Los archivos Epstein nunca debieron publicarse

Por Daniel Richman - Profesor de Derecho en la Universidad de Columbia y exfiscal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Está escribiendo un libro sobre la primera aplicación de la ley penal federal

Cada día parecen surgir nuevas noticias sobre financieros, académicos, políticos y miembros de la realeza (entre otros) que se vincularon con Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto cuya depredación tuvo un costo terrible en vidas inocentes. Ante la poca rendición de cuentas de quienes ostentan el poder, puede resultar difícil ver el lado negativo de la divulgación de tantos documentos relacionados con Epstein y sus diversos asociados.

Pero debemos reconocer que la publicación de millones de páginas de los archivos del caso Epstein es tanto una señal de fracaso institucional como un motivo de preocupación. Si nuestro sistema judicial funcionara correctamente, el público nunca tendría tal acceso.

En un pasado no muy lejano, la mayoría de la gente probablemente habría aceptado, al menos a regañadientes, un sistema en el que los fiscales y los agentes del orden clasificaran los materiales de una investigación exhaustiva y solo hicieran públicas las partes necesarias para gestionar adecuadamente un caso. La información adicional que pudiera interesarnos, y quizá incluso ayudar a mejorar la sociedad, permanecería en secreto. En general, se podía confiar en que los fiscales federales se centrarían en su misión limitada a la aplicación de la ley penal y no abusarían de las herramientas que se les dieran para ese objetivo preciso. Ahora ya no.

Las peticiones de divulgación de los archivos Epstein son anteriores al gobierno de Donald Trump. Pero ahora estos están disponibles en línea y se pueden consultar porque demasiados estadounidenses desconfiaban de que los dirigentes del Departamento de Justicia que los gestionan. En el pasado, los dirigentes departamentales podían limitar las sospechas sobre sus motivos al dejar, de forma manifiesta, un asunto como este a subordinados de carrera, en lugar de a personas designadas políticamente. La fiscala general de Estados Unidos, Pam Bondi, considerada por muchos como la culpable de haber despedido o expulsado a fiscales y agentes que se negaron a convertirse en instrumentos de la voluntad del presidente Trump, carecía de credibilidad. No podía pedir al público que confiara en el juicio apolítico e independiente de aquellos que permanecieron en el Departamento de Justicia. El resultado final fue la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

La publicación de los archivos también es motivo de preocupación porque gran parte del material en bruto de la investigación —incontables capas de rumores, acusaciones no verificadas y vagas conexiones circunstanciales— no debería divulgarse para que el público lo examine.

No sabemos hasta qué punto el Departamento de Justicia ha retenido o censurado documentos de forma adecuada o inadecuada. Sí sabemos que cualquier esfuerzo por proteger a las víctimas fue lamentablemente inadecuado, ya que en los archivos se han encontrado fotos explícitas e información identificativa de muchas mujeres, y posiblemente niñas. La obligación del gobierno de no revictimizar a las personas debería ser una de sus máximas prioridades. En este caso, ha fracasado.

Hemos dado a los fiscales y agentes federales una gran variedad de herramientas de recopilación de información que individuos particulares e incluso la mayoría de los organismos gubernamentales no tienen permitido utilizar. La facultad de invadir la privacidad es fundamental para la aplicación de la ley penal. Entre las herramientas legalmente disponibles están las órdenes de registro, intervenciones telefónicas, citaciones del gran jurado y citaciones administrativas. Así es como los investigadores criminales acceden a nuestros correos electrónicos, conversaciones privadas y registros telefónicos, bancarios y médicos. Además, permitimos que los fiscales y agentes utilicen la amenaza de un proceso judicial para obtener la cooperación de los testigos.

Estas herramientas de investigación coercitivas pueden utilizarse, y se han utilizado, de forma indebida, como cuando los fiscales y agentes del FBI hurgaron ilegalmente en mis correos electrónicos y archivos informáticos para intentar presentar un caso contra James Comey, exdirector del FBI. Se han esgrimido argumentos convincentes a favor de una restricción legal más rigurosa de estas herramientas y del uso por parte del gobierno de la información obtenida con ellas. Pero mientras consideremos que vale la pena aplicar las leyes penales federales, necesitamos dar a los agentes federales una forma de obtener información sobre la actividad delictiva que, por su propia naturaleza, se mantiene en secreto, y de traspasar los velos de privacidad que normalmente protegen nuestras actividades cotidianas de ojos u oídos indiscretos.

Las herramientas que otorgamos al gobierno están justificadas no solo por la importancia de la misión de aplicación de la ley penal, sino por el cuidado y el juicio profesional que los fiscales y agentes deben ejercer con la información que obtienen con dichas herramientas. El secreto gubernamental puede ocultar una mala conducta o un juicio atroz. Aún no hemos comprendido la decisión del fiscal Alex Acosta, hace casi dos décadas, de no acusar a Epstein. (Epstein fue finalmente condenado en un tribunal estatal en 2008, tras aceptar un acuerdo con la fiscalía). Aun así, el uso que hacen los fiscales del material que recopilan suele estar limitado por su misión: acusar a las personas (o no acusarlas), cumplir las obligaciones de divulgación una vez iniciado el caso y, si es posible, convencer a un jurado u obtener una declaración de culpabilidad.

Cuando los materiales recogidos en una investigación penal se divulgan en grandes cantidades para consumo público, la justificación de las herramientas coercitivas y de invasión de la privacidad que damos a los investigadores se debilita mucho. Es más probable que las instituciones que afirman proteger la privacidad de los usuarios o clientes se opongan a usos válidos de estas herramientas. Los testigos que, de otro modo, hablarían con los investigadores sobre asuntos delicados, podrían empezar a replantearse si quieren dar información para las búsquedas en internet.

Debemos considerar lo que pasa cuando un enorme cúmulo de investigación —con su peculiar mezcla de chismes, asociaciones casuales y posibles conductas delictivas— se pone a disposición del público. El sistema judicial no debe ser nunca el único medio de exigir responsabilidades a las personas. El poder de la vergüenza puede ser bueno, y algunas reputaciones merecen ser manchadas. Pero los procesos informales de rendición de cuentas fácilmente pueden derivar en el uso indebido de material original sin filtrar.

En un momento en que el Departamento de Justicia estadounidense parece empeñado en llenar el expediente penal con procesamientos infundados de sus supuestos enemigos, muchos podrían no lamentar un espectáculo que resalta la falta de confianza pública en el departamento. O uno que parece debilitar la justificación de los poderes judiciales extraordinarios en general. Pero tenemos que pensar en un futuro en el que los delitos reales llenen el expediente, cuando se necesiten herramientas coercitivas de recopilación de información para perseguirlos. Quienes queremos preservar esas herramientas y la justificación que las sustenta deberíamos lamentar la liberación de los archivos Epstein, incluso mientras nosotros mismos rebuscamos en ellos. 

Fuente:

https://www.nytimes.com/es/2026/02/24/espanol/opinion/epstein-archivos-documentos.html