Contra el derecho internacional y dirigida por un criminal de guerra, la armada israelí interceptó la flotilla humanitaria
Las fuerzas navales israelíes interceptaron nuevamente este lunes a la Flotilla Global Sumud mientras avanzaba rumbo a Gaza con ayuda humanitaria y centenares de activistas internacionales a bordo. En la mañana del 18 de mayo todavía no esta confirmada si han abordado el total de las embarcaciones.
Por ANRed
La operación militar, ordenada y dirigida perosonalmente por Benjamin Netanyahu, acusado de crimenes de guerra, se produjo en aguas internacionales (contra todo derecho internacional) y fue denunciada por organizaciones humanitarias y gobiernos de distintos países como una grave violación al derecho internacional marítimo. Desde ANRed denunciamos que hemos perdido comunicación con nuestro correspónsal Ramiro Giganti y responsabilizamos al estado de Israel por su posible secuestro.
Según informes de la propia flotilla, los primeros abordajes comenzaron alrededor de las 7:40 de la mañana, cuando las embarcaciones se encontraban aproximadamente a 250 millas náuticas de la costa de Gaza y a unas 80 millas náuticas al oeste de Chipre. Otros registros ubican a parte de la flotilla a unos 460 kilómetros de Gaza al momento de la intercepción.
La misión civil estaba integrada por más de 50 barcos y cerca de 500 activistas de distintos países que buscaban romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar alimentos, medicamentos y suministros básicos en medio de la crisis humanitaria que atraviesa la población palestina. Durante el operativo, la marina israelí rodeó varias embarcaciones, bloqueó comunicaciones y realizó maniobras de abordaje en alta mar. La flotilla denunció además desaparición de señal y pérdida de contacto con algunos barcos tras el avance militar israelí.
La nueva agresión ocurre apenas semanas después de otra operación israelí contra la misma coalición humanitaria. El 29 de abril, fuerzas israelíes interceptaron al menos 22 embarcaciones de la flotilla a 45 millas náuticas al oeste de la isla griega de Citera y a unas 600 millas náuticas de Gaza, deteniendo a cerca de 175 activistas. Greenpeace denunció entonces que los barcos quedaron dañados y abandonados a la deriva tras el operativo.
Diversas organizaciones internacionales sostienen que estas acciones vulneran normas centrales del derecho marítimo internacional, particularmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). Entre los principios y artículos señalados como violados se encuentran la libertad de navegación en alta mar establecida en el artículo 87 y las restricciones a las facultades de interdicción sobre embarcaciones civiles en aguas internacionales previstas en el artículo 110, que sólo habilita abordajes excepcionales en casos como piratería, trata de esclavos o transmisiones ilegales. Organismos de derechos humanos remarcan además que Israel actuó fuera de su jurisdicción territorial y sin autorización del Estado de bandera de las embarcaciones.
La intercepción generó reacciones diplomáticas en distintos países. Los gobiernos de España, Brasil y Turquía vienen condenando públicamente el operativo israelí y reclamaron respeto por el derecho internacional y la seguridad de sus ciudadanos que viajaban en la misión humanitaria. Turquía calificó la operación como "una grave violación del derecho internacional" y "un acto terrorista". ya viene habiendo pronunciamientos contra las intercepciones por gobiernos de Cuba, Chile, Pakistán y Palestina, mientras en ciudades europeas y latinoamericanas se realizaron protestas frente a embajadas y consulados israelíes.
La coalición Global Sumud denunció que el operativo forma parte de la política de bloqueo y aislamiento impuesta sobre Gaza desde hace casi dos décadas. Amnistía Internacional biene calificando las la intercepciones como "ilegales" y denunció detenciones arbitrarias de activistas civiles. La organización sostuvo que las acciones israelíes reflejan "las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad" frente a las violaciones cometidas contra el pueblo palestino.
La ofensiva fue dirigida personalmente por el gobierno de Benjamin Netanyahu, sobre quien pesan acusaciones internacionales por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La Corte Penal Internacional mantiene pedidos vinculados a presuntos ataques deliberados contra población civil, utilización del hambre como método de guerra y destrucción sistemática de infraestructura civil en Gaza. Organismos humanitarios y relatores internacionales también denunciaron posibles actos de genocidio y castigo colectivo contra la población palestina.
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