El vaso medio lleno: la nueva gestión de la izquierda uruguaya
La vuelta del Frente Amplio al gobierno se produce bajo nuevas circunstancias, marcadas por el fin de los liderazgos históricos de la izquierda uruguaya. En este contexto de renovación, el país se enfrenta a nuevos desafíos: económicos, sociales y de seguridad. Aunque sus instituciones pueden ser la envidia de otros países de la región, cuestiones como el incremento del crimen organizado vienen encendiendo las alarmas.
Por Agustín Canzani
La vuelta de la izquierda al gobierno en Uruguay generó expectativas tanto en el plano nacional como en el regional. Luego de un inicio con algunas turbulencias, el presidente Yamandú Orsi parece ir consolidando un rumbo que por ahora recoge aceptables niveles de aprobación. Todo se escenifica en uno de los contextos democráticos más estructurados del continente, donde los partidos siguen exhibiendo un peso relevante y articulan la dinámica política cotidiana. La democracia uruguaya sigue exhibiendo características bastante singulares en el escenario regional, pero todo indica que un conjunto de desafíos de mediano plazo necesita ser atendido para cuidar su salud.
Nuevo gobierno, continuidades y cambios
Uruguay vivió un ciclo electoral de casi un año que finalizó a mediados de 2025. En junio de 2024 se realizaron las primarias (voluntarias para los electores, pero obligatorias para los partidos) y se definieron las candidaturas presidenciales. En octubre del mismo año se desarrolló la primera vuelta de las presidenciales, que definieron además la composición del Parlamento. En noviembre se realizó el balotaje y en mayo de este año se eligieron los gobiernos subnacionales. La izquierda representada por el Frente Amplio (fa) volvió al poder de la mano de Yamandú Orsi, un profesor de Historia con una década de experiencia al frente del segundo departamento del país, que primero ganó la puja interna de su partido con más de 60% de los votos y luego logró 52% en la segunda vuelta. Sucedió así como líder del fa a los históricos Tabaré Vázquez y José «Pepe» Mujica, ambos ya fallecidos. La izquierda obtuvo también una nutrida bancada parlamentaria de 17 senadores sobre 31 y 48 diputados sobre 99, mientras que en el nivel subnacional se hizo con cuatro de los 19 gobiernos locales (tenía tres) que, considerando que incluyen la superpoblada área metropolitana de Montevideo, abarcan a casi dos terceras partes del electorado uruguayo.
El fa volvía al gobierno después de cinco años en la oposición, confirmado como el mayor partido del país y eje de uno de los dos grandes bloques que articulan la política local de los últimos 30 años[1]. Por lo pronto, en lo que va del siglo xxi es también el partido predominante, ya que sumará cuatro de los seis gobiernos electos en este periodo, en el que Uruguay experimentó cambios institucionales que supusieron la separación de las elecciones nacionales de las subnacionales y la introducción de la segunda vuelta. Adicionalmente, la izquierda también renueva el gobierno de Montevideo, que reúne a más de 40% de la población y donde al fin de este ciclo cumplirá 40 años ininterrumpidos de gestión, y parece acercarse a la hegemonía en el segundo departamento del país, Canelones, que reúne a más de la sexta parte de la población y donde completará dos décadas y media en el gobierno.
Orsi asumió la Presidencia el 1o de marzo y encabeza un gobierno peculiar, que puede considerarse fuerte en el contexto latinoamericano pero es relativamente más débil que los anteriores gobiernos de izquierda en el país.
Su fortaleza comparativa proviene del nivel de votación obtenido, del respaldo partidario que tiene detrás y de las características del sistema político uruguayo. El 44% que obtuvo en la primera vuelta es un buen registro a escala continental –donde vemos una fuerte fragmentación del voto– y supuso una diferencia importante con su principal oponente de centroderecha (15 puntos porcentuales). Su candidatura antes y hoy su presidencia están apoyadas en el fa, que suele combinar un buen nivel de organización con principios programáticos razonablemente claros y compartidos, capacidad de movilización, incidencia en la agenda pública y disciplinamiento de su bancada parlamentaria, pese a que está compuesto por más de 15 grupos políticos. También influye que el sistema político uruguayo siga funcionando con reglas y hábitos internos que suponen una cultura política transaccional que genera espacios frecuentes de negociación, donde a la larga casi siempre es posible construir mayorías parlamentarias que abonan el camino de la gobernabilidad.
