Perú: condenaron a Castillo a 11 años de prisión
Fue por su fallido intento de cerrar el Congreso que buscaba destituirlo y llamar a elecciones sin estar habilitado por la Constitución.
Desde Lima
Luego de un proceso judicial que Pedro Castillo ha calificado como "una farsa", el expresidente fue condenado a 11 años 5 meses y 15 días de prisión por su fallido intento de cerrar en diciembre de 2022 el Congreso que buscaba destituirlo y llamar nuevas elecciones legislativas, sin estar habilitado por la Constitución para tomar esa medida. Eso precipitó la caída de su gobierno. Desde entonces, el expresidente ha estado en prisión, sin condena hasta este jueves. También fueron sentenciados por el mismo delito tres ministros del gobierno de Castillo. A los cuatro se les impuso una reparación civil conjunta de 12 millones de soles (unos 3,6 millones de dólares), cifra que suena absurda por lo abultada.
Dudosas imputaciones
La fiscalía había pedido 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público. El expresidente fue absuelto de estos dos últimos cargos, y en el caso del delito de rebelión el tribunal consideró que no se había consumado –algo evidente-, pero igual lo condenó optando por declararlo culpable de conspiración para una rebelión contra el orden constitucional. A pesar que no hubo un levantamiento en armas, requisito exigido para el delito de rebelión, Castillo ha estado tres años con prisión preventiva por ese cargo que le imputó la fiscalía. Durante el juicio oral, ante la debilidad de la acusación por rebelión presentada por la fiscalía –los otros dos cargos se derivaban de éste-, el tribunal incluyó sorpresivamente en el proceso el delito de conspiración para rebelión, que no estaba en la acusación inicial, por el que finalmente condenó.
Castillo, que acusó al tribunal de estar parcializado para condenarlo y no ha reconocido la legalidad de este juicio, renunció a tener un abogado, por lo que se le asignó, contra su voluntad, un defensor de oficio. Escuchó la larga lectura de sentencia, que duró más de siete horas, en la sala judicial instalada en el penal de Barbadillo, "la cárcel de los presidentes" ubicada dentro de un cuartel policial en las afueras de Lima, donde está recluido desde hace tres años. Ingresó a la sala judicial sabiendo que todo ya estaba decidido, que iba a ser condenado. Solo quedaba la duda de los años de prisión que le impondrían. Al comenzar la audiencia judicial, cuando le dieron la palabra para presentarse, cuestionó la imparcialidad del tribunal, pero fue rápida y abruptamente silenciado. En su defensa Castillo ha señalado que nunca levantó un arma, por lo tanto no existió rebelión ni un intento de rebelión, que lo que hubo fue la lectura de un mensaje televisivo con una proclama política contra el Congreso que boicoteaba al gobierno e intentaba destituirlo. Su defensa argumentó que ese mensaje no tuvo "ninguna consecuencia".
Sentenciados
Los ministros de Castillo sentenciados son Betssy Chávez, asilada en la embajada de México y que era primera ministra al momento del anuncio del cierre del Congreso, Willi Huertas, que fue ministro del Interior, y Aníbal Torres, primer ministro antes de Chávez y luego asesor de Castillo. Los dos primeros fueron condenados a la misma pena que Castillo. Torres, por tener más de 80 años, a una pena menor, de 6 años y ocho meses. Castillo ha dicho que actuó solo, que anunciar el cierre del Congreso fue una decisión individual, que sus ministros sentenciados no tuvieron participación. Pero igual los tres ministros fueron condenados, sin pruebas sólidas.
