Claudia Sheinbaum: la presidenta serena
A casi un año de gobierno, Claudia Sheinbaum se consolida con un estilo sereno y firme, distinto al de su antecesor. Su liderazgo enfrenta tensiones internas, señales de enfriamiento económico y una grave crisis humanitaria. Entre la sombra de López Obrador y la presión arancelaria de Trump, la presidenta mexicana navega tiempos complejos, pero conserva una altísima popularidad.
Por Cecilia González
A punto de cumplir un año en la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum encarna un liderazgo político que contrasta de forma tajante con los gritos, los exabruptos y la adicción a las redes sociales que caracterizan a varios de sus pares continentales: desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Gustavo Petro en Colombia, pasando por Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador.
Sheinbaum no alza la voz, no insulta, no se exalta. Sin sobreactuaciones, profesa y exige respeto. Ese tono contenido le basta para marcar distancia con el estilo pendenciero que se ha convertido en una marca de época. También se diferencia del enfoque confrontativo que definió a Andrés Manuel López Obrador. Aunque conservó las conferencias de prensa matutinas -claves para moldear la agenda pública-, Sheinbaum les imprimió otro sello: más breves, sin monólogos interminables, con respuestas amables y concretas. Salvo un par de cruces con periodistas, no ha fomentado un clima de tensión constante. Su crítica a la prensa, tanto nacional como internacional, es frecuente, pero sin caer en los ataques personales que prodigaba su antecesor.
Con ese tono sereno pero firme, Sheinbaum mantiene un vínculo prudente con Trump, quien no pierde ocasión para denostar a México. Frente a sus desplantes, la presidenta responde con un mantra: cooperación y colaboración sí, pero sin subordinación. Una relación entre iguales. Aunque asumieron con apenas dos meses y medio de diferencia -ella el 1 de octubre de 2024; él, el 20 de enero de 2025-, aún no se han reunido cara a cara, pero sí han mantenido varias llamadas telefónicas, con resultados favorables para Sheinbaum: cada vez que las amenazas arancelarias parecen inminentes, logra negociaciones que postergan las sanciones y mantienen el diálogo. Trump, incluso, ha sorprendido al prodigarle halagos a la mandataria de izquierda: la ha descrito como «maravillosa», «fantástica», «elegante y buena». Nada que ver con las humillaciones dirigidas al ex-primer ministro canadiense Justin Trudeau ni con los insultos hacia otros líderes que no se le someten.
Sheinbaum repite una y otra vez que en política hay que tener la «cabeza fría» y que no piensa pelearse con Trump. Eso no significa que guarde silencio ante las descalificaciones. «No somos piñata de nadie», advirtió cuando Estados Unidos sancionó a bancos mexicanos por presunto lavado de dinero. La relación bilateral representa uno de sus mayores desafíos: Estados Unidos es el principal socio comercial de México y viceversa, y ambos países, junto con Canadá, siguen atados al T-MEC, un tratado que permanece en vilo desde el regreso de Trump y su agenda proteccionista. Para una economía tan interconectada, la estabilidad de ese vínculo es crucial.
El capital político de Sheinbaum es sólido: su popularidad oscila entre 70% y 80%, cifras incluso superiores a las que tuvo López Obrador en su mejor momento. La oposición es débil y no logra construir un contrapeso al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que no solo ganó la Presidencia por segunda vez, sino que obtuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso y tendrá, a partir del 1 de septiembre, una presencia decisiva en la Suprema Corte de Justicia tras la polémica elección para designar a todos los miembros del Poder Judicial por voto popular. Por primera vez, la Corte, en la que siempre predominó el clasismo, será presidida por un juez indígena, Hugo Aguilar. Seis de sus nueve integrantes (cinco mujeres, cuatro varones) tienen vínculos previos con el oficialismo. Sheinbaum insiste en que se trata de una democratización del Poder Judicial. Resta ver si estos órganos actuarán con independencia o si se sujetarán a los designios del gobierno.
Estancamiento económico
Sheinbaum suele presumir de la solidez de la economía mexicana. Subraya, por ejemplo, que el peso no se devaluó como muchos auguraban, incluso tras la escalada comercial de Trump. Al contrario, la moneda mexicana se ha apreciado cerca de 10% en lo que va del año. También destaca una inversión extranjera directa récord de 21.400 millones de dólares en el primer trimestre de 2025 y una tasa de desempleo de 2,5%, una de las más bajas de la región.
Sin embargo, en estos diez meses de gobierno la presidenta no ha logrado superar los signos de estancamiento de la economía. Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró sus previsiones y pasó de una contracción de 0,3% a un crecimiento marginal de 0,2% para 2025, la cifra es insuficiente para sostener una imagen de despegue económico. La Secretaría de Hacienda mantiene una proyección más optimista (1,5% a 2,3%), pero para alcanzarla, el ritmo de crecimiento tendría que acelerarse bruscamente. La inflación, mientras tanto, se mantiene en alerta aunque se moderó en julio, cuando alcanzó una tasa anual de 3,55%.
