La Casa de la Moneda de EE. UU. compra oro de un cartel de Colombia y lo vende como ‘estadounidense’
La mina envenena a los trabajadores. El oro financia el terrorismo y el tráfico de cocaína.
Este oro procede de una mina de un cartel de la droga colombiano. Nunca debería acabar en la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Sin embargo, así es.
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INVESTIGACIÓN DEL TIMES
La Casa de la Moneda de EE. UU. compra oro de un cartel de Colombia y lo vende como 'estadounidense'
A medida que los precios del metal se disparan, las salvaguardas de la industria se han roto.
Por Justin Scheck, Simón Posada y Federico Rios
Visuals by Federico Rios
Reportando desde las minas ilegales del noroeste de Colombia, en el corazón del territorio del Clan del Golfo
Cada año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos vende más de mil millones de dólares en monedas de oro de inversión. Cada una lleva estampado un icono como el águila calva, que significa la garantía del gobierno, exigida por ley, de que el oro es 100 por ciento estadounidense.
"Tener una moneda o medalla producida por la Casa de la Moneda es conectar con los principios fundacionales de nuestra nación", declara la Casa de la Moneda.
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Pero una investigación de The New York Times ha descubierto que el programa gubernamental de venta de oro se basa en una mentira. En realidad, la Casa de la Moneda es el último eslabón de una cadena que lava oro extranjero, en gran parte extraído ilegalmente, para un mercado insaciable.
La Casa de la Moneda compra oro procedente de una mina de un cartel de la droga colombiano. Fabrica monedas de la Dama de la Libertad con oro procedente de casas de empeño mexicanas y peruanas y de una mina congoleña que pertenece en parte al gobierno chino, según muestran los registros. Parte del oro de la Casa de la Moneda procede de una empresa en Honduras que excavó un cementerio indígena para extraer la mena que había debajo.
En 1985, el Congreso prohibió a la Casa de la Moneda fabricar lingotes de oro extranjero, con el fin de evitar que el proceso se viera involucrado en violaciones de los derechos humanos, principalmente en la Sudáfrica del apartheid. La Casa de la Moneda ha incumplido esa ley, tanto bajo gobiernos demócratas como republicanos y a pesar de advertencias internas.
Ahora, incluso la moneda de oro de 24 quilates del presidente Donald Trump, que conmemora el 250.º aniversario de Estados Unidos, podría proceder de un flujo de oro no estadounidense procedente de distintas y numerosas fuentes.
La Casa de la Moneda, el nombre más importante del mercado mundial en cuanto a monedas de oro de inversión, es un ejemplo de cómo se han derrumbado las salvaguardas del sector. Los precios del oro rondan los 5000 dólares la onza, unas cuatro veces el precio de hace una década. Esto supone un enorme incentivo para que las organizaciones delictivas y los operadores clandestinos exploten el oro de forma descuidada, destructiva y arriesgada.
Los inversores compran oro como protección contra la inestabilidad. Casi todos los atentados terroristas, guerras y crisis financieras del último cuarto de siglo han alimentado un frenesí de compra de oro.
Sin embargo, a medida que los precios suben cada vez más, los compradores ricos en realidad están ayudando a crear la misma inestabilidad contra la que intentan protegerse.
La minería del oro financia la brutal guerra civil de Sudán y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El aumento de los precios del oro ha ayudado a Venezuela e Irán a atenuar los efectos de las sanciones financieras. El cartel más grande de Colombia, el Clan del Golfo, trafica con oro además de cocaína, y utiliza esas ganancias para mantener el control mediante asesinatos y ataques con bombas. Los mineros ilegales deforestan y contaminan la Amazonía, lo que ocasiona el envenenamiento de sus habitantes con mercurio. Grupos terroristas, entre ellos algunos vinculados a Al Qaeda, también se están involucrando en el negocio del oro.
Cuanto más fácil sea vender este oro en las bolsas legítimas del mundo, más fácil será hacer la guerra, sostener una autocracia, lavar dinero o destruir el medioambiente. El oro de los carteles de la droga que acaba en la Casa de la Moneda de Estados Unidos es un ejemplo de ese proceso en acción.
