Bolivia extendió el estado de excepción y Evo denunció que habrá más represión
El Parlamento boliviano aprobó este jueves a la madrugada la extensión del estado de excepción por 90 días, que ya estaba vigente desde junio, por petición del presidente Rodrigo Paz Pereira.
El pleno de la Asamblea Plurinacional de Bolivia (APB) votó este jueves por la madrugada la extensión por 90 días del estado de excepción en todo el país, que ya estaba fijado desde junio y cuyo plazo original terminó ayer. La medida contó con el apoyo de los legisladores del oficialismo y algunos aliados. La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) votó en contra y el ex presidente Evo Morales rechazó la iniciativa en sus redes sociales.
Las calles de Bolivia se mantienen en estado de alerta y movilización desde principios de este año. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira, presidente electo a fines de 2025, enfrenta críticas y manifestaciones públicas desde diciembre pasado. El 2026 arrancó con cortes de ruta en todo el país y con una fuerte política represiva que incluyó heridos, denuncias de muertos y pedidos de renuncia contra el mandatario y su gabinete. A esto se sumaron las denuncias y vinculaciones del Gobierno con casos de corrupción regional, como fue el caso del empresario de medios argentino Fernando Cerimedo, quien trabajó para Paz Pereira como él mismo reconoció días después del escándalo.
Frente a este panorama de tensión y cruces públicos, el gobierno pidió al Parlamento en junio el estado de excepción por tres meses, lo que les fue concedido y ahora fue ampliado "con carácter preventivo" por otro trimestre, es decir, hasta la segunda mitad de diciembre. La propuesta contó con el apoyo de 100 de 158 legisladores, es decir, superó por 21 votos el piso mínimo necesario para su promulgación. A favor votaron casi todos los parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el partido de Paz, aparte de tener el acompañamiento de las bancadas del derechista Autonomía para Bolivia-Súmate (APB-Súmate) y del bloque Libre.
En contra votaron los legisladores del MAS, tanto la facción que responde al ex presidente Luis Arce (llamados "arcistas") como los que responden a Evo Morales (llamados "evistas").
Rechazo en la oposición y en la población civil
La politóloga y analista política boliviana Natalia Aparicio explicó a este portal que más allá de las votaciones en el Parlamento, hubo "notables repercusiones" en todo el arco político local. Advirtió que, por un lado, la izquierda boliviana y los movimientos sociales "que no necesariamente" están a la izquierda se oponen porque consideran que el estado de excepción "no solucionó ninguno de los problemas que originó los 53 días de protestas que hubo en el país".
"Las agrupaciones sindicales que están dentro de la Central Obrera Boliviana (COT) y otras confederaciones sociales están disconformes con el gobierno porque no pudieron dotar de combustibles a la población. Las colas persistieron y no aflojaron pese a las promesas del Gobierno de Paz", advirtió Aparicio.
Pero aparte de los sindicatos y la izquierda, Paz enfrenta críticas por derecha. La politóloga explicó a este medio que la derecha "no mira con buenos ojos esta iniciativa" porque, según ellos, Bolivia "necesita sí o sí enfrentarse a una reforma constitucional", lo cual se vería demorado por esta iniciativa. Según la Constitución boliviana en su artículo 140, la carta magna "no se puede reformar mientras aplique el Estado de Excepción" por disposición del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la politóloga afirmó que la medida es "inconstitucional" porque, según la propia ley suprema del país altiplano, "un estado de excepción de ninguna manera es preventivo". "Solamente en el caso boliviano tiene que ser en caso de seguridad extranjera, si es que hay algún problema extranjero, un tipo de guerra y demás cuestiones como un acto de conmoción interna o desastre natural. No estamos viviendo ninguna de las tres causales para este pedido", agregó la analista política.
"La solución posible es que el Gobierno verdaderamente empiece a hacer gestión y se puedan esclarecer todos los casos de corrupción, como sucedió con el caso de Fernando Cerimedo y el caso de la gasolina basura, que son pues casos que han sido muy sonados en Bolivia y que han tenido su repercusión incluso internacional", concluyó Aparicio a El Destape.
Los argumentos del Gobierno para la extensión del decreto
La solicitud del oficialismo partió del Decreto Supremo 5707, que fue aprobado el lunes pasado e impulsó la decisión del Gobierno de sostener las restricciones de la excepcionalidad para "evitar la reactivación de focos de desestabilización del sistema democrático". Cabe destacar que desde el comienzo de las protestas, desde La Paz aseguran que hay una "voluntad política de ciertos sectores" de querer "atentar contra la democracia" boliviana.
La presentación ante la APB de la necesidad de extender la excepcionalidad en Bolivia la hicieron el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el titular de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ambos miembros del gabinete y del círculo íntimo del presidente Paz, quienes ya habían hecho la presentación del pedido de excepción en junio.
Según Oviedo, la necesidad de ampliar el estado de excepción parte de "los informes presentados por las distintas fuerzas" de seguridad bolivianas, en lo que enumeró "ocho relevos remitidos por el Comando General de la Policía; dos por el Ministerio de Gobierno; uno por las Fuerzas Armadas y uno por el Ministerio de Defensa". Todos ellos, tal como indicó, identificaron "factores de riesgo vigentes" contra "la tranquilidad" del país.
La reacción de Evo Morales: "¿Para qué 90 días más?"
El ex mandatario y líder opositor Evo Morales se refirió en sus redes sociales a la medida. Afirmó en su cuenta de X que sólo servirá "para seguir reprimiendo al pueblo" mientras desde el Gobierno "roban, privatizan, hipotecan el país y promulgan normas inconstitucionales". En esa línea, advirtió que "de ninguna manera" la medida "resolverá la crisis económica" ni tampoco "bajará los precios de los alimentos y combustibles"
"El Gobierno usó el estado de excepción para contener la protesta social frente a la corrupción, el narcotráfico, el incremento de precios en la canasta familiar y la escasez de combustibles", añadió al final de su mensaje.
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