Sin embargo, una mirada más detenida permite afirmar que el actual gobierno es más débil que sus antecesores de izquierda que administraron el país entre 2005 y 2020. Eso se explica porque, a diferencia de aquellos, no tiene el control parlamentario (le faltan dos votos en la Cámara de Diputados para tener mayoría absoluta); porque tiene menos gobiernos subnacionales de los que dominaba en otros periodos (donde fueron entre cinco y ocho); porque los estudios electorales muestran que sus votantes son menos fieles ahora que hace una década; porque debido a la desaparición de los liderazgos históricos mencionados de aquella etapa (Vázquez y Mujica, y el arquitecto de la política económica de la izquierda, Danilo Astori), está representado por figuras políticas menos conocidas y con liderazgos aún en construcción; y porque tiene enfrente un renovado bloque de centroderecha que, aunque perdió las elecciones, se mantiene como una opción real de poder y cuenta con un liderazgo reconocido y consolidado en el ex-presidente Luis Lacalle Pou.
El gabinete nombrado por Orsi es una combinación de cuadros políticos y técnicos y, como es habitual en la izquierda, guarda también ciertos equilibrios en la representación de los diferentes sectores del fa. No hay repeticiones respecto a gobiernos anteriores, aunque sí personas que ocuparon cargos en segundas y terceras líneas que ahora estarán a la cabeza de varios ministerios. El perfil técnico prevalece en los directorios de las empresas públicas (telecomunicaciones, energía eléctrica, refinación de petróleo y agua, y saneamiento), actores claves de la economía y en los que, siguiendo una larga tradición, participan también representantes de los partidos de la oposición.
En las dos áreas que concentran las mayores demandas, economía y seguridad pública, se ubican personas sin experiencia de gobierno y con perfiles bien diferentes. Economía quedó en manos de Gabriel Oddone, una apuesta de Orsi anunciada antes de las elecciones y que generó resistencias en el fa. Se trata de un respetado técnico con amplia experiencia y excelentes vínculos con el sector privado, que más allá de los matices se presenta como un continuador de la política económica de Astori. El Ministerio del Interior –a cargo de la seguridad– está encabezado por Carlos Negro, un ex-fiscal de homicidios que se rodeó de un equipo técnico que incluye a personas que participaron en el gobierno anterior y constituye la mayor sorpresa del gabinete. Otras figuras cumplen claramente un rol más político, como es el caso del ministro de Trabajo y secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. La Secretaría de la Presidencia, un cargo con funciones de coordinación interna y negociación externa, la ocupa Alejandro «Pacha» Sánchez, un legislador de poco más de 40 años con importante trayectoria legislativa y figura clave en el Movimiento de Participación Popular (mpp), el grupo fundado por Mujica y que es hoy el que tiene mayor cantidad de bancas en el fa. La incorporación en muchos ministerios de personas que habían sido electas como parlamentarios obligó a importantes recambios en el Parlamento. Tanto en el Senado como en Diputados la izquierda tiene hoy una bancada bastante más joven y menos experimentada que los gobiernos del fa.
En este escenario, también importa analizar las características de Orsi. A diferencia de los otros dos presidentes de izquierda, su figura tiene rasgos particulares y, hasta cierto punto, aún está por construirse. Vázquez llegó a la Presidencia después de haber sido intendente (alcalde) de Montevideo, luego de presidir el fa y de haber sido tres veces su candidato presidencial (además de dirigente deportivo como presidente del Club Atlético Progreso). Era por lejos el político más popular del país y el jefe indiscutido del fa. Más carismático, Mujica hizo un camino diferente, pero logró sumar a su innegable capacidad política una gran popularidad y una corriente afectiva con amplios sectores de la población. Su sector, el mpp, se transformó bajo su dirección en el más votado del fa, mientras que atrajo una enorme simpatía internacional. Aunque en la izquierda uruguaya esos liderazgos siempre tuvieron límites importantes definidos por la propia fuerza política, ambos presidentes disponían de un gran capital político propio que no dudaron en poner en juego en coyunturas claves.
