. Es sabido que el Síndrome de Down presenta características físicas muy visibles y, además, en el caso de esta persona, ese estudio genético se realizó hace 50 años. ¿Qué familia conserva esa documentación durante tanto tiempo?

A — Si, es notorio que tratan -por decirlo en la jerga popular- de "poner palos en la rueda" para que las cuentas den como pretende el jefe de Estado y sus ministros.

Otro punto en discusión es que pretenden desconocer la inclusión laboral reconocida en LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD cuando el individuo tiene otorgada una pensión ¿qué reflexión te merece?

J O — Sí, aducen que es incompatible el trabajo formal cuando la persona tiene una pensión por discapacidad, el argumento es que si alguien la solicita es "porque no puede trabajar". En esto hay que considerar que el beneficio es una ayuda para las familias de menos recursos que tienen mayores gastos en todo, transporte y cuestiones varias.

A — Te invitamos a explayarte sobre lo que consideres oportuno agregar.

J O —

Otro tema de enorme importancia es la falta de entrega de insumos, como pañales, prótesis, ortesis y, algo aún más preocupante, la llamada "alimentación alternativa". Se trata de niñas y niños que se alimentan por sonda nasogástrica o por botón y que requieren una nutrición muy específica, la cual PAMI ni INCLUIR SALUD están proveyendo, y que además tiene un costo muy elevado.

Quiero expresar que esto es una vulneración de derechos para las personas con discapacidad, lo considero una falta de respeto hacia las familias y las Instituciones.

Si me permitís, deseo agregar que hoy me impactó profundamente una publicación que leí en redes sociales, donde una institución muy grande, con muchos años de trayectoria en la temática, tuvo que recurrir a un bono contribución para poder solventar los sueldos de los profesionales y brindar alimento a sus concurrentes. Esto resulta sumamente grave y lamentable.  

Por último manifestar el deseo de que esta lucha se multiplique, que se sumen las familias, tengan o no esta situación, ya sea apoyando con bocinazos cuando nos vean movilizandonos, con carteles de apoyo en sus vehículos o en sus domicilios, visibilizando la protesta para que crezca y llegue con más fuerza a las autoridades.

Fue Mirtha Susana Rodríguez desde Santa Rosa, La Pampa, para el Movimiento Alternativa.

Edición de Audio: HORACIO MUÑOZ DE TORO

Correcciones y Edición Web: SILVANA LAZZARÍN