Los principales actores del sector hablan de líneas claras entre el oro legal y el delictivo. Se supone que comprarlo de una fuente acreditada, como la Casa de la Moneda, garantiza que no se beneficien los delincuentes, los terroristas y los contaminadores. En realidad, la Casa de la Moneda ha mirado hacia otro lado durante décadas mientras entraba oro de dudosa procedencia en su planta de West Point, Nueva York.
Hemos rastreado cientos de millones de dólares en oro extranjero que ha entrado en la cadena de suministro de la Casa de la Moneda en los últimos años. Esto incluye oro de segunda mano, cuya procedencia es difícil o incluso imposible de determinar, y oro procedente de países como Colombia y Nicaragua, donde la industria está vinculada a grupos delictivos.
Cuando nos pusimos en contacto por primera vez con la Casa de la Moneda, un portavoz dijo que su oro procedía íntegramente de Estados Unidos, como exige la ley. Cuando les comunicamos nuestros hallazgos, la Casa de la Moneda dijo que su oro procedía "principalmente" de Estados Unidos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuyo departamento supervisa la Casa de la Moneda, dijo que investigaría las prácticas de adquisición de oro.
"Esta revisión se enfoca en garantizar que los proveedores de oro de la Casa de la Moneda de Estados Unidos cumplen la ley y satisfacen estrictamente sus obligaciones, y que la Casa de la Moneda toma todas las medidas posibles para seguir salvaguardando enérgicamente nuestra seguridad nacional y mantener la integridad del mercado", dijo en una declaración escrita.
Para que el oro extranjero extraído ilegalmente se convierta en una moneda American Eagle, suceden dos actos que parecen propios de la alquimia.
En primer lugar, el oro ilegal se convierte en legal.
En segundo lugar, se convierte en estadounidense.
Para ver cómo funciona este truco de prestidigitación, viajamos al corazón del territorio del Clan del Golfo, en el noroeste de Colombia. Un trayecto de seis horas desde Medellín nos llevó por la vertiente norte de los Andes hasta las tierras bajas tropicales.
A las afueras del pequeño municipio de Caucasia, un letrero anunciaba que habíamos llegado a un rancho ganadero que es "administrado por el fondo para la reparación de las víctimas, aporta a la reconciliación y la Paz en Colombia".
Estaba claro que el gobierno colombiano había perdido el control hacía tiempo. La señal al lado del camino estaba carbonizada. Un anciano criaba gallos de pelea. Por todas partes, los trabajadores estaban desmontando la tierra, con lo que incumplían abiertamente la prohibición de la minería.
Los mineros llaman al rancho La Mandinga, el nombre de un espíritu maligno.
Durante los últimos ocho años, el Clan del Golfo ha dirigido La Mandinga con una breve lista de normas, según nos dijeron un par de supervisores mineros. La más importante: nadie mina sin permiso del cartel, y todo el mundo paga.
Cada mes, dijeron los supervisores, un hombre en moto recoge la parte del Clan, 400 dólares por cada equipo de cinco. Hay cientos de equipos, quizá mil, o más.
Trabajan en minas al aire libre, y utilizan excavadoras y mangueras de alta presión para convertir en lodo las laderas de La Mandinga. Es imposible extraer las diminutas motas de oro de ese fango, así que los mineros lo mezclan con mercurio y lo revuelven a mano hasta que el mercurio se une al oro.
Todo esto es ilegal, tóxico y destructivo para el medioambiente.
Las autoridades colombianas realizan ocasionalmente ataques aéreos y redadas en las minas que dan dinero al Clan. Pero los mineros de La Mandinga aparentemente no tienen de qué preocuparse, a pesar de que su explotación linda directamente con una base militar. Operan con tal impunidad que, cuando sobrevolamos la zona con un dron en febrero, vimos que los trabajadores habían traspasado el perímetro de la base y estaban extrayendo oro en terreno militar.
Al final del día, los trabajadores recogen sus grumos grises de mercurio y oro, cada uno del tamaño de una canica, y los envuelven en plástico. Se meten estas canicas en los bolsillos y conducen sus motocicletas por los caminos de tierra de La Mandinga hasta la cercana Caucasia.
El oro de La Mandinga no tiene nada que hacer en Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio calificó al Clan de "organización criminal violenta y poderosa" el año pasado, cuando Estados Unidos designó al cartel como grupo terrorista.
El Departamento del Tesoro mantiene a los líderes del Clan del Golfo en una lista negra financiera, que prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con ellos. Organizaciones gubernamentales y académicos llevan años documentando las actividades de extracción de oro del cartel en esta zona. (Un abogado colombiano del cartel no devolvió una llamada en busca de comentarios).