Orsi recorrió un camino diferente. Creció prohijado por Mujica y basó su victoria interna primero y su triunfo nacional después en virtudes diferentes: una buena evaluación de su gestión en unos de los bastiones de la izquierda; un perfil de político abierto, con buenos vínculos con el resto del sistema político y con bajos niveles de rechazo; una imagen de político sencillo y honesto y un buen potencial electoral. Pero, al menos hasta el momento, carece del fuerte liderazgo que pudieron ostentar sus antecesores, y ello se manifiesta tanto respecto del fa como incluso del mpp, su propio partido.
Un inicio condicionado
El estreno del nuevo gobierno se vio empañado por una herencia inesperada: unas cuentas públicas muchos menos controladas de lo que se ufanaba el anterior gobierno. El déficit fiscal, que había sido señalado por el gobierno de Lacalle Pou como uno de los principales defectos de las administraciones de izquierda, terminó siendo una herencia negativa del gobierno de centroderecha. De la última estimación recibida en la campaña electoral (2,8%) se pasó a una cifra bastante más comprometedora: 4,3%. A eso hubo que agregar casi medio punto adicional de gastos comprometidos que no aparecían en la contabilidad, y sumar la incidencia de una deuda pública que creció casi diez puntos del pib durante el mandato de Lacalle Pou. Como Uruguay se financia básicamente a través de bonos soberanos con tasas relativamente bajas, debido a su calificación de grado inversor, esos niveles de déficit obligaban a adoptar una política cautelosa que limitaba las expectativas expansivas del gasto público.
Sobre la mesa también estaba un polémico proyecto para la construcción de un nuevo sistema de aprovisionamiento de agua potable para el área metropolitana, el Proyecto Neptuno, que comprometía las finanzas de la empresa pública de agua y saneamiento. Esta iniciativa de un consorcio privado adoptada por el Estado había movilizado en su contra a la mayor parte de la academia, los movimientos ambientales, los productores de la zona y buena parte de la población[2]. En una decisión poco frecuente para los parámetros uruguayos, el gobierno de Lacalle Pou firmó el contrato apenas un mes antes del fin de su mandato y a sabiendas de que el fa era un claro opositor a esa solución.
Durante esa etapa inicial también se hicieron visibles problemas de coordinación, y el gobierno cometió algunos errores que empañaron los primeros meses de gestión. En el caso más sonado, a poco más de un mes de asumir, la ministra de Vivienda debió renunciar a su cargo tras una investigación periodística que reveló que no estaba al día con las formalidades de construcción de su casa y el pago de los tributos correspondientes. Algo similar ocurrió con otros dos funcionarios de gobierno que también tuvieron que ser removidos. Si bien ninguna de las situaciones suponía corrupción ni irregularidades que fueran más allá de aquellas en las que puede incurrir cualquier ciudadano común, los hechos limitaron la capacidad de iniciativa del gobierno, lo pusieron a la defensiva en la discusión pública y llevaron a que la oposición se posicionara con un discurso fuerte, que descalificaba las capacidades del gobierno y le permitía reivindicar su anterior gestión.
También representó un desafío la gestión de la población en situación de calle cuando el país afrontó uno de los inviernos más duros de los últimos años. La población sin vivienda, especialmente notoria en la capital y las principales ciudades, se incrementó de forma más aguda en los últimos años, una situación debida tanto a las dificultades persistentes del mercado de empleo como al alza del consumo de sustancias psicoactivas y, muy especialmente, al desarrollo de una política penal punitivista que genera regularmente una población con dificultades de integración social[3].
