El México de Morena: ¿una inspiración para la izquierda?
El gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el anterior de Andrés Manuel López Obrador, ha generado diversas polémicas en la izquierda. Las políticas públicas desarrolladas han mejorado la situación de los más pobres, mientras que la gran popularidad de ambos presidentes ha bloqueado la emergencia de fuerzas de extrema derecha. No obstante, la sólida hegemonía de Morena y las reformas que impulsó generan en el campo progresista visiones encontradas sobre los avances y los riesgos. Aquí un contrapunto entre dos de ellas.
Por Viri Ríos y Humberto Beck
Las paradojas de Morena
Viri Ríos:
En un mundo cada vez más dominado por el populismo de derecha, México es un caso raro en el que un gobierno progresista se ha mantenido en el poder a través de múltiples elecciones y ha logrado avances sólidos. Los partidos conservadores han desaparecido casi por completo del panorama político, mientras que Morena, el partido de izquierda en el poder, cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso, gobierna 23 de los 32 estados y ha dirigido el país bajo dos presidentes. El índice de aprobación de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, es de 76%. Nunca en la aún incipiente historia democrática de México un solo partido había acumulado un poder tan amplio. La fuerza de Morena ha atraído la atención de la izquierda mundial y la ha llevado a reflexionar sobre las estrategias políticas que han permitido a la izquierda mexicana lograr un éxito electoral tan extraordinario.
Quizá la razón más importante sea la más obvia: Morena ha cumplido con su base. La transformación en la vida de los mexicanos de clase trabajadora bajo su gobierno es innegable. Desde que asumió el poder a finales de 2018, el ingreso laboral promedio ha aumentado 30% por encima de la inflación y esto a sacado a más de 13 millones de personas de la pobreza. La desigualdad, medida por la participación en el ingreso del 1% más rico, ha experimentado su caída más pronunciada y rápida en casi un siglo, lo que igualó en cuatro años lo que antes había tardado casi dos décadas en lograrse.
Estos cambios son el resultado de los esfuerzos de Morena, que han incluido el desmantelamiento de un conjunto de políticas laborales que condenaban a casi la mitad de los trabajadores mexicanos a salarios de pobreza. Con Morena, el salario mínimo se ha triplicado en las regiones fronterizas [con Estados Unidos] y más que duplicado en todo el país, los días de vacaciones se han duplicado, las cotizaciones empresariales para la jubilación se han triplicado, se ha frenado la subcontratación y las elecciones sindicales secretas son ahora obligatorias. Este paquete de reformas es un logro histórico que ha mejorado la vida de millones de personas de un modo que la izquierda solo había imaginado durante mucho tiempo.
Como resultado, ha arraigado en México un renovado sentimiento de esperanza. La confianza en el gobierno se ha más que duplicado, la satisfacción con la democracia se ha disparado y la creencia de que el Estado gobierna para el pueblo ha alcanzado un máximo histórico.
Sin embargo, Morena también ha dejado intactos pilares claves del neoliberalismo. En particular, ha evitado promulgar una reforma fiscal integral para ampliar las capacidades redistributivas y de desarrollo del Estado. En su lugar, se ha aferrado a la austeridad y a las reasignaciones presupuestarias para financiar modestos proyectos de infraestructura y programas de transferencia monetaria, mientras que ha invertido poco en salud pública, educación, policía civil y estrategias de desarrollo a largo plazo.
Solo cabe especular sobre por qué Morena no ha impulsado una agenda redistributiva más profunda. Quizá teme una reacción violenta de la elite empresarial, sobre todo porque la economía mexicana está muy globalizada. O quizá la razón sea más simple y preocupante: la corrupción en sus propias filas.
Independientemente de la causa, el resultado es una terrible paradoja: a pesar de todo lo que Morena ha conseguido para las clases trabajadoras, sus logros no han sido suficientes para garantizar victorias nacionales en el nivel local. Como resultado, para asegurar el poder en todo el país, el partido ha recurrido a atajos, apoyándose en antiguas redes clientelares y aliándose con miembros de la vieja política. De hecho, una quinta parte de los legisladores y gobernadores de la coalición de Morena son antiguos miembros de partidos de derecha o centroderecha.
Esto ha diluido la capacidad de Morena para impulsar reformas progresistas, muchas de las cuales se han estancado o abandonado debido a negociaciones internas. Más preocupante aún, Morena ha ignorado graves acusaciones de corrupción en sus filas, protegiendo a sus miembros en lugar de defender los ideales que allanaron su camino al poder.
