Despliegue militar en el Caribe: Estados Unidos refuerza su control imperialista bajo la máscara antidrogas
El despliegue militar estadounidense en el sur del Mar Caribe, abre la puerta a mayor sometimiento regional e intervenciones armadas del imperialismo en América Latina. Al sur del Caribe solo se encuentran Venezuela y Colombia, además de islas como Aruba, Curazao y Bonaire, que no aparecen en la mira de la supuesta "lucha contra el narcotráfico". Las recientes declaraciones de Washington ponen a Venezuela en el radar político y militar.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del mar Caribe en las que estarían movilizando más de 4.000 marines, luego de que Donald Trump firmó en secreto una orden, la semana pasada, que ordena al Pentágono a utilizar a las fuerzas armadas en la supuesta "lucha contra cárteles de las drogas", en aquellos países donde existirían grupos que han sido declarados "terroristas", como en México, Haití, El Salvador y Venezuela, entre otros. Esta operación fue confirmada por el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, que —como en el caso reciente de Haití— abre la puerta a intervenciones armadas y coloca nuevamente a Venezuela en el centro de las acusaciones —y agresión militar o amenazas golpistas—. Estamos ante una gran demostración de fuerzas militares, donde tras la política de un supuesto combate al narcotráfico está el avance del imperialismo como gendarme regional.
Para que Estados Unidos intervenga militarmente en territorio extranjero, por tierra, mar y aire, bastaría que un país sea declarado con acciones del crimen organizado como "terroristas" o a un gobierno como copartícipe de éste. No es casualidad que en los últimos días desde el Departamento de Justicia, con la Fiscal General (un cargo equivalente en Estados Unidos a ministro de Justicia), Pam Bondi a la cabeza, y desde el Departamento de Estado, se lancen acusaciones sobre Venezuela al respecto y que cárteles del narcotráfico son dirigidos por Nicolás Maduro. Como tampoco es casualidad que dicha fiscal general, en medio de todos estos anuncios de despliegues militares en la región, hablara el jueves de un decomiso de 700 millones de dólares a Maduro "en mansiones, carros, aviones y joyas" en República Dominicana, incluso en los propios Estados Unidos.
En un contexto de creciente inestabilidad y polarización política, disputas geopolíticas con China y Rusia, el riesgo de levantamientos populares como los recientes en Panamá contra el gobierno de Mulino —protestando también contra la política de Estados Unidos de hacerse del Canal de Panamá—, y la respuesta mundial de movilizaciones por Palestina, el Pentágono opta por proyectar directamente su poder militar para asegurar el control sobre rutas comerciales, energéticas y estratégicas, enviando un mensaje de disciplinamiento a toda la región. Este operativo marca un cambio de fase en la estrategia imperialista: de la delegación del control represivo a ejércitos y policías locales, hacia la colocación de buques de guerra, aeronaves y tropas propias en primera línea. Un salto que busca reforzar una hegemonía en declive y cerrar el paso a cualquier política independiente o influencia de potencias rivales, reeditando la doctrina del "patio trasero" mediante métodos de intervención directa.
Bajo el argumento del narcotráfico, Washington ha desplegado buques de guerra, aviones de vigilancia, helicópteros y tropas de operaciones especiales en una de las regiones más estratégicas de América Latina. El anuncio fue hecho con un tono abiertamente belicista, evocando la vieja retórica de la "guerra contra las drogas" que, como se ha demostrado una y otra vez, nunca buscó realmente frenar el tráfico de estupefacientes, sino asegurar los intereses geopolíticos y militares del imperialismo estadounidense en la región.
Hay que recordar el escándalo Irán-Contra entre 1985 y 1986 en Nicaragua donde los propios Estados Unidos hicieron uso del narcotráfico para financiar a los grupos armados creados y organizados por ellos, conocidos como Contras, para derrocar mediante acciones armadas al gobierno nicaragüense surgido tras el triunfo de la revolución el 19 de julio de 1979. Incluso, el uso del narcotráfico por Estados Unidos implicó facilidades a cárteles para introducir drogas en Estados Unidos. Así es la hipocresía imperialista gringa.
Este despliegue, pareciera ser uno de los más grandes en la zona desde la invasión a Panamá en 1989. No es casualidad que uno de los países directamente mencionados en los informes de inteligencia sea Venezuela, acusada por Trump y el Pentágono de ser un supuesto "Estado narcotraficante". O las varias declaraciones contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, acusándolo de mantener una "alianza intolerable" con los cárteles de la droga y de estar "petrificado" ante el crimen organizado —que se enmarcan en una estrategia más amplia de presión sobre México, que incluye amenazas de intervención militar y la imposición de aranceles del 25% sobre productos mexicanos, a menos que se tomen medidas más enérgicas contra el narcotráfico y la inmigración ilegal—.
Sin embargo, la presión de Trump deja claro que, para Washington, la cooperación no es suficiente; exige una subordinación total a su agenda de seguridad y control regional. Este contexto de amenazas y confrontaciones resalta la necesidad de analizar la profunda subordinación de los gobiernos latinoamericanos frente al imperialismo estadounidense. La operación se convierte, así, en una herramienta directa de presión contra varios países, directamente golpista hacia Venezuela, pero con implicaciones mucho más amplias: es un mensaje de dominación hacia toda América Latina.
