La batalla por la Ciudad de México

Por Lorena Umaña Reyes

El 4 de julio de 2025, mientras Estados Unidos celebraba su independencia, cientos de personas marcharon por las colonias Roma y Condesa de la Ciudad de México con pancartas que decían: «Gentrificación no es progreso, es despojo» y «Fuera gringos». Las protestas contra las transformaciones urbanas en la capital mexicana ocurrieron, paradójicamente, en barrios nacidos durante el Porfiriato (1902-1903) como espacios de exclusión social, diseñados para la aristocracia con bulevares al estilo parisino. Las manifestaciones, que comenzaron como una concentración pacífica, terminaron con episodios de vandalismo y mensajes xenófobos que dividieron a la opinión pública. La paradoja histórica no es menor: que estas calles sean hoy escenario de protestas antigentrificación revela algo más profundo que el descontento vecinal. Expone la diversidad de transformaciones urbanas simultáneas que afectan a los 22 millones de habitantes metropolitanos y una crisis habitacional que exige un análisis diferenciado.

La primera protesta masiva contra lo que los manifestantes denominaron «gentrificación» funcionó como radiografía de problemáticas que replican patrones observables desde Buenos Aires hasta Medellín: la mercantilización de la vivienda, el desplazamiento de sectores populares hacia periferias lejanas y la conversión de barrios enteros en productos de consumo turístico. Al mismo tiempo, evidenció el riesgo de que movimientos urbanos legítimos desemboquen en disputas identitarias que oscurecen las verdaderas causas estructurales del problema.

De la turistificación a la gentrificación real: procesos diferenciados

La tendencia a etiquetar como gentrificación cualquier transformación urbana o aumento de precios ha caracterizado el debate en América Latina. Esta imprecisión conceptual, sin embargo, oculta las causas reales de cada fenómeno. La gentrificación tiene una definición precisa: es el proceso por el cual barrios históricamente populares se transforman con la llegada de clases medias o altas que, gradualmente, desplazan a los residentes originales –de menores ingresos–, lo que altera la composición social del territorio. Lo que ocurre en las colonias Roma y Condesa no se ajusta a esta definición. Estos barrios nunca fueron populares: nacieron como enclaves exclusivos y han mantenido ese perfil por más de un siglo.

Hoy experimentan una combinación de tres fenómenos que exigen ser diferenciados. Primero, el encarecimiento extremo de las rentas: un departamento que en 2015 costaba 550 dólares mensuales hoy cuesta 1.650 dólares. No se trata de inflación ordinaria, sino de un aumento de 200% que ha expulsado incluso a familias de clase media que residían en la zona desde hace décadas. En segundo lugar, el cambio radical en los usos del suelo: la flexibilización de permisos municipales ha facilitado la conversión de casas familiares en restaurantes, bares y espacios de trabajo colaborativo, lo que ha transformado colonias residenciales en zonas comerciales de facto. El tercer fenómeno es la llegada masiva de nómadas digitales –principalmente estadounidenses con ingresos mensuales de entre 3.000 y 5.000 dólares–, que completa una transformación que se ajusta mejor al concepto de «turistificación». A diferencia de la gentrificación, que implica un cambio poblacional estable, la turistificación convierte barrios en productos de consumo para visitantes temporales que poseen mayor poder adquisitivo que los residentes tradicionales.

Mientras tanto, en colonias como Doctores, Obrera o San Rafael, avanzan procesos de gentrificación clásica que reciben mucha menos atención mediática. Allí, familias trabajadoras que han habitado por generaciones enfrentan una presión inmobiliaria real. En la colonia Doctores, por ejemplo, el precio promedio del alquiler por metro cuadrado aumentó 150% entre 2020 y 2024, y 35% de los comercios tradicionales cerraron para dar paso a cafeterías y estudios de diseño orientados a profesionales jóvenes.

En estos casos, la llegada de nuevos residentes –profesionales mexicanos de clase media– se produce por la imposibilidad de acceder a colonias ya turistificadas. Esto genera el desplazamiento gradual de familias que trabajaron durante décadas en el sector servicios, el comercio informal o empleos de salario mínimo. A diferencia de lo que ocurre en Roma y Condesa, donde los cambios benefician a los propietarios, en estas colonias populares el proceso expulsa efectivamente a la población originaria hacia periferias desde donde los traslados laborales pueden alcanzar las tres horas diarias.