Entre las políticas más controvertidas de Morena está su reforma judicial, que sustituirá en tres años a todo el Poder Judicial por jueces elegidos por votación popular. La idea de la reforma parte del correcto reconocimiento de que, en países profundamente desiguales como los de América Latina, el Poder Judicial ha servido a menudo a intereses económicos y ha bloqueado, debilitado o diluido reformas promulgadas democráticamente bajo la apariencia de doctrina legal. La Suprema Corte de Justicia de México tiene un largo historial de favorecer a los económicamente poderosos, emitiendo sentencias que han negado a los trabajadores el derecho a reclamar horas impagas, que les han permitido renunciar a sus propias protecciones laborales o no han reconocido sus derechos en absoluto. El tribunal ha bloqueado sistemáticamente la aplicación de impuestos progresivos, ha avalado esquemas de evasión fiscal masiva y ha obstruido proyectos populares de infraestructuras públicas a gran escala. El Poder Judicial ha sido históricamente opaco, nepotista y, en algunos casos, abiertamente corrupto, por lo que no imparte justicia a la mayoría del país.
Si bien el objetivo de reformar el Poder Judicial iba en la dirección correcta, la reforma judicial de Morena fue tan imprudente, apresurada y errática que dejó amplios espacios para que persistiera la influencia oligárquica. La magnitud de las primeras elecciones judiciales de junio fue abrumadora, con docenas de candidatos no partidistas en una boleta inusualmente grande. La falta de afiliaciones partidarias claras y de información accesible limitó gravemente la capacidad de los votantes para elegir con conocimiento de causa. Este vacío de información permitió a los poderosos locales y a las facciones ideológicamente diversas de Morena, incluidas algunas de tendencia conservadora, influir en los resultados en favor de intereses particulares. El proceso llegó a estar tan mal regulado que el propio presidente de Morena en el Senado reconoció más tarde que se permitió por error la inclusión en las papeletas electorales de personas vinculadas al crimen organizado.
Además, la reforma no incluyó mecanismos de reelección para los magistrados de los tribunales más importantes, incluida la Suprema Corte. Esto reduce significativamente la capacidad de los ciudadanos para exigir responsabilidades a estos jueces. Por otra parte, la ausencia de un control adecuado de la financiación de las campañas crea el riesgo de profundizar la influencia de las fuerzas oligárquicas sobre el Poder Judicial.
Esto supone una amenaza existencial para la izquierda. Sheinbaum hizo campaña con la reforma judicial como piedra angular de su programa. Con 72% de la población a favor de la reforma y mucha gente esperando que reduzca la corrupción y la impunidad, no cumplir con esas expectativas podría convertir la reforma judicial en el talón de Aquiles de Morena, y el riesgo sería revitalizar a una oposición conservadora fracturada y sin rumbo.
México sigue siendo escandalosamente desigual y pobre considerando el tamaño de su economía, y las actuales reformas judiciales no mejorarán necesariamente el acceso a la justicia. Por ahora, Morena se beneficia de la popularidad de sus reformas laborales y de la debilidad de una oposición desacreditada por décadas de no cumplir con los mexicanos. Pero sin un compromiso más profundo con el cambio estructural, esta luna de miel política no durará.
Morena debe purgar a sus actores corruptos, deshacerse de su miedo a la reacción del mercado y adoptar plenamente una visión lo suficientemente audaz como para construir la amplia y próspera clase media de la que México ha carecido históricamente. La supermayoría que Morena tiene hoy en el Congreso es una oportunidad histórica, pero estrecha, que debe ser aprovechada para avanzar en una agenda más radicalmente ambiciosa para ampliar la salud pública, proporcionar educación de calidad, resolver la escasez de vivienda urbana y promulgar una reforma fiscal. El momento es ahora.
Humberto Beck:
En las elecciones mexicanas de 2024, el partido de izquierda Morena mantuvo el control de la Presidencia con su candidata Claudia Sheinbaum, que ganó con un abrumador 60% de los votos, frente al 53% con que había ganado el ex-presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018. El tremendo éxito electoral de Morena ha generado la curiosidad y el entusiasmo de la izquierda internacional. En contraste con otros países donde la extrema derecha ha emergido como fuerza electoral, México presenta un caso llamativo de consolidación de la hegemonía de un partido de izquierda.
Además, la hostilidad del gobierno estadounidense hacia México (junto con muchos otros países) bajo el segundo gobierno de Donald Trump no ha sido del todo negativa para Sheinbaum. Ella ha tenido un relativo éxito al navegar la relación bilateral con eeuu, lo que le ha permitido mostrar una imagen de liderazgo nacional e internacional.