El disfraz del combate al narcotráfico
La experiencia histórica demuestra que la "guerra contra las drogas" no ha reducido ni el cultivo, ni la producción, ni el tráfico de estupefacientes. Lo que sí ha logrado es legitimar la creciente presencia militar de Estados Unidos en nuestro continente. Colombia, México, Centroamérica y ahora el Caribe funcionan como laboratorios de una estrategia que, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, busca consolidar un control político, social y militar.
Este despliegue no se trata únicamente de imponer fuerza bruta; es parte de un posicionamiento más amplio en la disputa por la hegemonía regional. Estados Unidos busca no solo garantizar la subordinación de gobiernos y élites locales, sino también moldear consensos y legitimar estructuras de poder que sostengan su dominio económico y estratégico. La militarización y las operaciones de control social forman parte de un entramado de poder que combina coerción y persuasión, articulando instituciones, narrativas y alianzas políticas para mantener la supremacía estadounidense frente a potencias rivales y a cualquier iniciativa de autonomía regional. En este sentido, la "guerra contra las drogas" funciona como un instrumento de hegemonía: se presenta como una política de seguridad legítima mientras asegura la obediencia de los estados y restringe el espacio para proyectos soberanos o independientes en América Latina.
No está en juego el combate al crimen organizado —con el cual, en muchos casos, las élites locales y los propios aparatos estatales han estado profundamente implicados— sino la reafirmación del control imperialista sobre una región atravesada por crisis políticas y sociales. Washington busca mantener la subordinación de gobiernos, presionar a los que no se alinean y, sobre todo, reforzar su posición frente a otras potencias como China o Rusia, que han incrementado su influencia económica y militar en América Latina.
La operación militar apunta directamente a Venezuela. Trump y el Comando Sur han construido una narrativa que presenta al gobierno venezolano como epicentro del narcotráfico internacional. El objetivo es político: acelerar el desgaste y la caída del gobierno de Maduro, imponiendo un cambio de régimen funcional a los intereses de Washington. No se trata de defender al régimen de Maduro, que ha descargado planes de ajuste, miseria y represión sobre el pueblo trabajador venezolano. Lo que denunciamos es la injerencia imperialista que busca recolonizar Venezuela y disciplinar a toda la región.
Control territorial y disciplinamiento regional
El despliegue naval en el Caribe permite a Estados Unidos un control militar directo sobre rutas comerciales, energéticas y estratégicas. En momentos de creciente inestabilidad en Centroamérica, con crisis migratorias y levantamientos populares contra gobiernos neoliberales como el de Mulino en Panamá, la presencia imperialista busca garantizar la seguridad de las inversiones y prevenir nuevas rebeliones sociales. Este operativo debe entenderse como parte de la política de "patio trasero" que Washington nunca abandonó, y que se refuerza cada vez que percibe fisuras en su hegemonía.
Con el despliegue militar, Washington busca someter a los gobiernos de la región a una presión directa que les fuerce a alinearse con su agenda de seguridad bajo amenaza de sanciones, aislamiento o incluso intervención. Esta política funciona como advertencia para quienes intenten sostener una política exterior independiente y como herramienta para condicionar decisiones internas en materia económica, militar y diplomática, reforzando la subordinación estructural a Estados Unidos.
Para México, el intervencionismo representa una presión política y militar que expone la profundidad de su subordinación estructural al imperialismo estadounidense. Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha pronunciado contra cualquier presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, mantiene una amplia cooperación en seguridad y control fronterizo bajo el T-MEC y acuerdos bilaterales que operan como marcos de injerencia "legalizada". En los hechos, la política mexicana se ajusta a los lineamientos estratégicos del Pentágono, respondiendo con un cierre estricto de fronteras y de contención migratoria, extradiciones masivas, reforzamiento del control migratorio y alineamiento diplomático frente a las operaciones militares estadounidenses en la región. Bajo el discurso de la soberanía, el Estado mexicano sigue cumpliendo un papel funcional a la proyección imperialista en América Latina, evitando confrontar de raíz la injerencia y priorizando la relación con su principal socio comercial y gendarme regional.
Los pueblos del Caribe, Centroamérica y Sudamérica ya conocemos lo que significan estas operaciones: bases militares, represión a movimientos sociales, violaciones de soberanía, militarización de territorios indígenas y campesinos, criminalización de la protesta y subordinación de gobiernos enteros a los designios de la Casa Blanca.
Patio trasero nunca más: trabajadores y pueblos contra la ocupación imperialista
La denuncia del operativo militar estadounidense no puede quedarse en las retóricas de ciertos gobiernos que, mientras critican a Washington, aplican políticas de ajuste dictadas por el FMI. El verdadero antiimperialismo es el que se construye desde abajo, desde las luchas de los trabajadores, las mujeres, la juventud y los pueblos originarios.
Frente al despliegue militar imperialista, es necesario levantar una voz unificada en toda América Latina que rechace la injerencia, denuncie las operaciones militares y enfrente la presencia del Comando Sur y de las bases norteamericanas. La tarea de los socialistas revolucionarios es impulsar esa unidad en la acción, sin subordinarse a gobiernos burgueses que usan un discurso "soberanista" para ocultar sus ataques al pueblo trabajador.
Hoy más que nunca, el llamado es claro: fuera las tropas y buques estadounidenses del Caribe y de toda América Latina. Que la respuesta sea el fortalecimiento de un movimiento antiimperialista desde abajo, que ligue la lucha contra la injerencia extranjera con la pelea contra los gobiernos neoliberales y ajustadores en la región. Sólo los trabajadores y los pueblos movilizados podremos frenar la avanzada militar imperialista y abrir un camino propio de emancipación y justicia social.
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