La preocupación se incrementó a partir de una sucesión de muertes que conmovieron a la opinión pública.
Finalmente, el gobierno también tuvo que hacerse cargo de una reforma del organismo previsional que financia las pensiones de los profesionales universitarios, que se encontraba en una situación límite, con riesgo de no poder garantizar el pago de las prestaciones. Su propuesta original no fue apoyada en el Parlamento y debió aceptar una reformulación que, aunque de forma limitada, compromete más recursos públicos en el futuro.
En ese contexto, algunas medidas importantes, como el bono de equipamiento escolar para las familias más carenciadas, las reducciones tributarias para el comercio en las zonas fronterizas con Brasil afectadas por problemas de competitividad, o la mejora en la provisión de medicamentos en el sistema de salud pública, pasaron relativamente inadvertidas o tuvieron menos impacto público de lo esperado. Eso provocó, incluso entre una parte de los votantes de la izquierda, un inconformismo larvado respecto a un gobierno al que no veían «haciendo cosas».
Decisiones políticas y presupuestarias: retomar la iniciativa
El panorama fue cambiando paulatinamente. En esa variación sin duda influyó la propia dinámica del ciclo político, pero también la creciente capacidad de ordenar el equipo y el frente parlamentario, y la toma de algunas decisiones que suponían comenzar a cumplir compromisos electorales.
En julio de 2025 se anunció que se había llegado a un acuerdo con el consorcio que iba a desarrollar la obra del Proyecto Neptuno. Se abandonaba la idea original y se sustituía por la construcción de una nueva represa que tenía una finalidad similar, pero no representaba una solución rechazada por la academia y los movimientos ambientales. La alternativa retomaba una iniciativa del gobierno de Mujica que Lacalle Pou había descartado. Las empresas a las que había sido adjudicada la obra aceptaron sin problemas la reconversión.
En el mismo mes, se selló un acuerdo político sobre la distribución de fondos con los gobiernos departamentales. Los intendentes (en su gran mayoría de la oposición) se habían mostrado en desacuerdo con la propuesta de asignaciones que recibirían del gobierno. Orsi, que fue uno de ellos durante diez años, se involucró directamente en el tema y explotó sus buenas relaciones y su perfil negociador para lograr una solución consensuada. La importancia política no se limita a ese entendimiento económico, sino que va algo más allá, porque buena parte de quienes ocupan esos cargos son liderazgos locales con fuerte incidencia en los representantes que esos territorios tienen en el Parlamento. El gobierno también aceleró en la creación de un dispositivo para atender a las personas en situación de calle. Coordinado directamente desde Presidencia y difundido ampliamente por los medios, el sistema permitió pasar a una política sumamente activa que tuvo impacto público y logró reducir las muertes en esa población.
Por las mismas fechas se lanzó el Diálogo Social, una iniciativa para rediscutir el sistema de protección social. El gobierno de Lacalle Pou llevó adelante una controvertida reforma del sistema de jubilaciones y pensiones que aumentaba la edad de retiro y disminuía el monto de las prestaciones. Sectores de la izquierda y el movimiento sindical respondieron con una propuesta de reforma también polémica, que pretendía fijar en la Constitución la edad de retiro en 60 años, igualar la jubilación básica al salario mínimo y eliminar las administradoras privadas de fondos de pensión. Sin acuerdo dentro del fa, la reforma no fue aprobada, aun cuando la mayoría del electorado de izquierda votó a favor. En un intento de conciliación, Orsi se había comprometido a facilitar un diálogo social, y su estrategia fue plantear esa conversación con un alcance más amplio que el sistema jubilatorio, incluyendo temas como infancia, cuidados y cobertura de otros riesgos. La convocatoria fue muy amplia, pero a último momento la mayoría de los partidos de la oposición declinaron participar porque consideraron que se les daba poco espacio respecto a las organizaciones sociales y temían que fuera a reabrirse el tema de la reforma, que consideraban laudado.
