"En Bolivia nos preparamos para mayores crisis pero también para la lucha de clases"
En medio de una crisis dentro del partido gobernante MAS de Bolivia y las próximas elecciones en agosto de este año, entrevistamos a un miembro de la Liga Obrera Revolucionaria-Cuarta Internacional de Bolivia -que integra junto a Left Voice la corriente internacional Fracción Trotskista y la Red de diarios internacional La Izquierda Diario-.
Simón Arancibia - Militante de la LOR-CI
La conversación aborda el lugar de Bolivia en el capitalismo mundial, cómo la crisis del MAS revela los límites de los gobiernos pos neoliberales y el futuro de los trabajadores, campesinos, pueblos oprimidos y la izquierda revolucionaria del país.
Bolivia interesa al imperialismo estadounidense en gran parte por sus yacimientos de litio. Elon Musk celebró públicamente el golpe de Estado de 2019, declarando: "Golpearemos a quien queramos". ¿Cómo influirá esto en la relación de Estados Unidos con Bolivia en los próximos años?
El golpe de Estado de 2019 en Bolivia dejó muy claro nuestro papel en la división internacional del trabajo. Nos encontramos en medio de una disputa entre potencias imperialistas y capitalistas que intentan controlar y saquear los recursos de nuestro país. Mientras estas potencias mundiales se disputan su distribución hegemónica, la administración Trump ha tomado medidas que amenazan con redefinir el panorama mundial. Tras décadas de disputas comerciales y la creciente presencia del capital chino en la región, Estados Unidos parece reclamar el retorno a la Doctrina Monroe.
Ese golpe de Estado no solo fue celebrado públicamente por Musk, sino que también fue financiado, planificado y organizado por el imperialismo estadounidense durante la primera presidencia de Trump, a través de la Organización de los Estados Americanos. Los aliados de la administración Trump en la región, como el expresidente argentino Mauricio Macri, proporcionaron activamente armas a las fuerzas armadas bolivianas durante el golpe, lo que permitió que se llevaran a cabo las masacres de Senkata y Sacaba, que dejaron 37 muertos y cientos de heridos y torturados.
En la división mundial del trabajo, no hay "socios" transnacionales ni imperialistas "buenos", como afirman muchos gobiernos progresistas. Pero los medios de presión aplicados a países dependientes, como Bolivia, cambian según los giros políticos en Washington. Trump dejó claro en 2019 que su administración no tenía problemas en apoyar abiertamente golpes militares para asegurar el control sobre los recursos de Bolivia; según informes en The Intercept, la administración estaba dispuesta a llevar a cabo un segundo golpe en 2020 para evitar la transición al gobierno de Arce después de las elecciones de octubre. Esto significa que los próximos años estarán marcados por una creciente tensión regional entre Estados Unidos, que busca retomar el control sobre lo que considera su "patio trasero" y la región latinoamericana, que está siendo sacudida por interesantes procesos de movilización y resistencia.
Estados Unidos no es el único país que busca aprovechar el litio de Bolivia. ¿Podría explicar la relación de Bolivia con China y Rusia y el papel que estos países desempeñan en la extracción?
Bolivia tiene una deuda externa creciente. Nuestro principal acreedor multilateral es el Banco Interamericano de Desarrollo (32%), seguido de la Comunidad Andina (CAN) (20%) y el Banco Mundial (12%). El mayor acreedor bilateral de Bolivia es China, con poco más del 10% de nuestra deuda [1]. Parte de la justificación de las políticas internacionales de los gobiernos del MAS, primero con Evo Morales y ahora con Luis Arce Catacora, ha sido el intento de embellecer el carácter capitalista de China y Rusia con el discurso de un "mundo multilateral" o "bloques contrahegemónicos".
Vivimos en un mundo de dependencias cruzadas, y América Latina ya no es exclusivamente el patio trasero de Estados Unidos. Hay múltiples intereses en juego. La integración de Bolivia como Estado asociado del bloque BRICS es un intento del gobierno de Arce de obtener el apoyo político y económico de Rusia y China.
