HRW advirtió que la reforma de seguridad de Kast pone en riesgo los derechos humanos
La organización consideró que el Congreso chileno debería rechazar la reforma, ya que esta pondría en peligro una amplia gama de derechos.
Las propuestas de la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast para combatir al crimen organizado "no se ajustan a las obligaciones internacionales de Chile", indicó la organización Human Rights Watch (HRW).
"En lugar de proteger a los chilenos, esta propuesta, que crea un nuevo tipo de estado de emergencia y amplía las facultades presidenciales, pone en riesgo los derechos a la libertad de reunión y de asociación", señaló la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien añadió que las reformas constitucionales propuestas amenazan los derechos de los chilenos y ponen en peligro sus instituciones. "Se trata de una peligrosa usurpación de poder que pone en riesgo los derechos de todos los chilenos", remarcó.
La advertencia
En este contexto, la organización consideró que el Congreso de Chile debería rechazar la reforma de seguridad porque advirtió que sino se pondría en peligro una amplia gama de derechos humanos. "La propuesta del Ejecutivo le otorgaría al Presidente una autoridad prácticamente ilimitada para declarar estados de emergencia en respuesta a cualquier situación que considere una amenaza inminente para la 'seguridad pública'", alertó HRW, además de decir que el nuevo estado de excepción se sumaría a los cuatro tipos de estados de emergencia ya previstos en la Constitución chilena.
El nuevo estado de emergencia por "seguridad pública" podría durar hasta 240 días sin requerir la aprobación del Congreso y otorgaría al presidente la autoridad de "suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión" y "restringir el ejercicio del derecho de asociación; interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer de requisiciones de bienes". La propuesta establece que un oficial general, ya sea de las fuerzas armadas o de los Carabineros de Chile, nombrado por el presidente, se encargará de la "zona afectada" declarada en emergencia.
La ONG también advirtió que la reforma otorgaría una nueva facultad al jefe de Estado para declarar grupos como organizaciones terroristas o criminales. "La propuesta también crearía regímenes penitenciarios diferenciados, que incluirían restricciones a las visitas y a los beneficios penitenciarios para ciertas categorías de detenidos", añadió.
La organización aclaró que, según el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos pueden suspender algunas de las obligaciones de derechos humanos establecidas en el Pacto "en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación". "Las suspensiones deben ser solo aquellas estrictamente limitadas a las exigencias de la situación", indicó. "Asimismo, el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los gobiernos suspender algunas obligaciones de derechos humanos en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado", siempre que tales medidas sean estrictamente necesarias para hacer frente a las exigencias de la situación y sean consistentes con otras obligaciones de derecho internacional.
"No es renunciable"
El lunes, José Antonio Kast afirmó que el nuevo estado de excepción propuesto en la reforma de seguridad que impulsa en el Congreso "no es renunciable" y que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a los planteamientos del Gobierno. "El crimen organizado hoy día no es con los delincuentes habituales, es una especie de Estado paralelo, que funciona con líneas de acción, líneas de trabajo, económicas absolutamente distintas (...) por eso el estado de excepción no es renunciable", señaló el mandatario en entrevista con Radio Cooperativa.
Kast señaló que el diseño de la reforma se basa en los cambios que ha experimentado el crimen organizado que opera en Chile y en la región y que la seguridad pública "tiene que tener una herramienta distinta" para enfrentar esa realidad. "El parlamento hoy día tiene la facultad de debatir y discutir y modificar todo. Creemos que tenemos los argumentos necesarios para que cuando se inicie la discusión podamos establecer los mejores mecanismos para combatir el crimen organizado en torno a esta gran agenda, donde la reforma constitucional es una de las partes", subrayó.
En total, Kast presentó ocho modificaciones a la Carta Fundamental chilena en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas. El proyecto de reforma ha sido criticado por parlamentarios opositores, que pidieron retirar la reforma, y oficialistas que cuestionaron que la medida propone una concentración de poder en la figura del jefe de Estado.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sin embargo, ha llamado en una entrevista en la Televisión Nacional de Chile, a retirar el estado de excepción de la reforma y afirmó que su partido de centroderecha Renovación Nacional no apoyará esta medida en el Congreso y consideró que un quinto estado de excepción constitucional "no es necesario". La divergencia ante la propuesta también fue reflejada en la encuesta pública de Cadem, divulgada la semana pasada, en la que el 49 por ciento manifestó estar en desacuerdo con un nuevo estado de excepción, mientras que el 51 por ciento consideró que el Gobierno debe retirar el proyecto para llevar a cabo ajustes y buscar acuerdos antes de volver a presentarla.
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