Perú: Víctimas se indignan por el cierre del caso de esterilizaciones forzadas
"¿Cómo pueden archivar nuestro caso con todas las pruebas que existen?", dijo Ricardina Urbina tras la decisión de la fiscalía que puso final al proceso invocando una ley controvertida que contradice jurisprudencia nacional e internacional.
Por Carlos Noriega
Desde Lima
Con la indignación y un profundo dolor reflejados en el rostro y en la voz, Ricardina Urbina, campesina de la región andina de Huancavelica, rechaza la decisión fiscal de archivar el proceso por las esterilizaciones forzadas practicadas por la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000). Ella es una de las cerca de 300 mil mujeres -la cifra exacta no se conoce- víctimas de una política de esterilizaciones forzadas. Una política de contenido racista que apuntó fundamentalmente contra las mujeres indígenas. Las víctimas —que también incluyen a más de 20 mil hombres—, de las poblaciones más excluidas del país, llevan más de 20 años luchando por una justicia esquiva. Al menos 18 mujeres murieron como consecuencia de estas esterilizaciones practicadas en precarias condiciones.
"Hemos caminado mucho buscando justicia, hemos enfrentado muchos sufrimientos. ¿Cómo pueden archivar nuestro caso con todas las pruebas que existen? Mientras estemos con vida, vamos a seguir reclamando por justicia. Que no gane la exclusión y la indiferencia", dice Ricardina, hablando en quechua. Con lágrimas en los ojos, recuerda que la sacaron de su comunidad para llevarla a un centro de salud donde la esterilizaron sin su consentimiento. "Nos han llevado a la fuerza, nos han tratado como animales", denuncia.
Dionicia Calderón, que vive en la pequeña comunidad campesina de Morochucos, en la región andina de Ayacucho, también ha viajado a Lima para reclamar justicia después de enterarse del archivamiento del proceso. Tuvo que vender algunas de sus gallinas para pagar el ómnibus que la trajo a la capital. Le relata a PáginaI12 que en 1997 enfermeras del Ministerio de Salud llegaron a su comunidad, tocaron la puerta de su casa y le dijeron que vaya al hospital en Cangallo, la capital de la provincia, para recibir alimentos que el gobierno les iba a entregar como ayuda social. Lo mismo les dijeron a muchas otras mujeres. En una comunidad golpeada por la pobreza extrema, les avisó a su hermana y a su cuñada para que también fueran a recibir alimentos para sus familias. Las tres subieron, con muchas otras mujeres, al camión que las autoridades pusieron para llevarlas al hospital. Cuando llegaron, descubrieron que la entrega de alimentos era una mentira. Se encontraron con un escenario de horror.
"Cuando llegamos al hospital, vi que muchas mujeres estaban gritando de dolor en el piso, vomitando; nadie les hacía caso. Pregunté qué estaba pasando, a qué hora nos iban a dar los alimentos. Un señor del hospital me dijo que ahí no daban alimentos, que esas mujeres que estaban en el piso acababan de ser operadas, les habían ligado las trompas y que a nosotras nos iban a hacer lo mismo, que para eso nos habían llevado. Al ver eso, tres señoras nos hemos escapado del hospital. Detrás de nosotras vinieron las enfermeras y nos obligaron a regresar. En la puerta del hospital, un médico nos ha puesto una ampolla; cuando me desperté, ya estaba operada. Estaba en el piso, gritaba pidiendo agua, ayuda, nadie me hacía caso. A mi hermana y a mi cuñada también las operaron; a todas las mujeres que estábamos ahí nos ha pasado eso. Después de unos días la herida se me infectó. En la posta de salud no me quisieron atender. Tuve que vender mis chanchos, mis gallinitas, para pagar para curarme y no morirme como otras mujeres. Una maldad muy grande nos ha hecho el Estado peruano", recuerda Dionicia. Un recuerdo que la golpea.