Sheinbaum considera que el crecimiento del PIB es un indicador insuficiente para valorar mejoras sociales, porque no refleja el aumento de salarios, el bienestar de la gente o la disminución de la pobreza y la desigualdad. A fines de julio, destacó que si hace dos décadas los más ricos ganaban 35 veces más que los más pobres, los gobiernos de Morena redujeron esa brecha a 14 veces, y prometió seguir reduciéndola. Su objetivo es consolidar los avances sociales del obradorismo, que sacó a 10 millones de personas de la pobreza. Pero para consolidar los logros sociales de la izquierda mexicana, la presidenta necesita fortalecer la economía.
Por eso ha diseñado una estrategia a dos vías. Por un lado, sostiene las negociaciones con Estados Unidos para evitar los tan temidos aranceles, defender a los migrantes mexicanos y recordar la responsabilidad de ese país (líder en consumo de drogas ilegales y tráfico de armas a México) en la violencia narco. Por otro, avanza en el Plan México, que busca apuntalar la industria nacional y diversificar el intercambio comercial con otros países y regiones para morigerar la dependencia con Estados Unidos.
La crisis humanitaria
Uno de los mayores desafíos de Sheinbaum es la crisis humanitaria que arrastra México desde 2006, cuando el ex-presidente conservador Felipe Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico. La política de Calderón, lejos de resolver, empeoró la situación: desde entonces, la violencia se ha desbordado y las violaciones a los derechos humanos se acumulan. Los datos oficiales reconocen que actualmente hay más de 130.000 personas desaparecidas, a lo que se suman las miles de fosas clandestinas encontradas en todo el país y la crisis forense que se traduce en que más de 70.000 cuerpos permanezcan sin identificar porque no hay morgues suficientes para albergarlos, ni especialistas para reconocerlos.
La catástrofe no cesa. En los primeros ocho meses del gobierno de Sheinbaum ya hubo más de 20.000 reportes de desapariciones, pero las luces de alarma entre los colectivos se encendieron cuando la presidenta anunció que se realizaría un nuevo padrón de víctimas. Temen que se quieran manipular las cifras para reducir el número de desaparecidos.
La desconfianza hacia las políticas de derechos humanos se acentuó con la reacción del gobierno cuando, en marzo pasado, se descubrió el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Otra vez fueron los colectivos de familiares de desaparecidos, no las autoridades, quienes develaron el horror que recorre México. Encontraron montañas de ropa, zapatos y mochilas polvorientas, sin dueños. También restos humanos. Algunos medios compararon las imágenes con las de los campos de concentración nazis y advirtieron que este podría ser el Ayotzinapa de Sheinbaum, es decir, un símbolo de violencia e impunidad, en referencia a los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, un crimen de lesa humanidad que sigue sin resolverse.
«Teuchitlán no será mi talón de Aquiles», aseguró la presidenta, quien se preocupó más por cuidar la imagen del gobierno que por atender a los familiares de desaparecidos que fueron revictimizados en este duro episodio. En el afán de demostrar que no se trataba de un centro de exterminio, como denunciaban los medios, la Fiscalía General de la República invitó a periodistas a recorrer el rancho. Se sumaron familiares, sobre todo las madres buscadoras, con la esperanza de encontrar huellas de sus hijos desaparecidos. Pero solo recibieron maltratos. Además de que la visita se realizó en tropel, sin control alguno y que se alteró la escena del crimen, ningún funcionario atendió a las madres ni les dio respuestas.
Al salir, ellas denunciaron que se había tratado de «una burla», «un show», «un teatro», «un circo», «un tour del horror», «una simulación», «una emboscada». Nada nuevo. Ya habían sufrido esa indolencia con López Obrador. Al otro día, en una vergonzosa conferencia mañanera, Sheinbaum les preguntó a los periodistas oficialistas qué habían visto en Teuchitlán y estos, convertidos en repentinos peritos forenses, le respondieron que, efectivamente, como ella decía, no había ningún centro de exterminio narco.
De las víctimas se habló poco y nada porque la prioridad era cuidar la imagen del gobierno. Todavía no hay una explicación suficiente para entender por qué el ex-presidente y la presidenta de gobiernos de izquierda supuestamente comprometidos con los derechos humanos no abrazan esta causa y a sus víctimas. Periodistas especializados en la cobertura de la violencia narco sospechan de presiones y acuerdos con el Ejército mexicano, que no querría que se investigaran delitos de lesa humanidad. No en balde López Obrador les otorgó a los militares más poder económico y político del que nunca tuvieron. En esta materia, el ex-presidente dejó un saldo negativo: terminó descalificando a los colectivos y sin cumplir con su promesa de resolver el caso Ayotzinapa. Sheinbaum, quien ha retomado el compromiso de verdad y justicia para los 43 estudiantes, ha dejado la atención del resto de las miles de familias de desaparecidos a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Son muchos los pendientes y las decepciones.
