La caída de Dina Boluarte en Perú: ¿hacia una nueva crisis política?
El Congreso decidió destituir a la presidenta a pocos meses de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril de 2026. La asunción del cuestionado presidente del Congreso, José Jerí, desencadenó nuevas protestas de la llamada Generación Z, mientras crece la fragmentación de la oferta electoral en medio del descontento ciudadano.
Por Omar Coronel
Al final, cayó la presidenta más impopular del mundo. El promedio de aprobación de Dina Boluarte durante todo su mandato fue de 9% y en 2025, de 4%. Llegó a la Presidencia en 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, e inauguró su mandato con masacres que dejaron 50 manifestantes fallecidos y más de 1.000 heridos. En coalición con la mayoría del Congreso, erosionó la democracia y la capacidad estatal, y una de las consecuencias fue el crecimiento imparable de la criminalidad. Con este historial y tomando en cuenta la fragilidad de la clase política peruana, las preguntas son: ¿por qué duró tanto tiempo en el cargo?, ¿por qué fue «vacada» ahora por el Congreso, a medio año de las elecciones generales?
En febrero de 2024, escribí sobre cuatro factores que limitaban las protestas -la división de la oposición, el incremento de la represión, la percepción de inefectividad y el pesimismo-. ¿Qué cambió desde entonces? El atentado de extorsionadores contra el popular grupo de cumbia Agua Marina fue el detonante, pero este no habría tenido impacto sin la confluencia de factores institucionales y la activación de protestas en Lima.
Desde diciembre de 2022, Perú es gobernado por una coalición autoritaria liderada por los principales partidos con representación en el Congreso. Desde la transición a la democracia en 2000, el país carece de un sistema de partidos institucionalizado, lo que ha producido una clase política muy volátil, repleta de outsiders que, sin expectativas de reelección, usufructúan el Estado mientras pueden.
Sin embargo, el autogolpe fallido de Castillo en diciembre de 2022 -y su posterior destitución y encarcelamiento- abrió la puerta para la concentración del poder en el Parlamento. Hasta ese año, el Ejecutivo podía frenar propuestas del Poder Legislativo y facilitar su fiscalización. El caso extremo fue Martín Vizcarra, que cerró el Parlamento en 2020 utilizando mecanismos constitucionales. Pero eso fue cambiando.
La elección de Castillo en 2021 ayudó a unificar a las derechas y dividir a las izquierdas. Lo que él representaba -maestro rural, rondero [1] rondas campesinas fueron creadas en Cajamarca, en los años 70, para enfrentar el abigeato y que se replicaron luego en el país en los años 80 para hacer frente a la guerrilla de Sendero Luminoso; funcionan muchas veces como instancia de autoridad en el campo outsider, postulado por un partido «marxista-leninista»- generó un temor que facilitó la cooperación entre las derechas neoliberales y populistas conservadoras, que se arremolinaron alrededor de la candidatura de Keiko Fujimori, denunciaron un falso fraude y luego se dedicaron a intentar destituir a Castillo desde el inicio de su gestión. Castillo les facilitó el trabajo con un gobierno corrupto e ineficaz, que acabó alejando a la izquierda moderada («caviar») y enemistándola con la izquierda radical. Cuando Castillo anuncia el autogolpe, las distintas derechas en el Parlamento y parte de la izquierda moderada se unieron para votar su vacancia. Fue entonces cuando asumió Boluarte, otra outsider, que sería sostenida en el Congreso por la oposición de derecha y por parte de la izquierda supuestamente radical -como el partido Perú Libre, de Vladimir Cerrón, por el que se había postulado Castillo-.
Boluarte se convirtió en el rostro ejecutivo de una suma de minorías que constituyeron en el Parlamento una mayoría compleja, pero suficiente para constituir una coalición autoritaria resiliente. Resistieron primero el reclamo mayoritario (93%) de adelanto de las elecciones, que habría puesto fin a sus propios mandatos. Con ese objetivo, apoyaron o no fiscalizaron las masacres durante el ciclo de protestas entre 2022 y 2023. Además, la coalición autoritaria -que ya incluía a las Fuerzas Armadas, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público y a parte importante de los medios masivos limeños- sumó en los siguientes meses a la Defensoría del Pueblo y a la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar y evaluar a jueces y fiscales. Con esas capturas institucionales, el Parlamento facilitó un proceso de concentración del poder y bloqueo de posibilidades de fiscalización, dinámica que Paolo Sosa, Moisés Arce y José Incio llamaron autoritarismo legislativo. Este proceso ha logrado blindar a muchos congresistas de sus procesos judiciales y permitió avanzar leyes y reformas que favorecen las economías informales y el crimen organizado.
