Marco Rubio lo ordena: la reedición de la doctrina de seguridad nacional en Chile
El gobierno de ultraderecha envió una nueva ley de seguridad pública al congreso que le daría potestades de guerra externa. Antecedentes.
Por José Salvador Cárcamo
El presidente chileno, José Antonio Kast, pretende reeditar la doctrina de seguridad nacional en Chile, siguiendo las directivas del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien lo anunció el jueves 16 de julio de 2026 en Washington, en la "reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político", a la que asistieron representantes de más de 60 países.
La obediencia de Kast a las directivas de Rubio fue rápida. El 17 de agosto envió al parlamento chileno una iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad pública bajo el nombre de "Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT)", que busca ampliar la facultad presidencial para restringir derechos y libertades, con la creación de un Estado de Excepción de Seguridad Pública, que en ese cano no necesitaría pasar por el Congreso y que permitiría al presidente tener potestades similares a las que hoy existen ante una guerra externa.
Durante ese tiempo, Kast podría restringir, sin necesidad de orden judicial, los derechos de reunión, la libertad personal, locomoción y asociación, intervenir comunicaciones, disponer la requisición de bienes, etcétera.
¿Cómo un país que eligió a un presidente de izquierda, Gabriel Boric (2022-2026), el más joven de la historia de Chile, cuatro años después elige a José Antonio Kast (2026-2030), de ultraderecha, admirador del dictador Pinochet?
Existen al menos dos razones:
i) la impunidad otorgada durante el gobierno de Boric a las instituciones que violaron los Derechos Humanos durante la protesta social de octubre de 2019 a marzo de 2020 (Carabineros de Chile y otros agentes de Estado)
ii) la existencia de un progresismo "tímido" sin horizonte utópico.
El pasado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2020 señaló que "las demandas de la población se centraron en el acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un llamado a asegurar la igualdad y no discriminación, así como el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas". Sin embargo, la respuesta por parte del gobierno de derecha de Sebastián Piñera fue el uso excesivo de las fuerza en detrimento del ejercicio al derecho a la protesta, con un saldo de 34 personas asesinadas, 455 víctimas de trauma ocular o pérdida de visión, miles de detenidos, centenares de hechos de brutalidad policial y abusos de poder, etcétera.
En abril de 2023, durante el gobierno de Gabriel Boric se promulgó la Ley Naín Retamal 1.0, que consagra la "legítima defensa privilegiada" para carabineros y las fuerzas de seguridad. Esta ley, establece la presunción legal de que el funcionario actúa de forma correcta y justificada al usar su arma de servicio o fuerza letal, con lo cual se invierte la carga de la prueba. Ya no es el policía quien debe demostrar que su vida o la de un tercero corría peligro. Es la parte querellante, es decir, la víctima o familiares de la misma, los que deben probar que el agente estatal hizo uso indebido de la fuerza. El presidente Boric, en su momento, pudo haber vetado la ley y no lo hizo. A lo anterior hay que sumar la aplicación retroactiva de esa ley. De esta forma los carabineros y fuerzas de seguridad, responsables durante la protesta social del asesinato de personas y centenares de víctimas de trauma ocular, fueron investidos con un manto de impunidad.
Un ejemplo es el del carabinero Claudio Crespo, quien fue absuelto, aunque se demostró que en noviembre de 2019 fue responsable de los disparos que significó la pérdida de visión en ambos ojos del actual diputado Gustavo Gatica. La derecha no es tímida y Kast sube la apuesta, proponiendo con la ACOT y la ley Naín-Retamal 2.0, que establece la legítima defensa privilegiada o "la impunidad", agregando a funcionarios militares y policiales de franco (fuera de servicio).
Como diputado, Boric fue un férreo opositor a la militarización de la Araucanía, sin embargo, como presidente, mantuvo el Estado de Excepción Constitucional en esa zona. La continuidad de Boric con las políticas represivas de los gobiernos anteriores generó decepción de su base popular de izquierda, transformándose su gobierno en administrador del modelo heredado de la dictadura pinochetista, al igual que los gobiernos de la concertación democrática (centroizquierda) y la derecha. En agosto de 2026, durante la presentación de un libro, se autoflageló, señalando que la "izquierda fue poco creíble» en seguridad ante la ciudadanía.
Lo cuestionable de su diagnóstico es que Carabineros de Chile ha protagonizado múltiples escándalos financieros, redes de coimas y nexos con el crimen organizado. En el año 2022 la sociedad exigía la reforma y reestructuración de esta institución, lo que no se realizó. Cuando el progresismo renuncia a la utopía, triunfa lo posible: la realidad distópica de la derecha. «
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