La colonia Obrera muestra un patrón similar: entre 2019 y 2024, 28% de las viviendas en renta cambiaron de inquilinos, y las familias trabajadoras fueron reemplazadas por estudiantes de posgrado y profesionales jóvenes capaces de pagar rentas 50% más altas (de 300 a 450 dólares mensuales). Este recambio ha modificado no solo los precios sino también el tejido social del barrio: las redes comunitarias de cuidado infantil se han debilitado, los comercios vecinales luchan por mantener clientela y las organizaciones tradicionales de vecinos enfrentan dificultades para convocar reuniones debido a los cambios en los ritmos y estilos de vida de los nuevos residentes.

La ciudad sin plan: entre la planeación formal y el caos real

La crisis urbana actual no puede entenderse sin considerar la brecha entre los instrumentos de planeación formal y la realidad del desarrollo urbano en la Ciudad de México. Si bien existen documentos como el Plan General de Desarrollo 2020-2040, que reconoce la necesidad de «equilibrio, ordenamiento y gestión territorial», la metrópoli ha crecido durante décadas bajo una lógica que ha privilegiado los intereses inmobiliarios sobre cualquier visión integral de ciudad.

Esta desconexión entre planeación y realidad no es fortuita. Durante el siglo XX, mientras la ciudad se expandía vertiginosamente, los planes de desarrollo existían solo en papel. La urbanización irregular, la autoconstrucción y la especulación inmobiliaria avanzaron sin control, lo que dio lugar a una metrópoli fragmentada: colonias populares sin servicios básicos, desarrollos desconectados y zonas industriales mezcladas con residenciales sin criterio alguno. Este modelo de crecimiento desordenado se perpetuó hasta bien entrado el siglo XXI.

Aunque el Plan General de Desarrollo 2020-2040 reconoce la necesidad de reducir desigualdades sociales y garantizar el derecho a la vivienda, ese reconocimiento llega después de un siglo de expansión caótica. Los patrones de segregación ya están profundamente arraigados en la estructura y la economía urbanas.

La brecha entre los instrumentos de planeación formal y la práctica urbana real ha generado las condiciones propicias para la crisis actual. Aunque los planes de las alcaldías establecen zonificaciones específicas, en la práctica cualquier vivienda puede transformarse en restaurante o bar mediante acuerdos opacos con autoridades locales. Mientras el discurso oficial promete una «ciudad igualitaria», barrios enteros cambian su vocación residencial por un uso comercial sin que existan mecanismos efectivos de control. Los documentos hablan de proteger a inquilinos vulnerables, pero en la realidad las rentas pueden triplicarse sin que haya herramientas legales que lo impidan. El problema no radica en la ausencia de planeación, sino en su captura sistemática por intereses particulares. Los permisos de construcción se negocian entre desarrolladores y funcionarios al margen de los objetivos declarados, y los cambios de uso de suelo se autorizan en función de beneficios económicos inmediatos, sin atender al impacto social sobre los barrios. En este contexto, la planeación llega siempre tarde, cuando el mercado inmobiliario ya impone sus propias reglas, profundamente arraigadas en la estructura urbana. Así, el desarrollo urbano avanza como si no existieran límites ni restricciones.

Patrones regionales y el caos específico mexicano

Estos patrones se replican –con matices– en toda América Latina. En Buenos Aires, el barrio de Palermo vivió una gentrificación clásica en la década de 2000, mientras que San Telmo se turistificó mediante la conversión de conventillos históricos en lofts. En Santiago de Chile, la expansión del metro hacia Providencia y Ñuñoa creó oportunidades de especulación inmobiliaria que benefician a desarrolladores y perjudican a inquilinos de larga data. Pero el caso mexicano presenta una particularidad: mientras otras ciudades han intentado implementar planes de ordenamiento, la Ciudad de México ha mantenido un modelo de crecimiento fundamentalmente anárquico.

Esta diferencia resulta clave para comprender por qué los procesos de gentrificación y turistificación tienen un impacto más agresivo en la Ciudad de México. La cercanía geográfica con Estados Unidos y la paridad cambiaria favorable al dólar facilitan la llegada masiva de trabajadores remotos estadounidenses. Un salario mensual de 3.000 dólares –modesto en Estados Unidos– equivale a casi diez veces el salario mínimo en México y triplica el ingreso promedio de un profesional local. Sin embargo, no es solo esta presión externa lo que explica la magnitud del fenómeno, sino además la ausencia de marcos regulatorios capaces de contenerla. Esa falta de regulación –resultado directo de décadas sin una política urbana efectiva– ha permitido que el mercado reaccione sin límites, disparando los precios de renta a niveles sin precedentes.

No obstante, el problema de fondo es la ausencia de marcos regulatorios. Desde el año 2000, diversas intervenciones gubernamentales en el Centro Histórico –como la peatonalización de calles, la mejora del transporte público y la restauración de edificios patrimoniales– contribuyeron a incrementar el atractivo de las colonias centrales para la inversión inmobiliaria. Sin embargo, al implementarse sin un plan urbano integral, estas acciones generaron efectos no previstos: la revitalización del espacio público, sin una regulación paralela del mercado inmobiliario, terminó por facilitar la especulación y acelerar el desplazamiento de población local.

