MENDOZA RESISTE POR EL AGUA Y LOS GLACIARES, ANTE LA IRRESPONSABILIDAD DE ALFREDO CORNEJO

30.12.2025

En virtud de todos los acontecimientos que se vienen desarrollando en Mendoza en donde se está poniendo cada vez más en riesgo la fuente de agua que tiene esa provincia, que ya de por sí es de un 4% respecto al total del territorio, hemos invitado a nuevamente a Federico Soria, miembro de la Asamblea de Vecinos de Uspallata en defensa del Agua y que también es profesional en turismo y conservación ambiental, y es uno de los criminalizados por la administración de Alfredo Cornejo.

A — Fede te queremos escuchar sobre los acontecimientos de este cierre de año.

F — Para tratar de resumir un poco, el día 23 pasado se realizó una movilización en Mendoza donde las asambleas tanto del Gran Mendoza como de distintos puntos de la provincia convergimos ahí en el centro de Mendoza, primero para reclamar la libertad de los compañeros que todavía hasta ese momento estaban presos, los hermanos Renzo y Facundo Goyano, que precisamente ese mismo día y mientras se estaba realizando la movilización fueron puestos en libertad bajo fianza, y después para arribar a la casa de gobierno en una columna de entre 8 y 10 mil personas para reclamar al gobernador Alfredo Cornejo, a quien se le dirigió un petitorio en donde se le solicitó la derogación del paquete de leyes mineras aprobado aquel martes negro en la legislatura de Mendoza y que fuera promulgado y publicado en el boletín oficial días después. También se solicitó que los diputados y senadores nacionales que representan a su espacio político en el Congreso Nacional no voten la modificación de la ley de glaciares cuando se trate y se solicitó la liberación de los hermanos Goyano, -que ya habían sido liberados- y el desprocesamiento de los 22 presos políticos, entre los cuales me incluyo obviamente.

Hasta ahora somos 22 presos que seguimos con causas armadas por el gobierno de Mendoza por cuenta y orden de la minera San Jorge, y además se exigió, la sanción del proyecto de ley de creación del área natural protegida Upallata-Polvaredas. Este petitorio fue firmado por alrededor de 100 organizaciones y ese día no lo pudimos entregar, pero se entregó el siguiente día hábil, que fue el viernes pasado, en Casa de Gobierno y se ingresó al sistema de trámites electrónicos para que le llegue al gobernador. Eso por un lado, y por el otro, la presentación de tres amparos en la justicia de Mendoza para solicitar la anulación o la nulidad de la ley de aprobación de la declaración de impacto ambiental de Minera San Jorge.

Los tres amparos que se presentaron son completamente distintos. Uno ataca el uso, uno fue interpuesto por un vecino de Upallata y ataca el uso del agua del arroyo Tigre del cual la minera ha medido su caudal entre el año 2008 y 2011, nada más, obviando todo el periodo hasta la actualidad.

En Mendoza se ha producido una crisis hídrica por efecto del cambio climático, lo cual compromete el caudal del arroyo y obviamente la minera no va a poder cumplir la promesa de usar solamente una parte del caudal y tampoco, el caudal que actualmente el arroyo está llevando o lo que se puede inferir de acuerdo a la crisis hídrica y la disminución de los caudales medidos de los ríos de Mendoza, ni siquiera todo el caudal del arroyo le puede alcanzar, con lo cual la minera evidentemente debe tener otra fuente de agua que no la está revelando.

El otro amparo fue porque la declaración de impacto ambiental aprobada es condicionada, lo cual viola la Ley General del Ambiente 25.675 en su artículo número 12, que dice que las aprobaciones ambientales, tienen que ser por la afirmativa o por el rechazo, no puede haber estudios condicionados o incompletos a completar a futuro.

Y el último amparo fue interpuesto por una ONG ambientalista y la comunidad Huarpe Guaytamari de Uspallata por violación al derecho indígena y a los derechos de la naturaleza. O sea, el procedimiento de consentimiento libre, previo e informado a los pueblos originarios se llevó a cabo en el caso de la comunidad Huarpe Guaytamari y las comunidades huarpes de la cuenca del río Mendoza, pero en condiciones que no están, -digamos- de acuerdo al convenio 169 de la OIT, no fue ni previa, ni libre, ni informada la consulta y además, el resultado fue negativo.

El resultado de la consulta fue negativo pero el gobierno de Mendoza envió a la legislatura la declaración de impacto ambiental sin haber esperado el consentimiento de los pueblos originarios, por lo cual hay una violación, no sólo del convenio 169, sino del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.

Por lo que en esos tres amparos se solicita la medida de "no innovar" y debería ser respondida en el transcurso del día de la fecha por la justicia, si son admitidos, el gobierno tiene tres días para contestarlo. Hasta el momento no tenemos ninguna novedad.

También se ha presentado un recurso de "inconstitucionalidad" por considerar que la ley de aprobación de la declaración de impacto ambiental es arbitraria. De todos modos, en el caso de los amparos, el período vencía el viernes, por eso se presentaron en esa fecha los tres, pero los recursos de inconstitucionalidad todavía se pueden presentar hasta el día 9 de enero, con lo cual está previsto que se presenten más todavía. La investigación judicial sigue vigente y además las denuncias penales que se van a poder presentar ya que no tienen fecha de vencimiento.

Hay todo un plan de lucha que se va a llevar a cabo a nivel provincial y en cada uno de los territorios que siguen ofreciendo resistencia a esta arremetida mega minera del gobernador Alfredo Cornejo.

A — Ustedes respiran que hay alguna globalidad en el consenso de frenar todas estas iniciativas mineras, porque sabemos muy bien, que dividen la sociedad ante la promesa de desarrollo, de trabajo, de un montón de cosas. Ya en el 2019 demostraron que cuando el pueblo se une y se manifiesta, se pueden conseguir las cosas. Cómo percibís en este momento la situación, siendo una etapa tan especial del año donde la gente por ahí está en otra sintonía.

F — Sí, exactamente. Esto último que vos decís se siente concretamente. Obviamente no es la situación del 2019, tenemos una arremetida a nivel oficial.

El gobierno controla todos los poderes del Estado, la legislatura, el Poder Judicial que también está completamente controlado con toda la fiscalía y todos los jueces que prácticamente responden al gobernador Alfredo Cornejo.

Por lo cual es mucho más complicado, pero en la sociedad mendocina, en el pueblo, hay un rechazo masivo que sigue vigente, a pesar de además, del bombardeo mediático de los medios hegemónicos que están comprados, que están pautados, una pauta multimillonaria y un bombardeo permanente. Pero el pueblo sigue ofreciendo resistencia, esto evidentemente, va a ser una lucha larga a la estamos abocados en este momento.