La elección de Sheinbaum también representó una victoria para López Obrador, quien sigue siendo el principal líder de Morena. La experiencia previa de Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México le dio un sólido historial para postularse, pero la clave de su éxito fue la decisión de López Obrador de ungirla como su sucesora. La victoria de Sheinbaum indicó que la mayoría de los votantes querían continuidad con el proyecto de gobierno obradorista. A casi un año de su mandato, la aprobación de la presidenta ronda el 70%.
Sheinbaum ya ha mostrado su intención de mantener los logros de su predecesor en dos áreas políticas claves: ayudas económicas a sectores vulnerables y un aumento sostenido del salario mínimo. Sin embargo, también ha mostrado continuidades con algunos de los rasgos más inquietantes del modelo obradorista, incluida una tendencia a centralizar el poder en la Presidencia y el partido oficialista, así como la militarización de la administración pública. Los entusiastas internacionales de Morena a menudo no perciben esta dimensión autoritaria del éxito del partido.
Morena es actualmente el único partido político percibido como verdaderamente representativo de la gran mayoría de la sociedad mexicana, especialmente de las personas marginadas por la modernización económica de los últimos 30 años. Al negarse durante décadas a ofrecer una representación significativa a las clases bajas de México, los partidos de la oposición sentaron las bases de su crisis actual. Hasta el día de hoy, abrazan una idea oligárquica de la democracia. Por eso, el triunfo de López Obrador en 2018 legitimó las instituciones de la democracia mexicana a los ojos de muchos que antes tenían pocas razones para creer en ellas. Desde entonces, Morena ha brindado beneficios tangibles a la mayoría del país.
Pero el partido ha utilizado este apoyo popular para llevar a cabo un proyecto de centralización del poder. Desde el inicio de su gobierno, López Obrador atacó con frecuencia a figuras o instituciones que pudieran limitar el alcance de la acción presidencial o hacer más transparente el ejercicio del poder y el gasto público. Hacia el final de su mandato, se produjo un cambio cualitativo: pasó de gestos y actitudes hostiles al pluralismo y la rendición de cuentas a un esfuerzo por transformar el Estado mexicano en una dirección autoritaria. Esta transformación, sostenida por Sheinbaum, ha consistido en desmantelar u obstaculizar instituciones surgidas durante la transición de México a la democracia: un órgano de transparencia administrativa, instituciones electorales independientes y un Poder Judicial autónomo.
Morena invoca su idea del pueblo como justificación última e incuestionable de sus operaciones políticas. Pero este «pueblo» excluye a muchos que han hecho demandas democráticas legítimas e indispensables al Estado mexicano, incluidos los movimientos ecologistas, feministas y de víctimas de la violencia. El pueblo legítimo se beneficia del control político de Morena; todos los demás representan turbios intereses de elite.
Los partidarios de Morena han justificado la concentración de autoridad en nombre del fortalecimiento del poder público frente a los oligarcas corporativos y mediáticos. López Obrador resumió este objetivo como la «separación del poder político del poder económico». Pero los resultados han sido desiguales. Morena se ha enfrentado a acusaciones de corrupción precisamente en los sectores en que pretendía reforzar la soberanía estratégica del país: energía, alimentación y distribución de medicamentos. Y sus logros en política laboral y provisión de efectivo se han visto socavados por fracasos en otras áreas del bienestar popular, sobre todo con una amplia disminución de la cobertura de salud pública.
Del mismo modo, Morena ha presentado sus recientes reformas judiciales, que convierten cada puesto de juez en todo el sistema legal en un cargo de elección popular, como un experimento democrático destinado a resolver los problemas de la administración de justicia y la corrupción del Poder Judicial mexicano. Pero el proceso fue diseñado para asegurar una mayoría de magistrados afines a Morena, y la elección popular de todos los jueces y ministros de los tribunales superiores plantea un desafío a la división de poderes en el Estado. La selección de candidatos se llevó a cabo a través de comités nombrados por los poderes Ejecutivo y Legislativo (ambos bajo el control de Morena), lo que no fue suficiente para evitar que compitieran candidatos vinculados a grupos criminales. Las reformas también crearon un nuevo órgano electo, el Tribunal de Disciplina Judicial, que tiene la facultad de destituir a cualquier miembro del Poder Judicial que determine que no ha cumplido criterios discrecionales, como la «excelencia» en el desempeño de sus funciones.
En las primeras elecciones judiciales celebradas en junio, los candidatos afines a Morena ganaron todos los puestos tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal de Disciplina Judicial. En los días previos a la elección, el gobierno distribuyó «guías» elaboradas por él mismo que indicaban a los ciudadanos por quién debían votar. Quizá el dato más sorprendente fue la baja participación: solo 13% del electorado acudió a votar, y de esos votantes, 22% anuló su boleta. Sin embargo, el objetivo de captura política de Morena se complica por la fragmentación en su interior. Es probable que los resultados de la elección judicial consoliden simultáneamente la hegemonía del partido y la captura del aparato judicial mexicano por una multiplicidad de grupos de interés alineados con facciones dentro de la coalición gobernante.