Si bien las tácticas imperialistas a corto plazo para saquear y despojar sus esferas de influencia son bastante claras, existen tácticas a largo plazo de sabotaje sistemático o parálisis que pueden frenar la extracción e industrialización de recursos durante años. El gobierno boliviano ha buscado múltiples contratos internacionales para extraer e industrializar litio, primero con empresas chinas, luego con empresas alemanas y ahora, en 2024, con un consorcio chino-ruso. Cada contrato ha generado su propia serie de protestas, críticas y escándalos. Desde un punto de vista técnico, el proyecto inicial propuso un enfoque de evaporación y construyó una serie de piscinas para extraer litio y otros minerales de los salares. Después de que la infraestructura se construyó y se dejó sin mantenimiento, hubo un cambio repentino de planes, adoptando un método de extracción directa.
Las consecuencias de no avanzar más allá de la implementación inicial o piloto son que, si bien Bolivia posee las mayores reservas comprobadas de litio del mundo (más de 21 millones de toneladas, aproximadamente el 23 % de las reservas mundiales) [2] , no representa ni el 1 % de la producción ni las exportaciones mundiales de litio. Esta falta de industrialización es utilizada por la oposición como una crítica al papel del Estado en la economía. Esto deja la puerta abierta para que futuros gobiernos alcancen acuerdos para ceder el control del litio a otros conglomerados transnacionales.
Para quienes no han seguido de cerca la situación, ¿qué hay detrás del conflicto que se desarrolla dentro del MAS (el partido gobernante de Bolivia)? ¿Qué intereses diferentes representan sus figuras principales, Arce y Evo Morales y cómo se relaciona esta crisis con el intento de golpe de Estado de junio del año pasado?
Durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, el MAS pasó de ser un frente popular —un bloque electoral para cooptar y desmovilizar las importantes luchas antineoliberales como la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003)— a un régimen semibonapartista construido en torno a Morales como caudillo [3] Tras la prohibición de Evo Morales de presentarse a las elecciones de 2020, el aparato del MAS celebró asambleas en todo el país para decidir sobre los candidatos. Morales no estuvo de acuerdo con estas candidaturas y, desde el exilio en Buenos Aires, proclamó a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca como candidatos oficiales.
Las disputas iniciales entre Morales y Arce, lejos de ser una lucha de ideas o proyectos alternativos, fueron expresiones de un caudillismo miserable por cuotas de poder. Esta división ha generado una división entre las dos facciones del MAS, que se ha librado en los poderes legislativo, electoral y judicial, en las calles con marchas multitudinarias y dentro de los movimientos campesinos e indígenas. Ambas facciones han dividido a las principales organizaciones sociales, como la federación sindical campesina nacional, CSUTCB. En ambas cámaras del parlamento, existen dos bancadas diferentes del MAS. Cada una negociará posiciones y actuará en unidad con facciones de la oposición de derecha según sus intereses actuales.
La base social campesina de la facción de Morales se centra en la región del Chapare de Cochabamba. La facción gubernamental, en cambio, se construye desde el Estado, apoyándose en la clase media y en profesionales y tecnócratas blancos-mestizos, aunque cuenta con apoyo popular, campesino e indígena en algunas regiones como Santa Cruz. A pesar de la violenta disputa entre Morales y Arce, lo cierto es que ambos responden a los mismos intereses —líderes de las grandes empresas y capitalistas— y coinciden en apoyarse en el capital chino y ruso, mientras que la oposición de derecha se siente más cómoda con el imperialismo estadounidense.
Cuando la Cámara de Comercio exigió a Arce que liberara todas las exportaciones (incluso si no cubría el mercado interno), Morales apoyó fervientemente sus demandas, añadiendo además que el gobierno debía eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras que afectaba a los bancos y otras instituciones financieras. Unos días después, Arce firmó un acuerdo de 10 puntos con la Cámara, accediendo a sus demandas.
El intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2024 demuestra que el ciclo político iniciado con el golpe de Estado de 2019 no ha concluido. El ejército y la Policía son actores políticos claves, y las altas esferas de estas instituciones represivas pueden desempeñar un papel decisivo en la política nacional. Cuando los tanques del ejército embistieron la antigua puerta del palacio presidencial y la policía militar tomó el control de la céntrica Plaza Murillo (donde residen los poderes ejecutivo y legislativo), la respuesta inicial de todo el espectro político fue rechazar cualquier posible ruptura del orden constitucional. Ante la falta de apoyo de los cuarteles militares al excomandante Zúñiga [líder del intento de golpe de Estado de junio de 2024], se designó un nuevo alto mando y la situación comenzó a desescalar. A partir de este punto, las tensiones entre el gobierno y la oposición (incluido Morales) comenzaron a crecer, con acusaciones contra Arce de intento de autogolpe o de teatro político.
Para los socialistas revolucionarios, la cuestión no es si el fallido intento de golpe de Estado formó parte de un plan gubernamental, sino la creciente represión estatal contra trabajadores, campesinos y movimientos feministas y LGBTQ+, junto con el papel del ejército como actor político. Ninguna facción del antiguo MAS (los seguidores de Morales han renunciado masivamente al partido, anunciando la formación de una nueva organización política) ofrece alternativa alguna a los trabajadores de la ciudad y el campo. Ambas han aprovechado todas las oportunidades posibles para negociar con la oligarquía tradicional y garantizar la continuidad de sus intereses empresariales.
Durante el gobierno de Morales, se produjo un notable aumento de la represión estatal, incluyendo la represión de la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena TIPNIS-Parque Nacional Isiboro-Sécure, la persecución a sindicatos y el movimiento estudiantil por el financiamiento de las universidades públicas. El gobierno de Arce, carente de un liderazgo carismático, depende del sistema judicial y de la Policía para garantizar la estabilidad. La jerarquía judicial se ha encargado de extender sus propios mandatos y suspender parcialmente las elecciones democráticas de jueces. Ha legalizado decenas de miles de hectáreas de tierra para la gran agroindustria (en violación de la Constitución del país). El sistema judicial aparece como la última instancia para resolver los conflictos dentro de un Estado que se encuentra en una profunda crisis orgánica, al servicio de intereses de clase.
Mientras líderes empresariales y banqueros siguen guardando sus dólares en paraísos fiscales y canalizando su dinero al mercado negro, el gobierno del MAS ha atacado sistemáticamente a sindicatos independientes de trabajadores, sindicatos campesinos y activistas del movimiento de mujeres. Decenas de líderes sindicales campesinos vinculados a Morales han sido arrestados en operativos mediáticos bajo cargos de terrorismo o sedición. Feministas, personas LGBTQ+ y activistas son perseguidos por participar en manifestaciones, como marchas en solidaridad con Palestina o contra la crisis económica.
Ciertos sectores de la izquierda en Estados Unidos consideran a Bolivia, y en particular al MAS, como un modelo importante para mejorar las condiciones de los trabajadores y las comunidades oprimidas, y para resistir al imperialismo. En contraste, usted ha argumentado que Morales llegó al poder mediante la desviación de importantes procesos de lucha de clases. ¿Podría explicar con más detalle cómo esto nos ayuda a comprender la crisis actual en Bolivia?
La resistencia antineoliberal de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes en Bolivia, entre 2000 y 2005, marcó varias victorias importantes. La Guerra del Agua en Cochabamba (2000) frustró los intentos del Banco Mundial de privatizar el suministro de agua de la región. La Guerra del Gas, con epicentro en la ciudad de El Alto (2003), derrocó al gobierno del empresario Gonzalo Sánchez de Lozada y dejó un claro mandato para la agenda de octubre. Esta agenda, fruto de las asambleas, exigía no vender gas a través de Chile, nacionalizar los recursos naturales del país y convocar una asamblea constituyente.