Las causas estructurales de la crisis habitacional

Las protestas del 4 de julio pusieron en evidencia problemáticas estructurales que van mucho más allá de la presencia de extranjeros. La brecha entre los ingresos de la mayoría de la población y el costo de la vivienda constituye el principal factor de fondo. En México, una vivienda promedio cuesta alrededor de 103.000 dólares, mientras el salario mínimo diario es de apenas de 15 dólares. Esto significa que un trabajador necesitaría destinar íntegramente su salario durante 17 años para adquirir una casa, sin gastar un solo peso en alimentación, transporte u otros gastos básicos. El déficit habitacional es un problema extendido en América Latina. En Brasil faltan cerca de seis millones de viviendas y en Colombia, el déficit alcanza el 26,8 % de los hogares, lo que equivale a unos 4,9 millones de hogares. En Argentina, el déficit habitacional se estima en aproximadamente 3,24 millones de viviendas, cifra que podría superar los cinco millones si se consideran las que presentan condiciones inadecuadas, según estimaciones de la Cámara Argentina de la Construcción basadas en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. En México, la combinación de una alta demanda insatisfecha con la ausencia de mecanismos sólidos de financiamiento habitacional subsidiado y de marcos regulatorios eficaces contribuye a profundizar la crisis y limita el acceso a una vivienda digna.

Esta desconexión estructural ha dejado fuera del mercado formal de vivienda a 73,6 millones de mexicanos. Cuando tres de cada cuatro personas no pueden acceder a una vivienda digna en condiciones de mercado, cualquier presión adicional sobre la oferta habitacional –como el arribo de nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo– genera efectos explosivos. En el fondo, la causa más profunda es la ausencia de una planificación urbana verdaderamente democrática. Desde el año 2000, la política habitacional en México se ha centrado en la construcción masiva de viviendas en periferias distantes, en lugar de fomentar una ciudad compacta, bien conectada y con servicios públicos de calidad. Esta estrategia respondió más a una la lógica de maximización de ganancias de los desarrolladores que a las necesidades reales de la población. Esto produjo una metrópoli fragmentada, donde millones de trabajadores deben desplazarse desde municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec o Chimalhuacán, soportando hasta tres horas diarias de traslado. Esta segregación territorial no solo refleja, sino que reproduce y profundiza las desigualdades sociales.

La terciarización del espacio residencial es otro síntoma claro de la desregulación urbana. Ante la falta de una zonificación efectiva y de mecanismos de control sobre los usos del suelo, la flexibilización de permisos municipales ha permitido la conversión masiva de viviendas en comercios, lo que ha reducido la disponibilidad de vivienda y alterado la función social de barrios enteros.

Resistencias urbanas: de las marchas a la organización cotidiana

Durante 2025, la Ciudad de México ha sido escenario de una serie de protestas contra las transformaciones urbanas que revelan tanto la diversidad del descontento como la complejidad de los procesos en curso. Una segunda marcha, realizada el 20 de julio, derivó en actos de vandalismo cuando integrantes del llamado «bloque negro» se dirigieron a Ciudad Universitaria y atacaron instalaciones del Centro Cultural Universitario del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC): rompieron cristales, sustrajeron libros que posteriormente quemaron y vandalizaron la librería Julio Torri. Estos episodios evidenciaron la radicalización de ciertos sectores del movimiento, así como los riesgos de que las tácticas destructivas terminen opacando demandas habitacionales legítimas.

Frente a estas expresiones visibles y esporádicas, se desarrollan resistencias cotidianas, menos espectaculares pero más sostenibles, en barrios que enfrentan procesos de gentrificación clásica. En colonias como Doctores y Obrera –donde familias trabajadoras padecen una presión inmobiliaria concreta y acelerada– se han tejido estrategias organizativas que van más allá de la protesta puntual y apuntan a formas de defensa estructural del territorio.

La Asamblea de Vecinos de la colonia Doctores, por ejemplo, ha logrado, mediante negociaciones colectivas con propietarios y presión coordinada sobre autoridades locales, conservar 40% de los comercios tradicionales del barrio. También ha establecido acuerdos para evitar desalojos abruptos, reemplazando aumentos repentinos de renta por esquemas graduales. Su estrategia incluye un padrón comunitario de inquilinos y la construcción de alianzas con nuevos locatarios comerciales dispuestos a respetar la identidad del barrio.