Hay otra dimensión autoritaria del proyecto político de Morena que a menudo se pasa por alto: la formación de un nuevo modelo de gobierno cívico-militar. En la actualidad, los militares tienen poderes sin precedentes en la historia mexicana moderna. Sin embargo, al mismo tiempo, México ha sido testigo de un deterioro del control estatal sobre el territorio dirigido por organizaciones criminales, un proceso que comenzó a finales del siglo xx pero que ha alcanzado su punto álgido durante los años de Morena en el poder. Esta es la paradoja de la hegemonía de Morena: ha concentrado poderes que parecen cada vez más limitados e ineficaces, porque dejan a la gente vulnerable tanto en el campo como en las ciudades, donde los grupos criminales violentan y extorsionan a las poblaciones, y en casos extremos se han convertido en sustitutos del gobierno. La centralización del control político de Morena se ha dado en este océano mayor de fragmentación de la autoridad civil y estatal, frente al creciente poder del ejército y los grupos criminales.
¿Cómo convergerán estas tendencias en un futuro próximo? Un posible indicio es el cambio en la política de seguridad que ha emprendido Sheinbaum: un aumento de la lucha contra la delincuencia bajo dirección civil. La política de seguridad de Sheinbaum es en cierto modo una exhibición de los fracasos de su predecesor: en seis meses, su gobierno ha superado las cifras de detenciones de alto impacto durante todo el sexenio de López Obrador. Al mismo tiempo, según una reciente encuesta de percepción de seguridad, 61% de los mexicanos se sienten inseguros en sus ciudades. Estas dinámicas pueden definir el mandato de Sheinbaum y el significado más amplio del legado democrático de Morena.
¿Riesgos de autoritarismo?
VR:No comparto con Humberto Beck la calificación de México como un país autoritario. Es justo cuestionar cómo se implementó la reforma judicial, pero argumentar que el país es antidemocrático porque se cuestionó el mecanismo utilizado para elegir al Poder Judicial no toma en cuenta el contexto más amplio.
El Poder Judicial mexicano nunca fue realmente independiente o neutral. Mantuvo un sistema en el que los jueces servían a los poderosos, no al pueblo. Durante años, el Poder Judicial actuó sin rendir cuentas, protegiendo la evasión fiscal, socavando los derechos laborales y anulando reformas democráticas. Eso no era un contrapeso democrático al poder, sino una forma disfrazada de dominio de las elites. Para evaluar realmente el grado de democracia de un gobierno, debemos ir más allá de los procedimientos y las instituciones y preguntarnos si los ciudadanos pueden influir de forma significativa en su gobierno y si las instituciones sirven al bien común. En mi opinión, eso ha sucedido más con Morena que con cualquier otro gobierno democrático anterior en México.
Para abordar las preocupaciones sobre la consolidación del poder de Morena, es útil considerar la definición de democracia de Adam Przeworski como un sistema en el que los partidos en el gobierno pueden perder las elecciones. Dentro de ese marco, México sigue siendo sólidamente democrático. Morena ha perdido y sigue perdiendo elecciones. Hace apenas un mes, en la ronda más reciente de elecciones locales, Morena perdió 65% de los municipios en disputa. En la última carrera presidencial, 40% de los votantes apoyaron a la oposición, que ahora gobierna la mayoría de los municipios de todo el país. Incluso la supermayoría de Morena en el Congreso depende de aliados que no están ideológicamente alineados con su proyecto y que, cada vez más, han afirmado su independencia. Estos no son signos de consolidación autoritaria. Son marcas inequívocas de una democracia que sigue viva y en pie de lucha.
Es cierto que Morena cometió un grave error al reformar el Instituto Nacional de Transparencia de México, que había sido una eficaz fuente de información para la prensa. Sin embargo, los matices importan, y no es exacto argumentar que México se ha vuelto autoritario porque puso algunos organismos autónomos bajo el control del Ejecutivo. Según ese criterio, Chile, Canadá, Hong Kong y Japón, donde organismos similares dependen del Ejecutivo, también tendrían que ser calificados de autoritarios. La idea de que los organismos tecnocráticos y despolitizados son intrínsecamente superiores suele ocultar un esfuerzo por aislar la política pública del control democrático. La politización no es una amenaza para la democracia, es su condición necesaria. La idea de que Morena es un movimiento político unificado y hegemónico en el que la lealtad partidista sustituye a la democracia es pura fantasía. Morena no es un bloque monolítico. Es un partido profundamente fragmentado, con múltiples facciones que compiten activamente entre sí.