Maestro rural de origen andino, Castillo ganó sorpresivamente las elecciones de 2021 respaldado por la izquierda y con el voto de los sectores históricamente excluidos. Una coalición de derecha y ultraderecha que había apoyado la candidatura de la derrotada Keiko Fujimori desconoció el triunfo legítimo de Castillo e intentó impedir que asuma la presidencia. No lo lograron, pero desde el primer día de gobierno, con la mayoría que tenían en el Congreso, maniobraron para destituirlo. Los grandes medios se sumaron a esos ataques, en los que había mucho macartismo y una fuerte dosis de racismo. El mismo día que Castillo anunció el cierre del Congreso, los legisladores iban a debatir y votar un pedido para destituirlo por la gaseosa figura de "incapacidad moral". Había dudas si se alcanzarían los dos tercios de los votos necesarios para consumar la destitución. Era el tercer intento de destitución por "incapacidad moral" en menos de año y medio de gobierno. El primero se dio apenas cuatro meses después de comenzado el gobierno de Castillo.
Acosado por la coalición de derecha y ultraderecha mayoritaria en el Parlamento, capitaneada por el fujimorismo, que avanzaba en las acciones para destituirlo, Castillo no recurrió a movilizar un respaldo popular para la defensa democrática de su régimen, sino que optó por dar él un golpe, lanzándose a leer el mensaje televisado anunciando el cierre del Congreso. Para entonces, su gobierno se había debilitado por problemas internos, falencias en su gestión y escándalos de corrupción. El anuncio de cierre del Congreso le dio a la derecha el argumento para consumar su destitución acusándolo de golpista. Apenas anunció el cierre del Congreso, sus ministros cuestionaron la medida por ir contra la democracia y comenzaron a renunciar, nadie lo respaldó, se quedó solo. Se había lanzado sin asegurar antes tener apoyo, todo pareció improvisado, y su gobierno cayó inmediatamente. El presidente fue detenido por su propia escolta cuando estaba en su auto con su esposa y sus dos hijos camino a la embajada de México, para dejar en un lugar seguro a su familia según su versión, para asilarse según sus críticos y las autoridades judiciales. Tiempo después, su esposa y sus dos hijos viajaron asilados a México.
Proceso exprés
La detención de Castillo ha sido cuestionada por haberse dado cuando todavía era presidente y tenía inmunidad. Se ha argumentado flagrancia delictiva para justificarla. Minutos después de su detención, el Congreso lo destituyó por haber intentado cerrar el Congreso, en un proceso exprés que no cumplió los plazos y en el que no tuvo el derecho a la defensa. Un proceso sumario de destitución del presidente como el que se aplicó puede implementarse si es apoyado por cuatro quintas partes del Congreso, en este caso 104 votos. Pero Castillo fue destituido con 101 votos. No hubo los votos suficientes, pero igual fue destituido.
Caído Castillo, lo reemplazó su vicepresidenta Dina Boluarte, que inmediatamente se alió con la derecha y ultraderecha parlamentaria que había boicoteado y conspirado contra el régimen al que ella había pertenecido para gobernar con ellos. Estallaron protestas, especialmente en las zonas andinas que habían apoyado a Castillo, exigiendo la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso. Unos demandaban la restitución de Castillo, otros el adelanto de elecciones. El nuevo régimen reaccionó con una brutal represión que dejó medio centenar de muertos.
Esta sentencia a Castillo se da un día después que otro expresidente, Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años. De esta forma, son cuatro los presidentes sentenciados que cumplen condena en la "cárcel de los presidentes". Pero a diferencia de Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Vizcarra, condenados por corrupción, Castillo está preso por una acción política que violó la Constitución.
Batalla legal
Castillo apelará la sentencia. La batalla legal de Castillo también continuará en foros internacionales, donde es representado por los abogados argentinos Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto. Ellos denuncian que la ilegalidad de la destitución de Castillo anula todo lo actuado después a nivel judicial. Sobre el delito de conspiración para una rebelión, por el que fue sentenciado, han señalado que no es punible según la ley peruana porque se trataría de una tentativa inidónea, es decir sin posibilidad de llevarse adelante, como quedó demostrado con el nulo respaldo que tuvo Castillo y la notoria ausencia de capacidad material para llevar a la práctica el discurso que dio. Gobiernos como los de México y Colombia han dado abierto respaldo a Castillo, a quien califican como un "preso político".