Desde marzo de 2023, el ciclo de protestas contra la coalición autoritaria se fue diluyendo. Hubo numerosos eventos de protesta en fechas claves, pero ninguno llegó a ser masivo. Como argumentaba en 2024, esto se debió a cuatro factores. Primero, la división de la oposición, sobre todo entre sectores más cercanos y más lejanos al ex-presidente Castillo; el contexto represivo, que elevó el costo de salir a protestar; la limitada percepción de eficacia de las manifestaciones; y, finalmente, la desesperanza frente a lo que podría venir si caían Boluarte y la coalición autoritaria, en ausencia de una oposición creíble.
La desesperanza comenzó a revertirse parcialmente en septiembre de este año, pero también la paciencia o la desidia frente a la inacción del régimen contra el aumento de la criminalidad. La tasa de homicidios se incrementó en 36% entre 2023 y 2024. Primero los jóvenes centennials, autodenominados Generación Z, y luego los transportistas comenzaron a protestar con repertorios más contenciosos: confrontación directa con la policía y bloqueos de las principales arterias de Lima. En el contexto de anuncios de protestas más amplias, se produjo el atentado contra el grupo de cumbia Agua Marina, en el que cuatro de sus integrantes y un vendedor de bebidas fueron heridos por una ráfaga de 27 disparos. Se trataba de extorsionadores que reclamaban un pago. Ese evento se convirtió en un catalizador de indignación que multiplicó los mensajes en favor de una marcha contra el gobierno y el Congreso. La sola amenaza forzó a la mayoría de los congresistas a destituir a Boluarte en menos de 24 horas.
Esa misma mayoría congresal había votado en siete oportunidades en contra de la vacancia. ¿Por qué esta vez sí la aceptaron? En marzo de este año, hubo indignación también por un evento aún más trágico: el asesinato del popular cantante del grupo de cumbia Armonía 10, Paul Flores, también por extorsionadores. Aquella vez también hubo protestas, pero solo lograron la censura a un ministro. ¿Qué cambió esta vez? ¿Qué significa este cambio para la supervivencia de la democracia peruana?
El ciclo electoral con miras a las elecciones generales de abril de 2026 modifica el comportamiento de los actores políticos respecto de las demandas ciudadanas. Los congresistas reformaron la Constitución para pasar de un sistema unicameral a uno bicameral a partir de las próximas elecciones, con lo que se abrió la posibilidad, para los diputados, de ser reelegidos para el nuevo Senado (ya que no hay reelección en el mismo cargo). Pasaron por encima, así, del referéndum de 2018, cuando 90% del electorado votó en contra de la bicameralidad. En este contexto electoral, en el cual buscarán retener el poder, a los congresistas les resulta más costoso ignorar las demandas e indignación ciudadanas. Esto es una señal de que, a pesar de la deriva autoritaria, aún subsiste el elemento mínimo de la democracia: elecciones competitivas. Por ello era más difícil desatender el crecimiento de las protestas de jóvenes y transportistas, y la avalancha de indignación que generó el atentado contra Agua Marina.
A ello hay que sumar el impacto que tuvo el intento de linchamiento que vivió Phillip Butters, candidato presidencial del partido Avanza País y representante del ala más dura de la coalición autoritaria. Butters fue a hacer campaña a Puno, región andina y epicentro del ciclo de protestas de 2023, donde 23 ciudadanos fueron asesinados por la policía al inicio del gobierno de Boluarte. Allí, los periodistas puneños le recordaron que instigó a que las autoridades dispararan a la cabeza de los manifestantes y luego, Butters tuvo que salir escoltado por la policía para no ser linchado, bajo una lluvia de objetos que le lanzaron de todos lados. Ese repudio se expuso en todos los medios y les mostró a los políticos que la gente no olvida las masacres de Boluarte ni quiénes la sostienen. Esto se sumó al atentado contra Agua Marina y los empujó a reaccionar entregando la cabeza de su presidenta con el objetivo de calmar las aguas.
Otro factor institucional para tomar en cuenta es que Boluarte ya no podía cerrar el Congreso desde agosto de este año. Constitucionalmente, podía hacerlo si este censuraba o le negaba la confianza a dos Consejos de Ministros. Esta es la atribución que Vizcarra puso en práctica en 2020. Sin embargo, la Constitución también indica que el presidente no puede disolver el Congreso en su último año de mandato. Era improbable que Boluarte lo intentase alguna vez, por su dependencia del Poder Legislativo. Pero aun así esta circunstancia la volvió más vulnerable.