Lo que sí permitió Teuchitlán fue que el gobierno reconociera una faceta criminal de la que hasta ahora se hablaba poco: el reclutamiento forzado que llevan a cabo los carteles. A través de las redes sociales, estos ofrecen falsas ofertas de trabajo a hombres jóvenes que luego son secuestrados y entrenados como sicarios para incorporarlos a sus filas, que ya operan de manera transnacional, pues han captado a ex-militares colombianos para formar tropas de elite. Los testimonios de los sobrevivientes que han logrado escapar, mexicanos y colombianos, son dantescos.
De ese tamaño es el reto de Sheinbaum para pacificar a un país que, cuando comenzó a gobernar, ya padecía un fuerte enfrentamiento en Sinaloa por la disputa del Cartel del Pacífico, una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina, que enfrenta una crisis desde la detención y condena de Joaquín «El Chapo» Guzmán y la posterior captura de dos de sus hijos, Ovidio y Joaquín Guzmán López, y su ex-socio, Ismael «El Mayo» Zambada. Casi un año después, el saldo en Sinaloa fue de casi 2.000 personas asesinadas, una sociedad desgastada y atemorizada, y una violencia sin fin.
«Vamos a pacificar Sinaloa», promete una y otra vez Sheinbaum, apoyada en la reducción de homicidios dolosos que ha logrado a escala nacional en poco más de 10 meses de gobierno. Pero la historia ha demostrado que los carteles mutan, pero no mueren. Los liderazgos solo se sustituyen porque se trata de un negocio multimillonario y multicausal. Por eso, la lista de reclamos de Sheinbaum a Trump en estos meses ha sido larga. Le ha pedido que reconozca la responsabilidad de Estados Unidos como país líder en consumo; que atienda las causas, no solo las consecuencias; que lo aborde como un problema de salud, no solo policial; que detenga el tráfico de armas a México; que asuma que la epidemia de consumo de fentanilo fue provocada por los laboratorios estadounidenses, como lo han demostrado investigaciones judiciales de ese país; que explique por qué la justicia de Estados Unidos negocia con narcos como los hijos de «El Chapo» para beneficiarlos con la reducción de condenas, a pesar de que los considera terroristas; que informe cuántos narcos detiene en Estados Unidos. Pero Trump no cede, culpa de manera casi excluyente a los carteles mexicanos y repite políticas de drogas (basadas en el prohibicionismo, la criminalización de los usuarios y la militarización) que acumulan más de un siglo de fracasos.
Las fisuras internas
En el plano doméstico, a falta de oposición, los dolores de cabeza para Sheinbaum provienen de las entrañas de Morena. Mientras ella reitera a diario discursos sobre austeridad, humildad y honestidad como principios partidarios irrebatibles para permanecer cerca del pueblo, en un país en el que casi 50 millones de personas viven en la pobreza, se multiplican los casos de dirigentes que provocan escándalos con ostentosos viajes. Las fotos del presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en primera clase en un vuelo a París; del secretario de Educación, Mario Delgado, en Lisboa; y del líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en Madrid, entre otros políticos oficialistas que descansaron en Europa, provocaron revuelo porque contradicen el discurso de la presidenta.
Para peor, luego se les sumó Andrés López Beltrán, el hijo de López Obrador que, además, hoy es secretario de Organización de Morena, y que fue descubierto en un viaje de placer en Tokio, donde se hospedó en un hotel cinco estrellas y luego se fue de compras a una tienda de la lujosa firma italiana Prada. El escándalo más grave, y que supera con creces cuestiones de imagen, lo protagoniza Adán Augusto López Hernández, uno de los dirigentes más importantes de Morena que quedó envuelto en un caso de narcopolítica que pone en jaque la promesa de honestidad y cero impunidad del gobierno de Sheinbaum.
López Hernández nació en Tabasco, el estado natal del ex-presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con quien forjó una añeja amistad y carreras políticas paralelas. En 2021 renunció a la gubernatura de Tabasco para aceptar la propuesta de López Obrador de asumir como secretario de Gobernación, el cargo político más importante después de la Presidencia. Luego intentó disputar la candidatura presidencial de Morena que, al final, ganó Sheinbaum. Apenas comenzó este gobierno, asumió como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y se consolidó como uno de los políticos de mayor peso en el país. El problema es que, cuando fue gobernador de Tabasco (2019-2021), López Hernández designó como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, quien en julio fue acusado de liderar «La Barredora», una organización criminal aliada al Cartel Jalisco Nueva Generación. El ex-funcionario se encuentra prófugo y con orden de captura internacional.
La crisis para Sheinbaum estalló de inmediato. Fue ella la que tuvo que responder a diario a la prensa en sus conferencias mañaneras, ya que el senador optó por esconderse durante varios días, hasta que reapareció para denunciar una campaña de «politiquería». La oposición aprovechó para comparar a Bermúdez Requena con Genaro García Luna, el ex-secretario de Seguridad de Calderón que cumple una condena en Estados Unidos por complicidad con el Cartel de Sinaloa. Durante años, los morenistas advirtieron que Calderón no podía no saber lo que hacía García Luna. Ahora los opositores repiten ese argumento con López Hernández.
«No vamos a proteger a nadie», prometió Sheinbaum, pero su palabra está a prueba.
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