El peligro real para México es que un número sustancial de sus cargos electos provengan de partidos que no comparten una visión genuinamente transformadora ni orientada a la izquierda. Si Morena no logra definirse ideológicamente y permite que estas fuerzas de oposición den forma a su agenda, corre el riesgo de abrir la puerta a una restauración conservadora bajo una nueva fachada.
Existe un riesgo real de que Morena reforme las leyes electorales para dificultar que la oposición gane elecciones. Si eso ocurre, la izquierda debería ser la primera en condenarlo, porque debilitaría la capacidad de los grupos organizados para exigir cuentas al partido en el poder. Pero cualquier debate sobre esta cuestión debe basarse en evidencias y análisis comparativos, no en especulaciones.
Esto es importante porque la oposición mexicana a menudo acusa al gobierno de autoritarismo simplemente por adoptar instituciones que ya existen en otras democracias pero que difieren de las creadas en México a principios de la década de 2000. El debate se construye frecuentemente sobre falsedades. Un ejemplo claro es la reacción actual ante la próxima reforma electoral: los partidos de oposición y sus aliados ya la han tachado de antidemocrática sin siquiera conocer su contenido. Afirman que eliminará la representación proporcional, a pesar de que la presidenta ha declarado explícitamente que no es así. Se trata de una táctica conocida: fabricar un relato sobre la crisis y repetirlo hasta que se perciba como verdadero.
Por eso la izquierda debe ir más allá de la indignación performativa y las acusaciones de autoritarismo y centrarse en garantizar que la apertura democrática en curso se convierta en una transformación duradera y no en una oportunidad perdida. La democracia mexicana se está expandiendo, por primera vez, de forma que se compromete de manera significativa con las amplias clases desfavorecidas del país y les aporta beneficios tangibles.
La tarea ahora es profundizar estos avances, no distorsionarlos con diagnósticos erróneos.
HB: En su análisis, Viri Ríos identifica las paradojas claves del proyecto de izquierda de Morena. Señala que el partido ha sacado a millones de la pobreza y, sin embargo, ha preservado algunos de los pilares del Estado neoliberal y oligárquico. También subraya las contradicciones de algunas de las iniciativas más preciadas de Morena, como la reforma judicial, que pretende democratizar el acceso a la justicia pero que probablemente afianzará la captura de las instituciones judiciales por parte de poderosos grupos de interés.
Sin embargo, tras siete años en el poder, las paradojas de Morena se han vuelto tan profundas que plantean la cuestión de si el partido sigue siendo un proyecto de izquierda. Morena ha promulgado medidas que favorecen los intereses populares, pero también se ha convertido en una maquinaria política caracterizada por una corrupción generalizada y una ineficacia catastrófica en temas de gran importancia pública, como la salud y la seguridad públicas. Las políticas que garantizan la representación popular democrática son solo un aspecto del objetivo más amplio de Morena de asegurar su permanencia en el largo plazo en el poder.
Bajo Sheinbaum, Morena ha reforzado los elementos potencialmente represivos de su modelo político. Además de atacar centros alternativos de poder institucional, el partido ha aprobado recientemente una serie de reformas autoritarias: la militarización de la seguridad pública, la autorización a las Fuerzas Armadas para vigilar a la población y la creación de lo que los críticos han etiquetado como una potencial «infraestructura digital autoritaria». Se están creando aparatos de vigilancia coercitiva que amplían la intervención militar en la sociedad sin la debida supervisión civil. Además, con la complicidad de funcionarios públicos leales al gobierno, los políticos de Morena recurren cada vez más a la censura flagrante para silenciar a los críticos.
Si todo esto formara parte de un proyecto de reestructuración radical de la sociedad mexicana, cabría esperar que Morena tomara medidas enérgicas contra la corrupción, que en gran proporción ha ignorado. El creciente número de escándalos de corrupción en los que están implicados funcionarios de Morena demuestra que el Estado sigue sirviendo para enriquecer a las elites políticas.
A menos que se dé un giro fundamental en lo que resta del mandato de Sheinbaum, Morena seguirá construyendo un sistema de control político e impunidad legal en beneficio de una nueva clase política que justifica su proyecto autoritario en nombre de la justicia social. En su forma actual, Morena es un obstáculo para la creación de una formación política genuinamente democrática y popular en México.
Fuente:
https://nuso.org/articulo/320-mexico-morena-inspiracion-izquierda/