Perú: superpoderes para imponer mano dura

Fujimori obtuvo facultades para legislar sin pasar por el Congreso en temas de seguridad interna y la militarización.

Por Carlos Noriega

Desde Lima

El fujimorismo se ha terminado de sacar lo que le quedaba de la careta democrática que se puso en la campaña electoral. Con un golpe contra la Constitución dado desde el Senado, el gobierno de Keiko Fujimori ha logrado conseguir facultades para legislar durante 90 días sin pasar por el Congreso en temas relacionados a la seguridad interna y la militarización. También las ha obtenido para una supuesta agilización de la respuesta a las consecuencias por el fenómeno climático de El Niño, cuyos efectos ya comienzan a sentirse. Para forzar la aprobación de estas facultades legislativas violentando en su trámite parlamentario la Constitución, ha quebrado a la oposición parlamentaria, reclutando el respaldo de cinco senadores del bloque opositor.

Facultades

Utilizando la creciente delincuencia y los graves efectos anunciados por El Niño como argumento -o excusa-, el gobierno ha obtenido amplias facultades para legislar en 27 materias. Las más preocupantes apuntan a la militarización del país, que, más allá de lo que puede ser el combate a la delincuencia, abren las puertas a la represión contra opositores y organizaciones sociales. Inicialmente, el gobierno había solicitado al Congreso facultades legislativas en 66 materias, que iban mucho más allá de esos dos temas señalados por el Ejecutivo como la razón para pedirlas. Incluían asuntos como reducir el Estado, eliminar derechos laborales, cambios en la política tributaria y en la regulación ambiental que favorecerían intereses empresariales, entre otros. La Cámara de Diputados, donde el bloque opositor de cuatro partidos es mayoría, redujo a 20, centradas exclusivamente en la inseguridad ciudadana y El Niño, las 66 facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

Diputados le otorgó al gobierno facultades para incrementar las penas en delitos como sicariato y extorsión -los dos grandes problemas delictivos en el país-, reformar el sistema penitenciario, entre otros asuntos, pero rechazó las que tenían que ver con una militarización del país. El gobierno, con el apoyo de los grandes medios, lanzó una campaña acusando a la oposición de obstruccionista por oponerse a darle carta libre al gobierno para una militarización que apunta a consolidar un régimen autoritario.

Pero en el Senado, donde con sus aliados de la ultraderechista Renovación Popular el fujimorismo tiene 30 de las 60 bancas, y controla la presidencia de la Cámara Alta, el oficialismo revirtió lo decidido en Diputados e impuso, violentando la Constitución, la ampliación de lo aprobado por la Cámara Baja para incluir siete facultades legislativas, centrales para la militarización represiva, que la Cámara Baja había rechazado. El constitucionalista Luciano López ha indicado que si bien el Senado puede revisar y modificar lo que Diputados aprueba, no puede incluir, según la Constitución, disposiciones que la Cámara Baja ya ha rechazado, como ha sido en este caso. Diversos juristas respaldan esta postura. Pero el fujimorismo hizo su propia interpretación de la Constitución.

Autoritarismo

"Dónde dice (la Constitución) no pueden, están leyendo sí pueden. Si esto es la democracia, cómo será el autoritarismo", señaló durante el debate en el Senado la legisladora Patricia Iturregui, del partido de centro Buen Gobierno, dirigiéndose a la bancada fujimorista.

En el Senado se incluyeron facultades legislativas a favor del Ejecutivo para permitir la intervención directa de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, la intervención militar de los penales, declarar como "organizaciones hostiles" a "organizaciones criminales" consideradas una amenaza al orden interno y tratarlas como terroristas, y ampliar las facultades operativas de los servicios de inteligencia, entre otras.

Una ley que considere "organizaciones hostiles" a grupos catalogados por las autoridades como una amenaza al orden interno deja abierta la puerta para que organizaciones sociales que se movilicen contra el gobierno reciban esa calificación para ser reprimidas.

"Eso ya ocurrió en las protestas de 2022 y 2023, cuando a quienes se movilizaron se les calificó como una amenaza al orden interno, se les llamó terroristas, y la represión terminó en una masacre; si eso ocurrió entonces sin una legislación que lo respalde, imaginemos cómo será ahora cuando esto esté amparado legalmente. Estas facultades legislativas se han dado en el contexto de una política autoritaria del gobierno", señala la diputada Indira Huilca, del partido de centroizquierda Ahora Nación, que se opuso a otorgarle facultades legislativas al Ejecutivo.

Los poderes operativos que, al amparo de estas facultades legislativas, el gobierno le pretende dar a los servicios de inteligencia han traído el recuerdo el poder absoluto que tuvo el Servicio de Inteligencia Nacional durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la actual presidenta, cuando se convirtió en instrumento de seguimiento y persecución de opositores, y llevó a cabo secuestros y asesinatos.

Para cambiar irregularmente en el Senado lo decidido por Diputados y ampliar las facultades legislativas, el oficialismo necesitaba 31 votos y tenía 30 seguros, pero captó a cinco senadores del bloque opositor: tres legisladores de los cinco del partido Obras, una agrupación que se opuso a Keiko Fujimori en la campaña electoral pero que no tiene una clara postura política y desde su creación a fines de los años 80 se ha movido una y otra vez entre la izquierda y la derecha, y a dos de los siete senadores del partido Buen Gobierno, creado para estas últimas elecciones. Este transfuguismo de opositores al oficialismo trajo el recuerdo de una vieja práctica fujimorista de comprar apoyo en el Congreso. Al mismo tiempo que legisladores de Obras se pasaron al oficialismo, se supo que la hermana del vocero parlamentario del partido, el senador Daniel Barragán, fue contratada como asesora en la seguridad social. Con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el fujimorismo pudo aprobar las facultades legislativas al Ejecutivo.

En respuesta a las críticas por el manejo autoritario para pasar por encima de las normas para aprobar las facultades legislativas al Ejecutivo ampliadas irregularmente, la senadora oficialista Martha Moyano dejó ver el rostro fujimorista: "Ser autoritario no es tan malo". 

Fuente:

https://www.pagina12.com.ar/2026/10/22/peru-superpoderes-para-imponer-mano-dura/