Caucasia es un municipio con la fiebre del oro. Los negocios venden excavadoras, bombas y dragas de millones de dólares para la extracción ilegal en los lechos fluviales. Han surgido elegantes cafés y clubes de baile. Los mineros pueden vender oro en cualquiera de los cientos de compraventas. Según nos contaron dos comerciantes, cada mes el Clan también les exige 400 dólares.
Alex Cuevas trabaja en una de esas tiendas. Uno a uno, los mineros le pasan canicas de mercurio y oro a través de una apertura en un compraventas de plexiglás. Le tiemblan las manos: un síntoma, dice, de envenenamiento prolongado por mercurio.
Cuevas quema el mercurio con un soplete, pesa lo que queda y paga en efectivo: 2500 dólares a los mineros que tuvieron un buen día, 50 dólares o menos a los que no tuvieron suerte. Al final de la noche, funde el oro en un crisol y lo vierte en un molde.
Y así se completa la primera metamorfosis. El oro es legal. El mercurio, la minería prohibida, los pagos al Clan… todo queda borrado.
¿Cómo?
Cuevas nos mostró las entradas de contabilidad en la computadora de la tienda. Sus proveedores de La Mandinga, dijo, se han registrado en un programa colombiano para pequeños mineros, o barequeros. Casi cualquiera puede obtener una licencia, siempre que explote en zonas autorizadas y utilice solo herramientas manuales y sin mercurio.
Por supuesto, los trabajadores de La Mandinga no extraen solo con herramientas manuales. Ni en zonas autorizadas. Y utilizan mercurio. Cuevas sabe todo esto. Él mismo mina en La Mandinga. Pero no es su trabajo mirar más allá de la documentación. Y las autoridades colombianas rara vez examinan los orígenes del oro barequero para determinar su legalidad.
En su lugar, hacen una pregunta: ¿Tiene documentación?
Y Cuevas los tiene. Dice que cada gramo que compra está vinculado a un minero autorizado. Todas las tiendas que venden oro para su exportación legal llevan estos registros, afirma.
Los agentes de la industria del oro saben cómo funciona esto. "Si compras a barequeros, estás comprando oro ilegal", dijo el comerciante Patrick Schein. Agregó que su empresa, Gold by Gold, no compra oro de barequeros.
La tienda donde trabaja Cuevas, como otras del municipio, vende a una empresa exportadora propiedad del gobierno. Esta dijo que comprueba la misma base de datos que utiliza Cuevas para verificar que el oro es legal. El oro de La Mandinga se mezcla con suministros de toda Colombia y se funde en lingotes. Los registros de exportación muestran que muchos de ellos, por valor de unos 255 millones de dólares en el último año aproximadamente, llegan a Texas.
Allí el oro se convierte en estadounidense.
En una refinería a las afueras de Dallas llamada Dillon Gage, los trabajadores vierten el oro importado en un caldero incandescente y lo mezclan con oro fundido de otros proveedores: minas sudamericanas, joyeros estadounidenses de segunda mano y casas de empeño peruanas, según los registros y las entrevistas.
Pero para los clientes de Dillon Gage, una vez que ese oro sale del caldero de Dallas, deja de ser extranjero. Dillon Gage está en Estados Unidos y mezcla oro estadounidense con oro colombiano. Por tanto, según la lógica de la industria, el producto final debe ser estadounidense. "Por lo que a ellos respecta, se originó en Estados Unidos", dijo Terry Hanlon, director ejecutivo de Dillon Gage.
Hanlon dijo que su empresa estaba alerta ante la aparición de oro ilegal. Pero para entonces, el oro de Mandinga es legal, gracias a los registros de contabilidad de la tienda y a la documentación de exportación. Eso significa que las compras y ventas de Hanlon son legales. (Hanlon dijo que le sorprendió que encontráramos oro de carteles en sus procesos, y comunicó a sus socios que suspendería las compras al exportador colombiano).
Entre los mayores clientes de Dillon Gage se encuentran dos proveedores de la Casa de la Moneda, dijo Hanlon. Agregó que entrega a sus clientes listas anuales de sus fuentes, de modo que, aunque los clientes traten el oro como estadounidense, conocen su verdadero origen.