También fue cambiando el contexto político. A diferencia de 2022-2023, el factor Castillo ya no jugaba un rol en estas movilizaciones como generador de divisiones en la oposición. Esto fue notorio en el inicio de las protestas en septiembre, con la sorpresiva marcha juvenil en contra de la reforma del sistema jubilatorio. Redes de jóvenes centennials, alejados del activismo convencional, autodenominados «Generación Z», tomaron las calles y confrontaron a la policía sin descanso. La protesta no fue masiva, pero sorprendieron la juventud y la persistencia de los manifestantes, lo que concitó una notable simpatía en las redes sociales. La demanda era económica, concreta y unificadora. En 48 horas, la mayoría en el Congreso tuvo que modificar los puntos más sensibles de la ley. Sin embargo, la protesta no se detuvo, sino que se extendió.
Desde el 13 de septiembre, las protestas juveniles se han repetido cada semana, debido en parte al éxito que tuvo la primera marcha, que hizo retroceder a la mayoría congresal. Las demandas fueron expandiéndose a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. De ahí saltaron a la conclusión de que el cambio no es posible con la coalición autoritaria en el poder, por lo que pidieron la vacancia de Boluarte y la disolución del Congreso. El reclamo se volvió contra el conjunto de la elite política, de derechas e izquierdas. Cada fin de semana los manifestantes volvieron a confrontar a la policía, que los cercaba o reprimía con bombas lacrimógenas y golpes -también contra los periodistas-, a lo que los jóvenes respondieron varias veces con violencia. Los jóvenes coreaban el popular «Sí se puede» mientras corrían contra la policía, un ánimo novedoso luego de casi tres años de resignación.
La percepción del «Sí se puede» llegó también de protestas de la Generación Z en Indonesia y Nepal, que demostraron cómo sacudir a viejas elites mediante coordinación online y disrupción offline. Estas protestas popularizaron la bandera pirata de One Piece como símbolo antiautoritario, más efectivo para unificar a la juventud heterogénea que cualquier bandera partidista.
El ciclo electoral llevó a modificar la repuesta represiva del Estado durante estas protestas. Entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, en el pico del estallido, la coalición no dudó en autorizar que la policía y el ejército dispararan a matar contra los manifestantes. Ocurrió fundamentalmente en el sur, en las regiones con mayor población indígena. Pero en Lima las fuerzas de seguridad asaltaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, para detener arbitrariamente a delegaciones del sur; y se llegó a asesinar a dos manifestantes, uno con el disparo horizontal de una granada lacrimógena y debido a torturas. En cambio, en septiembre de 2025, cerca del ciclo electoral, el costo de reprimir era más elevado. Debido a este factor institucional, la policía recurrió a gases lacrimógenos, golpes y algunas detenciones arbitrarias, pero no llegó a los niveles de violencia de 2023. Por eso los jóvenes siguieron protestando.
Para muchos, las elecciones y el nuevo gobierno en 2026 se ven muy lejanos; diez meses más con la misma coalición autoritaria representan un riesgo ya no solo en términos de corrupción y autoritarismo, sino de expansión de la criminalidad. El Congreso ha decretado casi una decena de leyes que favorecen el crimen organizado, como la Ley de Prescripción, que provoca la impunidad de graves delitos al acortar drásticamente los plazos para investigarlos. De otro lado, no se confiaba en el gobierno de Boluarte para supervisar las elecciones. Por todo ello, revivió la demanda de la vacancia a la presidenta, junto a la derogación de leyes pro-crimen y la reforma policial.
Estos cuatro cambios hicieron posible que la Generación Z peruana protestara cuatro fines de semana seguidos. Se trata de decenas de colectivos a escala nacional que fueron surgiendo desde mediados de septiembre, articulados en grupos de WhatsApp. A ellos se suman centennials con más experiencia, sobre todo del Bloque Universitario, que participó en las protestas de 2022-2023, y colectivos vinculados con marchas y eventos previos, como la coordinadora 14N, que surge a partir de las protestas que derrocaron al presidente interino Manuel Merino en 2020. Finalmente, se suman también los experimentados millennials, mayores de 30 años, con varios colectivos vinculados al antifujimorismo, como No a Keiko, el grupo que desde 2009 se movilizó contra las candidaturas de Keiko Fujimori.
En ese contexto se reanudaron los paros de transportistas debido a nuevos asesinatos de conductores. La última semana de septiembre, los transportistas comenzaron a utilizar sus buses para bloquear varias de las arterias principales de Lima en protesta. En octubre organizaron «apagones de motores». Los colectivos vinculados a la Generación Z se sumaron a sus demandas por seguridad y llegaron a anunciar juntos un paro y movilización más amplio para el 15 de octubre. Cuando se da el atentado contra Agua Marina, el gremio de artistas anunció que se sumaría a la movilización. El temor a esa marcha -recordando las movilizaciones que tumbaron a Merino en 2020- y el cálculo electoral que obliga a rendir cuentas empujaron a que diversas bancadas, incluido el fujimorismo, votaran pese a sus resistencias la vacancia de Boluarte.