Durante estos meses, también ha resultado exitoso el manejo de la inflación, uno de los logros más significativos heredados del gobierno de Lacalle Pou. En agosto, esta cerró por debajo de 5% interanual, el menor nivel en muchos años, y las expectativas no indican cambios relevantes para 2026, lo que sugiere que la mayoría de los agentes económicos no espera inestabilidades en la economía uruguaya.
En términos de ciclo político, el cambio fundamental fue la presentación del proyecto de presupuesto nacional. A diferencia de otros países, Uruguay vota en el primer año de gestión un presupuesto quinquenal que es considerado el corpus legislativo más importante del periodo. Se definen allí los ingresos y gastos que el Estado compromete para los próximos cinco años. Aunque a medida que avanza el gobierno suelen realizarse cambios anuales en las llamadas «rendiciones de cuentas», las variantes suelen ser pocas y de alcance limitado.
Dada la situación fiscal, la propuesta original supuso tomar como base la ejecución de gastos de 2024 y definir un incremento moderado. Se estima un crecimiento anual del orden de 2,5% para el periodo, un guarismo que el gobierno considera alcanzable y la oposición cree es demasiado optimista. A ello se suma la proyección de aumento en la recaudación impositiva: se espera lograr un incremento de los ingresos gracias a la redefinición de los mecanismos de estímulos a la inversión y, fundamentalmente, a la inclusión de dos nuevos tributos: el impuesto mínimo global, que las multinacionales de mayor porte pasarán a tributar en el país a cambio de un certificado para descontar en su país de origen, y el llamado «impuesto Temu», que grava con iva las compras en el exterior, un fenómeno que creció exponencialmente en los últimos dos años. El objetivo es reducir el déficit fiscal a 2,9% del pib al final del mandato.
El gobierno de Orsi definió tres prioridades fundamentales de su gestión: acelerar el crecimiento económico, fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad, y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia ciudadana. Para ello, se han aumentado los recursos para estas tres áreas. En el área social, se refuerza el Bono Crianza para las familias de menores recursos, se instala la Canasta Higiénica Menstrual y se refuerzan los programas de atención a población en situación de calle, la cobertura en primera infancia y los clubes de niños y centros juveniles. En educación, se implementa un bono escolar para las familias con niños en educación inicial y primaria pública, se quintuplica el número de becas en educación media y se aumenta su valor, se incrementa la extensión del tiempo pedagógico en educación primaria y media (que incluye alimentación para los estudiantes) y se mejora el financiamiento de la educación terciaria pública orientado a docencia, becas, hospital universitario y expansión en el interior del país. En seguridad, los recursos están orientados a aumentar los cargos, el desarrollo de medidas alternativas, la videovigilancia y el refuerzo del financiamiento del Poder Judicial y la Fiscalía. En salud, el dinero va hacia la atención de la infancia, el fortalecimiento del primer nivel de atención y la salud mental.
La mayor parte de la oposición se concentró en cuestionar las proyecciones económicas que le dan sustento al proyecto y en criticar la «voracidad fiscal» del gobierno, con la idea de que los nuevos incrementos tributarios podrían ahuyentar la inversión. Esos comentarios, asociados a la falta de mayoría propia del gobierno en la Cámara de Diputados, hacían pensar en un trámite más complejo de la propuesta. Pero a poco que comenzó a rodar la discusión, los juicios se fueron moderando, se abrieron espacios de negociación (los legisladores no pueden aumentar el gasto, pero sí proponer reasignación de partidas entre diferentes rubros) y quedó claro que el presupuesto iba a ser aprobado, cosa que finalmente ocurrió. El proyecto en general fue votado por una gran mayoría de los legisladores y los artículos más polémicos que referían a los temas tributarios pudieron ser aprobados gracias a los votos de los dos diputados de Cabildo Abierto, un partido de derecha que intenta diferenciarse dentro del bloque opositor. La prenda de cambio fue un incremento salarial para los cargos más bajos de las Fuerzas Armadas y un refuerzo de rubros para la sanidad militar.