En la colonia Obrera, redes de mujeres han impulsado respuestas innovadoras, organizando defensas legales colectivas frente a desalojos arbitrarios y han creado un fondo rotatorio que permite a las familias enfrentar aumentos súbitos de renta mientras buscan alternativas. Estas formas de organización enfrentan no solo la voracidad del mercado, sino también la ausencia de marcos legales eficaces que garanticen el derecho a la vivienda. En paralelo, ha comenzado a emerger la judicialización como forma de resistencia: abogados especializados en derecho habitacional reportan un incremento de 300% en consultas por desalojos arbitrarios y aumentos abusivos desde 2023, lo que evidencia tanto el agravamiento de la crisis como la improvisación institucional para enfrentarla.

Los episodios de xenofobia –con mensajes como «Kill a gringo» o «Fuera de México»– no fueron simples excesos aislados. Expresan una frustración acumulada que ha encontrado en los extranjeros un blanco visible frente a causas estructurales complejas y, muchas veces, invisibilizadas. Esta dinámica revela una dificultad central: identificar y confrontar a los actores verdaderamente responsables –fondos de inversión, desarrolladores, autoridades permisivas– que operan tras bambalinas en el proceso de mercantilización urbana.

Entre respuestas institucionales y desafíos estructurales

Las respuestas institucionales han puesto de manifiesto las contradicciones propias de gobiernos que operan bajo la doble presión de los movimientos sociales y los intereses del mercado inmobiliario, sin contar con herramientas de planeamiento urbana eficaces. En 2024, la Ciudad de México adoptó algunas medidas –como la imposición de límites al costo de las rentas en ciertas zonas y la regulación de plataformas de alquiler temporal–, pero estas iniciativas enfrentan un obstáculo estructural: intentan intervenir en un mercado que creció durante décadas sin regulación alguna. La administración local ha propuesto controles de renta en áreas tensionadas, pero estas propuestas se topan con dilemas difíciles de resolver. Por un lado, buscan proteger a los inquilinos más vulnerables frente a aumentos extremos; por otro, corren el riesgo de desalentar la inversión privada, que representa 85% del financiamiento del sector inmobiliario local.

La experiencia histórica de los controles de renta en la Ciudad de México (1942-2001) dejó lecciones importantes: si no se acompañan de políticas integrales, pueden derivar en el deterioro del parque habitacional y en el despoblamiento de zonas centrales. El problema de fondo es que estas regulaciones llegan demasiado tarde, tras décadas de dejar actuar al mercado sin restricciones, cualquier intento de regularlo enfrenta resistencias poderosas por parte de actores ya consolidados. Además, las propuestas actuales corren el riesgo de impactar negativamente también en pequeños propietarios que dependen del ingreso por alquiler, lo que subraya la dificultad de diseñar políticas públicas que distingan claramente entre especulación inmobiliaria y economía familiar.

El futuro de la ciudad en disputa

Las protestas del 4 de julio actuaron como un espejo que reflejó las contradicciones más profundas del modelo de desarrollo urbano latinoamericano. Pusieron en evidencia que la falta histórica de planeación urbana no fue un accidente ni una omisión técnica, sino una política de facto que favoreció el crecimiento desordenado, la especulación sin límites y la segregación espacial. La experiencia mexicana ofrece lecciones elocuentes para la región: demuestra cómo la ausencia de una planificación integral crea el escenario perfecto para que procesos como la gentrificación y la turistificación tengan efectos devastadores sobre el tejido urbano y social.

Cuando no existen marcos regulatorios efectivos ni una visión colectiva de ciudad, cualquier presión externa –como la llegada masiva de trabajadores remotos con salarios en dólares– se traduce en exclusión acelerada de la población local. El desafío, por tanto, va mucho más allá de regular plataformas como Airbnb o restringir la migración temporal: exige construir instituciones de planeación urbana con poder real, marcos normativos sólidos y una política territorial que priorice la función social del suelo por encima de su valor de mercado. En última instancia, se trata de decidir si las ciudades serán plataformas para la especulación financiera o territorios habitables para quienes las construyen y habitan día a día.

Solo la combinación entre un diagnóstico estructural riguroso y un diseño institucional sofisticado permitirá canalizar la indignación urbana hacia transformaciones duraderas. Las protestas lograron visibilizar problemas que durante años permanecieron silenciados, pero el movimiento enfrenta ahora una encrucijada: avanzar hacia un análisis profundo de las causas estructurales o disolverse en conflictos identitarios que, lejos de cuestionar el modelo vigente, terminan reforzando a quienes lucran con la mercantilización de la vivienda y con la ausencia histórica de planificación urbana.

Fuente:

https://nuso.org/articulo/gentrificacion-mexico-protestas-turistificacion/