Arrecian las denuncias sobre la desaparición de miles de migrantes por la acción del ICE
Son recurrentes las acusaciones sobre la cruzada inhumana del gobierno de EE UU. Por ejemplo, el borrado de detenidos de los registros informáticos, o siniestros episodios observados en el presidio subterráneo de Laredo, Texas, al que llaman la "congeladora". El caso de la argentina Ernestina Pavlovsky.
Por Andrés Gaudin
El gobierno norteamericano de Donald Trump avanza en su cruzada inhumana contra los pobres y ahora acude, como las recientes dictaduras del Cono Sur, a la desaparición de sus prisioneros, en este caso un paso previo a la deportación. Universidades, asociaciones de juristas y familiares denunciaron la "evaporación" de miles de migrantes secuestrados por el Immigration and Customs Enforcement's (ICE) que fueron borrados de su sistema de localización en línea, y ya hablan de "una política de terrorismo de Estado" implementada especialmente contra los migrantes americanos. Tal es el caso de la argentina Ernestina Pavlovsky, a la que mantuvieron durante más de 40 días en el encierro de Laredo, en Texas, un presidio subterráneo al que los detenidos llaman la "congeladora" o la "hielera".
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AEAI) denunció que el borrado de los detenidos de los registros informáticos del ICE es una práctica perversa que marca un giro radical en la política regresiva, al hacer que miles de detenidos sean difíciles de rastrear y potencialmente incapaces de ejercer sus opciones legales. Esta mecánica que se aplica a los inmigrantes cazados por el ICE en las calles, lugares de trabajo, centros educativos o sitios religiosos, y que ya recibieron orden de expulsión de un tribunal, acelera la deportación al dificultar la presentación en fecha de cualquier impugnación legal.
Según los precarios registros del Deportation Data Proyect de la Universidad de California, en julio había casi 16 mil personas en tal situación, sólo en ese estado del oeste.
Al esfuerzo por ocultar la ubicación de las víctimas se suma la forma con la que el gobierno hace cada vez más difícil la vida de los prisioneros y sus familias, al tiempo que incrementó la presión para que renuncien a realizar apelaciones y pidan la autodeportación (vale otra vez el caso de Pavlovsky). Como consecuencia de la nueva política, abogados y familiares pierden el rastro de sus representados y parientes. Generalmente, esta sucesión de cambios de lugar de detención es el paso previo al envío a los países de origen o a terceros países donde no tienen raíces familiares o culturales. Tal es el caso de dos haitianos deportados a Swazilandia (ahora Esuatini), una excolonia británica del sureste de África, sin costa marítima y poco más de 17 mil km2 de superficie.
El Departamento de Seguridad Nacional, matriz del ICE, sostiene que las personas sujetas a órdenes finales de expulsión recibieron el debido proceso. Eso significa que un juez de inmigración ordenó su expulsión tras una audiencia sumaria, un grotesco procedimiento de simulación de vigencia del estado de derecho. El National Inmigration Proyect (NIP) completa la información de la Universidad de California y señala que en julio había en todo el país más de 65 mil personas con orden de deportación, pero desaparecida, de las cuales el 30% probablemente ya tenga el dictado final de expulsión. "Para nosotros es otra forma de hacer desaparecer a la gente. ¿Por qué haríamos eso? Si lo escucháramos en otro país lo llamaríamos desaparición forzada", señaló Michele Méndez, directora del NIP.
El terrorismo de Estado del país autodefinido como faro de la libertad trasciende sus propias fronteras. Según una alianza entre Forbidden Stories (Historias Prohibidas) y un consorcio de periodistas de investigación, en lo que va del año Estados Unidos deportó a al menos 25.447 personas mediante acuerdos secretos con 35 países que, tras "embolsar" una paga por ello, aceptaron recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, en su mayoría africanas.
Como si se tratara de una operación de compraventa de mercaderías, una dependencia de la cancillería conducida por Marco Rubio, la Oficina de Remigración, fue dotada con una partida de 410 millones de dólares para "comprar" gobiernos. Al margen de México y Brasil, donde los expulsados fueron aceptados por razones humanitarias, la oficina de la cancillería firmó acuerdos con 27 países de América Latina, Asia y África. En estos casos los tratos varían, incluso en cuanto a la nacionalidad de los deportados a ser recibidos y si se aceptan personas con antecedentes penales. Una investigación de la France-Presse (AFP) de principios de año había revelado que durante las negociaciones Estados Unidos amenazó con la limitación de la concesión de visas para "ablandar" a los países africanos.
El terrorismo de Estado del país autodefinido como faro de la libertad trasciende sus propias fronteras. Según una alianza entre Forbidden Stories (Historias Prohibidas) y un consorcio de periodistas de investigación, en lo que va del año Estados Unidos deportó a al menos 25.447 personas mediante acuerdos secretos con 35 países que, tras "embolsar" una paga por ello, aceptaron recibir a migrantes que no tienen vínculos con esas naciones, en su mayoría africanas.
Como si se tratara de una operación de compraventa de mercaderías, una dependencia de la cancillería conducida por Marco Rubio, la Oficina de Remigración, fue dotada con una partida de 410 millones de dólares para "comprar" gobiernos. Al margen de México y Brasil, donde los expulsados fueron aceptados por razones humanitarias, la oficina de la cancillería firmó acuerdos con 27 países de América Latina, Asia y África. En estos casos los tratos varían, incluso en cuanto a la nacionalidad de los deportados a ser recibidos y si se aceptan personas con antecedentes penales. Una investigación de la France-Presse (AFP) de principios de año había revelado que durante las negociaciones Estados Unidos amenazó con la limitación de la concesión de visas para "ablandar" a los países africanos.
El informe de Forbidden señaló que 49 de los 54 países de África fueron "tocados" (tentados) para ver si estaban dispuestos a aceptar a deportados de terceros países. Las negociaciones fueron encaminadas por el titular de la Oficina de Remigración, Christian Jove Ehrhardt, un ex agente de seguridad designado por Trump. El informe se detuvo en reseñar los detalles del acuerdo negociado con Camerún, con el que en diciembre pasado se firmó un memorándum de entendimiento por el cual el país africano aceptaría deportados sin costo, gratis. Claro, tuvo una contrapartida. Una semana después firmó otro acuerdo por 30 millones de dólares para que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) facilite "el retorno voluntario de refugiados y combatir la inmigración ilegal". El primer avión con deportados llegó a Camerún el 14 de enero.
Otros acuerdos incluyen el pago directo a los gobiernos. Palau, una pequeña nación insular del Pacífico, con una población de menos de 18 mil habitantes, firmó en diciembre 2025 un memorándum para recibir a 75 ciudadanos de cualquier país a cambio de 7,5 millones de dólares, apenas 100 mil por cada uno. A Swazilandia ya llegaron 32 de un total de 160 personas incluidas en un acuerdo por 5 millones de dólares, sólo 31,250 dólares per cápita, y además el país acepta deportados con antecedentes penales. Entre los desaparecidos de los registros informáticos hay un grupo de somalíes detenidos desde no se sabe cuándo en la base naval de Guantánamo, territorio usurpado a Cuba a principios del siglo pasado. Pero aparentemente no se firmó ningún acuerdo con Somalía. «
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