El proyecto pasa ahora al Senado, donde se prevé un tránsito fluido, ya que el fa disfruta allí de una clara mayoría. Con el cierre de esta etapa, se abre otra en la que el gobierno gozará de más autonomía, especialmente a partir de marzo, cuando los recursos previstos en el nuevo presupuesto comiencen a ser ejecutados.
La imagen del gobierno y la arena partidaria
Orsi cierra este primer ciclo de su gobierno con un balance positivo, menos contundente que el de los otros presidentes de izquierda que lo antecedieron pero, como ya fue dicho, en el marco de un contexto que se presentaba menos favorable. Su aprobación está en niveles similares a la votación que obtuvo en primera vuelta y la desaprobación se sitúa entre 10 y 15 puntos por debajo. Su imagen personal supera bastante esos guarismos, lo que también habla de un capital político importante alimentado por su perfil público: no se trata de un líder político con especial capacidad de crear agenda, pero sí de alguien percibido como abierto, negociador y pragmático, lo que reduce el nivel de conflicto político. El presidente refuerza cotidianamente esa imagen en sus diálogos con la prensa y cuando no muestra problemas al momento de reunirse cara a cara con líderes políticos, sindicales o sociales de muy variada orientación.
Como siempre en Uruguay, la imagen del gobierno no es independiente de lo que ocurre dentro de los partidos, en este caso del fa, que aun en periodos no electorales sigue siendo una agrupación relativamente activa, organizada y movilizada. Una parte de ese mérito corresponde también a sus actuales autoridades, especialmente preocupadas por evitar que, como ocurrió en años anteriores, el gobierno se fagocite al partido. A manera de ejemplo, en el periodo de discusión presupuestal, la fuerza política organizó reuniones en todo el país para explicar a su militancia la propuesta, con participación de dirigentes y legisladores. Por otra parte, su vínculo privilegiado con algunos actores organizados, como el movimiento sindical, sirve también como canal adicional de comunicación e intermediación de demandas.
Hay críticas al gobierno dentro del fa, aunque estas se concentran en dos cuestiones específicas: el conflicto en Gaza y la política económica. En el primer caso, buena parte de las bases frenteamplistas exigían una condena más explícita de Israel, que incluyera la calificación de genocidio. En el segundo, algunos militantes reclamaban mayor tributación de los más ricos. Estas posturas muestran disconformidad, pero no sugieren que puedan estar en la base de un divorcio explícito. Por un lado, porque los estudios muestran que entre los votantes del fa la relación entre quienes aprueban la gestión de Orsi y quienes la desaprueban es de siete a uno. Si la gestión de estas tensiones es medianamente exitosa, es razonable pensar entonces que el fa pueda alinear paulatinamente a la mayor parte de sus militantes y votantes en la defensa del gobierno. De igual manera, que pueda servir como amortiguador de las tensiones que puedan generarse con algunos de sus aliados históricos por diferentes actos de gobierno.
En la oposición, certezas e incertidumbres
Las certezas de la centroderecha parecen venir por el liderazgo. El saliente mandatario Lacalle Pou, del Partido Nacional, se retiró del gobierno con altos niveles de aprobación y ahora «mira desde afuera», con escasas intervenciones en la vida pública. Tampoco ha querido participar en la interna de su partido, algo agitada en los momentos de evaluación de las responsabilidades en la derrota electoral. Ubicado claramente como el desafiante evidente de la izquierda en la próxima elección, Lacalle Pou ha adoptado la táctica de ausentarse de la agenda pública. En el Partido Colorado la interna es menos clara entre dos sectores que pujan por la conducción.