En las diferentes luchas de 2003 a 2005, cada vez que un presidente renunciaba, en lugar de abogar por un gobierno de los trabajadores, el MAS defendía la sucesión constitucional, incluso en 2005, cuando el Estado llegó al punto de quedarse sin sucesores potenciales, nombrando al presidente de la Corte Suprema como presidente interino. Desde la toma de posesión de Morales, los líderes del MAS enfatizaron que esta "revolución" no era una revolución anticapitalista, sino democrática y cultural. Buscaba "humanizar" las expresiones más brutales del neoliberalismo sin cuestionar las relaciones sociales capitalistas que lo sustentan. Si bien los representantes de la clase capitalista fueron severamente deslegitimados, el MAS buscó sistemáticamente incluirlos como parte del "proceso de cambio". La consecuencia fue un fortalecimiento económico y social gradual de dichas clases capitalistas, mientras que las masas populares se desmovilizaban. Las reformas institucionales y legales implementadas para supuestamente avanzar en la "descolonización del Estado y la sociedad" fueron fundamentales para esta desmovilización, mientras el Estado reconstruía un nuevo régimen político, más fuerte que el Estado que los levantamientos nacionales habían derrocado.
El fortalecimiento social de los capitalistas, acelerado por el aumento de los precios de las materias primas tras el auge de 2008, los impulsó a recuperar el control directo del Estado después de que las tendencias cada vez más autoritarias de Morales provocaran el rechazo generalizado de las clases medias. Esta situación finalmente condujo al golpe de Estado de 2019. En ese momento, la ruptura entre los líderes sindicales y de los movimientos sociales y las bases se hizo evidente. Catorce años de cooptación estatal y la corrupción de las burocracias de las organizaciones sociales habían dejado a la gran mayoría de los trabajadores sin ninguna forma de organización para resistir el golpe.
Cuando los golpistas y los grupos paramilitares quemaron la wiphala (la bandera tradicional de la resistencia indígena de Bolivia) y cometieron violentos actos racistas, los trabajadores y los pueblos se vieron obligados a improvisar nuevas organizaciones de movilización, ignorando a los funcionarios estatales y líderes afines al MAS, quienes, como Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, optaron por huir en lugar de enfrentar el golpe. Esta crisis de representación sigue muy presente, impidiendo una resistencia más amplia a las medidas de austeridad, pero también abriendo la posibilidad de que surjan nuevos fenómenos políticos de estas crisis, extrayendo lecciones del ciclo político progresista.
Para nosotros, los militantes de la LOR-CI (Liga Obrera Revolucionaria para la IV Internacional), esta situación plantea importantes desafíos y exige que avancemos en la lucha por construir un verdadero Partido Obrero Revolucionario.
Morales fue elegido como el primer presidente indígena en un país donde los indígenas han sufrido durante mucho tiempo pobreza extrema, racismo y marginación. ¿Han cambiado las cosas desde que el MAS asumió el poder? ¿Cuáles son las condiciones que enfrentan los indígenas hoy?
Evidentemente, el auge del precio del gas natural, junto con una política de redistribución de los excedentes de ingresos públicos, permitió que una parte significativa de la población campesina e indígena comenzara a formar parte de una nueva clase media. Esta excepcional situación económica, sumada a las políticas de inclusión social y estatal para amplios sectores previamente excluidos, facilitó una democratización parcial de la sociedad. Esto se expresó, por ejemplo, en el reconocimiento del pluralismo jurídico mediante la incorporación del sistema de justicia indígena y campesina al sistema jurídico nacional. También podríamos mencionar las llamadas autonomías indígenas y regionales, que permitieron la incorporación de los usos, costumbres y formas de organización de las comunidades indígenas como parte de la estructura estatal plurinacional. Estas medidas democratizadoras, sumadas al auge de precios que facilitó el ascenso social de importantes sectores de la población, ayudaron a reconstruir el maltrecho régimen político burgués, a la vez que impulsaron la desmovilización del movimiento de masas. Estas y otras disposiciones democráticas, lejos de ser simplemente iniciativas de Morales, fueron realmente fruto de luchas de masas, modificando la correlación de fuerzas entre las clases durante el ciclo de levantamientos de 2000 a 2005.
