Corren a Dina Boluarte pero el poder sigue en manos del pacto mafioso congresal
Perú nuevamente a la deriva. Boluarte fue destituida por el Congreso con 104 votos a favor luego de haber sido varias veces protegida por las bancadas en coalición. Víctimas de la represión de su gobierno exigen justicia y cárcel para ella. El sucesor interino José Jerí recibe la banda presidencial en medio de cuestionamientos por denuncias de violación sexual y presunta corrupción.
Por Olimpia Villalobos
A estas horas la noticia de la destitución de Dina Boluarte ya ha ocupado gran parte de los titulares de los medios internacionales. Pese a los intentos anteriores de mociones de vacancia contra Boluarte, en la que fue blindada por las mismas bancadas (Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso) que la sostuvieron durante los casi tres años de cogobierno; lo de ayer se aceleró al ritmo de la contienda electoral.
Como se sabe, Perú está próximo a realizar nuevas elecciones generales presidenciales y congresales en abril de 2026. Esta vez con la diferencia de que el país andino retorna al sistema de bicameralidad, luego de más de veinte años. Y, donde varios de los actuales legisladores, sus bancadas y partidos políticos, quienes han agudizado la crisis peruana a niveles estratosféricos, piensan en posibles reelecciones y de continuar cogobernando a mansalva.
Coyunturas confrontadas
Veamos algunos indicadores. La desaprobación ciudadana del actual Congreso alcanzó el 93% a septiembre de este año, igual que la de la denostada Dina Boluarte, según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Es decir, ambos poderes del Estado y su percepción social muestran la descomposición del sistema político peruano.
Un hecho que no vino solo, sino con acciones como blindajes entre aliados (la misma Boluarte, Keiko Fujimori y hasta José Jerí, quien acaba de ocupar la presidencia), la aprobación de leyes que en vez de detener el avance de la criminalidad organizada contribuyó a escalar el problema. Las formas de sicariato y extorsión acumulan denuncias a diario, donde cada cuatro horas son asesinados ciudadanos y ciudadanas. Choferes de buses, comerciantes en mercados de los barrios, pequeñas o medianas empresas, entre más personas cuya extracción social es representativa del campo popular.
El último atentado ocurrió el miércoles 8 de octubre durante un evento musical, donde el grupo de cumbia Agua Marina realizaba un concierto, en un terreno cuyo resguardo está a cargo del Ejército en Lima. El suceso encendió las alarmas, atizando la opinión pública, sobre todo mediática, al punto de hacer insostenible la permanencia de Boluarte. Esto, luego de que ella y sus ministros recomendaron a la población "no contestar las llamadas de números desconocidos" como solución a la extorsión.
Para el Congreso, Dina ya no era útil, sino un obstáculo para sus intereses electorales. Desde hace varias semanas atrás, las protestas de jóvenes etiquetados como "generación z" contra la aprobación de un nuevo régimen previsional y de diversos sectores sociales como transportistas, universitarios, comerciantes y hasta la marcha de sacrificio del alcalde de Pataz y sus ciudadanos, quienes se trasladaron de Trujillo a Lima para exhortar al cogobierno resolver la inseguridad en la provincia y otras demandas pospuestas. Trujillo es la capital de la región de La Libertad, al norte de Perú, que ocupa el segundo lugar en zonas de dominio de la extorsión, después de Lima. Así, las manifestaciones de rechazo al régimen iban nuevamente en ascenso, despertando dudas y tensiones entre los partidos y bancadas que están en campaña.
Pero, ¿quiénes ocupan los primeros lugares en las encuestas? Para comenzar, el 62,7% no tiene un candidato representable a las demandas ciudadanas. Esta cifra incluye la suma de quienes no precisan, votos nulos/blancos y el ausentismo, de acuerdo al IEP. Mientras le siguen los números fragmentados de posibles candidatos que no llegan ni al 10% de votaciones. Dos de ellos son Rafael López Aliaga (8.5%) y Keiko Fujimori (5.9%).
El primero es el actual alcalde de Lima, pertenece al partido y bancada Renovación Popular y hace poco rindió un homenaje en un evento público al activista conservador Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, pero un completo desconocido para el pueblo peruano. Rafael López Aliaga es admirador de Javier Milei y le entregará una distinción de la ciudad de Lima en noviembre próximo. El partido de este empresario, representante de la derecha ultraconservadora, lo conforman grupos evangélicos impulsores, no sólo de leyes procrimen, sino también del retroceso de políticas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y derechos para las diversidades sexuales como la población trans. Además, su gestión municipal está envuelta en escándalos, copamiento de militantes en cargos públicos, ataques a la prensa y es investigado por presunto lavado de activos.
En las encuestas también está Keiko Fujimori. Candidata presidencial en tres contiendas electorales anteriores. Hija de Alberto Fujimori Fujimori, el dictador que impulsó el neoliberalismo a rajatabla en Perú y que fue condenado por violaciones a los derechos humanos. Fuerza Popular, el partido fujimorista dirigido por ella, no ha parado desde el 2016 de socavar la frágil institucionalidad, que intentó edificarse con la caída de su padre a inicios del 2000. Esa fallida transición no previó que construir sobre las ruinas dejadas por el fujimorismo de los noventa, con ellos dentro y activos en el sistema político, traería las consecuencias que ahora padecen las y los peruanos. Sin restar la participación y acomodo de las otras derechas, incluso de las más extremas, y las élites económicas a las que benefician en el Congreso, el accionar del fujimorismo busca proteger a su lideresa frente al pedido del Ministerio Público de 35 años de cárcel por la comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y financiamiento irregular en sus campañas electorales anteriores.
Así, el panorama y la perspectiva de Perú con la destitución de Boluarte abre un escenario más violento de miras a la campaña electoral de 2026 y sin proyectos ni visiones para la reconstrucción de un país ahogado por el sicariato, la extorsión, la impunidad de la fuerza pública, la corrupción enquistada en todas las instituciones estatales, especialmente la Policía, el Congreso y el Ejecutivo. Y por si fuera poco, la trillada narrativa de la memoria salvadora del fujimorismo a la que varios, desde las derechas más liberales hasta las izquierdas dogmáticas y progresistas han sido funcionales para mantener la idea de un enemigo interno. Siendo su manifestación el "terruqueo", un instrumento político social, ideológico y legal que con éxito usó Alberto Fujimori y lo utilizaron sus predecesores para perseguir a quienes los critican. Todo ello y varias otras cosas más, que podrían tratarse más adelante, han contribuido a arrimar al país en un callejón sin aparente salida.
Las calles en Lima y regiones, luego del repliegue por los atroces asesinatos a ciudadanos que protestaban a fines de 2022 e inicios del 2023, hoy celebran la salida de Boluarte, pero tampoco están convencidos que esa sea la única solución. José Jerí de la bancada de Somos Perú, quien acaba de asumir de manera interina, fue denunciado por violación sexual y presunta corrupción, y ya suenan protestas en su contra. Veremos cómo sigue la reacción popular y su organización en el movimiento de masas, y de otro, los pasos que va dar el Congreso fujimorista en cogobierno con sus aliados partidarios, no sólo los ya mencionados, sino también se suman Perú Libre (organización que llevó a Pedro Castillo a la presidencia), Somos Perú, Avanza País y Podemos Perú, para resolver la inseguridad y criminalidad de la que ellos son jueces y parte.