Las incertidumbres parecen referir a cuestiones tácticas y estratégicas. Los dos grandes partidos históricos que lideraron la anterior coalición de gobierno, que funcionó de forma bastante cohesionada durante la gestión de Lacalle Pou –Nacional y Colorado–, se preguntan ahora cómo consolidar esa experiencia. La discusión de fondo es si construir o no un «macropartido» que represente al bloque opositor. Ya lo experimentaron bajo la Coalición Republicana, una fuerza instrumental que usaron en mayo para competir con el fa en tres departamentos, con éxito dispar. Algunos consideran que eso ampliaría su representación parlamentaria y sus chances de triunfo en una próxima elección. Otros, que amenazaría la propia identidad de partidos más que centenarios. Algunos de los socios minoritarios, como Cabildo Abierto, se niegan de plano a considerar esa postura. Por ahora, avanzan en el intento de establecer una coordinación parlamentaria, lo que no ha evitado que hayan votado separados en algunos artículos del presupuesto y en ciertas leyes propuestas por el gobierno.
Normalidad democrática con retos para el futuro cercano
Un humorista uruguayo dijo burlonamente una vez que Uruguay es un país políticamente aburrido al que no es necesario cambiar, porque la gente se entretiene con el espectáculo político argentino, que está cerca y es gratis.
Desde fuera, la visión que predomina sobre la democracia uruguaya es claramente positiva. En muchos casos, casi idealizadora. Argumentos no faltan. Las instituciones republicanas funcionan razonablemente bien. Los partidos políticos, aun con desgaste, articulan e intermedian intereses y demandas de buena parte de la sociedad y tienen corpus ideológicos bastante coherentes. La economía es relativamente estable, con una combinación de Estado-mercado que no es radicalmente cuestionada ni por los principales actores políticos y económicos ni por la mayoría de la población. El país mantiene lo más cercano a un Estado de bienestar en el continente, con niveles de cobertura que en muchos casos alcanzan la universalidad, más allá de los problemas de calidad. Los extremismos vinculados a las nuevas derechas que surgieron en las pasadas elecciones perdieron pie, y aunque la polarización se expandió en las redes sociales[4], por el momento esto no parece amenazar seriamente el clima de convivencia política.
Los anteriores gobiernos de izquierda (especialmente los dos primeros) aprovecharon la bonanza del boom de los commodities para lograr avances notorios que compensaron buena parte de la deuda social que había dejado la crisis económica de 2002. Revitalizaron algunas prestaciones clásicas del bienestar (como la salud); mejoraron la distribución social del ingreso con herramientas tributarias y mejoras en el monto y la orientación del gasto público, e incrementaron la formalidad en el mercado laboral, a la vez que consagraban una legislación laboral protectora que alcanzó a sectores antes olvidados, como el trabajo doméstico y rural. También avanzaron en una inédita agenda de derechos que incluyó el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto y del consumo de cannabis, que hoy se vende bajo registro en las farmacias. Ahora, parte de ese impulso parece retomarse. En el momento en que se escriben estas líneas, Uruguay acaba de convertirse en el primer país americano en legalizar la eutanasia por la vía legislativa (Colombia y Canadá lo han hecho por decisiones de sus cortes constitucionales). El proyecto de ley de «muerte digna» recogió niveles de apoyo superiores a 60% en ambas cámaras, lo que incluyó a toda la izquierda y a partes no despreciables de los partidos tradicionales.
Sin embargo, hay quien ha advertido que el país puede pasar de ser un modelo a ser un museo[5]. Lo cierto es que nunca todo es perfecto ni todo es para siempre.
El contexto regional y mundial, algunos cambios generados por las propias transformaciones recientes y ciertas asignaturas pendientes que el país acumula desde hace tiempo configuran retos de mediano plazo que el sistema político debería enfrentar. Aunque la lista es larga, vale la pena anotar aquí cinco desafíos que hoy parecen relevantes.
El primero es el crecimiento económico sostenido. Hace prácticamente una década que el pib aumenta a un promedio apenas superior a 1%. Algunos factores externos explican una parte de este magro desempeño, pero es indudable que el país también experimenta un déficit de inversión y baja productividad de factores que hace difícil crecer al 2,5% de forma regular, el guarismo que los expertos consideran necesario para mantener el sistema de bienestar criollo. Como el superciclo de los commodities no se repetirá ni tampoco se espera un aluvión de inversión externa, es necesario pensar en políticas de desarrollo que permitan un crecimiento menos dependiente de los vaivenes de los precios internacionales, lo que supone desarrollar entramados productivos más innovadores, con mejor productividad y más resilientes a los cambios externos.