La caída de la presidenta no implicó la pérdida de poder de la coalición autoritaria. Confrontada a la amenaza de protestas y sopesando los costos electorales de seguir sosteniendo a Boluarte, la mayoría congresal entregó entonces su cabeza. Pero temerosos de perder el control, designaron a uno de los suyos, el presidente del Congreso José Jerí, otro outsider, como nuevo presidente. Jerí es un abogado de 38 años que accedió al Congreso como suplente de Martín Vizcarrra, tras su inhabilitación, y tiene denuncias archivadas por abuso sexual y corrupción. Su elección es lo que manda la Constitución, pero existía la opción de elegir una nueva Mesa Directiva antes de destituir a Boluarte, con miembros más independientes y menor desprestigio. Con ello, se mantienen los problemas que la Generación Z denunciaba: la incapacidad de derogar las leyes pro-crimen, de impulsar una reforma policial o de asegurar la independencia del proceso electoral. El gabinete que Jerí juró cinco días después de asumir es resultado de una repartija de poder entre los partidos de la coalición autoritaria.
¿Puede la Generación Z repetir la movilización masiva que derrocó a Merino en 2020? La marcha nacional del 15 de octubre pasado fue la más grande desde el estallido de 2022-2023. Fue inicialmente pacífica, pero se tornó violenta luego de la represión injustificada de la policía. Queda en duda la relevancia de la disuasión de la violencia estatal en esta nueva etapa preelectoral. La represión en Lima esta vez sí fue similar a la de 2023, con un manifestante muerto, otro en coma y decenas de heridos. La insólito es que la Policía ha reconocido por primera vez su responsabilidad en el asesinato y el comandante general de la institución ha pedido públicamente disculpas. Los jóvenes movilizados han llamado a un paro nacional indefinido exigiendo la renuncia de Jerí. Pero en el Congreso no ha prosperado una censura a la Mesa Directiva, primer paso para el cambio de presidente.
Es difícil prever el escenario que sigue debido a que no es claro si primará una lógica electoral o autoritaria en la mayoría congresal que retiene el poder. En el primer caso, se esperaría que el gobierno de Jerí o de quien lo suceda modere la acción policial frente a las protestas, lidere cambios o reformas para enfrentar la inseguridad, y colabore a mantener la independencia de organismos electorales. En el segundo caso, lo más probable sería el mantenimiento o incremento de la represión y pocos cambios reales, con miras a una manipulación del proceso electoral que les asegure a las elites políticas no perder el poder.
En cualquier caso, varias instituciones siguen capturadas y la urgencia a mediano plazo es defender la independencia del proceso electoral. Este es el último eslabón de la erosión democrática. Existe la posibilidad de que Jerí monte un espectáculo de represión frente a la inseguridad y el crimen organizado que le genere suficientes simpatías para mantenerse hasta julio de 2026. Los diversos gremios de transportistas no se oponen tajantemente al gobierno o al Congreso, buscan efectividad en la lucha contra el crimen. Si ven algún avance, aunque no se ataquen los problemas de fondo, podrían desmovilizarse. Luego, hay que recordar que la Generación Z es un sector amplio y muy heterogéneo. Hay jóvenes punitivistas, que rechazaban a Boluarte no por antidemocrática, sino por poco efectiva contra el crimen; son quienes desearían tener «un Bukele» peruano. Ellos y los artistas extorsionados podrían desmovilizarse con un Jerí de «mano dura» contra la delincuencia, aunque sea poco efectivo.
Un objetivo clave de la oposición será la vigilancia de las condiciones para un proceso electoral independiente. 37 organizaciones políticas se han lanzado a la competencia, entre ellas algunas candidaturas ajenas a la coalición autoritaria. Uno de los postulantes más populares, el ex-presidente Vizcarra, fue inhabilitado por el Congreso por casos de corrupción. Pero su hermano, Mario Vizcarra, a pesar de ser desconocido, ya aparece en segundo lugar en la intención de voto. En primer lugar está Rafael López Aliaga, de extrema derecha, que acaba de renunciar a la Alcaldía de Lima para volver a probar suerte en las presidenciales. Cualquiera de los candidatos independientes podría tener opción si las elecciones son realmente libres y competitivas. Hoy hay condiciones para que la sociedad civil peruana recupere su poder de veto, para al menos frenar avances autoritarios. De lo contrario, el proceso electoral de 2026 puede generar un escenario más crispado de protestas electorales y un futuro más incierto.
1. Las rondas campesinas fueron creadas en Cajamarca, en los años 70, para enfrentar el abigeato y que se replicaron luego en el país en los años 80 para hacer frente a la guerrilla de Sendero Luminoso; funcionan muchas veces como instancia de autoridad en el campo.