Los casos de Ricardina y Dionicia se repiten por decenas de miles. Ellas se juntaron en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para denunciar el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas. Un proceso judicial que comenzó en 2002 y que en el camino ha pasado por varias fiscalías y juzgados, ha sido archivado y reabierto, ha tenido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le ordena al Estado peruano investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y que hace unos días ha vuelto a ser archivado, incumpliendo la sentencia de la Corte IDH de marzo de este año.
La política de esterilizaciones del régimen de Fujimori impuso al personal de salud cuotas de mujeres que debían ser captadas para ser esterilizadas, sanciones para quienes no cumplían la cuota y premios para los que practicaban más esterilizaciones. Las mujeres eran llevadas con engaños y amenazas a los centros de salud para esterilizarlas, o el personal de salud, presionado para cumplir las cuotas, aprovechaba que iban a dar a la luz para someterlas a una ligadura de trompas sin su consentimiento o condicionaban su atención a que aceptaran ser esterilizadas. A mujeres quechuahablantes, la inmensa mayoría de las víctimas, les hacían firmar supuestos consentimientos informados escritos en español que no entendían y sin decirles de qué se trataba realmente.
La investigación fiscal se abrió en 2002 con 1113 víctimas y siete investigados; el número de víctimas y procesados fue aumentando a medida que avanzaban las investigaciones. En el proceso que ha sido archivado días atrás, en primera instancia hay 4172 víctimas —una cifra mínima en relación al total de víctimas— y 52 procesados, entre ellos tres ministros de Salud del régimen de Alberto Fujimori, quien también estuvo acusado y murió sin ser juzgado por este crimen atroz de su dictadura. Uno de los acusados por las esterilizaciones forzadas es el senador fujimorista Alejandro Aguinaga, que como viceministro primero y como ministro de Salud después fue clave en la implementación de las esterilizaciones forzadas.
El fiscal Jesús Dávila ha archivado el caso, pero no por falta de pruebas. Por el contrario, en su resolución, que contiene testimonios y abundantes evidencias, sostiene que las esterilizaciones forzadas están probadas y que constituyen un crimen de lesa humanidad, pero, a pesar de la contundencia de una argumentación para acusar, decidió archivar el caso. Ha justificado esa decisión en la aplicación de una ley de 2024 -dada por el anterior Congreso controlado por el fujimorismo- que declara que los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002 sí prescriben. Pero en medio centenar de otros casos de violaciones a los derechos humanos, esa ley ha sido inaplicada por los magistrados por ir en contra de la Constitución y las normas internacionales que el Perú se ha comprometido a respetar. Una sólida jurisprudencia que el fiscal ha ignorado.
"No se entiende cómo, después de argumentar que las esterilizaciones forzadas están probadas y son un crimen de lesa humanidad, el fiscal Dávila archiva el caso. Creo que ha recibido presiones desde arriba, desde lo más alto de la fiscalía, con un fiscal de la Nación (Tomás Aladino Gálvez) que es funcional al gobierno de Keiko Fujimori, para archivar el caso. El senador Aguinaga, que es una de las personas que saldría más perjudicada en un proceso judicial por este caso, debe estar presionando para cerrar el caso", le señaló a este diario Rocío Silva Santisteban, directora de la ONG Demus, que defiende legalmente a las víctimas.
El abogado Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa Legal, que también patrocina a varias de las víctimas, indica que apelarán este archivamiento a la fiscalía superior y recurrirán a organismos internacionales. "Hay elementos suficientes para revertir este archivamiento. El propio fiscal que archiva reconoce que hubo esterilizaciones forzadas y existe jurisprudencia para no aplicar la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad. Vamos a denunciar ante la Corte IDH este archivamiento que incumple su sentencia".
Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, precisa que este archivamiento "ha ocurrido en un contexto de presiones y amenazas a los operadores de justicia".
Maribel Pérez, de la provincia andina de Vilcashuamán, revela que la esterilizaron bajo la amenaza de quitarle a sus hijos si no aceptaba. "Más de 20 años estamos buscando justicia. Vamos a seguir luchando por justicia hasta que Dios nos otorgue vida".
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