Hoy, los capitalistas amenazan con liquidar todas las conquistas de los movimientos obreros, campesinos y populares, pero los trabajadores y el pueblo no aceptarán pasivamente el regreso a las condiciones neoliberales de la década de 1990. La crisis del gobierno de Arce se profundiza en todos los aspectos, y es evidente que el futuro depara nuevas y más duras luchas de clases. El movimiento de masas boliviano derrotó al gobierno golpista de Áñez tras la rebelión de agosto de 2020. En ese sentido, el equilibrio de fuerzas entre las clases no está predeterminado. Es sobre esta base que los revolucionarios socialistas de la LOR-CI se preparan para intervenir.
Las elecciones generales se celebrarán en agosto de este año. ¿Cuáles son algunos escenarios posibles para estas elecciones?
Las elecciones están marcadas por una profunda crisis de representación, combinada con una situación económica muy frágil. El ciclo de acumulación basado en el gas ha llegado a su fin, y el litio sigue siendo solo una promesa. La escasez de dólares, gasolina y diésel afecta gravemente los bolsillos de las familias trabajadoras.
El creciente malestar social se refleja en las interminables filas para cargar diésel y gasolina, mientras las grandes empresas se benefician de la especulación, lo que también afecta el suministro y el acceso a los alimentos, aumentando los precios. La desesperación es evidente en los mercados y en las tensas peleas en los centros de distribución de alimentos, como las tiendas estatales de EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), donde los productos se venden a precios controlados.
El Estado boliviano subsidia la gasolina y el diésel, importándolos a precios internacionales y vendiéndolos a 3,72 bolivianos, [4] 4 bolivianos y 6,73 bolivianos en el mercado interno. Los principales beneficiarios de este subsidio son las empresas agroindustriales y mineras.
En este contexto, las elecciones están programadas para el 17 de agosto, y aún está por decidirse si la facción gobernante del MAS y la oposición de derecha permitirán la candidatura de Morales. Durante los últimos meses y años, se ha desatado una campaña sistemática para vetar a Morales, a pesar de ser el caudillo que aún cuenta con las mayores preferencias electorales. Como podemos ver, Morales ya no tiene la fuerza ni la hegemonía que disfrutó durante casi 14 años, pero sigue siendo el candidato más fuerte entre los demás candidatos. Si Morales es vetado, todo el proceso electoral se verá contaminado y deslegitimado por ser antidemocrático, mientras que Morales seguirá siendo un mediador político en caso de nuevas convulsiones sociales o estallidos de lucha de clases. Si el gobierno de Arce y la oposición de derecha se ven obligados a reconocer la candidatura de Morales, probablemente nos enfrentaremos a un escenario muy polarizado en la contienda electoral, donde no se pueden descartar eventos similares a la crisis de 2019.
Como pueden ver, se trata de un escenario muy abierto. Las perspectivas, más allá de quién pueda ser el eventual ganador, implican un gobierno débil, apoyado por instituciones profundamente deslegitimadas y en el marco de una creciente polarización social y política que fomenta el surgimiento de "outsiders" y diversos fenómenos políticos. Nos preparamos para un escenario de mayor crisis y lucha de clases.
[1] Banco Central de Bolivia, Informe de Deuda Externa, junio de 2024
[2] Servicio Geológico de los Estados Unidos, 2023
[3] El término caudillo se refiere a un líder político a menudo carismático y populista, en cuyas manos se concentra un alto grado de poder militar y político. Existe una larga tradición de caudillismo , tanto en sus variantes de izquierda como de derecha, en América Latina.
[4] La moneda de Bolivia