Paz le abre la puerta a las privatizaciones y siembra el terreno para vender empresas de litio y petroleo
El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira firmó un decreto de "reorganización, liquidación y/o disolución" de empresas públicas. Se basa en un informe reciente que sometió a revisión a 67 compañías estatales, el cual reporta supuestos números críticos en más de 20 de ellas.
Con su excusa eterna del déficit estatal, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira avanzó el viernes pasado sobre el aparato de las empresas públicas de Bolivia y declaró como prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. Justificándose en un decreto que impuso el jueves, sometió a revisión a 67 empresas estatales, las cuales todas ellas contarían con números negativos y algunas, incluso, estarían en "estado crítico". Desde la oposición señalan que la medida abrirá un proceso de privatizaciones, asociaciones con capitales privados o transferencias de activos estratégicos, lo cual enfrenta limitaciones constitucionales.
Tras asumir el Gobierno a finales de 2025, el presidente Paz anunció que su primera misión como mandatario sería el reordenamiento económico del sector público, al que halló víctima de "una importante burocracia corrupta" tras dos décadas de gobierno e influencia del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del ex presidente Evo Morales. Ordenó a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) a investigar los balances de una amplia cantidad de empresas estatales y mixtas, cuyos resultados se conocieron la semana pasada.
El organismo informó que 15 compañías acumulan pérdidas por 2.655 millones de bolivianos y presentan un patrimonio negativo de 1.901 millones, a la par que el diagnóstico general elevó a más de 20 el número de empresas en estado crítico.
El decreto 5526, aprobado el jueves y promulgado el viernes, le otorga potestad al Ejecutivo boliviano a elegir qué empresas sostener, reorganizar o disolver. Y aunque no especificaron qué compañías aplicarán a cada caso, desde La Paz aseguraron que entre las empresas consideradas críticas aparecen Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), Empresa Boliviana de Construcción (EBC), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), entre otras.
Desde la oposición advierten la probabilidad de que se quieran disolver determinadas empresas para luego privatizar la administración de los bienes de esas compañías.
El argumento central del Ejecutivo es fiscal. Creen que es necesario reducir el peso de compañías que generan pérdidas, evitar que el Estado continúe destinando recursos para sostenerlas y "ordenar las cuentas públicas". La OFEP denuncia que, durante las últimas dos décadas, se utilizaron más de 73.000 millones de bolivianos en créditos para sostener el aparato empresarial estatal.
El sociólogo boliviano Francisco García, en diálogo con El Destape, advirtió sobre algunos detalles del informe de la OFEP. "Según este informe todas las empresas públicas son deficitarias. Y las más deficitarias, curiosamente, son las empresas estratégicas. Estamos hablando de Entel, que es la de telecomunicaciones; hablamos de YPFB, que sería el YPF boliviano; hablamos de ENDE; y hablamos del sistema minero que está alrededor de la Corporación Minera de Bolivia".
Números irreales
Mientras que el pacismo insiste en su ofensiva sobre las empresas públicas, los números e informes que el Gobierno publicó no se condicen con los balances de los últimos años. El economista boliviano Omar Rilver Velasco Portillo publicó en agosto de este año un breve informe, acompañado de una serie de gráficos, que demuestra que la mayoría de las empresas consideradas estratégicas para la producción boliviana (de acuerdo a lo que dicta la Constitución boliviana desde 2009), dieron números positivos hasta y después del año 2019.
El economista las dividió en tres grupos: las que tienen su gráfica en verde son las que dieron números positivos, las amarillas las que tuvieron altibajos pronunciados en distintos contextos y, finalmente, las rojas son las que efectivamente presentaron problemas económicos reales.
"Más allá de las diferencias particulares entre cada empresa, la evolución de las utilidades permite advertir tendencias comunes. Hasta antes de 2019, existía una tendencia positiva generalizada hacia la generación de utilidades en la mayoría de las empresas. Sin embargo, los conflictos sociales de 2019 -tanto antes como después del cambio de gobierno forzado- sumados a la mala gestión de la pandemia, provocaron una caída sustancial de las utilidades", advirtió Velasco Portillo en su cuenta de Facebook, donde resumió la presentación de su informe.
"Curiosamente, las empresas críticas son las que siempre han mostrado números positivos y generaciones de renta", agregó García a este portal, en referencia a la publicación de Velasco Portillo.
El decreto que ilusiona a empresarios extranjeros
El punto político del Decreto 5727 aparece cuando se lo observa junto con las declaraciones oficiales sobre el futuro de las empresas estatales. El propio procedimiento establecido por el decreto marca que cada caso deberá seguir el instrumento jurídico correspondiente. Si una empresa fue creada mediante un decreto supremo, su eventual disolución o liquidación podrá tramitarse mediante otro decreto. Si fue creada por una ley, el Ejecutivo deberá enviar un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa.
Aunque no lo han hecho de manera explícita, ya hay algunos empresarios que ven con buenos ojos la medida de Paz. Ya en marzo de este año una misión de alto nivel de la Unión Europea visitó el complejo industrial de YLB en el salar de Uyuni, acompañada por representantes de empresas de Francia, Alemania, España e Italia y entidades bancarias europeas. El objetivo fue "explorar alianzas estratégicas, cooperación e inversiones para ampliar la producción de litio", según explicaron desde el viejo continente.
Litio y petróleo: el límite constitucional
El problema para Paz es que no todas las empresas pueden ser tratadas de la misma manera. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece límites específicos para sectores estratégicos y, en algunos casos, prohíbe directamente transferir determinados activos a empresas privadas.
El caso más claro es el petróleo. La Constitución establece que los hidrocarburos son "propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano" y que el Estado ejerce la propiedad sobre toda la producción. Además, define a YPFB como el brazo operativo estatal y establece expresamente que la empresa no puede transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad.
Sin embargo, esto no significa que los privados estén excluidos del negocio hidrocarburífero. La propia Constitución permite que YPFB firme contratos de prestación de servicios con empresas privadas y que participe en sociedades de economía mixta. Pero en estas últimas el Estado, a través de YPFB, debe conservar al menos el 51% del capital.
Algo similar ocurre con los activos mineros y de energía eléctrica. El artículo 372 establece que los grupos mineros nacionalizados, sus plantas industriales y sus fundiciones "pertenecen al patrimonio del pueblo" y no pueden ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas. Mientras que en el caso de la luz pasa lo mismo que los hidrocarburos: la energía es catalogada estratégica y no puede ser sometida "a intereses privados ni por medio de la concesión".
El litio presenta una situación similar. La Constitución reserva al Estado la administración y el control de los recursos naturales estratégicos, aunque permite mecanismos de asociación y participación privada. De hecho, Bolivia ya desarrolló estructuras de empresas mixtas en el negocio del litio con participación estatal mayoritaria, aunque con el Estado como su supervisor.
"Lo interesante del decreto de Paz es que te muestra tres figuras. Te propone por un lado la reorganización, por otro lado la disolución, pero también la liquidación de estas empresas. Éste último es un concepto interesante. ¿Qué es liquidar? Es vender por partes. Ese fue el sistema bajo el cual se privatizó aquí en Bolivia durante la década de los '90, bajo el principio de "capitalización" que terminó siendo una liquidación de los activos de las empresas estatales", afirmó Francisco García a este medio, respondiéndole a los argumentos del Gobierno.
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