La Mandinga es solo una de las muchas minas controladas por el cartel en la región. Cuevas trabaja en una de las cientos de tiendas que hay en un solo municipio. Hay muchos exportadores, y aún más compradores. En este mercado de un billón de dólares, conocido por los casos de fraude y lavado de dinero, la diferencia entre el oro sucio y el limpio existe principalmente por escrito. A menos que un cliente esté dispuesto a comprobarlo, esa distinción se desvanece.
La Casa de la Moneda no lo comprueba.
Una auditoría completa de la cadena de suministro en Estados Unidos señalaría el riesgo del oro del Clan del Golfo. El oro colombiano se considera de alto riesgo según los estándares del sector, y el propio gobierno estadounidense ha documentado las operaciones del Clan en Caucasia, en particular.
Pero durante dos décadas —un periodo que abarca casi todo el auge del oro posterior a los eventos del 11 de septiembre de 2001—, la Casa de la Moneda nunca preguntó a sus proveedores dónde compraban el oro, según descubrió en 2024 una auditoría del inspector general del Departamento del Tesoro.
Si lo hubiera hecho, habría descubierto una cadena de suministro extraordinariamente transparente. Mediante bases de datos de importación y exportación y entrevistas con empresas intermediarias, descubrimos decenas de fuentes extranjeras en la cadena de suministro de oro de la Casa de la Moneda.
Entre ellas había minas industriales en México y Perú. Algunos proveedores, como las casas de empeño, se especializan en joyas recicladas.
Uno de los mayores proveedores desde hace mucho tiempo de la Casa de la Moneda, una refinería de Salt Lake City llamada Asahi USA, afirma abiertamente que su caldero contiene oro de muchos países distintos. Parte procede de Dillon Gage. Pero hay oro de todas partes. "Está mezclado", dijo el director de refinado de la empresa, Paul Healey. "Y sale bien". Healey dijo que la empresa investigaría nuestros hallazgos sobre el Clan del Golfo.
La Casa de la Moneda ha dicho, en respuesta a auditorías internas, que su oro cuenta como estadounidense porque sus proveedores compensan cualquier oro extranjero con oro estadounidense. Si la Casa de la Moneda compra una tonelada de oro, por ejemplo, espera que el proveedor compre esa cantidad de oro estadounidense en algún momento.
La legislación estadounidense no contempla este tipo de compensación. Y durante décadas, la Casa de la Moneda no ha hecho cumplir esa disposición, ni siquiera ha pedido a sus proveedores que la cumplan, según descubrió el inspector general del Tesoro.
Aunque lo hubiera hecho, todo lo que hay en el gran caldero de Texas, incluido el oro del cartel, podría contar como estadounidense.
Sin embargo, la Casa de la Moneda va más allá de no hacer preguntas. Compra abiertamente a fuentes que de ninguna manera podrían suministrar el oro estadounidense recién extraído que exige la ley. En los últimos años, según los registros, la Casa de la Moneda ha gastado cientos de millones de dólares en lingotes de oro de la Canadian Copper Refinery, que obtiene su oro del lodo resultante del procesamiento del cobre, no de oro recién extraído.
Parte de ese cobre procede de una mina congoleña propiedad en parte del gobierno chino, según muestran los registros de exportación.
Las prácticas de abastecimiento de la Casa de la Moneda en ocasiones han levantado señales de alarma dentro del Departamento del Tesoro, incluso durante el primer mandato de Trump, cuando el inspector general empezó a hacer preguntas.
Aquella investigación tardó cinco años en completarse. Durante el proceso, los auditores encontraron graves problemas. Dijeron que la Casa de la Moneda no seguía sus propias políticas y que el plan de compensación de oro de la Casa de la Moneda (una tonelada de oro extranjero por una tonelada de oro estadounidense) podría violar la legislación estadounidense.
El gobierno de Biden respondió en 2024 que estaba a unos meses de publicar nuevos planes para investigar las fuentes de oro.
Nunca lo hizo.
Una portavoz del Departamento del Tesoro dijo que el gobierno de Trump ya estaba tomando medidas para identificar sus fuentes de oro. No ha cortado el suministro de oro extranjero; hacerlo, dijo, haría imposible satisfacer la demanda. Pero el gobierno supervisa sus compras.
La Casa de la Moneda aún no ha hecho pública su política de seguimiento del oro.
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