Un segundo aspecto son los desafíos que supone la estructura poblacional. Si bien Uruguay aún disfrutará del bono demográfico (población en edad de trabajar mayor que la población dependiente) por una década más, hace dos años que disminuye la cantidad de habitantes y la caída de la fertilidad y el saldo migratorio previsto supondrán una aceleración de esa tendencia. El sistema de protección social tendrá que contemplar cómo atiende requerimientos tan diversos como el incremento de la demanda de cuidados, la necesidad de lograr dividendos de la longevidad de su población haciendo que las personas de más edad lleguen a edades avanzadas en condiciones de trabajo que puedan considerarse saludables, y el financiamiento del retiro de una forma que sea soportable para las finanzas públicas con un modelo equitativo.
El tercer desafío es la necesidad de atacar frontalmente las desigualdades de género y de generaciones. El país presenta una feminización y una infantilización de la pobreza que están íntimamente ligadas y se presentan en un marco de arreglos familiares cambiantes. No parece posible solucionar estos problemas si no se actúa enérgicamente asegurando niveles básicos de ingreso y prestaciones como servicios sociales y cuidados para esos sectores.
El cuarto desafío tiene que ver con la necesidad de mejorar muchos servicios públicos en términos de eficacia (por ejemplo, educación), eficiencia (por ejemplo, salud) y la equidad en el financiamiento (por ejemplo, seguridad social). Los cambios necesarios suponen aspectos de sintonía fina de las políticas que, en algunos casos, pueden ser potencialmente conflictivos con sectores políticos que hoy son una base importante del electorado de izquierda.
El quinto desafío, finalmente, se relaciona con la capacidad del Estado de confrontar con el fenómeno del crimen organizado. Existe consenso en que Uruguay ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a transformarse en un país de acopio para el narcotráfico. Eso repercute en la seguridad pública (el país tiene una elevada tasa de homicidios, 10,5 cada 100.000 habitantes)[6] y presenta amenazas relevantes hacia actores esenciales del sistema democrático, como es el caso de la justicia. Pero quizás lo más preocupante es que hay indicios que sugieren que se están generando cambios en los valores de ciertos grupos de la población que identifican las actividades vinculadas al narcotráfico como un modelo aspiracional.
La capacidad de enfrentar estos problemas de mediano plazo desde el propio gobierno, con iniciativas enmarcadas en políticas de Estado, es quizás el principal desafío de eficacia y, a la larga, de legitimidad para la actual normalidad democrática uruguaya. Y también algo que puede determinar si el gobierno de Orsi constituirá un mojón relevante en la trayectoria política de la izquierda en el país.
1.
Verónica Pérez Bentancur, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt: Cómo sobrevive la militancia partidaria. El Frente Amplio de Uruguay, Túnel, Montevideo, 2022.
2.
En 2024, Uruguay vivió la peor crisis hídrica de los últimos 70 años.
3.
Uruguay alcanzó su máximo histórico de personas privadas de libertad al registrar 477 presos cada 100.000 habitantes a mitad de 2025, el número más alto de América del Sur. V. La Diaria: «Nuevo récord histórico de presos en Uruguay: comisionado alerta por hacinamiento y derechos humanos», video en YouTube, 12/9/2025, disponible en www.youtube.com/watch?v=qcncf41olhw.
4.
Iván Schuliaquer (coord.): «Polarización en el país de los consensos. Política y redes sociales en Uruguay», FES, Montevideo, 5/2023, disponible en https://library.fes.de/.
5.
Ver Juan Pablo Luna: «Uruguay es un museo, más que un modelo» en Radio Sarandí 690, 10/2/2025, www.sarandi690.com.uy/2025/02/10/juan-pablo-luna-uruguay-es-un-museo-mas-que-un-modelo/.
6.
«En 2024 los homicidios estuvieron en una meseta, según informó el Ministerio del Interior» en La Diaria , 15/1/2025.