El ICE duplica la detenciones diarias de inmigrantes en Estados Unidos
El organismo alcanzó los 2.000 arrestos por día en el marco de la política antimigratoria del gobierno de Donald Trump.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo a más de 10.000 personas en la última semana, un aumento que prácticamente duplica el ritmo de arrestos registrado a comienzos de año, como parte de una estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para intensificar la aplicación de las leyes migratorias, informó The New York Times.
Según el diario estadounidense, que cita documentos internos y entrevistas con funcionarios federales, la dirección del ICE ordenó recientemente a sus responsables regionales redoblar los esfuerzos para localizar y detener a inmigrantes susceptibles de ser deportados. Las detenciones se han realizado durante controles migratorios, inspecciones de tránsito y operativos en la vía pública.
El número de arrestos ha pasado de alrededor de 1.000 diarios a comienzos de este año a cerca de 2.000 al día, una meta que, según tres funcionarios citados por el diario, fue trasladada a los agentes por petición de la Casa Blanca. Uno de ellos advirtió, no obstante, que no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse ese nivel de actividad.
A diferencia de operativos anteriores ampliamente anunciados en ciudades como Chicago o Los Ángeles, el incremento reciente de las detenciones se ha desarrollado con un perfil más bajo, sin grandes despliegues públicos, después de que la Administración modificara su estrategia tras las críticas generadas por operaciones de alto impacto en meses anteriores, señaló The New York Times.
El aumento de las detenciones se produce mientras Trump insiste en acelerar su política de deportaciones masivas, una de las principales promesas de su segundo mandato. La ofensiva migratoria coincide además con unas recientes decisiones de la Corte Suprema que ampliaron el margen de acción del Ejecutivo en materia migratoria.
La deportación de haitianos
Precisamente, la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó este jueves en un informe que la deportación de haitianos por el fallo de la Corte Suprema contra el Estatus de Protección Temporal (TPS) será una "sentencia de muerte" y dañará la economía, en especial de Florida, donde aportan 2.600 millones de dólares anuales.
El informe, basado en entrevistas a 40 haitianos con TPS en Miami y 15 representantes de organizaciones comunitarias, encontró un temor generalizado a las deportaciones al país caribeño, donde hubo más de 8.200 asesinatos de enero de 2025 a marzo de 2026, y grupos criminales controlan el 90 % de la capital, Puerto Príncipe. "Perder el TPS sería como una sentencia de muerte. Si me deportan a Haití, la gente pensará que tengo dinero porque viví en el extranjero. Intentarán extorsionarme o secuestrarme. Y como no tengo dinero ni ahorros para pagar, me asesinarán", expresó un haitiano de 28 años en la investigación.
HRW atribuyó al fallo de la Corte Suprema, que permitió la semana pasada a la Administración de Donald Trump revocar el TPS que protegía de la deportación a cerca de 350.000 haitianos, el dejar a estas personas en peligro de volver a un "país sumido en la violencia y una crisis humanitaria".
Aunque el Gobierno de Trump ha argumentado que las condiciones en el país caribeño han mejorado, el informe citó que hay 1,5 millones de desplazados internos en Haití, la mitad menores de edad, y 5,83 millones, el 52 % de la población, en inseguridad alimentaria aguda, el nivel más alto jamás registrado. "Sin las protecciones del TPS, los haitianos corren el riesgo de ser enviados de regreso a una de las crisis de derechos humanos más devastadoras del mundo", comentó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Tras el fallo del Supremo y la subsecuente expiración de las protecciones este mes, Goebertus instó al Congreso a actuar con rapidez para preservar las protecciones del TPS para los haitianos y evitar que sean regresados a Haití. La investigación alertó además acerca de afectaciones particulares a Florida, donde habitan la mitad de los haitianos con TPS, unos 158.000, quienes trabajan en sectores de salud, cuidado de personas mayores, construcción, turismo y hotelería.
Los beneficiarios del TPS aportaban 2.600 millones de dólares anuales a la economía floridana, incluyendo alrededor de 1.500 millones solo en el área metropolitana de Miami, según cifras de FWD.us, organización enfocada en migración. La asociación Sant La Haitian Neighborhood Center, que colaboró en el reporte de HRW, advirtió también de una crisis humanitaria para los haitianos en Estados Unidos, donde muchos perderán sus empleos y hogares. "Las consecuencias de las acciones de la Administración Trump serán sentidas no solo por los haitianos beneficiarios del TPS, sino también en los lugares de trabajo, las escuelas y las comunidades que dependen de ellos", apuntó Thamara Labrousse, directora ejecutiva de Sant La.
Freno en Arizona
Mientras tanto, el estado de Arizona llegó a un acuerdo judicial con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que frena la apertura de un centro de detenciones en una bodega en la ciudad de Surprise hasta que se haga un estudio de impacto al medioambiente. La Oficina de la Fiscal del Estado de Arizona, Kris Mayers, anunció el acuerdo que por el momento frena la adecuación del lugar y el arresto de cualquier inmigrante en el centro, que tiene una capacidad de 1.500 camas. Este acuerdo responde a una demanda realizada por la oficina de Mayers en contra de DHS el pasado abril cuestionando el impacto a la comunidad que tendría su apertura.
El Gobierno federal adquirió una gigantesca bodega en la ciudad de Surprise para convertirla en un nuevo centro de reclusión, un proyecto con un costo inicial de 70 millones de dólares y gastos operativos estimados en unos 180 millones de dólares anuales. La noticia causó un gran descontento entre miembros de la comunidad, políticos y defensores de los migrantes, quienes criticaron la apertura de este centro cerca de una escuela secundaria y barrios primordialmente hispanos.
"Este acuerdo es una gran victoria para la comunidad de Surprice, las agencias federales deben de seguir la ley y llevar a cabo los estudios del impacto al medioambiente relacionados con este tipo de proyectos", dijo Mayers en un comunicado. Bajo el acuerdo, el DHS y el ICE se comprometen a no renovar de ninguna de forma la estructura, incluyendo demoliciones, hasta que el estudio esté terminado. La compra de depósitos en varios estados y su transformación en centros de detención forman parte del endurecimiento de la política migratoria de la Administración Trump.
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